El secuestro de la democracia

Nov. 25 , 2008

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El sistema electoral chileno es producto de la Constitución política de 1980. Entre los enclaves que desde entonces rigen está la inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Esta ley funciona bajo el axioma popular de que si se obliga a la gente a votar, van a haber más votos validos. Sin embargo la evidencia muestra lo contrario. Desde 1988 no solo las tasas de participación ciudadana han caído sustancialmente, sino que la cantidad de gente que se inscribe para votar a disminuido paulatinamente. Las herramientas que deberían estar fomentando la participación ciudadana y la democracia han sido secuestradas por las leyes de nuestra Constitución.

La discusión sobre cambios al sistema electoral no es nueva en Chile. Históricamente han sido los partidos de la Concertación los que han abogado por modificaciones, mientras que los de la Alianza han sistemáticamente desistido a cambios. Al fin y al cabo, discusión tras discusión, no se han logrado mayores modificaciones al sistema electoral desde la Constitución de 1980.

En un principio uno podría suponer que el sistema político ha conservado el status-quo por la inhabilidad natural que supone el contra-punto ideológico. Es decir, la única razón lógica para no haber modificaciones estructurales al sistema electoral es porque los partidos no se pueden poner de acuerdo: no hay un quórum mínimo para introducir modificaciones a la ley.  

Pero la evidencia desmiente esta teoría. No es que haya una inhabilidad legislativa. No es que los ‘unos’ quieren el cambio y los ‘otros’ no. Pareciera que simplemente nadie quiere el cambio. Es más, pareciera que la teoría que impera es la teoría anti-democrática de “mantener el poder a todo costo”.  

Son los beneficios que el sistema electoral le ha entregado a la Concertación y a la Alianza, los principales agentes que no permiten el cambio. Año tras año, elección tras elección, el sistema electoral permite que la Concertación y la Alianza sean sobre representadas en desmedro de otros partidos. Bajo un punto de vista de las grandes coaliciones es ilógico prescindir de un sistema que les beneficia, pero desde un punto de vista ciudadano pareciera que la democracia ha sido embargada por medio de políticas de participación represiva como el sistema binominal y el voto obligatorio.

Si bien hay una serie de leyes que necesitan ser modificadas para fomentar una mejor democracia, hay un puñado de ellas que realmente significan un salto evolutivo en esta materia. Entre ellas, la ley de inscripción automática y voto voluntario. Independiente de los efectos que esta ley pueda traer para cualquiera de las grandes coaliciones, se ha demostrado que es una medida sana y positiva que fomenta la democracia y la participación ciudadana .

En Chile hay cerca de 2.4 millones de potenciales electores que no están inscritos en los registros electorales del país, los cuales representan cerca el 20% del total de chilenos que están en condiciones de votar. Si a este grupo le sumamos el promedio de personas que se abstienen de votar (aproximadamente 1 millón), podemos ver que 31% de la población nacional en edad de votar no lo está haciendo.

Parte importante de este grupo son los jóvenes, los cuales han bajado sustancialmente su tasa de participación. En 1988, 36% del padrón electoral lo conformaban jóvenes entre 18 y 29 años, en 2004 esta cifra solo alcanzó el 9%. Pero no son solo los jóvenes, la caída de la participación ha disminuido en general. Desde 1993 el padrón electoral está estancado en 8 millones 100 mil votantes, y la tasa de gente nueva que se inscribe apenas cubre a quienes son invalidados por muerte o por pena aflictiva.

Argumentos para implementar una ley de inscripción automática y voto voluntario sobran. Por un lado, basta ver el efecto sicológico de implementar leyes que dejan en manos de la gente la libertad de decidir si participa o no participa. Por otro lado la ley también fortifica la calidad de la democracia promoviendo transparencia y competencia: los partidos políticos se verán imposibilitados –al menos limitados—de hacer cálculos estratégicos que los ayuden a manipular las reglas del sistema.

Asimismo múltiples estudios y argumentos académicos han abogado los beneficios de contar con reformas electorales de este tipo. En países que han implementado sistemas electorales de voto voluntario existe al menos 14% más de votos validos, es decir, hay un aumento sustancial en la cantidad de gente que participa en la toma de decisiones.

En fin, en una era democrática implementar leyes de este corte ya parece cuestión de sentido común. El problema es que la posibilidad de cambiarlas solo aparece cuando le conviene a la clase política. De este modo la gente se ha visto sistemáticamente forzada a hipotecar su participación política. En vez de que los candidatos ofrezcan cambios al sistema electoral con anzuelos que potencian su elección, deberían contemplar trabajar ciegamente por un sistema más democrático. Porque después de todo, lo natural es que los políticos representen la voluntad de la gente, no sus propios intereses.