El Doble Agente

Apr. 26 , 2010

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Armar equipos de gobierno no es una tarea fácil. Sobre todo para Sebastián Piñera, quien toma mando del barco luego de dos décadas continuas de la Concertación en el poder. Es bajo este contexto que el Presidente Piñera ha tenido dificultad para nombrar a gente en cargos públicos de confianza exclusiva. La designación de numerosos agentes públicos con intereses en la esfera privada, se ha transformado en una preocupante señal de dirigencia política. Si bien es comprensible que el Presidente se pueda equivocar en ciertos nombramientos, no es justificable que los conflictos de interés se sistematicen, ni mucho menos que la magnitud de ellos se agrave.

En Chile, hay muchas personas que tienen intereses tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Es bastante normal que gente empleada por el sector público también opere una pequeña --y a veces mediana-- empresa desde su hogar. Sin embargo, es menos común encontrar a gente que tiene niveles extraordinarios de poder en ambas esferas. De cualquier forma, la regulación legal para conflictos de interés que se puedan dar entre personas con intereses en ambos sectores, es insuficiente. No existe un marco legal que regule el conflicto de interés cuando no hay delito. Por un lado, es irrazonable privarle a la gente que trabaja en el sector público tener una segundo ocupación en el ámbito privado, por el bajo nivel de influencia que podrían tener en ambos sectores a la vez. Pero por otro lado también es razonable que exista un mecanismo administrativo para identificar aquellos casos que sí constituyen un conflicto de interés, sin necesariamente presentar delito.

La Ley debería ser más rígida alrededor de la figura de doble agente. Dado que en Chile la legislación que regula el lobby es pasiva, y las redes de contactos siguen siendo los lazos primordiales de política y negocios, el impacto que pueden tener los dobles agentes es profundo. Si bien no se debe poner en duda la ética de trabajo de los dobles agentes a priori; que Piñera elija designar a gente que tiene un pie puesto en cada sector, incentiva a levantar un debate sobre la vara ética de los conflictos de interés. Más allá de si los dobles agentes usen, o no, su privilegiada posición para beneficiarse, lo cierto es que la gran cantidad de nombramientos --en lo que lleva el corto gobierno de Piñera-- alza muchas preguntas.

Fernando Echeverría, Intendente de la Región Metropolitana es un caso en punto. Echeverría es ex Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y tiene un amplio prontuario en el sector privado. Si bien al asumir como Intendente deja de lado sus compromisos con el sector privado, su distendido curriculum obliga a preguntarnos si habría otra persona con igual capacidad, pero sin los mismos conflictos de interés. Otro ejemplo es el de Rodrigo Galilea, Intendente de la región del Maule. Galilea es ex Presidente del directorio de Aguas San Pedro y Gerente General de la empresa constructora Galilea (una de las más grandes de la séptima región). Si bien Galilea tiene mérito de sobra para cumplir los requisitos técnicos de su cargo, nos debemos preguntar hasta qué punto esta libre de conflictos de interés designar a una persona directamente relacionada con la constructora particular más poderosa de la región, en el sector público. Otro ejemplo es el de Diego Hernández, Presidente ejecutivo de Codelco. Hernández es el ex Presidente de Metales Base de BHP Billiton, empresa que viene con un largo historial de éxito en el sector privado de la minería. Si bien a simple vista parece que el nombramiento responde a la capacidad administrativa de Hernández, el largo pasado a la cabeza de la competencia de Codelco obliga preguntarse qué tan ético son estos traspasos de poder desde las esferas privadas a las esferas públicas dentro de la misma industria.

Las preguntas y ejemplos suman y siguen. Si bien no hay nada ilegal con estas designaciones, lo preocupante es la señal que da la presidencia de intencionalmente doblar las reglas hacia el borde de lo éticamente inaceptable. El ya recurrente encuentro de Piñera con conflictos de interés definitivamente hace pensar que la vara ética del gobierno ha bajado. Si bien Piñera es el principal ejemplo de dobles agentes, la soberana elección del pueblo justifica su estadía en el sector público. Sin embargo, hacer de ello una declaración de gobierno, ya son palabras mayores. Nombrar a una cantidad importante de gente que responde a intereses corporativos, y del gobierno a la vez, debiera ser considerado inaceptable.

Todo esto apunta a que una mejor regulación es necesaria para delimitar las atribuciones de los agentes públicos en la esfera privada, y viceversa. Si bien es imposible negarle la posibilidad a personas con grandes capacidades de trabajar en el Estado, es menester regular la fluctuación de poder que pasa por ellos. Legislar sobre la existencia de los dobles agentes es un paso importante para conseguir esto. Sin embargo no es suficiente. Una nueva legislación es necesaria para acabar con los conflictos de interés de raíz. También es necesario repensar el rol del funcionario público, y su dedicación exclusiva a la productividad del Estado. En tanto la clase política pueda dibujar limites éticos a su propio trabajo, crecerá la productividad de la política y la calidad de la democracia.