La ética de las tomas universitarias
Aug. 31 , 2011
Me han dicho repetidamente que no hay que enganchar con los comentarios críticos de los lectores de blogs. Creo, sin embargo, en el intercambio razonado de opiniones, aunque estoy consciente que sólo una escasa
minoría lo practica...
La Otra Puerta Giratoria
Aug. 29 , 2010
La ética pública ha avanzado siempre tironeada por la realidad y, por tanto, en épocas de rápidos cambios, como la que vivimos, evoluciona más velozmente. Basta pensar que veinte años atrás no existía, ni de lejos, una demanda pública por la transparencia de los actos de las autoridades.
A menudo pasan muchos años desde que se acepta socialmente un nuevo principio de ética pública hasta que éste se plasma en una ley. Por ello, las exigencias sociales sobre la conducta de las autoridades se basan, a veces, en imperativos morales que aún no son regulados por la ley. Ello no significa que carezcan de fuerza ética; de hecho, los gobernantes ya saben que no basta alegar que no han violado la ley, cuando infringen algún principio de moral pública.
En Chile son varios los principios éticos que en años recientes han llegado a ser generalmente aceptados y que, sin embargo, no están regulados por la ley o lo están insuficientemente. Por ejemplo la ilegitimidad de los gastos reservados excesivos; del favoritismo en sus distintas variantes (nepotismo, amiguismo, clientelismo…); de distintos conflictos de intereses; y de la llamada puerta giratoria. En esta columna nos referimos a esta última práctica.
La prensa le ha dado el nombre de puerta giratoria a la situación de las personas que entran y salen de la cárcel, repetidamente. Analizaremos otra variante de "puerta giratoria" que se conoce desde antes.
La expresión viene de un escándalo que ocurrió en los Estados Unidos. A comienzos de los años 80 un informe del Congreso de ese país reveló que ejecutivos del departamento de adquisiciones del Pentágono se acogían a media jubilación a los cuarenta y tantos años e inmediatamente eran contratados por las mismas empresas de armamento con las habían tratado cuando estaban al servicio del Estado. Se supo también que en las facturas que dichas empresas presentaban al Pentágono, los precios estaban increíblemente inflados. Conclusión: esos funcionarios tenían el incentivo perverso de no morder la mano que los alimentaría mañana. Lo mismo ha ocurrido en diversos países en los sectores bancario, eléctrico y de telecomunicaciones, entre otros.
La solución es compleja. Con sólo prohibir que un funcionario ejerza en el mundo privado dentro del campo de su especialidad, luego de dejar su cargo público, no se resuelve el problema. Al Estado le conviene atraer buenos profesionales, los cuales dudarían sumarse al gobierno si luego quedan impedidos de ganarse la vida en lo que saben; también hay que respetar el principio de libertad de trabajo. Para conciliar estos intereses contrapuestos, algunos países han establecido una prohibición por un tiempo determinado para evitar que ex altos funcionarios trabajen en empresas privadas del mismo sector con el cual se relacionaban cuando eran agentes del Estado. Incluso, en algunos países se mantiene la remuneración total o parcial del ex funcionario mientras dure esta prohibición.
En Chile todavía no hay cabal conciencia de este problema ni cobertura adecuada de prensa. Por tanto, es oportuna la entrevista en la sección Reportajes del Domingo, de este diario, al connotado economista chileno y profesor de la U. de Yale, Eduardo Engel. Este académico hace notar que en el actual gobierno, la Subsecretaria de Obras Públicas representaba antes, como abogada, a agrupación de empresas concesionarias. Se da aquí un caso potencial de doble vuelta de la puerta giratoria. Primero, la profesional llega al gobierno al mismo puesto donde antes tenía su principal "contraparte". Luego, en 2014 o antes incluso, es posible que regrese a trabajar en el mundo privado, defendiendo a las concesionarias, pero ahora provista de un acabado conocimiento interno de cómo actúa respecto de ellas el Estado. ¡Como para encender una fuerte luz amarilla!
Gabriel Ruiz-Tagle, el Colo-Colo y la Contraloría
Jul. 19 , 2010
Una caricatura política de los tiempos de Ronald Reagan mostraba al presidente norteamericano en una reunión de gabinete. El Ministro de las Gallinas era un zorro; el Ministro de las Sardinas, un tiburón…
Muchos tienen una parecida imagen caricaturesca sobre los conflictos de intereses en el actual gobierno de Chile. Probablemente es exagerada, pero las medidas del presidente (o la falta de ellas) no ayudan mucho. El hito más reciente en esta saga es un dictamen de la Contraloría acerca de la calidad de importante accionista de Colo-Colo del subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle. El documento se pronuncia, asimismo, sobre los nombramientos del Presidente en el área de la televisión, antes de que haya concretado la venta de Chilevisión.
Este es un tema ético y legal, pero susceptible de ser politizado. Conviene, por tanto, analizarlo lógicamente, punto por punto.
1. A la Contraloría le corresponde, entre otras funciones, velar por la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, no por su moralidad. Con todo, en la misma Constitución (que es la ley superior) se consagra el principio general de la probidad.
2. Los principios de moral pública dominantes en cierto momento en un país, suelen coincidir, en buena medida, con el contenido de sus leyes. Así, por ejemplo, en su gran mayoría, los delitos que la legislación sanciona son también condenables a la luz de la moral pública prevaleciente.
3. Sin embargo, y sobre todo en tiempos de veloces cambios sociales, hay muchos principios socialmente compartidos sobre ética pública que tardan en incorporarse en la ley, sea por la lentitud del proceso legislativo o por diferencias políticas sobre la forma concreta de darles respaldo legal. Esto fue lo que aconteció, en la primera mitad del siglo pasado, con la aceptación del voto de las mujeres (una discusión que hoy nos parece inconcebible). Es, también, lo que ha sucedido, en los últimos años, con la protección del medio ambiente o la probidad pública.
4. Aunque el principio general de probidad está incorporado en la Constitución chilena desde 2005, faltan normas que le den más precisión en el ámbito de los conflictos de intereses; por ejemplo, una ley sobre el llamado fideicomiso ciego. Con todo, las autoridades no debieran limitarse sólo a respetar la ley, sino, además, ceñir su conducta, a los principios de ética política ampliamente aceptados en la sociedad.
5. Más aún, en el caso de Gabriel Ruiz-Tagle, desde el punto de vista estrictamente legal - no solamente ético - hay una "situación generadora" de conflictos de intereses. Así lo implica el dictamen de la Contraloría al determinar que el encargado de deportes del gobierno debe abstenerse de tomar decisiones relativas al fútbol. Ruiz- Tagle afirma que ello no afectará su desempeño en el cargo. Esto es insostenible. Se trata, lejos, del deporte con más arraigo en la sociedad chilena. Imaginemos que un ministro de salud dijera que aunque no puede tomar decisiones sobre atención primaria, ello no afecta su labor.
6. No obstante, el dictamen de Contraloría, no buscó despejar "situaciones generadoras" de conflictos sino que concluyó que el conflicto debe materializarse en una decisión determinada. En el caso de Ruiz-Tagle supone, correctamente, que sus decisiones sobre fútbol "materializarían" el conflicto latente. En el caso del Presidente el dictamen declara que las normas generales sobre probidad le son aplicables y que la Contraloría puede examinar futuras decisiones. Sin embargo, no se pronuncia sobre las situaciones suyas que actualmente son generadoras de conflictos de intereses.
7. Discrepo de esta interpretación restrictiva. Opino que el principio de probidad exige que se eviten las situaciones que generan conflictos, y no esperar que ello se traduzca en decisiones específicas. Aunque el dictamen anticipa que si Ruiz-Tagle tomara decisiones sobre el fútbol habría una colisión de intereses, resulta ingenuo suponer que si, en lugar de él, las adoptara su subalterno inmediato, no habría mayores problemas. Del mismo modo, restringiéndonos al caso de Colo-Colo, si bien el Presidente no se involucra en decisiones específicas sobre deportes, tiene responsabilidad ética al nombrar (o mantener en el cargo) a quien tiene un evidente conflicto de intereses por su calidad de accionista del principal club del deporte más popular, calidad que, además, él comparte.
8. En suma, pienso que Ruiz-Tagle debería vender sus acciones de Colo-Colo o renunciar; y que el Presidente Piñera debería también vender las suyas. Sobre esto ya anticipo algunas objeciones: que si se aplica la vara de la probidad a gobiernos de la Concertación, hay muchos casos que recordar; o bien, que con tanta crítica no se deja trabajar al gobierno… Acerca de lo primero, recordemos que los reproches a unos no invalidan los reproches a otros. Respecto de lo segundo, funciona mejor un gobierno que irradia legitimidad porque acata no sólo la ley, sino también los principios consagrados de ética pública.
Será malo, pero es mío
May. 04 , 2010
En estos tiempos de demandas sociales (en su mayor parte, saludables) por mayores grados de transparencia pública, inevitablemente salen a la luz aspectos tenebrosos de grupos, instituciones o personas. Frente a ello, se dan dos opciones principales: reconocer o negar.
En relación con lo segundo, la psicología maneja los conceptos de negación y renegación. Con permiso de los expertos, lo diré en términos corrientes y quizás algo imprecisos: ambas son formas de defensa emocional frente a hechos reprochables o traumatizantes. Por ejemplo, un niño abusado por sus padres, puede bloquear esos actos chocantes que entran en conflicto con su sentido de afecto, protección o identidad. O bien, personas adultas que mantienen una fuerte adhesión hacia un colectivo (partido político, iglesia, país), una causa o un líder determinado, con frecuencia rehúsan reconocer – o siquiera a abrirse a discutir - hechos reprobables que puedan poner en entredicho sus lealtades.
En inglés existe el dicho: my country, right or wrong. Su sentido es: “estoy con mi país, tenga o no la razón”. En la historia de Chile, más de una vez se ha escuchado decir: “aunque éste sea un gobierno de porquería, es mi gobierno”.
El sentimiento - sea sincero o exacerbado por presiones externas - de lealtad patriótica o partidista ha producido, históricamente, una profusa serie de negaciones. Lo propio ocurre con las adhesiones basadas en otros rasgos de identidad compartida, sean éstos de tipo religioso o de pertenencia a distintas “tribus” sociales.
Estas reacciones primarias están enraizadas en dos propensiones poderosas: Por una parte, afirmar la propia identidad y, como corolario, sospechar de los “otros”, de quienes están más allá de los límites de mi familia, sector o colectivo; por otra parte, el impulso de conservación, el cual conlleva la tendencia de la defensa a ultranza de los intereses personales y grupales. Las normas éticas, que significan tomar en cuenta los intereses y derechos de todos, incluidos los “otros”, suponen un estadio superior de evolución social, hacia el cual hemos ido avanzando sólo lentamente.
Con todo, en los últimos
No obstante, las voces de reacción maniquea que rechazan en bloque todo lo que sea un asomo de cuestionamiento hacia lo que consideran como propio, son todavía más ruidosas. Y es que una las cosas más difíciles de alcanzar es ser leal y crítico al mismo tiempo. Pero es también una de las más necesarias.
Los Usureros del Siglo XXI
Apr. 18 , 2010
Las grandes tiendas y los bancos ofrecen asiduamente créditos de consumo, por escrito y por teléfono. Sin embargo, la información que entregan está cuidadosamente diseñada para que los clientes se fijen preferentemente en la cuota mensual. En su mayoría, las personas miran sólo ese dato y concluyen: “esto lo puedo pagar”. Las actuales tasas de interés de los bancos ascienden a alrededor del 33% anual, (sin contar seguros y otros posibles cargos). Tales tasas pueden no ser ilegales, pero en una economía estable, con inflación de un dígito, desde el punto de vista ético son claramente usurarias. Los intereses encubiertos en las ventas a plazo son bastante mayores; el comprador termina pagando hasta el triple del precio al contado. ¿Quiénes caen? Los que se fijan sólo en la cuota y no sacan otras cuentas, o bien los eternos encalillados que van empujando, cuesta abajo, una bola de nieve de deudas. Esto es, los de menores ingresos y los consumidores adictivos, las víctimas históricas de la usura. En suma, millones de personas. ¿Cómo hemos llegado a este estado de cosas? A partir de cuatro pasos: Primero: Siglos atrás, la religión condenaba todo préstamo a interés. Se decía que si el dinero era estéril, no era justo que produjera frutos. Con el desarrollo del pensamiento económico, se comprendió la importancia de la intermediación financiera y se terminó por estimar lícito un interés razonable. No obstante, se siguió castigando el cobro de intereses superiores al límite legal. Segundo: Comenzando con las revoluciones republicanas y liberales de fines del siglo XVIII, se fue avanzando hacia la prohibición de la esclavitud y de los estamentos o clases privilegiadas. Sin embargo se suponía que, aliviado de estas cargas históricas, hasta el ciudadano más modesto podía decidir por sí mismo, sin mayores trabas (por ejemplo el minero de carbón podía contratar “libremente” con el dueño de la mina). Por esa época se concluyó que el comprador debe cuidarse por sí solo y que no le toca al Estado proteger a la gente de su propia imprevisión. Claro que se continuó sancionando penalmente la estafa, esto es, el daño pecuniario producido a otro mediante un elaborado engaño. Sin embargo, si no había una maniobra engañosa, sino que simplemente algún incauto aceptaba comprar caro algo de inferior calidad, el problema era suyo. No se necesita mucha sagacidad para advertir que la regla de dejar que los consumidores se cuiden solos estaba pensada para las personas con mayor educación y recursos económicos. Tercero: Las tendencias económicas dominantes, en los últimos 30 años, enfatizan la libertad de emprendimiento. Ésta es esencial para el progreso, pero contiene tanto impulsos creativos como depredadores. El desafío, entonces, es fomentar los primeros y regular los segundos. Sin embargo, los empresarios protestan contra toda regulación alegando que puede asfixiar la capacidad de iniciativa. Ello es cierto cuando es desmedida; pero una regulación demasiado débil da rienda suelta a la depredación. Cuarto: la inversión y el consumo son pilares de las economías abiertas. Sin embargo, con la publicidad moderna, la disponibilidad de créditos y el estilo de vida urbano contemporáneo, se pasa fácilmente del consumo al consumismo. Consideremos todos estos factores y veremos que la usura de hoy día está encubierta en los préstamos bancarios y, todavía más, en las ventas a plazo. ¡Que el comprador se cuide solo! ¡Qué chiste cruel! La verdad es que, en nombre de respetarles su supuesta libertad de elección, los más necesitados siguen trabajando para adquirir lo necesario (y hoy, también lo superfluo) en los equivalentes actuales de la antiguas pulperías. ¿Soluciones? Una mejor legislación sobre la usura abierta o encubierta; más eficientes servicios de protección e información para el consumidor; y estudiar si hay sistemas eficaces que permitan a los consumidores de menos recursos ahorrar primero y pagar al contado después, desembolsando la mitad o menos de lo que acostumbran pagar.
