Venezuela: La "Arepa socialista"

Dec. 28 , 2009

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Hace algunos días falleció en Caracas Rafael Caldera el Ex Presidente de Venezuela que indultó a Hugo Chávez, quien cumplía condena de cárcel  por su fallido intento de golpe de estado y que al día de hoy lleva 10 años instalado en el Palacio presidencial y sin ninguna intención de abandonarlo, impulsando una mezcla de populismo-petrolero y Marxismo trasnochado conocido como la revolución bolivariana.

En la Venezuela de Chávez, los atropellos al estado de derecho son el pan de cada día. Los medios de comunicación viven bajo amenazas y la población es sometida a interminables cadenas de radio y televisión en las que el Presidente, que dispone del tesoro público como si fuese de su exclusiva propiedad, se explaya durante horas sobre lo humano y lo divino. La última locura de  Chávez es una   cadena estatal de locales de comida rápida llamadas "la arepa socialista", en las que se expende a precios subsidiados la tortilla del mismo nombre típica del país elaborada con harina socialista, rellena con quesos y carnes socialistas y fritas con aceite socialista, ya que todos estos insumos se producen en fabricas o haciendas expropiadas a sus legítimos dueños y que están en manos del Estado. La idea de Chávez es evitar la especulación estableciendo una cadena de distribución estatal que elimine al intermediario donde tanto la materia  prima como el producto final y su punto de venta son propiedad del Estado. Exactamente el  mismo modelo que por estos días hace pasar hambre al pueblo cubano, cuyo fracaso está absolutamente certificado por las experiencias de los países socialistas que ya han dejado de existir o están apunto de hacerlo.

Pero eso no es todo:  La revolución bolivariana es, además un producto de exportación. Para ello Chávez creó el ALBA, organismo que agrupa Ecuador, Paraguay, Bolivia, Cuba, Nicaragua y hasta hace poco a la Honduras de Zelaya,  y que es mirado con simpatía por la argentina de los Kirchner y el Uruguay de Mujica;  y Petrocaribe, una empresa destinada a vender petróleo a muy bajo precio a naciones del Caribe siempre y cuando adhieran a su proyecto, que aunque ideológicamente quebrado y desprestigiado agarra bríos en Sudamérica financiado con petrodólares venezolanos y con un discurso anti-norteamericano extraído del baúl de los recuerdos de la década del 70. En este cuadro, al terminar  la primera década del siglo XXI constatamos que el sueño de la integración en la región está más lejana que nunca. Ella no es posible sin un proyecto político-económico compartido basado  en el pluralismo ideológico, el respeto a los derechos humanos y en la democracia representativa fundada en la alternancia y la plena vigencia del Estado de Derecho. América está dividida.

Chile no tiene donde perderse. Nuestros intereses estratégicos están en la otra vereda, junto a Brasil, México, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Perú, lo que no quiere decir que las buenas relaciones con todos no sea fundamental, pero sin ignorar el mar de fondo que agita la política  americana. Son aguas tormentosas en las que la OEA y su Secretario General están naufragando como quedá demostrado en la crisis de Honduras. No es posible ya desconocer que un gobierno puede tener legitimidad de origen (al ser electo democráticamente) e ilegitimidad de ejercicio (al abusar del poder para perpetuarse en él destruyendo las reglas democráticas), como ocurre en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Frente a esta nueva realidad ningún país democrático se puede hacer el leso porque ello equivaldría a legitimar nuevas formas de dictadura, esconder la cabeza como el avestruz. Ese fue el error en Honduras, donde arrastrados por Venezuela y Cuba la OEA no se hizo cargo de que la mano del Alba estaba operando para perpetuar en el poder a Zelaya mediante la estratagema de la consulta popular y fracaso rotundamente en su intento por restituir a un Presidente que se apartó de las reglas del juego democrático.

Ante esta realidad, tenemos razones para sentirnos orgullosos de lo que sucede en Chile. Un país en el cual el candidato presidencial de la izquierda dura,  Jorge Arrate, fue el gran impulsor de la renovación socialista, un demócrata y artífice de nuestra exitosa transición; un país para el cual la primera década del siglo XXI que está a punto de concluir ha sido virtuosa desde el punto de vista de su desarrollo económico, político y social; un país que ahora está libre de todo prejuicio para resolver civilizadamente quién habrá de regir sus destinos por los próximos cuatro años.