Chile - Bolivia - Perú: La insinceridad histórica no paga

Jul. 13 , 2009

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Publicado en la Revista Mensajes, julio 2009

La entrevista que concediera Evo Morales a Cristián Bofill, director de La Tercera (1) , más que un golpe periodístico fue una señal política extraordinaria para Chile y el Perú.

Respecto a nuestro país, presentaba la aspiración marítima boliviana en el marco de una negociación tranquila, sin periodistas, sin denuncia ante los foros internacionales y sin privilegiar el tema de la soberanía. “Lo que yo quiero es resolver juntos el problema y no buscar mediadores, veedores ni garantes”. ¿Y qué decía sobre la interferencia de Fidel Castro que torpedeó la visita a Cuba de Michelle Bachelet?... Pues, que fue un simple saludo o expresión de “un sentimiento internacional”, con tácita extensión al intervencionismo del líder venezolano Hugo Chávez. Morales verbalizaba, así, lo que muchos chilenos soñaron durante más de cuatro décadas y hasta sugería su disponibilidad para iniciar un vuelco histórico en la política de alianzas.

En cuanto al Perú, la entrevista marcaba el climax de la pésima relación de Morales con el Presidente Alan García. En ese marco, el agravio feroz del peruano, según el cual Morales dejó de ambicionar un mar para Bolivia, fue respondido con una ferocidad equivalente: la de que García demandó a  Chile ante la Corte de la Haya a sabiendas de que perderá el pleito, pues su objetivo principal es “perjudicar a Bolivia”. Al respecto, Morales agregó (con matiz maldadoso), que él no hablaba desde meras suposiciones, sino con base en información interna, procedente de “las mismas estructuras del Estado peruano”.

Asesoría temeraria

La entrevista sucedía a la clara señal del canciller ecuatoriano Fander Falconí, de que su país compartía el criterio jurídico de Chile sobre la demanda del Perú. Importante, pues ambos fenómenos efectivizaron la realidad de los riesgos geopolíticos de la estrategia peruana y, en especial, de la demanda judicial como método.

En rigor, era un riesgo compuesto, subestimado con ligereza por los expertos peruanos. Por una parte, consistía en que Ecuador hiciera causa común con Chile, en cuanto tercer suscriptor de los tratados de 1952 y 1954. Por otra, estaba la posibilidad de que Bolivia se diera por lesionada, pues la viabilidad de su aspiración marítima supone un corredor ariqueño y un mar adyacente no sujeto a controversia. De confluir ambas situaciones, se produciría lo que se está produciendo: el cuadro de un Perú enfrentado a Chile, Bolivia y Ecuador, con Venezuela apoyando decididamente a los dos últimos. En lista de espera estaría Colombia, que también participa del sistema limítrofe del Pacìfico Sur y donde operan las “chavistas” y muy infiltrables FARC.

Es pertinente anotar que el riesgo boliviano está analizado no sólo en mi reciente libro De Charaña a La Haya (2) . También fue contemplado en un artículo que publiqué, en septiembre de 2007, en esta revista (3). Allí planteaba, como “hipótesis”, que la pretensión oficializada en 1986 por el embajador peruano Juan Miguel Bákula, se habría diseñado, en parte, “como un franco disuasivo ante Bolivia”.

Esto, porque, siendo impensable que el Perú accediera a ceder a Bolivia parte de Arica, tampoco quería experimentar la ordalía de un nuevo acuerdo chileno-boliviano que hiciera explícita esa disposición. Desde ese talante, una disputa por la frontera marítima cumpliría el doble objetivo de reivindicar un segmento de océano e impedir -con presunta sutileza- un segundo “charañazo”. Ante una nueva petición de venía peruana para un “corredor ariqueño”, el gobierno requerido no estaría obligado a definirse sobre el fondo. Le bastaría indicar que los derechos sobre el mar adyacente ahora estaban en discusión y, claro, no se puede negociar sobre cosa ajena.

Sucede que esa hipótesis fue tajantemente descalificada por el propio embajador Bákula. Le resultaba conspirativo sostener que Bolivia pudiera sentirse afectada por la pretensión que él había liderado en lo técnico y representado en lo diplomático. Tal posibilidad no había pasado por su mente ni por la de su canciller ni por la de su Presidente. Tan arriesgada posición (¿cómo saber lo que realmente piensa otra persona?) fue volcada en trascendidos periodísticos y, en definitiva, se expresó en un libro que publicó el año siguiente. Ahí Bákula transformó mi hipótesis en simple “intuición”, la adjetivó como “extraña”, sospechó que estuviera “teledirigida desde otros miradores” y coligió que mi objetivo era desacreditar su propia gestión (la de Bákula) suponiendole “el recóndito propósito de reactivar la demanda marítima boliviana” (4).

Tan insólita reacción, que equipara la responsabilidad del agente diplomático con la del conductor polìtico, confunde una disuasión con una reactivación (de la aspiración boliviana) y descalifica a un analista por sospechas, era sicológicamente significativa. Por una parte, parecía revelar el oculto temor a un despertar crítico de los expertos propios. Por otra, evidenciaba que, a falta de argumentos convincentes, había que recurrir a “tergiversaciones patrióticas” y descalificaciones ad hominem. El ancestral reflejo de matar al mensajero.

Pero, a esa altura, la hipótesis ya era tesis verificada. Presidente, canciller, diplomáticos y ex cancilleres bolivianos aceptaban, con mayor o menor discreción, que la anunciada demanda peruana sería un obstáculo decisivo para su aspiración. Luego, cuando Morales quiso dar “orientación política antimperialista” al pueblo peruano y se burló de la robustez de  García, la oleada antidemanda que bajaba desde Palacio Quemado era visible desde cualquier atalaya.

Con la demanda ya instalada, la Cancillería peruana y sus asesores pro demanda se encuentran ante un jaque geopolítico autopropinado. De ser cierto que sólo la intuición de un analista privado pudo prever el crítico alejamiento de Bolivia, significa que allí se dio un alarmante déficit de análisis focalizado. Si, por el contrario, hubo previsión certera, significa que esa Cancillería fue sobrepasada por una asesoría temeraria, que indujo las dos graves decisiones políticas de García: oficializar la pretensión peruana, en 1986 y presentar la demanda en 2008.

Traslado de culpas

Hoy el gobierno de Bolivia aparece impulsando un traslado de culpas que daría un vuelco histórico al subsistema geopolítico pos Guerra del Pacífico. Chile dejaría de ser el exclusivo responsable de la mediterraneidad boliviana, pues los obstáculos reales los ha colocado –según Morales- la “permanente agresión” de García. El Perú quedaría en un aislamiento similar al que suelen percibir los chilenos, de manera recurrente, desde mediados del siglo 19.

Para nuestros cortoplacistas, puede ser una gran oportunidad. Bastaría endosar la querella de Morales contra García, sin asumir que eso a) equivale a reponer la “polìtica boliviana” previa a 1929, que giraba contra la transferencia a Bolivia de Tacna y Arica, b) supone canjear una compleja amistad boliviana por una sólida enemistad peruana, c) compromete –en caso extremo- a producir un “resquicio” para ceder un corredor a Bolivia bajo protección chilena y d) consolida el bloqueo de las políticas integracionistas en la sub-región, con perjuicio para todos. En suma, se prorrogaría la vigencia de “el siglo que vivimos en peligro”.

Mejor sería sincerarse y reconocer lo que los taimados hechos gritan: la aspiración marítima boliviana fue y sigue siendo una pieza para tres actores. Y, si en aras del dogma bilateralista quisiéramos negar el link entre la demanda peruana y la agenda de 13 puntos con Bolivia, significaría que algo muy extraño sucede en nuestro sistema perceptor de realidades.

Cabe agregar que en el meollo de la insinceridad está la exclusión de Bolivia consagrada en el Protocolo Complementario (y originalmente secreto) del Tratado de 1929. Tal instrumento fue, en su esencia, una Medida de Fomento de la Confianza (MFC), que permitió al Perú sublimar la pérdida de Tarapacá y Arica con la recuperación de Tacna y la certeza de que Chile no transferiría a Bolivia parte de la otra “provincia cautiva”.

El Presidente peruano Augusto Leguía sintetizó ese espíritu cuando dijo que el nuevo tratado unía fraternalmente a chilenos y peruanos “a la sombra de una historia forjada por héroes comunes y sobre un suelo cuya continuidad trazó la mano de Dios”. Fue un mensaje perfectamente decodificado por el ex Presidente boliviano Daniel Salamanca, con una metáfora que hizo fortuna: “Chile puso un candado al mar para Bolivia y entregó la llave al Perú”.

Trilateralismo diferenciado

Chilenos y peruanos no contaron con que Bolivia, tras denunciar aquella exclusión, lucharía para convertirla en procedimiento. Al efecto, sus gobiernos la interpretaron de modo que “el candado” pudiera unirse con “la llave”, debilitando el espíritu del Protocolo Complementario. El método principal fue inducir conversaciones con Chile, para acceder al mar desde la frontera norte, y luego buscar la venia del Perú, a sabiendas de que para este país sería un tema incordiante.

Dicho procedimiento tuvo un hito decisivo en 1975, con los formales Acuerdos de Charaña, firmados por los generales Augusto Pinochet y Hugo Bánzer. A partir de éstos se inició una estrategia peruana que culminaría con un antídoto definitivo: la decisión de expandir la frontera marítima propia, primero mediante negociaciones y, en definitiva, demandando a Chile ante la Corte Internacional de Justicia.

Por lo señalado, Chile no sólo debe tratar de imponer sus mejores argumentos jurídicos ante esa Corte. Visto que el eventual fallo no puede solucionar el conflicto político y trilateral de fondo, también necesita enfrentar la complejidad de lo real, aceptando, con Goethe, que “las cosas siempre son más simples de lo que se puede pensar, pero mucho más intrincadas de lo que se puede comprender”.

En ese sentido, lo inteligente sería asumir la iniciativa política y estratégica de tender una “cuerda común” chileno-peruana, que sustente un nuevo espíritu respecto a Bolivia. Ambos gobiernos reconocerían, así, el fracaso de la exclusión de 1929 y admitirían la posibilidad de negociar con el tercer país a tenor de un proyecto integracionista en la triple frontera, sin transferencias de soberanía y en el marco de un juego “todos ganan”. De paso, reconocerían que el decaimiento de la soberanía absoluta, que reconoce la Ciencia Política moderna, no significa que dé lo mismo transferirla a otro país. Significa, más bien, que los Estados pueden delegar partes de su soberanía global en una entidad integracionista o supranacional. La modélica Unión Europea se forjó sin cambiar el color territorial de los mapas.

Ese trilateralismo diferenciado sería, entonces, una MFC que uniría a Chile, Bolivia y Perú en una empresa con soporte geopolitico, liquidando la madre de todos los recelos. No más ambigüedad flagrante desde el Perú. No más expectativas imposibles para Bolivia creadas desde Chile. No más vetos geoeconómicos en los mercados de exportación e importación. No más mercados gasíferos interferidos por el “factor patriótico”. No más discriminación a los inversionistas según sus nacionalidades. No más resquicios para que emerjan nuevos caudillos militares. No más facilidades a otros líderes para que interfieran en la relación entre nuestros tres países, demandando playas, dando apoyo estratégico a sus seguidores o apadrinando candidatos.

En resumidas cuentas

Con el mérito de lo señalado, parece evidente que Chile debe mantener extrema prudencia ante el nuevo cuadro que configura el conflicto Bolivia-Perú. Nadie debe entusiasmarse con las trompadas que se propinan sus presidentes. A la inversa –y metafóricamente hablando- nuestra Presidenta Michelle Bachelet debiera negarse a convertir el penal que le está obsequiando su homólogo boliviano. Para no ser demasiado obvia en el rechazo, bien podria ensayar el trote previo desde los doce pasos y repetir su truco del zapato volador.

NOTAS

(1) La Tercera, 31 de mayo 2009.

(2) José Rodríguez Elizondo, De Charaña a La Haya, Ediciones La Tercera del Grupo Planeta, Santiago, 2009.

(3) La extraña invención del doctor García, revista Mensaje, septiembre 2007.

(4) Juan Miguel Bákula, La imaginación creadora y el nuevo régimen jurídico del mar, Universidad del Pacífico, Lima, 2008, pg. 218.