Recomendaciones de la ONU a nuestro país deben ser apoyadas por Chile

May. 26 , 2009

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El 15 de mayo del presente, la ONU, a través del Comité Contra la tortura, realizó una serie de recomendaciones a  nuestro país en materia de Derechos Humanos, entre estas, la derogación del Decreto de Ley de Amnistía y la reapertura de la Comisión de Prisión Política  y Tortura.

Quiero expresar que valoro estas y otras recomendaciones, las cuales no pueden ser descalificadas a priori.

Quienes luchamos por el retorno a la democracia, siempre manifestamos  nuestro respaldo a las Comisiones de la ONU que investigaban las violaciones a los Derechos Humanos que ocurrían en nuestro país durante el gobierno de Pinochet.

Por lo cual, tenemos el deber moral  de escuchar hoy sus recomendaciones, y de analizar y tomar las medidas necesarias cuando así corresponda. 

Nuestro país, desde el regreso a la democracia,  ha dado pasos significativos en materia de verdad y justicia para las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el régimen de Pinochet. Es así como hoy podemos señalar al mundo, que  los principales criminales de Lesa Humanidad y la totalidad de la cúpula de la DINA y sus principales agentes, se encuentra cumpliendo diversas condenas. 

Sin embargo, no es posible desconocer el especial significado que tiene la recomendación de que  se derogue la Ley de Amnistía de 1978, la cual, si bien es cierto como lo reconoce la ONU, ha ido quedando en desuso por  los Tribunales de Justicia chilenos, mientras continué vigente siempre será un instrumento valido para consagrar la impunidad.

Siempre estará colgando como la “espada de Damocles” sobre los sentimientos mayoritarios del pueblo chileno de verdad, justicia y no a la impunidad.

Ejemplo de esta situación han sido algunos casos puntuales en los cuales la Sala Penal de la Corte Suprema,  no conformada por todos los Ministros titulares,  ha aplicado esta Ley basándose en mayorías circunstanciales.  

Los socialistas desde marzo de 1990 hemos impulsado la derogación de la Ley de Amnistía, a través de la presentación de diversos Proyectos de Ley, los cuales no han podido ser tramitados o han sido rechazados por la oposición de la derecha, la cual siempre ha sostenido la validez de esta  Ley.

Sin lugar a dudas, la derogación de la Ley de Amnistía es parte de la  deuda de reparación que los chilenos tenemos con las victimas del gobierno de Pinochet y sus familiares.   

Considero que nuestro gobierno debe escuchar la recomendación de la ONU y enviar un nuevo Proyecto de Ley destinado a derogar la ley de amnistía o a darle suma urgencia a los que ya están presentados.

Dejemos de lado los “cálculos políticos” de que no es posible su derogación, ya que cualquier proyecto en este sentido  será rechazado por la derecha y no tendremos el “quórum” necesario para su aprobación.

Debemos, como Concertación Por la Democracia, hacer un “gesto” real de nuestra voluntad de derogar esta Ley, es lo menos que les debemos a nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Una segunda recomendación muy  significativa es la que dice relación con la reapertura de la Comisión de Prisión Política y Tortura, situación que estaba contemplada en el Proyecto de Ley que creaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos  que se encuentra paralizado debido al veto de las organizaciones de Derechos Humanos como la AFDD y AFEP. 

Considero, y así lo he hecho ver en reiteradas ocasiones al ejecutivo, que hay que buscar una pronta solución a los miles de ex - presos políticos que por diversas situaciones no entregaron sus testimonios con anterioridad, como asimismo, a las más de 4000 viudas de ex –presos políticos que sí  fueron calificados, pero han fallecido, no encontrándose contemplado un procedimiento para que estas pensiones sean traspasadas a sus viudas. 

Debemos tener conciencia que estos ex -presos políticos    que no entregaron sus testimonios, como las viudas de  quienes sí los hicieron, son personas de avanzada edad, muchos de ellos o ellas con profundas secuelas físicas y sicológicas producto de las situaciones que les tocó vivir, por lo cual, requieren de nuestra ayuda hoy y no mañana.

Estos hombres y mujeres  no pueden esperar más que su situación se resuelva  a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Debemos reconocer que ha pasado casi un año y el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Diputados y Senadores no tiene visos de ser aprobado.

Y lo que es más grave, la Agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos, han señalado que no levantaran su veto al Instituto de Derechos Humanos.

Ante este hecho objetivo, es deber del gobierno buscar la forma de reabrir la Comisión de Prisión Política y Tortura.  No puede seguir haciendo “oídos sordos” al clamor de miles de ex –presos políticos, de sus viudas y ahora de la ONU.