Tumbos institucionales
Jan. 29 , 2010
Publicado en Ideas & Debates de La Tercera, 28 de enero de 2010
Para la Coalición por el Cambio, la tentación de sacar del Congreso a algunos de sus mejores hombres para darles cargos de importancia en el próximo Ejecutivo es grande. Lleva 20 años en la oposición y quienes han estado dispuestos a dedicarse al servicio público -a pesar del desprestigio, el costo alternativo y la multiplicidad de roles que debe cumplir un parlamentario, sobre todo si es mujer- quedan fuera del gobierno que les ha sido tan difícil de alcanzar.
Por ello, al describir la tensión sufrida entre el rechazo a la interrupción del mandato de representación obtenido por los parlamentarios y las funciones ejecutivas que esas mismas personas podrían realizar en el gobierno, se debe considerar, necesariamente, la pugna entre dos valores. Por un lado, la fidelidad pétrea hacia quienes votaron por los parlamentarios para defender sus intereses; por otro, la necesaria formación de un gabinete de políticos avezados. Todo ello en tensión para dar continuidad y cumplimiento a la invitación al cambio pronunciada durante la campaña electoral.
El ejercicio de estas peripecias del liderazgo político se ha realizado sin la necesaria reflexión de fondo, la cual contiene, a lo menos, dos debates. El primero, sobre el reforzamiento del poder presidencial por la vía de otorgarle, en el hecho, el poder de sacar parlamentarios para llevarlos al Ejecutivo; el segundo, la legitimidad de los congresales que reemplazan a los convocados al gobierno.
¿Queremos reforzar más al presidencialismo chileno? Una diferencia esencial entre nuestro sistema y el parlamentario es que la ciudadanía vota por autoridades con funciones claramente distinguibles. En el régimen presidencial, el mandatario es electo para cumplir la función ejecutiva y, entre otras cosas, puede elegir discrecionalmente un número amplio de funcionarios de nivel superior. Los congresales, en cambio, son seleccionados para hacer leyes y fiscalizar. Luego, el objetivo de la representación en cada caso es distinto. Por lo tanto, es imposible soslayar el hecho de que los tumbos entre una institución y la otra violentan el mandato soberano del voto popular.
Además, estos traspasos son extraños en los regímenes presidencialistas. De hecho, en el sistema más débil de los presidencialismos americanos, el mandatario de los Estados Unidos debe someter a ratificación del Congreso a buena parte de los funcionarios de confianza, con el objeto de asegurar su idoneidad. Los servicios civiles, como el sistema de Alta Dirección Pública en Chile, cumplen esta función cuando las atribuciones del Presidente son amplias y las democracias han avanzado en perfeccionar la selección de funcionarios públicos por la vía contraria a la integración de parlamentarios a los gabinetes presidenciales.
Con todo, es legítimo incluir a gente de experiencia que equilibre la impulsividad de la sangre nueva. Nadie ha pretendido instalar en Chile una efebocracia, por decirlo de algún modo. Sin embargo, para legitimar verdaderamente los cambios posibles entre un poder y otro, todavía está pendiente reformar el mecanismo de reemplazo del parlamentario que decide dejar la representación popular para sumarse al gobierno alcanzado. En la actualidad, el sistema contiene una matriz partidocrática perversa, por cuanto son los partidos los que deciden quién reemplaza al parlamentario que renuncia, práctica de cúpulas que es ampliamente rechazada por la ciudadanía.
