Joaquín Fernández / República

Observando la marcha política de la Alemania imperial, Max Weber notó como el Congreso, reducido a la impotencia, limitaba su acción a entorpecer las discusiones presupuestarias y dificultar la llegada a buen puerto de los proyectos legislativos enviados por el Ejecutivo. La acción parlamentaria se transformaba en una suerte de política negativa, de obstrucción, mas no de iniciativa. En este contexto no era extraño que el debate parlamentario alcanzara niveles increíbles de esterilidad. Los parlamentarios no entablaban un diálogo fructífero y simplemente aprovechaban las cámaras como una tribuna para hacer públicas sus opiniones personales o las declaraciones de sus partidos o  facciones.

Los puntos de vista de Weber sobre la Alemania Guillermina no dejan de tener actualidad, ya que pusieron en evidencia el modo en que “la marcha de los asuntos parlamentarios depende de su importancia en la decisión política”. Dichas observaciones parecen encarnarse en las irresponsables actitudes de los parlamentarios chilenos. Los últimos hechos acaecidos en el congreso, durante la interpelación al ministro Pérez Yoma, son la punta del iceberg de un estilo de actuación parlamentaria que el último tiempo se ha caracterizado por sus altos grados de personalismo y por una política de obstrucción cortoplacista y sin  ningún objeto. Esto sin necesidad de indagar en la oposición cuya política de denuncias banales y ruidosas ya se ha vuelto una tradición.

Esto no puede sino contribuir a aumentar una sensación en el ambiente de desagrado y de incomodidad con la clase política, cuya calidad aparece claramente deficitaria ante los ojos de la ciudadanía. Es que la situación de los parlamentarios, con atribuciones fiscalizadoras y tribuna asegurada, pero sin mayores poderes en la toma de decisiones de políticas públicas, sólo puede fomentar la irresponsabilidad y la demagogia.

Las últimas reformas constitucionales reflejan esta tendencia. Junto con una serie de reformas básicas –aunque claramente insuficientes aún- para una democracia representativa promedio, parlamentarios de distintas tendencias introdujeron algunas modificaciones que los beneficiaban exclusivamente en sus intereses corporativos”.  Entre los cambios aprobados se introdujeron las interpelaciones ministeriales. Se adoptaron prácticas propias de un régimen parlamentario incrustándolas en un marco claramente presidencialista. Este tipo de prácticas tienen sentido en el marco de un régimen parlamentario, con ministros que dependen de la confianza del Parlamento y con ejecutivos con poderes suficientes para hacer contrapeso a los excesos del Congreso. Sin embargo, en el caso chileno, los ministros, que  no tienen responsabilidad política ante el Congreso,  se ven obligados a comparecer ante congresistas que los increpan en un ritual que no tendrá consecuencias prácticas: Rinden cuentas sobre la marcha de su ramo ante alguien que no tiene el poder para censurarlos y que por lo tanto se beneficia de una cómoda irresponsabilidad política para ejercer sus nuevas funciones. En este contexto, la línea entre la fiscalización y la injuria se vuelve delgada y difusa.  Estos acontecimientos  derivan en una suerte de show mediático, usado para debilitar al gobierno de turno, donde los congresistas pueden dar rienda suelta a las vociferaciones más irresponsables y fuera de contexto sin verse obligados a medir las consecuencias.