La militarización de la política

Apr. 29 , 2009

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En foros y encuentros académicos internacionales se registra como uno de los grandes activos de América Latina el que los gobiernos, con la sola excepción de Cuba, han sido electos democráticamente. Atrás quedaron los gobiernos autoritarios de las décadas de los 60 hasta los 80. Así, también, constituye un recuerdo la adhesión al concepto de seguridad nacional.

El continente vive en un contexto internacional post Guerra Fría, en normalidad democrática, con la mayoría de los focos de subversión y las guerras internas controladas (salvo en Colombia). También, con un ordenamiento institucional que se ha mantenido durante gobiernos democráticos de distinto signo.

Sin embargo, se enciende una potente señal de alerta. La democracia está siendo amenazada por actores no tradicionales. Además de causas estructurales como la pobreza y la inequidad, se trata fundamentalmente de organizaciones que apelan al crimen y la violencia para poner en jaque la seguridad de las personas, llegando a niveles que, incluso, están amenazando a los Estados.

Así, en nuestra democrática región, según la Organización Mundial de la Salud, se concentra el 42% de los homicidios en el mundo; además, el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que el costo de los efectos del tráfico de armas regional fluctúa entre el 2% y el 15 % del PIB en los países de la región. Otras cifras: en Venezuela la tasa de homicidios es de 51 por cada 100 mil habitantes; en algunos países de Centroamérica, la dotación de las maras (pandillas) es igual a la policial y, es más, en el caso de Honduras, hay un policía cada seis mareros. Un tema de especial preocupación es la situación de México, donde el combate contra el narcoterrorismo ha causado más bajas que las sufridas por las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak.

A mi juicio, la situación descrita constituye una fuerte señal de alerta, porque las democracias están en grave riesgo. Se trata de "las nuevas amenazas", que tienen una naturaleza "diversa y alcance multidimensional, incluyendo aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales", según define la Declaración sobre Seguridad de las Américas (OEA, octubre de 2003).

Fundamentalmente, en Centroamérica y el Caribe, el Estado democrático ha debido militarizar la solución y ello se aleja del funcionamiento pleno de democracias verdaderas en su origen y en su desarrollo. Esta tendencia se debe al fracaso de las policías, la inoperancia del sistema judicial, la falta de efectividad del sistema penitenciario y la necesidad de responder a una población que, por una parte, exige seguridad, pero, por otra, se suma a los carteles de la droga o a las pandillas. En otras palabras, ha fracasado la política.

Si bien los Estados tienen el derecho soberano de definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad conforme a su ordenamiento jurídico y con pleno respeto al derecho internacional, me parece que la decisión del uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna denota políticas e instituciones fallidas e imperfectas.

La militarización de la política es un riesgo para la democracia. La región debe estar expectante y comprometida para apoyar a aquellas naciones que requieren fortalecer la institucionalidad, solucionar los problemas mencionados, generar condiciones de estabilidad, seguridad y buen gobierno, por medios e instituciones de carácter político y policial. Debemos evitar que la inseguridad escale a situaciones límite que lleven a soluciones extremas.