Vírgenes de colores

Jan. 14 , 2009

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Hace una década, la Corte Suprema chilena prohibió la exhibición de la película “La última tentación de Cristo”.  La Corte acogió un recurso de protección presentado por un grupo de personas que alegaban que el filme violentaba su honra y la de Cristo (domiciliados todos ellos nada menos que en el centro de Santiago).  La prohibición judicial constituyó un acto de censura previa, significó la primera condena internacional de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, más tarde, ayudó a impulsar una reforma que eliminó la censura cinematográfica de la Constitución.

Hoy vivimos una situación muy similar. Un nuevo grupo de católicos, más jóvenes y conectados en red, ha recurrido nuevamente a la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que un desfile que viste a mujeres como vírgenes coloridas frente a La Moneda sea montado.  ¿Debe la Corte dar la razón a estos fieles y acoger su acción judicial?  No.  

Desde luego, los recurrentes tienen derecho a sentir que la exhibición, que ellos califican como un ataque, lesiona su conciencia.  Pero de ello no se sigue que tengan el derecho a impedir la muestra.  Porque junto con la libertad de conciencia y la honra de estas personas, hay aquí una forma de expresión artística que también merece protección constitucional.  Y en un país en el cual el Estado y la Iglesia (católica) están separados y donde se rechaza toda forma de censura previa, no podemos asumir que las personas carecen de la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo real y lo ficticio, dando a la fe de un grupo el poder de determinar lo que el resto de la sociedad puede o no ver, leer o conocer.  Por supuesto, esto no significa que en todos los casos en que de una parte se reclame la afectación de la honra de una persona y, por el otro, la libertad de expresarse o de informar tenga prevalencia la primera.  Pero dadas las circunstancias del caso –entre otras, una exhibición de arte programada para la medianoche del jueves en la que solo trabajan mujeres adultas— los tribunales debieran entender no son ellos los llamados a calificar el mérito del desfile.  No es ni ilegal ni arbitrario montar una exhibición de estas características en una plaza pública, aun frente a La Moneda.  

Una sociedad que no acepta la provocación del arte y que califica ciertas voces como herejes no es una sociedad democrática.  Paradójicamente, la acción judicial que busca evitar que las personas presenciemos un desfile logrará el efecto contrario: serán más, no menos, católicos y no católicos, quienes se interesarán en estar allí al momento del montaje.  Y para quienes defienden la libertad de expresión y la capacidad de las personas de decidir lo que es bueno para ellas, el solo hecho de que este desfile de vírgenes de colores y maquillaje se realice será una buena noticia.  Con seguridad, al día siguiente no serán muchos los que cambien su parecer sobre las figuras religiosas –es un desfile, nada más—pero sí habrá quienes podrán, por sí, valorar lo que hasta ahora sencillamente no conocemos.