El fraude del Ministro

Oct. 16 , 2009

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Hace una semana, se celebró en Santiago un seminario internacional para discutir acerca de los desafíos que impone la implementación del Convenio 169 de la OIT.   El evento, organizado por la Identidad Lafkenche, el Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, el Consejo de Pueblos Atacameños, UNESCO, el Observatorio Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos de la UDP, convocó por dos días a académicos, abogados, activistas y representantes indígenas de diversas partes del país, quienes debatieron sobre los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones correlativas que el Convenio estatuye para los Estados que lo suscriben. 

Junto con los especialistas y participantes del seminario –que incluyó a nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Noruega y Perú, además de representantes y líderes indígenas de Chile—estaba anunciada la participación del Ministro encargado de la política indígena, José Antonio Viera-Gallo.  Su participación era importante pues el gobierno impulsa una agenda que busca implementar este Convenio, así como la política gubernamental de nuevo trato conocida como “Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”. Tratándose de un encuentro alojado en una Universidad, las condiciones para el diálogo --que muchas veces, se dice por parte de las autoridades, no es posible con líderes indígenas-- eran propicias.

El Ministro Viera-Gallo había confirmado su participación aunque pidió, un par de veces, que su intervención fuera modificada en el horario fijado.  Las organizaciones que convocaban al encuentro, comprendiendo que el gobierno debía hacerse presente, accedieron a las peticiones y ajustaron el programa a los requerimientos de la autoridad estatal.  El Ministro hablaría a las 13 horas.

El día del encuentro había expectación.  Los indígenas que habían viajado largas horas se hacían espacio entre estudiantes que buscaban salas donde rendir pruebas, profesores que observaban con una mezcla de curiosidad y asombro los atuendos coloridos y sonoros de las autoridades tradicionales, y abogados de empresas que venían en busca de respuestas a las interrogantes que desvelan a sus clientes con la entrada en vigencia de este tratado internacional.  A eso de las 11 de la mañana, la oficina del Ministro Viera-Gallo informó que éste no podría llegar antes de las 13.30: “se había atrasado el acto de conmemoración del plebiscito del 88”.  Ofrecía, sin embargo, estar a cualquier hora de la tarde, horario dispuesto para una reunión indígena autónoma.  Los organizadores modificaron una vez más el plan y concedieron al Ministro espacio para intervenir esa tarde sin alterar el encuentro de indígenas.  Los rumores circulaban fuerte: el Ministro no llegaría, enviaría a otra persona de su oficina; en fin, no se atrevía a estar.

Y así fue.  A pesar de las confirmaciones y ajustes, alrededor de la 16 horas su jefe de gabinete anunció que el Ministro encargado de la política indígena no asistiría.  ¿La razón?  Pues nada, no iría.  Así de simple. 

La reacción de los indígenas fue elocuente: en lugar de enojarse o gritar por la frustración, estallaron en una espontánea risa.  Se pegaban con el codo y se echaban hacia atrás como señalando que era algo que siempre supieron y que nosotros, los organizadores no indígenas, simplemente no queríamos ver.  Uno de ellos se dio vuelta y me dijo: “tú qué crees, ¿es Viera-Gallo o Viera-Engaño?”

Ha pasado más de una semana y la oficina del Ministro jamás dio una explicación por la ausencia.  Perdió el gobierno una valiosa oportunidad para debatir en un ambiente de respeto, con desacuerdos profundos, pero con un saldo constructivo de entendimiento que muchos no anticipaban.  Y, lo que es peor, la declaración gubernamental que promueve la construcción de la multiculturalidad -- entendida como el "respeto a la diferencia entre ciudadanos con igualdad de derechos, en el marco de una sociedad democrática en la que varias culturas se dan cita en un espacio físico común” -- asomó como un fraude.

Recordé, entonces, cuán vacuas sonaban las declaraciones del Ministro asegurando en televisión que el modelo para la política indígena era el neozelandés, un país donde un hecho como éste no podría ocurrir sin que la suerte de ese personero no se vea afectada.  En Chile, en cambio, para el gobierno que proclama la necesidad de ”sentarse a dialogar” se trató de un asunto que quedaría en la impunidad.  Y seguiríamos como si nada.