Derechos Humanos: ¿en qué estamos?

Desde hace algunos días, cuando se dio a conocer el Informe sobre DDHH del Departamento de Estado de EEUU, se ha suscitado un interesante debate sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país.  Al respecto, cabe hacer algunos aportes.

En primer lugar, algunos han cuestionado la autoridad (¿moral?) del autor del Informe –el gobierno de Estados Unidos—por las violaciones que, en especial, durante los últimos años se han cometido por agentes de dicho país.  El más elocuente de los críticos –no debemos sorprendernos—fue el vocero de gobierno, Francisco Vidal, quien señaló que en Chile no existe un Guantánamo, en alusión a la base militar usada por el gobierno de Bush como cárcel para “combatientes enemigos”.  Vidal tiene razón, aunque podría haber articulado mejor una respuesta.  Digamos que de Chile, en tanto es miembro del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, es razonable esperar que tenga la capacidad de criticar fundadamente lo que ocurre en otros países, incluidos los países del llamado “primer mundo”.  No debe olvidarse, en todo caso, que el actual gobierno estadounidense tardó menos de dos días en ordenar el cierre de Guantánamo, lo que al menos devuelve parte de la autoridad moral que se exige para criticar a otros.

En seguida, y lo que es más importante, es importante mirar los temas que llaman la atención de observadores externos: la situación carcelaria, la violencia en contra de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas.

En materia de cárceles, Chile ostenta la vergonzosa tasa carcelaria más alta de América Latina, por sobre países con tasas delictivas muy por arriba de la nuestra, como México o Brasil.  Esta situación se origina en una serie de factores, desde la existencia de un “derecho penal máximo” que se abre espacio como respuesta a las desviaciones sociales, hasta la carencia de métodos efectivos de rehabilitación.  El argumento que se escucha a autoridades sobre la calidad de las nuevas cárceles concesionadas tiene fecha de vencimiento: con la tasa carcelaria en aumento, más pronto que tarde esos recintos no darán abasto.  Y, como se sabe, las cárceles no se construyen para que tengan vacantes, sino para ocuparlas.  La excepción en Chile son aquéllas construidas especialmente para militares, quienes gozan de regímenes especiales que atentan, cuando menos, en contra de la igualdad ante la ley.  

Por otra parte, no existe información suficiente que permita a la ciudadanía saber qué es lo que ocurre dentro de las cárceles.  A pesar de los esfuerzos que se han realizado en los últimos años, Gendarmería se ha negado a proporcionar información sobre el número de muertes dentro de las cárceles, los motivos de éstas y las investigaciones que les han seguido, dando origen a demandas interpuestas ante tribunales nacionales e internacionales y, lo que es grave, generando dudas sobre el compromiso del Estado con los derechos de las personas privadas de libertad.

En cuanto a la violencia de género, no parece haber desacuerdo sobre la necesidad de implementar políticas que permitan prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer (en Chile, se utiliza el eufemismo “violencia intra-familiar”, cuando lo cierto es que ella afecta desproporcionadamente a mujeres).  La ciudadanía se entera de casos dramáticos, y el Estado ha impulsado importantes campañas de concientización, pero no está claro cuál es el resultado de éstas.  Se trata de una materia muy compleja, donde las denuncias no representan el verdadero caudal de casos y, desde el punto de vista de los derechos humanos, existen estándares para la investigación y sanción de responsables, así como las mejores políticas de prevención.  Es deber del Estado atender a dichos estándares al momento de diseñar e implementar políticas en este ámbito.

Por último, es poco lo que no se ha dicho sobre las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas.  En Chile lo llamamos equivocadamente “conflicto mapuche”, en circunstancias que se trata de un conflicto entre dos (o más) partes.  ¿Se imagina usted si algún periodista se refiriera al conflicto “judío” o “árabe” a secas?  Los problemas entre pueblos indígenas –no solo los mapuche—y el Estado se remontan al nacimiento y establecimiento de la república.  En ello no hay mucha diferencia con otros países, como Canadá, Nueva Zelanda o Australia.  En lo que sí diferimos enormemente es en la incapacidad que hemos tenido para atender las demandas de los pueblos indígenas.  Mientras otros países comprenden que no es posible imponer modelos de desarrollo y negar las identidades de los pueblos autóctonos, en Chile parecemos obstinados a ello.  Los gobiernos democráticos son especialmente responsables en esta materia, pues generaron expectativas que no han sabido o podido cumplir, permitiendo la instalación de un descontento que favorece irrupciones violentas, lo que a su vez provoca respuestas desmedidas, como es el uso de la legislación antiterrorista.  En 2008, el gobierno dio un paso muy importante, al ratificar el Convenio 169 de la OIT.  Lo que corresponde ahora es observar la manera como este instrumento será efectivamente implementado.

Por cierto, junto a estos temas, existen numerosos otros problemas en materia de derechos humanos, como es, solo por nombrar algunos, la persistencia de la justicia militar para juzgar a civiles; la discriminación que sufren algunas personas por su orientación sexual, su condición de inmigrantes u otras calidades adscritas; la violencia con que actúa la policía en determinados contextos y, en general, la ausencia de una política de estado sobre derechos humanos.  

Organizaciones no gubernamentales y, en especial, centros académicos llevan años informado sobre ellos, exigiendo respuestas de parte del Estado y sugiriendo avenidas de solución.  Si las autoridades locales reaccionaran a tiempo a estos llamados de atención, gozaríamos de verdadera estatura y autoridad moral para constituirnos en un referente en materia de derechos humanos.  Para Chile hoy, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esto no es una opción, sino un deber.