De espaldas a la Constitución

Mar. 21 , 2009

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Publicado en Ideas y Debates de La Tercera, 21 de marzo de 2009

El artículo más corto de la Constitución chilena es quizás el que más dice: "Chile es una república democrática". De esta enorme, aunque breve, cláusula se siguen varias consecuencias. Una de ellas, acaso la más evidente, es que en nuestro país no rige una monarquía, en que el gobernante es responsable sólo ante Dios. En Chile, una república democrática, quienes conducen los destinos del país han de responder por sus actos ante los ciudadanos.  Autoridades, electas y no electas, son mandatarias, representantes de la voluntad popular y, por ello, lo que hacen y dejan de hacer importa. En una frase: deben rendir cuenta por sus acciones y omisiones.

La salida de una ex diputada, convocada por la Presidenta de la República para asumir la vocería del Gobierno, es, para muchos analistas políticos, señal inequívoca de la falta de recursos humanos que la coalición oficialista muestra por estos días.  Pero más allá, desde un punto de vista constitucional, esta designación es, por una parte, muestra de la precariedad de nuestro régimen político. Es un hecho extraño, para un régimen presidencialista como el nuestro, que un miembro del Parlamento salte al gabinete ministerial.  En Inglaterra o Nueva Zelandia no habría discusión al respecto; entre nosotros, sí.  Llama la atención la ausencia de voces sobre este punto.

Por otra parte, el abandono de su cargo por parte de la ex congresista es, antes que un atentado al principio de separación de poderes, una defraudación a sus electores. En este sentido, entonces, una grave lesión al principio republicano que debe sostener el actuar de todos los poderes públicos. No es claro el derecho de un ex parlamentario de integrar el gobierno, toda vez que son sus electores quienes lo pusieron en ese puesto. Sin embargo, en este caso vemos que no hay siquiera rastro de remordimiento al pasar de Valparaíso a La Moneda, probablemente en el entendido que ante el llamado presidencial nadie puede negarse.  

Con todo, no es sólo la abducción que la Presidenta hizo de una diputada lo que debe motivar objeción, sino especialmente, lo que ha seguido a este nombramiento. Se ha sostenido que, desde el punto de vista constitucional, no habría reparos a la designación de un ex subsecretario -¡y candidato justamente a ese cargo y por el mismo distrito!- para asumir la función legislativa improvistamente acéfala. Con una lectura formalista y literal de la Constitución, el argumento puede tener asidero.

Pero si tomamos la Carta Fundamental en serio, y pensamos, antes que en el tenor literal de sus comas e incisos, en los principios que a éstos subyacen, la respuesta parece ser otra. Decir que la inhabilidad que tienen los ministros de Estados para ser candidatos a parlamentario por el plazo de un año no se aplica a quienes no son candidatos, sino que son designados por un hecho imprevisto, insulta, digámoslo así, la inteligencia constitucional de cualquier persona.

Más aún, el que el reemplazo lo decida una directiva partidaria desconociendo las preferencias electorales, como ocurría antes de la reforma constitucional de 2005, es una usurpación de la soberanía que, según nos dice la Constitución, reside en la nación, no en los partidos políticos.  

Estas normas forman parte del trazado institucional chileno, por lo cual su desconocimiento, contrario a lo sostenido por expertos, sí constituye infracciones constitucionales y, en por lo mismo, genera responsabilidad.  La última palabra, afortunadamente, la tendrán los ciudadanos en diciembre de este año.