Defensoría de las víctimas: Les devolvemos el conflicto o terminamos con los querellantes

Jun. 08 , 2010

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En las últimas semanas se ha generado, en otro diario matutino, un interesante debate respecto de la creación de la Defensoría de las Víctimas. En términos sencillos, tal iniciativa –que fue anunciada con énfasis en el mensaje del 21 de mayo- supone que el Estado deba destinar recursos económicos para contratar abogados que puedan ejercer el rol de querellantes en ciertas causas penales y, con ello, satisfacer los intereses penales de las  víctimas. A tal debate han concurrido, entre otros, el decano de la facultad de derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas y el senador Alberto Espina. El primero de ellos para criticarla por considerar que aquella es errada, costosa e ineficiente. Simplificando –quizás en exceso- el argumento de Vargas, él sostiene que la creación de una Defensoría para las Víctimas es errada, porque no atiende a las necesidades propias que supone la protección y reparación de las víctimas; es costosa, porque en un estado de necesidades infinitas, aquella decisión supondría destinar importantes recursos en un instituto que –en términos de costo y beneficio- aportaría poco o nada para la reparación de las víctimas; y, por último, sería ineficiente como mecanismo para “combatir a la delincuencia”, por la escaza  –y a veces nula- relevancia de los querellantes en el juicio penal.

El senador Espina ha defendido reiteradamente la iniciativa, argumentando, en primer término, que el “principio de objetividad” impediría al Ministerio Público asumir la representación de las víctimas –espero leer mal al senador, pero no estará sugiriendo que un querellante particular debe actuar fuera de la objetividad, buscando encarcelar gente inocente, escondiendo prueba de descargo, persiguiendo hechos no constitutivos de delito, etc-; segundo, que existiría un grave vacio en nuestra legislación, porque los imputados tendrían una defensa gratuita proporcionada por el Estado y las víctimas no, lo que conllevaría una desigualdad en nuestro Estado de Derecho; por último, que quien puede contratar un querellante tiene todo el derecho a hacerlo y quien no, el Estado no subsidiaría ese déficit de acceso a la justicia. Fundamentado su argumento, cita erradamente –ya lo había hecho en La Tercera en julio del año pasado- al profesor Winder (sic), que en realidad es Binder, quien ha sido un fuerte crítico de la expropiación del conflicto de las víctimas por parte del Estado y quien, a partir de la cita del Senador, postula la vuelta a un derecho penal mínimo o derechamente a un abolicionismo, ideas que, me parece, el Senador no ha dado muestras de querer acoger. 

Los dos, con matices, tienen razón en sus apreciaciones, pero creo ellas llegan a conclusiones diversas a las que sostienen. El primero, porque debería acabar por admitir que la figura del querellante debe desaparecer del Código Procesal Penal porque nada justifica, ni siquiera decisiones de política pública, que uno desincentive la creación de la figura de la Defensoría de la Víctimas y, por otro lado, mantenga al acusador privado sólo para quienes pueden costear o conseguir uno que los represente en el Juicio Penal. Sus argumentos de costo-beneficio son incapaces de hacer mella a la crítica de quienes ven ahí un factor de desigualdad. Es cierto, los recursos son limitados, pero si legalmente existe la figura del querellante, entonces no hay razones para oponerse a que el Estado decida sopesar otros intereses –incluso de índole populistas- para asignar recursos donde ve ciertos réditos ciudadanos. Espina, por su parte, si fuera persistente con su argumento, el de la igualdad, entonces tendría que aceptar que en aquellos casos donde existe una víctima representada procesalmente, con claros y definidos intereses penales, debería desplazar el interés del Ministerio Público y –justamente por el principio de igualdad- enfrentarse sola con el imputado. En definitiva, devolverle el conflicto a la víctima, considerar que ella, y solo ella, es la afectada por el delito y que por lo mismo debería ser quien decida la suerte de “su” proceso penal.

1- La eliminación del Querellante.

Para aquellos que sostienen que la figura del querellante debiera desaparecer, el ius puniendi  -el derecho a castigar- es una prerrogativa de la sociedad, entregada al Ministerio Público, quien no sólo la representa sino que tiene la obligación de reafirmar la vigencia de las normas penales definidas como necesarias por los representantes de la sociedad. En otras palabras, el ejercicio del castigo Estatal es una cuestión entre la sociedad –y sus instituciones- representada por el Ministerio Público y el imputado. Ahí está la igualdad que echa de menos Espina. Es el Ministerio Público, no la víctima, la que representa a la sociedad que reprocha a uno de sus ciudadanos cuando comete un delito y es ello, y no otra cosa, lo que justifica que esa persona pueda ir presa por varios años. Así, y según se puede desprender de Locke, cuando el hombre –dejando su Estado de naturaleza- decide participar de una sociedad, y pasa a ser parte de la misma, renuncia a su derecho a usar la fuerza para castigar los delitos –salvo, claro está, en las causales de justificación o exculpación- y le entrega ese poder a la sociedad, para que sea ella la que aplique las sanciones correspondientes.

En ese contexto, para ellos, el derecho penal se distingue del derecho civil –o privado- porque en el los delitos sólo son definidos, perseguidos y perdonados por la autoridad del Estado. Así como la víctima no puede decir qué es delito, ni puede perdonar –salvo, ciertos delitos excepcionales (que creo deberían despenalizarse)- tampoco debería, siguiendo la misma lógica, perseguir penalmente a los responsables. Para eso está el Ministerio Público.
 
Así las cosas, el sentido de la justicia penal –a diferencia de la justicia civil- no pasa por generar un escenario para la resolución de conflictos personales, sino más bien para asegurar la respuesta de la sociedad por la infracción de una norma penal, mediante un proceso que, por otra parte, pueda respetar los derechos del ciudadano que se ve enfrentado al riesgo de una sanción penal. Ahí también, uno le diría al senador, se refleja la igualdad.

Lo anterior no significa, en todo caso, que la víctima no tenga ninguna importancia como sujeto pasivo de un delito, ni desde el punto de vista personal ni procesal. Por el contrario, en la lógica ya descrita la víctima tiene el derecho a que se le pueda restituir –desde una perspectiva civil- los daños y perjuicios que le pudo ocasionar el delito. Ahora, si el Estado –como lo propone Vargas- puede hacerse cargo de las imposibilidades fácticas de que aquello se pueda cumplir, generando fondos para la reparación, tanto mejor. Por otra parte, desde el punto de vista procesal, el razonamiento anterior obliga al Ministerio Público a considerar especialmente la protección de la víctima y asegurar su interés en participar en el proceso penal. Porque la persecución oficial del delito cometido en contra de un integrante de la sociedades, presisamnet, la legitimación política de la existencia del ente persecutor, por lo que su incapacidad para conseguir la participación de la víctima no sólo supone un desprestigio para con ella, sino que con toda la sociedad.

2-. La expropiación del conflicto de la Víctima

El senador Espina, en su idea de devolver el conflicto a la víctima, parece alejarse de lo anterior. El entiende, que en cada delito, lo que existe, más allá de un conflicto entre la sociedad y el imputado, es un conflicto entre particulares. De hecho, si fuera consistente  con su inspiración igualitaria (para ambos lados), debería conceder que cada vez que la víctima -incluso en un delito grave- participe activamente como querellante, debiera desplazar al ente persecutor y, en un escenario de igualdad, competir sola con el imputado. No parece coherente con la idea de igualdad, que él tanto profesa, que un imputado deba verse en un juicio penal expuesto a dos pretensiones penales distintas, la de la víctima y la del Ministerio Público. Como para él la primera tendría prioridad –o sino no se justificaría la Defensoría de la Victima- entonces ella debería ser la que mantenga la persecución penal. O incluso más,  supongamos que en un delito de violación, robo con violencia o lesiones graves, la víctima quisiera terminar el proceso penal sin una pena corporal, pero sí con un mecanismo de autocomposición, no habría –en la lógica de Espina- ninguna razón para impedirle alcanzar tal objetivo y debería primar sobre el interés de persecución del Ministerio Público. No pretenderá el Senador, con la creación de la Defensoría de las Víctimas, que solamente triunfe quien tenga la postura más dura contra el imputado, porque, de nuevo, su idea de igualdad terminaría botada al tarro de la basura.

Aunque suene paradójico, el argumento esgrimido por el senador Espina, el de devolverle el conflicto a la víctima, es el que ha llevado- en la discusión criminológica de los últimos años-, ha revitalizar las posturas minimalistas y abolicionistas, que entienden que lo relevante en un delito, además de mejorar la posición de la víctima, es lograr que aquella pueda verse reparada sin necesidad de la utilización del derecho penal.

Donde uno sí puede estar de acuerdo con el senador Espina, es en la necesidad de establecer un mecanismo reparador para las víctimas y para ello, claramente es innecesaria la creación de una Defensoría de las Víctimas, bastaría entonces, que el Ministerio Público se tome más en serio la obligación legal que sobre ellos recae, a saber, instar por la reparación de la víctima, mediante institutos como el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del procedimiento (con indemnización) o derechamente en los casos de mayor gravedad, con una apertura a considerar y promover el reconocimiento de la minorante del artículo 7° del Código Penal (la reparación celosa del mal causado).

Como verán, el debate en torno a la Defensoría de la Víctima es más complejo de lo que parece y, por lo mismo, requiere de una mirada global que comprenda todas las aristas de ésta iniciativa. Porque hay una cosa que -aunque parezca menor- todavía no logro entender, y es precisamente de “de quién” debe defenderse la víctima.

Para seguir discutiendo al respecto, propongo hacerlo en el blog, o en mi twitter @icastilloval