Deudas y dudas del conflicto

Aug. 24 , 2009

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La escasa información que maneja la ciudadanía sobre la política indígena del gobierno se ha convertido en un factor que impide dimensionar la magnitud del conflicto actualmente en desarrollo en la IX Región. Cuando en sus discursos los políticos oficialistas hablan de "la deuda histórica" con el pueblo mapuche -expresión cargada de sentimientos de culpa que son buenos para paralizar y malos para articular respuestas-, a lo mejor también deberían contemplar un acápite sobre la deuda pendiente con la transparencia. Es una cuenta que está impaga desde el momento en que nadie es capaz de establecer con certeza cuánto es el dinero que el país ha estado invirtiendo en la zona desde el gobierno del Presidente Aylwin en adelante, cuánta es la tierra que se ha comprado y entregado a las comunidades de la zona, cuán exitosa o fracasada ha sido esta política en función de las actuales condiciones de vida de las familias favorecidas y con qué margen de acción va quedando el país para que incidentes como los del último tiempo no adquieran las proporciones de un conflicto étnico hecho y derecho entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

Si son estos datos los que ahora se echan de menos, es porque son los únicos que permitirían establecer si la solución al problema tiene que ir en la dirección que ha ido -compra y adjudicación de "tierras ancestrales", no obstante la legitimidad de los títulos de dominio que puedan tener sobre ellas otros propietarios- o si no sería ya el momento de cambiar el rumbo, sabiendo que el problema de La Araucanía también tiene otros ejes. La pobreza endémica, qué duda puede caber a estas alturas, es uno de ellos. La segregación social otro. Y tampoco habría que dejar fuera el extremismo político, que sueña con la instalación  de Chiapas en el teatro del conflicto.

El gobierno tiene quizás buenas razones para manejarse con prudencia y pies de plomo en estos temas. La niebla puede ser una buena aliada del pragmatismo. Es entendible que las autoridades les hagan el quite a enunciados generales que podrían comprometerlas más allá de la cuenta. Es atendible que prefieran irse por el camino del caso a caso, con una cierta discrecionalidad incluso, para no alentar expectativas desmesuradas o terminar echando más leña a la hoguera. Esa política, al parecer, habría operado con eficacia en materia de contención, si es que es cierto, como dice el gobierno, que sobre el total de unas mil comunidades existentes en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, no llegan a 10 las violentistas. Quizás sea verdad: no todas las comunidades son iguales, no todas las reivindicaciones tienen el mismo origen y puede ser razonable, a veces, tener que hacer la vista gorda en lo chico con tal de salvar lo grande, procurando mantener en lo grueso el principio de la legalidad en la zona e impidiendo que los conflictos se generalicen y escalen a proporciones inmanejables.

Pero, como nada es gratis en política, salta a la vista que este casuismo también tiene sus costos. De partida, es medio impresentable favorecer más a unos que a otros, más a los que incendian, saquean o apedrean que a los que respetan el orden vigente y -si es que estamos hablando de la misma etnia- más a los mapuches del sur que a los que emigraron a Santiago y que siguen sintiéndose tanto o más leales que los de allá a su sangre. Tampoco esta forma de hacer las cosas está dando los resultados esperados. Este año la profusión de incidentes puso de manifiesto una crisis de proporciones, y si la semana que termina hubo un muerto, es casi un milagro que no hayan sido  más, puesto que los enfrentamientos fueron serios, deliberados y de creciente agresividad. Está claro, por otra parte, que aquí entraron a jugar intereses políticos internos y foráneos que ya ni siquiera se preocupan de esconder la mano y, por la manera en que las autoridades están siendo sorprendidas, se observa también un evidente déficit de inteligencia acerca de los desarrollos en curso.

Como ya son varias las piezas que no están funcionando, sólo caben dos cosas. Hay que contener y hay que evaluar. Lo primero es urgente, pero que nadie se pierda: para los fines de determinar los cursos de acción y no seguir cometiendo los mismos errores, lo segundo es fundamental.