Hugo Martínez

En estos días se votará en nuestro parlamento una nueva Ley de Propiedad Intelectual. Con esto se espera modernizar la legislación correspondiente y ponerla al día, frente a las nuevas oportunidades de distribución de contenidos en formatos digitales.

Sin ser un experto en propiedad intelectual, creo que no es difícil constatar que este esfuerzo legislativo no va a ser suficiente, para regular el creciente fenómeno de la descarga de contenidos desde la red.

Primero, porque está comprobado que intentar “gobernar” lo que circula o no circula en Internet es imposible. Quien insista en hacerlo, me temo que no ha logrado comprender la naturaleza de la red de redes.

Segundo, porque el límite entre el control al acceso a contenidos protegidos intelectualmente y la censura es demasiado sutil. Terceros decidiendo lo que podemos o no podemos ver, escuchar o leer, aunque sea en defensa de los derechos de los generadores de contenidos, me evoca un tipo de control social que no resiste la globalidad y diversidad que hoy defienden las sociedades democráticas.

Tercero, porque por cada sitio de descarga sancionado o cerrado, aparecen en cuestión de minutos, múltiples nuevas alternativas. Más de alguno se acordará de la experiencia de Napster, uno de los primeros sitios para compartir e intercambiar música en la red. Al poco tiempo de la censura y cierre obligado de este sitio, proliferaron una variedad de alternativas.

Cuarto, porque los consumidores de contenidos nos estamos convirtiendo, gradualmente, en productores de contenidos. El problema es que esta legislación está pensada para garantizar los derechos de los grandes proveedores de contenidos, de tal forma que usted puede terminar sancionado (luego de un largo y engorroso proceso) por descargar ilegalmente una canción. Pero aún no tenemos una legislación que nos proteja si su banco vende sus antecedentes comerciales a una tercero (que también son contenidos de su propiedad), o si su ISAPRE entrega sus datos a cadenas farmacéuticas. Tampoco es trivial impedir que un tercero haga un uso inadecuado de una foto con su imagen, sea esta de de su propiedad o no.

Quinto, porque falta lo más importante: promover una educación que genere una adecuada cultura digital, que nos responsabilice de lo que hacemos en los espacios virtuales que compartimos entre todos. Generar nuevas y sofisticadas normas y sanciones para promover el respeto a los derechos intelectuales es, básicamente, desconfiar de la capacidad de los ciudadanos para autoregularnos. Esto no tiene nada de nuevo. Lo novedoso sería contar con políticas para promover una cultura que respete las creaciones de los otros, sean estas, de los grandes sellos discográficos o de autores independientes y alternativos.

Los medios digitales están evolucionando hacia nuevos espacios de intercambio, en los cuáles no será necesario en un tiempo más “descargar” la música o el libro que me interesa. Los podremos disfrutar en la red. ¿Me sancionarán por compartir mis gustos musicales con usuarios en redes internacionales (como lo que ofrece last.fm)? ¿Mi proveedor de Internet me impedirá el acceso a Facebook, porque en la página de algún amigo hay vídeos publicados, sin los derechos correspondientes? ¿Será castigable legalmente, proyectar en clases una parte de una película, sobre la cual no contemos con los derechos de reproducción?

No me opongo a la defensa de los derechos intelectuales (de hecho, esperaría que quienes copien parte mis blogs, lo hagan señalando al autor). Sin una adecuada defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual, podríamos poner en riesgo a nuestra industria de generación de contenidos.

Pero, insisto, la solución no la encontraremos en leyes que generen más y sofisticados castigos. El esfuerzo más efectivo debiera estar en educar, educar y educar. 

Imagen de este blog, tomada de http://elblogdehistoriaeconomica.blogspot.com/