Hugo Martínez

Todo parece indicar, que la injustificable agresión sufrida por la profesora Loreto Villaseca en el Colegio Teilhard de Chardin, por parte de un alumno de tercero medio, se puede explicar en gran parte por la salud mental del estudiante.

Con estos antecedentes preliminares, parece irresponsable y apresurado aventurar conclusiones o generalizaciones a partir de este lamentable hecho.

Tampoco es responsable desconocer que la violencia y los problemas de convivencia escolar son un desafío pendiente. De acuerdo al primer Estudio Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar, presentado en 2006 por los Ministerios del Interior y de Educación, 35 de cada 100 estudiantes de 7° básico a 4° medio declara percibir con alta frecuencia (todos los días o al menos una vez por semana) agresiones en su establecimiento y 45 de cada 100 dicen haber sido agredidos de alguna forma.

En uno de los foros de la educación realizados por educarchile durante el 2008, la mayor parte de los participantes indicaban estar de acuerdo con que el matonaje escolar había aumentado como consecuencia del incremento de la violencia social.

La violencia, como forma de resolver diferencias y conflictos, está peligrosamente presente y visible en nuestra sociedad. Se observa en los medios de comunicación, en la convivencia familiar, en los video juegos y hasta en la forma como se comportan los conductores al disputarse la preferencia por una pista en nuestras avenidas.

Esta inadecuada vía de resolución de conflictos penetra en la escuela y se reproduce en diversas escalas. La violencia escolar aparece en el matonaje entre alumnos, en la descalificación en que caen algunos docentes al tratar a sus estudiantes, en la ausencia de espacios para acoger y resolver la diversidad y ciertamente en la reproducción de inequidades sociales que genera una mala calidad de la educación.

La violencia escolar también trasciende los espacios escolares tradicionales y se proyecta al mundo virtual. Aprovechando las ventajas y facilidades de las redes sociales, las herramientas de comunicación instantánea como el chat o las posibilidades de publicar fotos y videos digitales, el matonaje o “bullying” se ampara en el anonimato y se aleja del control visual de los educadores.

¿Cómo enfrentarlo?

No es necesario instalar detectores de metales, cámaras de video de seguridad, guardias armados o sistemas de vigilancia policial en nuestras aulas, patios y espacios escolares. Llegar a este punto, implica reconocer que el problema no puede ser resuelto en un ambiente educativo y que debe ser entregado al control policial.

No se requieren nuevos cuerpos legales adicionales a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para perseguir la violencia en las escuelas. Judicializar estos conflictos y llenar a los tribunales de acusaciones de agresión física o verbal, implica nuevamente sacar el problema fuera del ámbito escolar y esperar a que la justicia lo resuelva.

No hay que cortar el acceso a Internet ni prohibir el ingreso de teléfonos celulares a la escuela, de tal forma de limitar el riesgo del ciber matonaje. Además de ser prácticamente imposible de controlar, medidas como esta desplazan nuevamente el problema fuera de las paredes de la escuela y atacan el síntoma sin preocuparse por la causa.

Sobre el tema hay suficiente experiencia e investigación que tiende a reconocer que la instalación de una cultura y estrategia de mediación escolar, parece ser el camino más adecuado. Un caso destacado en este ámbito es el  Centro de mediación y convivencia escolar de San Bernardo, cuya experiencia ha permitido enfrentar al interior del sistema escolar este desafío.

¿Y mientras se genera está cultura de la mediación, hay algo que se pueda hacer con la violencia?

Ciertamente hay urgencias que no pueden esperar a que el conjunto de la comunidad escolar comprenda y aplique estrategias de mediación y resolución de conflictos.

Se debe asegurar las condiciones de seguridad básica para que la labor escolar pueda llevarse a cabo. Alumnos y docentes deben sentirse seguros dentro de espacio de trabajo. En un ambiente de temor y desconfianza, es muy difícil que se generen espacios para el aprendizaje o para desarrollar experiencias de mediación.

Cada establecimiento posee un reglamento interno que fija, entre otras cosas, los límites y consecuencias que tiene infringir normas de convivencia. Es deber de los padres y apoderados conocerlo, analizarlo y proponer modificaciones en caso de ser necesario.

Detectar alumnos con dificultades de convivencia y acogerlos es loable y destacable. Sin embargo, no basta con eso, la escuela requiere construir y aplicar una oferta diferenciada para ellos, de tal forma que su participación en la comunidad escolar sea una buena experiencia para todos. En este ámbito, hay ciertamente mucho por hacer.

La represión, persecución y sanción de la violencia escolar es el último recurso. Educar para prevenir su aparición, manejo y generación de otras vías de resolución de diferencia es el primer recurso. De eso se trata la educación.