Las reivindicaciones mapuches ejercidas por la vía de acciones ilegales y violentas  deben ser investigadas y sancionadas, pero no magnificadas, ni tampoco analizadas sin tomar en cuenta su contexto. Empecemos por lo primero: Chile tiene una larga historia de violencia política, esto es, violencia colectiva ejercida con fines de cambio social o de represión conservadora de éste. Baste decir que entre 1930 y 1957 se aprobaron 16 leyes que otorgaban poderes excepcionales al Presidente de la República para enfrentar  situaciones de movilización o protestas sociales. A partir de 1967 esa tendencia se incrementó gravemente, para culminar en las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la dictadura entre 1973 y 1990.

En comparación con esa tendencia histórica, la instalación democrática sólo puede calificarse como extraordinariamente pacífica.  Los hechos de violencia política ocurridos inmediatamente después de la transición han quedado en el pasado hace ya más de quince años. Las movilizaciones mapuches ocurridas en esta década con cierta intermitencia son enteramente excepcionales si se considera nuestro pasado reciente. La experiencia enseña que la violencia colectiva, a diferencia de los delitos comunes no se aplaca simplemente con el accionar del sistema de justicia. Detrás de ella se encuentran convicciones muchas veces legítimas y asentadas. Estas  resultarán persuasivas para muchos, a menos que se les oponga una acción estatal que efectivamente responda a las demandas que les dan origen. En este caso, las expectativas puestas por el liderazgo mapuche  en la política dirigida a los pueblos indígenas no han sido satisfechas. Con independencia de que el estado de derecho supone que las conductas ilegales sean juzgadas y sancionadas, el trasfondo social, cultural y de falta de acceso al sistema legal por parte de los integrantes de estos pueblos seguirá alimentando el conflicto.