¿Son necesarias penas más altas y más recintos penales?

Jan. 30 , 2009

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En los últimos días hemos visto en los medios de comunicación a turbas enfurecidas, tanto en la ciudad de Castro como en La Unión, descargando su rabia contra jueces y edificios públicos tratando de hacer justicia por su propia mano. Estos fenómenos que surgen espontáneos de cuando en cuando frente a sentencias judiciales que la comunidad considera injustas, vuelven a poner en el centro del debate el sistema de aplicación de justicia y la necesidad de la comunidad de sentirse protegida frente a individuos que vulneran las normas mínimas de convivencia.

Esta reacción de rabia y descontento puede ser una buena instancia para reflexionar respecto de qué estamos haciendo hoy con aquellos que ya están presos. ¿Son necesarios más encarcelamientos, penas más altas y más recintos penales?

Chile, tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de Latinoamérica y cada año, cerca de 17.000 personas dejarán la prisión para volver a sus comunidades. La cobertura de los programas de rehabilitación y reinserción viene aumentando pero aún es limitada, lo mismo que la respuesta estatal en materia post penitenciaria. Ante este escenario, cabe preguntarse ¿cuál es el impacto que este fenómeno tiene sobre el ex recluso, su familia y la sociedad?, ¿qué clase de obstáculos enfrentan las personas que hoy egresan de la cárcel?, ¿qué desafíos supone este fenómeno, en materia de política pública?

El desarrollo de estrategias de reinserción social que garanticen la seguridad pública, al mismo tiempo que faciliten el retorno seguro y productivo a la sociedad libre, de personas que han cumplido condena privativa de libertad, es una preocupación prioritaria de los sistemas de justicia criminal de los países desarrollados y se presenta con creciente importancia en nuestro contexto.

Hace unos días el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile lanzó un libro de Carolina Villagra titulado “Hacia una política post penitenciaria en Chile”.

Dentro de las interesantes conclusiones derivadas de la investigación se establece que las acciones desarrolladas luego del cumplimiento de condena, deben ser vistas como la última fase de una política penitenciaria dirigida a aumentar la seguridad pública. En este sentido, el post penitenciarismo es la etapa donde se materializan los logros de una adecuada intervención penitenciaria. Por otra parte las estrategias de reinserción, si bien requieren de una fuerte inversión en la primera parte de su implementación, al mediano y largo plazo reducen costos para el sistema de justicia criminal y para otros servicios asociados.

El libro plantea la importancia de fortalecer a las instituciones del quehacer post penitenciario, particularmente al Patronato Nacional de Reos, aumentando las asignaciones presupuestarias que le permitan a dicha entidad, mejorar los recursos y la calidad de servicios, así como ampliar la cobertura de usuarios. También recomienda articular la política pública, considerando los debidos roles y responsabilidades que competen al Estado, los agentes privados y sobre todo de la sociedad civil a través de la articulación de una red pública que materialice sus acciones, convocando a las instituciones y organismos que han desarrollado trabajo en la línea post penitenciaria y a quienes pudieran colaborar en él.

Finalmente, es esencial incorporar a ex reclusos, ex reclusas y familiares, en el diseño de estrategias de reinserción y fortalecer los servicios de educación, capacitación y colocación laboral, facilitación de acceso a vivienda, a atención de salud física y mental y apoyo al núcleo familiar del ex recluso. Sin estas y otras acciones que comprendan el fenómeno de la delincuencia desde una perspectiva global y la ataquen sobre todo desde la perspectiva de la reinserción social, es probable que la inseguridad pública y los costos asociadas a combatirla continúen aumentando. Así, expresiones de descontento ciudadano como las de La Unión y Castro podrían ser más comunes de lo que esperamos.