Otras aristas del Indulto

La discusión sobre la propuesta de indultos hecha por la Iglesia Católica y que ha sido seguida por otra de las iglesias evangélicas obliga a plantearse si contamos con una política respecto del uso de la cárcel adecuada, racional y sustentable en el largo plazo. Si la respuesta a ese respecto fuera unánimemente positiva, la propuesta de indulto no tendría piso.

Una sociedad democrática debe prestarle atención a la calidad de vida y al goce de los derechos de todos sus integrantes: sanos y enfermos, libres y presos. Lo más importante del texto de la propuesta de los obispos es a mi juicio que pone muy adecuadamente su foco en las extremadamente gravosas condiciones carcelarias actuales, las que deben afrontarse a través de políticas de largo plazo que superan con mucho el tema del indulto. Países que centraron su estrategia de reducción del delito en el uso masivo de la cárcel descubren de pronto que ésta tiene costos abismantes de tipo económico y humano y que los estándares de vida en los recintos penitenciarios infringen las normas vigentes. Es lo que progresivamente ha descubierto California en Estados Unidos producto tanto de la crisis económica que no permite mantener la población de presos actual, como de decisiones judiciales que ponen en cuestión la sobrepoblación carcelaria. Que la cárcel puede reducir la ocurrencia de delitos está fuera de dudas. Pero no es la mejor solución para todos los delitos, ni para todos los delincuentes.

Para enfrentar de manera más sólida el desafío de proporcionar mayor seguridad en Chile se requiere usar la cárcel de manera mucho más selectiva. Enseguida, avanzar con fuerza hacia un nuevo catálogo de medidas y penas alternativas a la prisión que en Chile adolecen de severas limitaciones, establecer la supervisión de quienes las cumplen en el medio libre, y mejorar la oferta programática para sus beneficiarios. En general dichas medidas se ha probado que en muchos casos son más rentables socialmente que la cárcel.

En la ausencia de esa política, y por el contrario, ante señales gubernamentales de que el número de presos imputados o condenados seguirá aumentando, medidas como el indulto pueden ser razonables, aunque alterarán poco la situación actual. Una medida de clemencia y perdón dirigida hacia cierto grupo de delincuentes puede ser aconsejable para descomprimir la actual situación de las cárceles y por razones humanitarias. El argumento de que ello sería una mala señal frente al delito no se sostiene. Asume que la cárcel disuade siempre a eventuales delincuentes, en circunstancias que su efecto es más importante respecto de algunos delitos y respecto de un tipo específico de delincuentes. En suma, parece más efectiva para reducir delitos violentos y tener efecto menor sobre delitos relacionados con drogas. Por otra parte, tiene un efecto mayor respecto de los delincuentes jóvenes que respecto de los mayores, pues se ha probado muchas veces que la carrera delictual es corta.

Por eso, el perdón no debiera beneficiar a quienes hayan participado en la comisión de delitos violentos, ni tampoco su concesión puede infringir las obligaciones internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos, pues forman parte integral de nuestro sistema legal. Debiera dirigirse fundamentalmente a quienes habiendo cometido delitos no violentos tengan edad avanzada y/o padezcan de una enfermedad terminal o inhabilitante. Si la categoría de beneficiarios es efectivamente bien pensada, el indulto no debiera tener efecto alguno respecto de la seguridad pública. Por desgracia, tampoco alterará demasiado las condiciones de vida al interior de los recintos penitenciarios.