Aciertos y dudas del nuevo Plan de Seguridad Ciudadana

Aug. 09 , 2010

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De manera inevitable durante la década de los años noventa la aparición de nuevos planes dirigidos a reducir el delito eran recibidos con escepticismo por el público, el que entendía que la reedición continua de planes era consecuencia de que los anteriores no funcionaban. A partir del 2004 se lanzan la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y posteriormente,  la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que constituyen avances importantes en la materia, puesto que establecen metas numéricas a alcanzar, articulan nuevos programas y dan impulso a programas de prevención y reinserción inexistentes hasta ese entonces , aunque de escasa cobertura.

El nuevo PLAN dado a conocer por el Gobierno constituye sin duda una propuesta ambiciosa y bien pensada, la que articula propuestas de programas diversos  en el ámbito de la prevención, la sanción y la reinserción, para cuyo adecuado desarrollo, enfatiza, se promoverá un adecuado análisis de la información, el diseño de indicadores pertinentes y la profesionalización de quienes los ejecutan.
Se agradece, para empezar, que el documento comience por un sobrio diagnóstico de la situación actual, que lejos de enunciar “que estamos a merced de los delincuentes”, indica  que la victimización se centra fundamentalmente en delitos contra la propiedad y que ha bajado en años recientes.

El  Plan busca mejorar programas ya existentes, como el “24 horas”, o perfeccionar  intervenciones realizadas en el pasado como el “Barrio Seguro”, pero adicionalmente propone crear nuevas instituciones a cargo del análisis del crimen como el Centro Estratégico del Análisis del Delito, o una Agencia de Control de Medidas Cautelares. Asimismo, anuncia que el Ministerio del Interior encabezará la lucha en contra de la droga. Asimismo, indica que los nuevos programas serán evaluados y que habrá un fuerte énfasis en producir conocimiento útil respecto  a las intervenciones exitosas.

Naturalmente, el camino se prueba andando y es la experiencia la que nos dirá si estas propuestas efectivamente funcionan, y si la estructura, rutinas y orientaciones de la administración pública responden  a los ambiciosos planes propuestos.     

A nivel del Plan algunas dudas: la primera dice relación con la falta de un enunciado preciso respecto de la reforma al Ministerio del Interior con la creación de dos subsecretarías, la que se encuentra en discusión en el Congreso. Muchos de los nuevos planes debieran coordinarse desde allí, por  lo que parece necesario conocer en mayor detalle la estructura que favorece el actual gobierno.

La segunda se refiere a la crisis del sistema carcelario. Los niveles de sobrepoblación actuales condenan , como lo ha dicho el Ministro de Justicia, buena parte de los planes de reinserción a la irrelevancia, por falta de espacio adecuado para realizar programas intramuros y ello requiere de propuestas en materia de penas y medidas alternativas y de  beneficios penitenciarios más audaces que los que se contemplan aquí. Algunas de las medidas propuestas, como el incremento de penas para el robo por sorpresa y el aumento de dotación policial podrían aumentar el flujo de población a las cárceles. La experiencia internacional demuestra que la cárcel es efectiva para los delitos más graves, pero no lo es para los menores que pueden ser castigados mediante penas alternativas.

Otra observación se refiere a que  el Plan pone fin al actual  programa  de ejecución de programas preventivos a nivel local. Este  traspasaba fondos a municipios seleccionados de acuerdo con índices de vulnerabilidad social, para que de acuerdo con un plan diseñado por los propios municipios ellos realizaran proyectos  de acuerdo con ocho tipos de intervenciones posibles. Por cierto que la focalización de recursos hecha de esta manera había sido objeto de diversas críticas debido a problemas administrativos en la rendición de los fondos por parte de algunos municipios y de continuidad de los proyectos, los que se financiaban sólo por un año. Sin embargo, tenía un aspecto positivo, consistente en entregar capacidades y elementos a los municipios para decidir  cuales eran sus problemas prioritarios en materia de seguridad y como los solucionaban.

Esa modalidad de entrega de fondos se finaliza  aduciendo que no tenía impacto, pero se citan al respecto estudios antiguos y  en algún caso poco pertinentes. Se pondrá énfasis de ahora en adelante en la intervención en barrios. El nuevo programa, Barrios en Paz, no parece favorecer especialmente a los municipios más pobres, como el anterior. Por otra parte, al focalizar la acción en lugares, fatalmente se terminará privilegiando el control policial y la puesta en práctica de intervenciones ambientales por sobre otros programas preventivos. En el mundo existen por cierto muchos ejemplos de intervenciones localizadas a nivel territorial que tienen éxito. Pero también son muchas las que erradican la venta de drogas en público hacia la venta menos pública y las que desplazan el delito hacia otros barrios. Sería deseable que en materia de intervención en barrios se aproveche la experiencia y conocimientos que existen en nuestro país respecto de intervenciones anteriores.