Gonzalo Martner

En los últimos años un conjunto de gobiernos han recibido en Sudamérica el apelativo de progresistas. Esta es una denominación genérica que esconde realidades muy diversas, aunque se puede distinguir dos variantes principales: la de los gobiernos del cono sur (Brasil, Chile, Uruguay), más o menos asimilables a la corriente socialdemócrata, siguiendo categorías más bien europeas, y los de sello refundacional que han emergido con fuerza en el espacio andino (Venezuela, Bolivia, Ecuador), mientras Argentina mantiene su sello peronista no siempre clasificable. Varios de esos gobiernos están recibiendo o recibirán el juicio ciudadano en elecciones democráticas. Luego de las que han tenido lugar recientemente en  Uruguay (25 de octubre- 29 de noviembre) y Bolivia (6 de diciembre) este domingo 13 de diciembre se realizarán en Chile elecciones presidenciales y parlamentarias, en las que se renueva la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Más adelante tendrán lugar las elecciones de Brasil (octubre 2010) y Argentina (octubre 2011).

Mientras en Uruguay y en Bolivia se ha renovado la confianza de los ciudadanos en los gobiernos respectivos -en un caso en la coalición que gobierna desde marzo de 2005 encabezada por Tabaré Vásquez y ahora por el ex Tupamaro José Mujica y en el otro en el líder indígena Evo Morales y su partido, en el gobierno desde enero de 2006- en Chile permanece una cierta incógnita sobre el signo político de la próxima administración. Y esto a pesar de que todos califican al gobierno que termina como exitoso, con políticas fiscales admiradas por su solvencia y carácter anticíclico que permiten enfrentar en buen pie la actual crisis global. La popularidad alcanzada por la presidenta Michelle Bachelet es excepcionalmente elevada, pero en Chile no se permite la reelección inmediata de los presidentes desde 1871, cuando se eliminó la reelección por un período permitida por la constitución de 1833. Las razones de la incógnita son varias.

La Concertación de Partidos por la Democracia, que reúne a fuerzas políticas de centro e izquierda que hasta 1973 se confrontaron agudamente y luego supieron colaborar a partir de  los años ochenta para recuperar la democracia y darle un gobierno estable y mayoritario al país, va a cumplir 20 años gobernando. Esto no se había producido antes en la historia de Chile.  La larga duración de la actual coalición se explica por la también prolongada y compleja transición a la democracia, que cohesionó a la coalición gobernante frente a una fuerte oposición anclada en su apoyo al antiguo régimen y sobre-representada en el parlamento. Este domingo por primera vez se celebran elecciones con el ex dictador Pinochet ya fallecido y sin que nadie reivindique su herencia política.

Chile ya recorrió con éxito una etapa que le permite contar con instituciones democráticas en funcionamiento y con el ingreso por habitante más alto de América Latina, gracias a un crecimiento que ha duplicado el del período autoritario. La sociedad se ha vuelto más próspera, compleja y plural y las diferencias en materia de extensión de la protección social para atacar las persistentes desigualdades de ingreso –entre las más altas del mundo- y de las libertades individuales –en Chile se penaliza severamente el aborto y no existe reconocimiento de las parejas homosexuales- se han hecho mayores.  Están en debate las vías para establecer una nueva constitución, pues la legitimidad de la de 1980, aunque ampliamente reformada, sigue estando en cuestión, como el sistema electoral que no refleja las mayorías y minorías ni autoriza a votar a los chilenos en el exterior.  Sigue suscitando polémicas el difícil paso de una economía sustentada en la exportación de materias primas y relaciones laborales no cooperativas a una economía basada en el conocimiento y en el diálogo social, con además menor huella de carbono y destrucción del ambiente. Se debate como relanzar un crecimiento dinámico, capaz de ofrecer protección a los más pobres y movilidad y seguridad a las clases medias en expansión, antes que pensiones, educación y salud todavía ampliamente privatizadas y segmentadas de acuerdo al nivel de ingreso, a pesar de la ampliación de derechos sociales. La sociedad se ha hecho mucho más exigente y es especialmente crítica frente a todo brote de clientelismo o de mal manejo de los recursos públicos, mientras la capacidad de respuesta de las élites y del sistema político no necesariamente ha seguido el ritmo.
 
La Concertación cuenta con un candidato oficial, apoyado por las directivas de los partidos de la coalición: el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000). También ha emergido con inusitada fuerza, especialmente en el electorado juvenil y menos alineado en términos partidistas, un candidato disidente, el hasta hace poco diputado socialista Marco Enríquez-Ominami. El candidato de la izquierda extraparlamentaria, el ex ministro socialista Jorge Arrate, proviene también del oficialismo. Frente a estas candidaturas, se erige la del único representante de la oposición de derecha, Sebastián Piñera, corriente que probablemente, por primera vez desde 1990, obtendrá la primera mayoría relativa, sin superar a la suma de las otras tres candidaturas. De acuerdo a los sondeos de opinión, la contienda democrática no se dirimirá este domingo, sino un mes después, en una segunda vuelta presidencial a realizarse en enero entre las dos primeras mayorías que emerjan en la primera vuelta. Proceso en el que la incógnita principal será si el contendor no derechista logrará o no reunir los votos de los dos candidatos que habrán quedado en el camino en primera vuelta, y así derrotar al candidato Piñera o, a la inversa, si este logra o no atraer nuevos electores, sin lo cual solo habrá podido celebrar una victoria efímera.

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