En el mundo se vive una crisis que no es solo financiera y económica, y muy grave, sino también el cuestionamiento de un modo de entender el desarrollo económico y social que se hizo injustificadamente hegemónico en la parte final del siglo pasado. Desde que Pinochet, Thatcher y Reagan hace ya 30 años llevaron a la práctica las ideas hasta entonces relativamente marginales de Von Hayek y Friedman, se ha producido una ola neoliberal en el mundo de vastas consecuencias, con sus políticas de privatización, desregulación y jibarización del gasto en servicios públicos promovidas por diversos gobiernos y los organismos multilaterales de financiamiento.

No obstante, ya el neoliberalismo venía en retirada desde hace algunos años, especialmente en América Latina, con sus cuestionables resultados en materia de crecimiento y desigualdad que contrastaban, por ejemplo, con los desempeños asiáticos y sus políticas activas de desarrollo. También el consenso científico logrado en 2007 sobre el calentamiento global confirmaba que los mercados librados a su suerte pueden llevar al mundo a una catástrofe climática que requiere de urgentes y vastas intervenciones públicas. Pero la violenta crisis de 2008 ha terminado de poner en cuestión el dogma liberal y vuelto a poner en el tapete las ideas keynesianas y desarrollistas propias de la izquierda moderna.

Estas ideas no son arbitrarias o incongruentes, ni se asemejan al paradigma de economía burocrática, como algunos buscan hacer creer, como si solo pudieran imaginar una discusión  económica bipolar entre el libremercadismo y los defensores de Corea del Norte (¡si es que los hay!).  Por el contrario, de la experiencia y de las obras de Marx (¡horror!), Kalecki, Keynes, Stiglitz, Krugman, y tantos otros economistas no dogmáticos emergen cuerpos de ideas y de políticas que pueden llegar a ser las más coherentes para encaminar los procesos de desarrollo.

La izquierda moderna cree que el gobierno puede estimular el crecimiento incrementando la inclusión de los marginados y la inversión en las capacidades humanas, que es el principal recurso económico. Esto requiere más gasto público en educación, salud y bienes urbanos, y no menos como proponen los liberales.

Una economía moderna también requiere tomar riesgos e innovar, pero debe hacerlo logrando una inserción no asimétrica en los mercados mundiales acompañada de una fuerte protección social frente a los riesgos cíclicos de desempleo y marginación, y no menos protección a los más vulnerables. Esto tiene un costo alto para la sociedad, pero mucho mayor es a la larga el costo de la ruptura de la cohesión social y su secuela de  menor seguridad y alto gasto en policías y prisiones. Así de simple.

La promoción del desarrollo requiere más y no menos Estado en  infraestructura, formación, innovación tecnológica y coordinación de actividades productivas. Requiere incluso de un importante rol empresarial público y en todo caso de fuertes regulaciones para cautelar la explotación racional de recursos naturales, promover nuevas tecnologías, diversificar las fuentes de generación de energía, mantener el buen funcionamiento de las industrias de red y asegurar el financiamiento de la empresa innovadora.

La izquierda moderna cree que una economía regulada hace posible un rol del mercado (es decir de los intercambios descentralizados guiados por precios) no desestabilizador ni depredador. Promueve entonces una economía social y ecológica con mercados, siguiendo las experiencias socialistas democráticas de economía mixta. La derecha es la que defiende los intereses establecidos, la concentración económica, la falta de competencia, los subsidios a los grandes empresarios, los impuestos regresivos, la no regulación ecológica, con poco respeto por el funcionamiento adecuado de los mercados.

La izquierda moderna procura que los mercados funcionen en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones, reconociendo su potencia para asignar recursos de manera descentralizada en el corto plazo, pero no los idolatra y reconoce también sus límites en materia de eficiencia y de equidad. En contraste con la propuesta económica de libre mercado y su profunda crisis, pues ha quedado demostrado una vez más que los mercados no se autoregulan, el progresismo tiene hoy en el mundo una agenda que no solo ofrece una posibilidad de mayor crecimiento sino también una posibilidad de mayor justicia social que la que provee la ley de la selva de los agentes económicos librados a su suerte. Siempre y cuando, claro está, que esa posibilidad se transforme en una realidad con las adecuadas capacidades humanas de interpretación de los caminos a seguir, de gestión estratégica de objetivos  a alcanzar y de motivación de las competencias y habilidades de los seres humanos. Y con liderazgos de calidad.