Al tiempo que la crisis financiera está aún lejos de superarse y se mantienen grandes incertidumbres sobre la estabilidad de los sistemas bancarios, la economía real de los países industrializados ha entrado en recesión en el cuarto trimestre de 2008. El  resto del mundo se desacelera. En este contexto se perfilan las diversas  respuestas gubernamentales a la crisis de  la economía mundial. El gobierno chino anunció un plan de mantención de la actividad para dos años del orden de 8% del Producto Interno Bruto por año mediante la realización de grandes obras de infraestructura. El presidente electo Obama prepara su plan a ser puesto en práctica luego de asumir el 20 de enero de 2009. A su vez, los veintisiete países de la Unión Europea han aprobado en su cumbre del 11 y 12 de diciembre de manera genérica dedicar el 1,5% del Producto Interno Bruto, unos 270.000 millones de dólares, a reactivar la economía, especialmente en apoyo al sistema financiero, al sector automotriz y en inversión en infraestructura y en energías renovables.

Hasta aquí los planes anunciados en escala nacional sumaban en los principales países europeos un 0,6% del PIB (el plan español  es el de mayor amplitud con un 1,1% del PIB). Recordemos que el gasto público representa entre un 40 y un 50% de las economías europeas y que cumplen un rol de “estabilización automática”, al activarse en las crisis gastos en seguros de desempleo y prestaciones sociales mientras a la par disminuyen los ingresos.

Los paquetes de reactivación  provocarán programadamente un desequilibrio adicional de  las cuentas públicas como fórmula para reanimar la demanda de consumo e inversión.

Destaca el que los líderes europeos acordaran además, a pesar de la crisis (aunque con una intensidad algo menor a lo propuesto por la Comisión Europea), medidas contra el cambio climático que sitúan a la Unión a la vanguardia de la  política ambiental . El Consejo Europeo aprobó los "tres 20 para el 2020": reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 1990, llevar la cuota de energías renovables en la generación total de energía a 20% y reducir el consumo de energía en 20%. El costo de alcanzar estas metas será de un 1% del PIB, unos 160 mil millones de dólares. Se alcanzó un consenso luego de  importantes concesiones a los sectores industriales amenazados de desplazamiento de sus  fábricas a terceros países y a los nueve países del Este incorporados en 2004, altamente dependientes del carbón en su generación de energía.

El debate se centró en las directivas que entrarán en vigor a partir de 2013, y que afectan a los sectores más contaminantes (electricidad, acero, cemento, papel, vidrio, química de base y refinerías) que representan un tercio de las emisiones con efecto invernadero. A partir de 2013, estas industrias deberán pagar una parte de sus emisiones. Con los fondos obtenidos los Estados deberán apoyar el fomento de tecnologías verdes y ayudar a los países muy dependientes del carbón o petróleo y a los países en desarrollo. El pago de los derechos de emisión (actualmente unos 15 euros por tonelada) afectará al 30% de las emisiones en 2013, al 70% en 2020 y al 100% en 2027, compromiso que supone retrasar en siete años la propuesta  presentada originalmente por la Comisión al Consejo Europeo.

Para las instalaciones de los sectores con un riesgo significativo de deslocalización a otros países menos exigentes, las emisiones serán gratuitas en un 100%, "hasta el valor de referencia de la mejor tecnología aplicable". Es decir, se concederán emisiones libres siempre que se apliquen tecnologías avanzadas.

Nicolas Sarkozy, presidente de la Unión hasta fin de año concluyó que "ningún continente se ha otorgado a sí mismo las reglas vinculantes que hemos adoptado". 

De este modo se reafirma en Europa una “vuelta de la política” por sobre la “autoregulación” de los mercados en la doble perspectiva de reactivar las economías  utilizando la herramienta fiscal contracíclica y de intervenirlas fuertemente para hacerlas ecológicamente responsables frente a las nuevas generaciones, que son las que deberán enfrentar las consecuencias del cambio climático. Así, la crisis no se ha transformado en esa parte del mundo en un nuevo pretexto para desregular, sino por el contrario en una oportunidad para avanzar a un nuevo tipo de crecimiento.