Gonzalo Martner

El siglo 20 fue testigo de la Gran Depresión que entre 1929 y 1933 arrojó al desempleo a millones de personas. Los inicios del siglo 21 han conocido, por su parte, la Gran Recesión de 2008-2009, la que ha sido enfrentada con bastante éxito por planes de estímulo de gran envergadura, recogiéndose en parte las enseñanzas de la Gran Crisis. Pero diversos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, cometieron graves errores que originaron la actual situación, especialmente al desregular el sistema financiero, en un contexto en el que durante más de treinta años prevaleció la idea del “retiro del Estado”. Frente a la magnitud de la crisis que se ha vivido, resuena irónica la afirmación de Robert Lucas, de la Universidad de Chicago en 2003, según la cual “el problema central de la prevención de depresiones ha sido resuelto”, afirmación sustentada en la sempiternamente errónea fe -porque se trata de una creencia y no de una hipótesis teórica más o menos sustentada en la evidencia- en la capacidad inherentemente autoregulatoria de los mercados, incluyendo los financieros.

La paradoja es que mientras el enfoque dominante fue generando las condiciones para la crisis financiera más importante que haya conocido la historia de la humanidad y para una crisis económica solo comparable con la de 1929, en la práctica en muchas áreas, y por la fuerza de la realidad de las sociedades modernas, los órganos de gobierno continuaron realizando un importante número de tareas y empleando un volumen considerable de recursos al iniciarse el siglo 21, en la mayoría de los casos muy superior al de la etapa de construcción inicial de los Estados de bienestar. Así, la crisis actual ha permitido mirar mejor la historia reciente y reforzado la idea de que los gobiernos tienen roles estabilizadores, redistribuidores y de provisión de bienes públicos que son insustituibles.

En América Latina, el impacto de la crisis de los años treinta y de la segunda guerra mundial fue devastador. Pero dio lugar a una posterior recuperación en base a dejar de lado la ortodoxia y establecer esbozos de política industrial (incluyendo la política de sustitución de importaciones, que en muchos casos no fue una opción sino una obligación frente a la ausencia de alternativas en un mundo fragmentado por la crisis y la guerra) y de política social cuyos resultados no fueron del todo negativos, contrariamente a la narrativa neoliberal tan repetida en las últimos tres décadas. Los años del desarrollismo latinoamericano permitieron sostener tasas de crecimiento relativamente elevadas (de 3,9% al año del PIB por habitante entre 1960 y 1980 para el conjunto de América Latina y el Caribe), inferiores a las del sudeste asiático pero bastante superiores a las de la “década perdida” de 1980-1990 (-0,4%) y las de los años 1990-2004 (1,1%), según los datos del Banco Mundial. El quinquenio de oro 2004-2008, que vio emerger un conjunto variado de políticas no ortodoxas y se benefició de un ciclo al alza en los precios de las materias primas, permitió tasas de crecimiento muy superiores a las período neoliberal y avances en la disminución de la pobreza que se vieron interrumpidos por la crisis en curso.

A su vez, el desempeño de América Latina en la actual crisis ha sido bastante positivo, gracias a una visión más activa del rol gubernamental en la regulación macroecónomica, con políticas fiscales contracíclicas

Con la crisis actual entramos en una nueva fase, imprevista y para muchos imprevisible, la del retorno del Estado. Se ha creado ya un nuevo clima intelectual, que busca dilucidar cuales serán las proporciones, modalidades y profundidad de este retorno del Estado de difícil predicción, pero que en todo caso incluye hechos tan inéditos como que General Motors, símbolo del capitalismo norteamericano de posguerra, está hoy en manos del gobierno. En esta perspectiva, cabe revisitar los fundamentos de la intervención del Estado en diversas áreas, y reabrir pistas de reflexión por largo tiempo relegadas a un segundo plano en el análisis de los avatares de la economía. Se puede establecer en este sentido cinco tesis.

Tesis 1: En economía, cabe mantener el espíritu crítico y el respeto por la evidencia. La crisis actual mostró una vez más que la teoría económica no es una ciencia exacta, que la actual corriente dominante es frágil y se constituyó en una moda –el efecto manada también existe entre los intelectuales- marcada por prejuicios ideológicos. El “main stream” económico terminó por actuar no solo con su tradicional arrogancia sino con franca ceguera frente a los trastornos y burbujas financieras que se desplegaban ante sus ojos, mucho mejor explicadas por las corrientes económicas heteredoxas que constatan que los mercados son inherentemente inestables y que requieren de regulaciones públicas para funcionar y para producir resultados sociales y ecológicos medianamente aceptables.

Tesis 2: Ni el Estado ni los mercados son siempre malos ni siempre buenos. Los gobiernos deben ser el soporte institucional de los intercambios, y ser una factor de coordinación y control de los efectos positivos y negativos de las transacciones privadas sobre terceros (las llamadas externalidades), y a la vez asegurar la provisión de bienes públicos, la estabilización y redistribución de ingresos y activos, la regulación macroeconómica fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos. Existen sólidos argumentos racionales para la intervención del Estado frente a mercados inestables e incompletos que contradicen la tesis del Estado inevitablemente depredador.

Tesis 3: El mejor Estado no es el más pequeño ni el más grande, es el mejor diseñado para cumplir los fines de disminuir la inestabilidad e inequidad de los mercados, y en general las tareas antes descritas y los fines que la sociedad determine –de preferencia con uso intensivo del conocimiento y la investigación especializada en políticas públicas- en base al control de los gobiernos por los ciudadanos y una democracia fuerte y efectiva,. El mejor Estado es el que democráticamente es capaz de gobernar al poder económico y someter los intereses particulares al interés general, especialmente en materia de estabilidad, seguridad y equidad y le preservación de los intereses de las futuras generaciones, evitando la descarga sobre ellas de deudas que financian un exceso de consumo presente y modelos productivos que penalizan y destruyen el ambiente y la biosfera.

Tesis 4: En América Latina, los gobiernos progresistas que han emergido más o menos con el nuevo siglo tuvieron razón en abandonar el consenso de Washington (desregular, privatizar, disminuir el gasto público, liberalizar indiscriminadamente). Se constató una mejoría de las políticas macroeconómicas desde el inicio del siglo 21 y se logró más que en otras etapas mantener niveles consistentes de inversión pública y de gasto social, financiados por impuestos y no mediante un déficit estructural e inflación, y mantener políticas fiscales anticíclicas y cambiarias flexibles. El estudio Panorama Social de América Latina 2009 de la CEPAL "muestra que hemos avanzado en el combate a la desigualdad en la distribución del ingreso en la región, tanto que entre 2002 y 2008 en siete de los 18 países estudiados disminuyó la desigualdad, mientras que aumentó en sólo tres" en contraste con la regresión social generalizada sufrida durante la ola neoliberal.

Tesis 5: Las estrategias de salida de la crisis deberán contemplar un doble desafío: en el corto plazo, mantener el estímulo de la demanda mediante políticas fiscales expansivas y déficits públicos que compensen la caída del consumo y la inversión; en el largo plazo, velar por la sostenibilidad de la deuda pública. Se trata de crear empleo en el corto plazo mediante estímulo fiscal y realizar acciones hoy que reduzcan el déficit más tarde, en particular fortaleciendo los sistemas tributarios y creando condiciones sustentables para los sistemas de pensiones y de salud, y en general para el gasto público. En ese doble desafío se juega el progreso, la estabilidad y el futuro democrático de América Latina, tan duramente conquistado.