Fernando Villegas

Escándalo ha suscitado en algunos sectores políticos la iniciativa constitucional, recién presentada por el gobierno, la cual busca dar marco jurídico a la decisión de limitar el acceso a Isla de Pascua. La iniciativa responde a una petición de los habitantes permanentes de dicho territorio. Se han quejado, estos últimos, de una excesiva población flotante que, poco a poco, ha perturbado su modo de vida. Por su parte, los opositores a esa eventual medida argumentan que, de ponerse en vigor, atentaría contra el derecho que asiste a todo ciudadano chileno a desplazarse y visitar cualquier punto del territorio.

Vale la pena examinar de inmediato algunos de los ángulos del asunto antes que los pergenios publicitarios de los respectivos comandos lo conviertan en combustible del debate presidencial, pierda así toda seriedad y se trasforme en gritadera.

El motivo tras la petición de los habitantes y de la posterior iniciativa del gobierno es conocido y justificado: la isla es ecológica y culturalmente muy frágil. Lo es por su pequeño tamaño, la pobreza de su flora y fauna, la debilidad de su estructura geológica y lo reducido de su población. Su capacidad de recuperación de impactos es muy limitada. Ya ha sido afectado gravemente el patrimonio arqueológico de la isla. Tanto es así que la revista especializada Archaeology anuncia en su último número que el Archaelogical Institute of America ha provisto fondos para un proyecto dirigido a detener "el rápido deterioro de los moais como resultado de la fragilidad de su material, del clima y de un descontrolado turismo…". El estudio preliminar de los especialistas del proyecto señala que  "fotografías de una estatua particular, tomadas desde 1914 al 2004, muestran una casi total pérdida de los detalles de diseño".

Todo esto sucede, entre otras cosas, porque muchos de quienes llegan a la isla no lo hacen precisamente en punta de pies. En su necedad y vulgaridad, muchos la ven como un "resort" común y corriente, bueno para depredar lo que se ponga por delante, moais incluidos. Su sola presencia estridente, billetera en mano, estimula conductas comerciales ajenas al espíritu del lugar. Dicho grosero estilo ya ha infectado a parte importante de la generación más joven de pascuenses. Pero aún si predominara la mejor de las voluntades, un espacio físico y social tan estrecho como el de Isla de Pascua no puede resistir incólume el impacto del turismo masivo y la emigración no regulada. El sólo número causa estragos. Sucedió en las islas Galápagos y en otras partes, donde ahora ya se aplican restricciones para potegerlas.

En cuanto a las restricciones que impondría la modificación constitucional (que fue ingresada ayer al Senado), recordemos que poner límites y/o graduar el acceso a un lugar por razones de utilidad pública, de seguridad o para preservar un bien superior es práctica habitual, no extraordinaria. El bien de la comunidad siempre ha sido superior al derecho de un individuo de ir y hacer lo que quiera. Hay infinitos ejemplos de regulación, aquí y en todas partes: los parques nacionales, limitados en su acceso; salas de espectáculos o lugares de esparcimiento, que cierran sus puertas si están llenos; las restricciones para el uso de lanchas en ciertos lagos o secciones de estos; las canchas de esquí peligrosas cerradas al público; la pesca en el mar territorial practicada con estrictas cuotas; las calles con una determinado sentido del tránsito y no a gusto del automovilista y así en 1.000 situaciones más. Entiéndase que lo "público", lo de propiedad e interés común, incluyendo el territorio nacional, precisamente por serlo, debe responder primero a un interés colectivo y no a uno particular. Ese interés es de largo plazo: seguridad, preservación, razones económicas, etc. El derecho individual, en cambio, sólo puede operar cuando su ejercicio no merma el bien público y así ha sido entendido siempre, desde los primeros códigos, incluyendo el de Hamurabi. ¿Qué es la ley sino la regulación de las relaciones entre las personas, lo que equivale a ponerles límites?

Finalmente, no olvidemos que la mismísima propiedad privada, meollo de nuestra sociedad de mercado y aparentemente un bastión del derecho individual, es, por su naturaleza, agente y fuente permanente de toda laya de restricciones. Lo privado se resta del uso público mucho más que lo público se resta al público. Puedo cantar "¡chitas que es linda mi tierra!", pero seré agarrado a escopetazos si entro sin permiso a un fundo. La propiedad privada de un pedazo de territorio nacional equivale lisa y llanamente a que deje de ser tan nacional y se convierte en espacio prohibido al prójimo. Porque lo mío, querido compatriota, no es tuyo. Porque esta agua, que al parecer corre libre y cantarina en el arroyo, puedo usarla o venderla yo, no usted. Y este mineral sepultado en el corazón mismo del país es de nosotros, no del Fisco. Y así sucesivamente. Es curioso, entonces, que esta clase de restricciones, las cuales nos rodean todos los días, y de hecho nos ponen límites y barreras hasta cuando sacamos un pie de la carretera y nos topamos con una alambrada y un cartel diciendo "prohibido el paso", no parecen causar molestia a los adalides de las libertades aunque en ello no haya un valor social en juego, sino el provecho de un interés particular.

Vivimos una curiosa paradoja: allí donde impera la propiedad privada, lo que todavía sigue siendo público debe ser amurallado y protegido para preservarse en dicha condición; de otro modo el interés individual o corporativo se apropia de él en nombre de la libertad ciudadana.