Fernando Villegas

Las peripecias legales y policiales del arquitecto y aficionado a las artes Cristián Boza, asiduo coleccionista de esculturas y fallido -como se verá- benefactor público, podría hoy ser sólo motivo de anécdota o haber sido, en el pasado, singular y chistoso guión de una comedia del recordado Cantinflas, sino fuera porque, bajo otra guisa y circunstancias, historias similares de justicia debida no recibida han sido experimentadas demasiadas veces por demasiados ciudadanos; lo de Boza, entonces, constituye menos un episodio hilarante del Palacio de la Risa que otra desastrosa muestra de brutal inoperancia, colosal inepcia e invencible negligencia.
Son rasgos que difícilmente conjugan con la difundida imagen de una "reforma procesal penal" a la que con porfía se menciona como uno de los grandes avances institucionales del país. En la práctica, sin embargo, a distancia sideral de los engolados estudios jurídicos de los perpetradores de la reforma, a menudo nuestra justicia criminal -para no decir nada de la civil, aun no reformada- ofrece pruebas de una ineficacia épica, a veces risible y finalmente aterradora, porque sustenta la difundida creencia de que reina la impunidad y es, nuestro país, la Tierra Prometida del delito y la incuria pública.

La historia de Boza

He aquí la historia de Boza. Afamado arquitecto y aficionado a la escultura, a lo largo de años de paciencia y de gastos logró reunir una valiosa colección de alrededor de 100 piezas de artistas nacionales del pasado y del presente, muchos de ellos connotados, las cuales dispuso en su propiedad de Los Vilos, conformando una suerte de museo al aire libre diseñado, erigido y costeado de su bolsillo y que, ya terminado y en un arranque de altruismo, decidió abrir al público.
Una noche, sin embargo, una banda conformada no por estetas locales, sino por delincuentes de la zona, llegaron en un camión y se llevaron 17 de ellas, todas de bronce, las cuales seguramente fundieron para vender dicha aleación al peso. De inmediato Boza dio aviso a carabineros, quienes verificaron el hurto, pero lo informaron que no podían mover un dedo sino hacía una denuncia en la Fiscalía de Los Vilos. Allá fue Boza, pidió diligencias y le contestaron: "no tenemos personal por ahora para eso, pero el caso ya está andando". 
-Al final me daría cuenta que "Andando" significa -nos diría Boza- que la denuncia ha sido prolijamente puesta por escrito en un formulario burocrático y apilada en un montón, no que se comience a hacer algo… 
Pero antes de darse cuenta de eso y para ayudar a una fiscalía tan privada de recursos, Boza contrató un detective privado. En 10 días de investigación en Los Vilos el detective acopió información relevante que Boza de inmediato entregó a la Fiscalía. Nada se hizo allí ("no tenemos personal por ahora, pero el caso ya está andando" y lo mandaron a Illapel. "Carabineros de esa localidad tienen que ver su caso", le explicaron. A Illapel se dirigió entonces Boza. Carabineros de Illapel puso manos a la obra, corroboró el informe del detective privado y agregó sus propios antecedentes; con ambos informes Boza armó una voluminosa carpeta y fue una vez más a la Fiscalía de Los Vilos, donde el asunto debía tratarse; allí le dieron las gracias por sus molestias y le dijeron "no tenemos personal por ahora, pero el caso ya está andando".
A la pasada, le pidieron más antecedentes. Incansable, Boza los consiguió. Llegó incluso a identificar a uno de los cómplices del robo. Durante un año su detective siguió la pista de la banda y amasó aún más datos, pero cada vez que los llevaba a la fiscalía la respuesta era "no tenemos personal por ahora, pero el caso ya está andando". O para ser más exactos, recibió siempre esa respuesta sólo hasta la penúltima vez, porque en la última le dijeron "parece que el principal sospechoso se fue de Los Vilos, así que ya no podemos hacer nada…."
-Muchos amigos, e incluyo a un importante abogado, -nos confesó Boza, al final de su historia- me dijeron que yo debí simplemente mandar a un par de matones a la guarida del principal sospechoso y en 10 minutos le sacaban la información, pero yo creía en la justicia, en eso de que "las instituciones funcionan". Uno piensa que vive en un país civilizado ….

El caso Armen

Otra historia donde a la inoperancia legal parece unirse esa difundida interpretación nacional de la amistad llamada  "amiguismo", en la cual suelen haber muchos más rasgos de complicidad que de cariño, afecta desde hace años a un reputado analista militar y político de origen armenio avecindado en nuestro país, Armen Kouyoumdjian.
Armen envía sus análisis por mail a un reducido grupo de lectores del mundo diplomático, financiero y militar de Chile y el exterior y ha ganado, entre dichos lectores, merecida fama de aguda perspicacia y gran capacidad de anticipación. Lo que no pudo anticipar, sin embargo, fue la increíble trama en la que iba a verse envuelto.
En breve, un vecino ya procesado alguna vez por violencia intrafamiliar en un caso que fue público, luego de eso, con sus actos, actitudes y palabras, ha literalmente destruido la convivencia familiar de Armen y de otros residentes del barrio viñamarino donde viven. Una y otra vez los abusos del sujeto han sido denunciados, pero las denuncias topan con un infranqueable muro de protección. Tal ha sido así que uno de los demandantes, quien en su exasperación insultó al sujeto, fue condenado a no acercarse a menos de 500 metros de la vivienda de dicho personaje. Los que sí pueden acercarse sin problemas, nos refiere Armen, son sus amigos de diversos servicios institucionales, quienes lo visitan con frecuencia.
Hastiado, desesperando ya de hallar justicia en Chile, Armen se puso en contacto con organismos jurídicos de la Ocde que, según consta en información que tenemos, han aceptado el caso y lo van a tratar. Ya se verán las consecuencias de dicha acción inspirada en la angustia para la imagen del país, tan a menudo edulcorada y falseada.

El desafío

A estos casos -y hay cientos o miles parecidos de denegación de justicia- deben agregarse las cifras vigentes en el área del delito común, las cuales nos revelan una microscópica tasa de detenciones y condenas, exceso de delincuentes obteniendo salvoconducto de algunos fiscales de garantía, gran cantidad de malandras de largo prontuario sueltos en las calles, una increíble impunidad  del narcotráfico y abismal cantidad de hurtos afectando a casi a todas las familias chilenas.
Todo eso es también denegación de justicia, esta vez en gran escala. Peor aun, a la masividad con que se practica el delito debe agregarse la trasformación de su status social; hoy no sólo lo practican delincuentes profesionales sino, en ciertos sectores sociales y demográficos, se ha convertido en práctica aceptable, un medio más como cualquier otro de procurarse dinero o especies.
¿Qué puede hacer el próximo gobierno al respecto? La lucha contra la delincuencia -y, suponemos, con eso va la lucha contra la incompetencia de la justicia y/o la policía- fue uno de sus mandamientos de campaña. ¿Podrá sortear el laberinto de protecciones legales y garantías urdido por el recordado señor Cumplido? ¿Podrá sacar trote y/o alterar el criterio de muchos fiscales? ¿Encontrará en un Parlamento atiborrado de rencorosos miembros de la Concertación -y dados a culpar del delito no al delincuente, sino al "sistema"- espacio para las modificaciones legales necesarias? ¿Hallará en una policía amedrentada por años de acusaciones de "violencia excesiva" y sumarios al voleo el espíritu requerido para actuar con eficacia?
Muy difícil.