Fernando Villegas

Publicado en Reportajes de La Tercera, 17 de diciembre de 2011

No son simplemente los preliminares del juicio -la llamada "formalización"- a los imputados del caso "La Polar", los que se ventilaron esta semana en un recinto ad hoc habilitado en el monumental Centro de Justicia; considerarlo así sería dejar de ver lo esencial, la razón de su estrépito mediático y público, de su trascendencia política. Quizás hace cinco o 10 años, el caso se hubiera reducido a lo hecho o deshecho por una plana mayor de ejecutivos acusada de juego poco limpio en el manejo de las finanzas, en el trato de los clientes y de una descarada burla de reglas y leyes; hoy, 2011, lo que en realidad se enjuiciará por intermedio de esas personas son las prácticas comerciales y financieras que en nuestro país han prevalecido toda la vida. De hecho, se enjuiciará al entero modelo o al menos a su capacidad para poner coto a sus propios excesos. Es, al menos, el modo como lo percibe el ciudadano común y también como lo ven muchos políticos, especialmente de la Concertación y la izquierda en general, así como observadores, comentaristas, opinólogos y aun parte del propio sector empresarial y de la derecha más moderna, representada por fulanos como el ministro Longueira.

Todavía más; si nos atrevemos a mirar las cosas de frente, se nos va a revelar que este juicio, precisamente por acción de ese gravitante contexto, no ha sido ni parece probable que vaya a ser un juicio propiamente tal, sino más bien un enjuiciamiento o incluso ni siquiera eso, sino un ajusticiamiento. Un ajusticiamiento no implica que los ajusticiados sean inocentes, sino que la persuasión de estarse ante personas en falta es tan grande que las ceremonias y pompas del procedimiento judicial se convierten en mero trámite, en algo así como los juicios de Stalin en los años 30, apenas una tapadera legal de una resolución tomada desde un principio.

Y decimos aún más: en vista de dicha generalizada persuasión acerca de la culpabilidad de los imputados, lo que espera ese ciudadano común y corriente, hoy repleto de glamorosa indignación y de un empoderamiento que parece legitimarlo todo, incluyendo la sed de venganza, no es siquiera un enjuiciamiento sino un linchamiento. El público quiere venganza aun si muchos de sus miembros nunca pusieron siquiera un pie en La Polar o nunca fueron renegociados; desean venganza porque a través de esos seis individuos, defendidos y rodeados por un ejército de abogados que aún así empequeñecen en número ante el alud de adversarios, de algún modo ese chileno del montón no muy dado a revisar escrupulosamente lo que firma, ese tipo engañado y abusado una y otra vez, quiere sancionar virtualmente, simbólicamente, no sólo a Pablo Alcalde y a los demás, sino a todos los señores de cuello y corbata del presente y del pasado que lo han pasado y lo pasan por el forro de los pantalones y que, hasta hoy, siempre se han salido con la suya.

En fin, "venganza" es la palabra. Venganza de infinitos agravios, abusos, injusticias, etc., que explotaron este año y encontraron en el escándalo de La Polar un ícono perfecto, el ejemplo ideal de manejos turbios, abusivos, apuntados a llenar ciertos bolsillos. Es ese tsunami al que se enfrentan los imputados y sus defensores.

Circo romano
De ahí que, debido a esa atmósfera, el caso haya tomado desde el comienzo un cierto aire de circo romano. No hay sangre sino tinta, pero desde el minuto uno, los pulgares del respetable se están inclinando hacia abajo. En pocos eventos judiciales se había visto tal concurrencia de gente y tanta expectación. Regimientos de camaró- grafos han inmortalizado cada jornada del proceso, en las cuales la asistencia ha sido heterogénea y masiva: se vieron batallones de abogados sentados en filas, una tras otra, armados de códigos y Notebooks; a docenas de periodistas twitteando o comunicándose a sus medios por celular; a muchos curiosos salidos no se sabe de dónde, a funcionarios de otras dependencias dándose una vueltecita para seguir el caso, a nubes de fotógrafos y a los familiares de los imputados, en silencio, mudos, agobiados, congregados en una sala especial, en un subterráneo.

Aunque el asunto es serio, no faltaron los momentos festivos. No todos los abogados -hay más de 60- "dan el ancho". El jueves oímos a algunos hablando como escolares, a otros razonando mal, a quienes se fueron de teoría -"en el principio era el Verbo…"- y a no pocos que recibieron sendas reprimendas o atajadas en seco de la magistrada María Victoria Orozco, una mujer joven, atractiva y bastante ruda. Y vimos a los periodistas, comisionados en gran número para la ocasión y obligados a largos intervalos de jurídico aburrimiento, comentando los dichos de abogados y acusadores, como los romanos comentaban un buen o mal sablazo propinado por los gladiadores. Lo que nunca oímos, ni entonces ni ahora, fue a nadie, absolutamente a nadie apostando no digamos a la inocencia, sino ni siquiera a circunstancias atenuantes que pudieran aminorar la culpa; para todos los efectos prácticos, pareciera que la totalidad de la sociedad chilena, menos los inculpados mismos y sus familiares, dan el caso por cerrado: sólo se espera la condena.

Consecuencias
Las consecuencias del juicio se extienden, entonces, más allá de la corte y más allá de las vidas de los imputados, de sus eventuales condenas o exculpaciones. Desde luego, pone a la justicia en un dilema: si actúa con la severidad cortante que la gente pide, puede ir más allá de lo jurídicamente necesario y comportarse injustamente, como si fuera el brazo armado de la indignación ciudadana; si al contrario, presta atención a los descargos, las circunstancias y los matices de la ley, podría ser acusada de ser, como siempre, "instrumento de los ricos". Difícil es hacer justicia cuando fuera de la oficina del Sheriff, una masa de tipos enarbola cuerdas y pide ahorcar de inmediato a los sospechosos.

Aparte de eso, el caso pone en problemas al gobierno. Si se hace eco de la sensibilidad popular e insinúa que espera sentencias duras, "ejemplificadoras", se le acusará de violar la autonomía del Poder Judicial; si nada dice ni hace, se dirá que su cúpula tiene intereses compartidos, oscuros y hasta sórdidos, con los sectores empresariales. De esto último ya se lo acusa -"conflictos de intereses"- y por su parte, el sector empresarial se queja, en vistas de los súbitos controles para descubrir colusión, de que se ha soltado contra ellos una cacería de brujas. Gobiernos como este, ambivalentes, autonomistas, bonapartistas, suelen moverse en terrenos así, resbaladizos y con precipicios por ambos lados.

Pero en el largo plazo, es muy posible que este juicio, como los vinculados al caso de la colusión de algunas cadenas de farmacias, los de ciertos actores de la industria del pollo, las investigaciones en el retail y otras iniciativas tendientes a ponerle fin a los abusos, tenga como efecto el modificar esas prácticas, aunque sea poco a poco y aunque no sea por obra y gracia de una conversión espiritual, sino por la simple razón de que ya no será rentable caer en esas prácticas. Pero de eso, de suceder, no tendremos noticias hasta unos años más.