Fernando Villegas

 Publicado en Reportajes de La Tercera, 21 de febrero de 2010.

-Es cosa -me dijo ese señor- de ponerles plata arriba de la mesa y usted puede hacer lo que se le dé la gana....

Así nos explicaba un vecino, quizás exageradamente, la facilidad con que los municipios, salvo contadas excepciones, olvidan sus propios planos reguladores -promulgados con fanfarria y discursos sobre la "participación ciudadana"- y la más elemental consideración por el prójimo si acaso una empresa o particular en busca de su negocio ofrece suficiente dinero y "progreso para la comuna". De esa actitud y sus efectos se han escrito cientos de artículos. No hace mucho la prensa trató el caso de Maitencillo, otrora grato balneario, hoy convertido en un infierno comercial rasca con insólita complicidad de la Gobernación Marítima. Repleto de ferias, parkings al pedo, boliches y eventos de mal gusto atronando el aire con sus parlantes y sus animadores en la playa misma donde uno busca solaz, el lugar se ha hecho invivible, salvo para almas de beatífica tolerancia o los flaites, quienes han recibido con entusiasmo ese "progreso". Y todo ha sido por plata. Plata por permisos, estampillas, derechos, arriendos, etc. Ante eso ninguna queja hace mella. De ahí que en la construcción de residencias, estacionamientos, autopistas, gasolineras, estadios y hasta de quioscos para vender cuchuflíes triunfa esa receta ganadora, la mezcla entre la codicia desenfrenada de los "desarrolladores", la rentada tolerancia municipal y el ya tradicional descriterio de muchos urbanistas.  Dicho desenfreno ha encontrado resistencia sólo cuando los vecinos poseen los apellidos, el dinero y los contactos debidos.  

Sin embargo, ni la mitad de los casos es culpa de los alcaldes. Es tema del gobierno central. Las ordenanzas nacionales relativas a la construcción obedecen esencialmente a criterios de ingeniería y de lucro, lo cual equivale a un brutal descuido por los intereses de la gente. Ese es el vacío a que hacemos mención en el título de esta nota.

En efecto, lo que las ordenanzas no toman en cuenta es la "calidad de vida". Piense en el propietario de una casa que se ha endeudado por 20 o más años para disponer de un entorno agradable; imagine ahora que de un día para otro -porque ninguna empresa constructora se da la molestia de siquiera avisar a los vecinos de lo que se viene- se percata que tras el muro divisorio una cuadrilla de trabajadores está echando abajo los jardines del lado, árboles de 20 o más años que eran parte de su paisaje y sustituidos por un enorme agujero y el estrépito de las máquinas por un año o más, la vista a la cordillera por un muro a veces de 20 pisos de altura, la luz por la oscuridad, la paz por el bullicio de 500 vecinos y sus inevitables "carretes" a cinco metros de distancia, la tranquilidad de la calle por el tránsito de dichos nuevos habitantes, la privacidad por el fisgoneo.

Ahora bien, no hay NI UNA SOLA ley que efectivamente compense por dichos daños, en muchas ocasiones incluso de orden material, como muros resquebrajados, fundaciones debilitadas, objetos pesados cayendo en el antejardín o el techo. Hoy, para satisfacer los negocios de una constructora, parece normal que un buen número de casas deba quedarse SIN LUZ del sol y que su vecindario se deteriore sin recibir ni siquiera ese aviso previo. En breve, en Chile pueden pisotear su estilo de vida sin mediar NINGUNA compensación.

En materias ambientales se suele hablar hoy en día de "mitigaciones" y entonces la tala de unos árboles es mitigada por la plantación de un número equivalente, pero,  ¿por qué no hacer lo mismo con la gente? ¿Por qué la destrucción masiva del entorno de los vecinos ha de valer NADA?

¿No vale la luz que se perderá para siempre si su casa queda a la sombra de un edificio situado hacia su sector Norte,  su jardín arruinado por dicha carencia, la pérdida de salud por la misma causa, el ruido multiplicado por 10 o por 100 que entraña sustituir una familia vecina con 10 ó 100 familias?

¿Qué costo tiene el no poder salir al jardín sin la sospecha de que alguien pueda estarlo atisbando desde un sexto piso?

¿Cómo evaluar la pérdida de la vista que usted tenía, ahora sustituida por unos lavaderos con ropa colgando?

No escribo de picado. Cierto es que a espaldas de mi casa, sita en Ñuñoa, se construye un edificio -a Dios gracias, sólo de cinco pisos- y las molestias, ruidos y pérdidas visuales son enormes, pero al menos -AL MENOS- la empresa oyó mi petición de salvar unas especies arbóreas esenciales para preservar algo de mi privacidad y panorama y hasta cuidan de regarlas. No podían hacer más, pero ese sólo gesto amable y razonable demuestra una cosa muy simple: las compensaciones, siquiera el intento de compensar, son posibles y disminuyen en mucho el inevitable perjuicio de ser vecinos de una construcción.
   
A propósito de Ñuñoa, no hay comuna que no haya sufrido este proceso, pero tal vez sea la más "emblemática" debido a su carácter y estilo de vida tradicional. Los daños han sido pasmosos. A diferencia de otras comunas que, por ser nuevas, presentaban un espacio relativamente vacío donde erigir y moldear un carácter, Ñuñoa tenía una densidad vegetal, social y cultural de alrededor de 70 años o más, un modo de ser ya maduro. Eso, en ciertas partes y por cuadras completas, desapareció por entero. Edificios de segunda categoría de 20 o más pisos sustituyeron los bungalows, las arboledas, la vida de Ñuñoa.
 
Parte de ese proceso es inevitable. A la turba de familiares del viejo o la vieja chuñusca que al fin paró las chalas no se les puede prohibir que vendan la casa para meterse plata en los bolsillos; es su derecho vender, como lo es el de la empresa comprar.  Pero ¿dónde está el de los vecinos a una compensación por los daños con que costean dicho negocio?

¿No creen las autoridades del ministerio respectivo, parlamentarios y público en general que hay un vacío legal que debe llenarse?