Estado Social; Estado Subsidiario e Indignados
Oct. 20 , 2011
En Chile, el Estado ha jugado un rol relevante en la construcción de la nacionalidad y como promotor del desarrollo material y espiritual de sus gentes, ¿es esto ser estatista?.
En una entrevista efectuada al historiador Mario Góngora respondía: “Estatismo es una palabra ambigua, puede aplicarse tanto a un conservador tradicionalista, como a un socialista o un fascista. Para mí el Estado no es necesariamente burocrático sino que es la totalidad viviente del país. En este siglo (el siglo XX) tiene el carácter especial de proteger a las capas miserables de la población”.
Estos conceptos son claves a la hora de revisar las opciones disponibles para determinar el rol del estado en la sociedad chilena actual. Descontando las opciones marxista y corporativa, desde la perspectiva liberal tenemos dos alternativas: el estado social y el estado subsidiario.
El Estado Social es un sistema que apunta a garantizar y potenciar ciertos “derechos” que se consideran imprescindibles para que las personas desarrollen todo su potencial como ciudadanos: Salud; Educación; Trabajo; Vivienda; Jubilación; Cultura; Protección a los desvalidos; Medio ambiente; Asistencia jurídica y varios Derechos Sociales, como integración social, redistribución de la renta y compensación de las desigualdades. Todos ellos garantizados en la legislación y exigibles por parte de todas las personas.
El Estado Social, al menos en teoría, no busca el “socialismo”, del cual rechaza conceptos básicos como el control de los medios de producción, la planificación centralizada y el monopolio de la representación popular (partido único). Se ve más bien como un estado intervencionista que modera el capitalismo y garantiza la primacía del bien común y la democracia.
Este modelo de desarrollo se aplicó extensamente después de la II Guerra Mundial y con especial éxito en Alemania. Con el transcurso del tiempo emergieron una serie de problemas, que en muchos países no pudieron ser resueltos: Las demandas de los ciudadanos crecieron sin cesar sin que los gobiernos pudieran satisfacerlas ni convencer a sus ciudadanos de que no eran económicamente sostenibles. Surgieron abusadores del sistema, como personas que hicieron de los seguros de cesantía y las licencias médicas una forma de vida. Los costos de la salud y de la previsión crecieron mucho más allá de lo esperado. Los beneficios sociales estimularon la inmigración masiva y así se creó un desbalance entre los derechos establecidos para los ciudadanos y la capacidad de los estados para financiarlos.
El origen de los “indignados” españoles es la protesta de los jóvenes que no pueden pagar un arriendo ni comprar un departamente y por consiguiente el estado no está cumpliendo su obligación de dotarlos de una vivienda digna. Nadie podría sospechar que Rodríguez Zapatero sea un fanático del capitalismo salvaje, así es que podemos creer que si no cumplió, fue simplemente porque no pudo.
El martes 18, el ministro francés de Finanzas, François Baroin, reconoció que el nivel de deuda del país es “difícilmente sostenible”, por lo que el Gobierno deberá reducir el déficit público en una estrategia gubernamental que “se basa en dos o tres ideas simples”. La primera de ellas es la reforma (reducción) del sistema de pensiones y la revisión general de las políticas públicas; la segunda, la reducción de los subsidios fiscales” y la tercera, apoyar la actividad económica productiva, todo ello “sin afectar al poder adquisitivo”.
Durante años, Grecia vivió con un nivel alemán de gastos y con una productividad mediterránea, además, con una altísima tasa de evasión de impuestos. Cuando decidieron reducir la edad de jubilación más abajo que los alemanes, éstos decidieron no darles más apoyo financiero a menos que redujeran sus gastos, y el sistema se derrumbó.
En breve, el Estado Social ha fallado por la tendencia humana a trabajar menos y descansar más; a usar todas las oportunidades disponibles para obtener ventajas personales; a la tendencia de las autoridades aceptar peticiones antes que a rechazarlas aunque sean insostenibles, y a su disposición a extraer recursos de las actividades productivas hasta hacerla no rentables o no competitivas.
El Estado Subsidiario por su parte, también tuvo su origen en la Europa Occidental de la pos II Guerra Mundial y en parte fue la reacción social a las experiencias fascistas y marxistas vividas durante ese conflicto. Esas sociedades, “indignadas”, rechazaron la intervención activa y directa del estado en el ámbito económico – social y reclamaron mayores espacios de libertad individual rebelándose contra los comisarios y gerentes designados por el partido nazi, fascista o comunista. Estas políticas se materializaron mediante el traspaso de empresas y bienes apropiados por el estado hacia los particulares, privatizándose importantes sectores de la actividad estatal, incluyendo los servicios públicos.
Sin perjuicio de lo anterior se reconoció explícitamente que el Estado no podía renunciar a su función complementaria, exclusiva o concurrente con la actuación privada, en materia de previsión social, salud, educación, etcétera, cuando estas actividades no fueran cubiertas suficientemente por los particulares.
Así, el “estado subsidiario” quedó definido prácticamente como: “un Estado que se hace cargo de aquellas funciones o actividades que, por su naturaleza (estrategias y/o bien común y/o monto de recursos requeridos), no pueden afrontar los particulares o no es aconsejable que así sea. La función del Estado se focaliza en el control de las reglas y normas en las cuales desenvolverse”.
La definición es amplia y deja espacio para ser interpretada de acuerdo a las circunstancias de cada país, a sus antecedentes históricos y sus usos y costumbres, y deja también en claro que el “control de la reglas y normas” es una función fundamental que el estado retiene.
En Latinoamérica las causas que acompañaron a su implantación fueron diferentes a las de Europa: La inflación descontrolada; el endeudamiento externo; el incremento de la burocracia estatal; la ineficiencia de los servicios y demás actividades a cargo de las empresas públicas; el intervencionismo estatal asfixiante; la existencia de regulaciones y monopolios que impedían la libre iniciativa y concurrencia al mercado de los particulares; la captura de los aparatos estatales por parte de oligarquías sindicales y políticas y sobre todo el bajo crecimiento de la economía, terminaron por “indignar” a la gente.
Los principios básicos de este tipo de Estado se pueden resumir en la existencia de un estado de derecho basado en la división de poderes; garantía de las libertades y demás derechos individuales; democracia, pluralista y abierta con participación de los ciudadanos, y descentralización de los procesos de gestión.
Los críticos a este tipo de estado argumentan contra el abandono, por parte del estado, de actividades rentables y su entrega al sector privado, reteniendo las que dejan pérdidas. También se plantea que cuando se transfieren monopolios naturales al sector privado que solo aspira a maximizar el lucro, las necesidades sociales básicas quedan desprotegidas. La irresponsabilidad se extiende también a la protección ambiental y cultural. Se dice que el país necesita un Estado que sea capaz de emprender, sin limitantes, inversiones estratégicas, por ejemplo en diversificación energética. El estado sería objeto de una campaña que buscaría limitar su accionar, evitando que regule para el bien común o que pueda ejercer una fiscalización efectiva de los negocios privados.
“Para profundizar la democracia y mejorar la distribución del ingreso en Chile, hace falta repotenciar al Estado, dotándolo de capacidades de inversión, de fomentar emprendimientos estratégicos para el país; además de darle recursos tecnológicos y humanos para una fiscalización que evite las malas prácticas, la evasión, el lavado de activos, el uso indebido de información privilegiada, es decir, velar porque el mercado funcione sin las distorsiones y tendencias oligopólicas que hoy existen y que perjudican a las mayorías”.
Como se puede apreciar, el problema clave gira alrededor de la definición del rol del estado, particularmente en cuanto a su capacidad / eficiencia en el emprendimiento y gestión directa, y en la necesidad de que el estado haga una eficaz supervisión, regulación y control de actividades productivas de bienes y servicios por parte de los privados.
En Chile los gobiernos de la Concertación se encontraron con un ordenamiento constitucional, implantado por el Gobierno Militar, que incorporaba la subsidiaridad como un principio rector del modelo de desarrollo económico, social y político, principio que no compartieron nunca. De hecho, cuando sus gobiernos contaron con los recursos necesarios, particularmente durante la segunda parte del gobierno de Lagos y durante todo el gobierno de Bachelet, se aplicaron a la construcción paulatina y de facto de un “estado social” paralelo al estado “subsidiario” , en los ámbitos judiciales, previsionales, de salud y otros.
El problema grave estuvo en que esta falta de sintonía entre sus creencias y el tipo de modelo de desarrollo que estaban administrando, sumado a las naturales tendencias humanas, llevaron al descuido de las funciones de “supervisión, regulación y control” imprescindibles para el correcto funcionamiento de un estado subsidiario, lo que permitió la creciente concentración de importantes sectores de la economía; la implantación de prácticas abusivas en el retail; en la energía; en las Isapres; en las telecomunicaciones; en las AFP y la introducción ilegal del lucro en la educación - que estaba expresamente prohibido en la ley de educación que permitió la existencia de universidades privadas - y, emblemáticamente y pese a la “revolución de los pingüinos” en el descuido del área educacional que por falta de supervisión y control estatal había generado las graves injusticias, insatisfacciones e ilegalidades que hoy estamos viendo hacer eclosión, causando la actual “indignación” de la gente.
Sin perjuicio de lo señalado y paralelamente, algunos elementos funcionales del modelo fueron adoptados con gran eficiencia por los gobiernos de la Concertación, tales como la privatización de algunos sectores de servicios que aun no habían sido privatizados; el nacimiento y desarrollo de instituciones de educación media subvencionada y superior privada, y en general de todo el sistema de gestión económica y financiera gubernamental, lo que llevó a un líder empresarial a expresar que “Mis empresarios aman a Lagos”, dando cuenta de una profunda y eficaz sintonía entre ese gobierno y los empresarios privados.
El presente gobierno, a través de su Ministro de Economía, parece haber comenzando a asumir en serio que la responsabilidad de supervisión y control es fundamental para el correcto funcionamiento de un modelo subsidiario. Habrá que esperar hasta ver su realidad, profundidad, amplitud, imparcialidad y trasparencia.
Si los que creen en la subsidiaridad tampoco logran que la gente deje de sentirse constantemente abusada, serán desplazados junto con su modelo.
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Posted by Mampato on October 20, 2011 at 02:09 PM CLST #