¿Quién defiende a las Universidades Regionales de Excelencia?

Nov. 02 , 2011

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El Rector de la Universidad de Chile, doctor Víctor Pérez, ha cuestionado públicamente la propuesta presupuestaria del Gobierno en materia educacional. Dicha crítica, que comparto, se concentra sin embargo de manera exclusiva en el aporte basal a la universidad que el doctor Pérez dirige, y a lo más en el aporte basal que reciben las universidades de propiedad estatal. Surge entonces legítimamente la siguiente pregunta: ¿quién defiende a las universidades regionales de excelencia?.

¿Qué caracteriza a una universidad regional de excelencia? La realidad universitaria nacional, como han hecho ver diversos expertos, es tremendamente heterogénea. En el marco de dicha heterogeneidad, la propiedad estatal de una universidad poco dice sobre el aporte que dicha institución hace efectivamente al desarrollo regional y nacional. Es por esto que hay que reivindicar el aporte que ciertas universidades hacen mediante la reconocida calidad de sus labores de docencia, investigación y extensión, así como en la vocación regionalizadora de dichas actividades.

La denominación de universidades regionales de excelencia se hace particularmente relevante cuando hablamos de las universidades de Concepción, Técnica Federico Santa María, y Austral de Chile. La excelencia de estas instituciones está respaldada por sus respectivos acuerdos de acreditación institucional, que en todos los casos extendió la acreditación de dichas instituciones por seis años. Ahora bien, dado que ellas son instituciones que no son de propiedad del Estado ni de ninguna otra persona de derecho público, corren permanentemente el riesgo de caer en desprotección al carecer del respaldo que otorga pertenecer a instituciones de mayor extensión. Al mismo tiempo, dado que son corporaciones de derecho privado auto-gestionadas y sin fines de lucro, carecen de la soltura financiera de otras universidades cuya propiedad está en manos de directorios de inversionistas.

Ahora bien, ¿por qué habría el Estado de aumentar los aportes basales a dichas instituciones? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el documento que organiza y estructura teleológicamente a dicha institución: la Constitución. ¿Qué nos dice ella sobre el rol que le corresponde al Estado frente a la sociedad? La finalidad del Estado, según el Artículo 1º de la Constitución Política de la República, es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.

¿Y cómo llevar a cabo esta misión? La propia Constitución, en su Artículo 19 Nº 10, nos señala una de las maneras mediante las cuales el Estado puede llevar adelante la promoción del bien común: fomentando el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimulando la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Esta disposición constitucional contiene la referencia más directa al rol que le corresponde a las universidades dentro de nuestra sociedad en cuanto centros de cultivo y propagación del conocimiento.

El mismo Artículo 1º señala de manera especial que es deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación. En virtud de ello, indica el Artículo 3º, los órganos del Estado han de promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.

Sintetizando estas disposiciones constitucionales, no cabe sino concluir que es deber del Estado fomentar con especial énfasis el desarrollo de la educación y estimular la investigación científica y tecnológica que promuevan el fortalecimiento de la regionalización del país. Las universidades regionales de excelencia son por antonomasia el espacio para la consecución de dicho propósito; y en consecuencia, aumentar el financiamiento basal de dichas universidades pasa a ser prácticamente un deber constitucional del Estado.