Pureo, nueva crisis ambiental que salpica al Presidente

Oct. 05 , 2011

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A comienzos de septiembre conocimos del derrame de miles de litros de combustible de la planta de Pureo, cerca de Calbuco, instalaciones que habían sido inauguradas apenas unas horas antes. Un grave accidente que ha estado marcado por la falta de información y la escasa capacidad del Estado de fiscalizar oportunamente  a  la empresa, en buena medida amparada por la ubicación aislada del emplazamiento de la planta, lejos de los centros urbanos y, sobre todo, muy lejos de la capital, de los centros de poder y de los ojos de la opinión pública. En primera instancia Copec aseguró que el derrame no superaba los 10 mil litros, aunque después reconoció que la cifra superó los 23 mil, aunque fuentes alternativas señalan que superaría los 30 mil litros, e incluso más.

La máxima autoridad ambiental del país, la Ministra del ramo, en principio declaró que la empresa podría ser sancionada con altas multas que podrían dictar diversas entidades públicas, incluyendo el Servicio de Salud y la Comisión de Evaluación Ambiental, e incluso que eventualmente serían indemnizados los mitilicultores u otros productores si se comprobaba que fueron afectados por el derrame. Si bien esta declaración podría haber sido considerada  positiva,  es del todo insuficiente, ya que da cuenta de la fragilidad de la institucionalidad ambiental de nuestro país, incapaz de prevenir este tipo de hechos, y de esta manera resguardar el medio ambiente y la salud de las personas.

Este problema no es atribuible a una autoridad en particular, es el sistema el que no funciona, pues no es capaz de evaluar y fiscalizar adecuadamente un proyecto de esta magnitud y características. La autoridad tampoco tiene la capacidad efectivamente de al menos de mitigar los daños causados, establecer responsabilidades individuales y corporativas y castigar de manera drástica un hecho de esta gravedad. Demás esta decir que hasta el momento nadie ha hablado de revocar el permiso ambiental de la planta, o al menos suspenderlo temporalmente mientras se investigan los hechos.

Por si esto fuera poco, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt  rechazó paralizar la planta de Calbuco argumentando que “no es posible en la especie y tal como lo sostiene la pretensión del recurrente, 'ordenar a la recurrida adoptar de inmediato las medidas necesarias para el cese de todas las actividades y omisiones que actualmente están causando el derrame de dichas sustancias combustibles quí¬micas', pues en la actualidad no existe derrame de combustible y de acuerdo a lo instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible los tanques en que se detectaron las falencias se encuentran fuera de servicio para su evaluación". Es decir, ni la autoridad ambiental ni la justicia consideran necesario ordenar la paralización de la planta, para así cautelar el derecho de las personas a no verse expuestas a daños ambientales.

Inevitablemente, la puesta en marcha de la Planta Pureo de la empresa Copec, nos trae recuerdos de la puesta en marcha de la planta de celulosa de Valdivia, perteneciente al mismo grupo económico, la que a poco andar empezó a presentar graves problemas. Estos casos deben provocar una profeunda reflexión, ya que develan que los servicios  públicos no tienen en la práctica ninguna capacidad de fiscalización en terreno, por lo que no les quedan más opciones que confiar en los análisis e informes que entrega la propia empresa, que tempranamente aseguró que “no existe presencia de hidrocarburos en el agua” cercana al lugar del accidente.

La instalación de la Planta Pureo de Copec enfrentó fuertes resistencias cuando fue propuesta, pues la comunidad local advirtió de los riesgos que implicaba, por su ubicación poco propicia, dificultades de acceso y cercanía a actividades productivas sensibles, tales como mitilicultura y predios agrícolas, incluidos algunos productores orgánicos, que deben conservar estrictas condiciones para mantener su sello de calidad. Sin embargo, por razones estrictamente comerciales, la empresa insistió en la localización, y finalmente obtuvo las autorizaciones necesarias para operar,  ya que según nuestra legislación ambiental, las empresas tiene el derecho a definir donde instalan sus proyectos independiente de a quienes afecten.

El accidente que lamentamos ahora resulta especialmente grave pues, una vez más, involucra al Presidente Sebastián Piñera en una situación de conflicto de intereses, en su calidad de accionista de empresas Copec. Así, Pureo se suma al proyecto Isla Riesco, explotación de carbón en Magallanes que obtuvo su aprobación ambiental en febrero, y al proyecto minero Choquelimpie, en el extremo norte del país y que recientemente anunció su reactivación; en los tres casos, el denominador común es Copec, lo que deja un manto de duda respecto a la potencial incidencia del mandatario en el desarrollo de cada proyecto.

Que la institucionalidad ambiental chilena es débil e incapaz de asumir los desafíos del siglo XXI es algo reiterado una y otra vez; lo nuevo en este caso, es que es el propio Presidente de la República, elegido para velar por los intereses de todos los chilenos, es accionista de la  cuestionada empresa.  Pero en éste, al igual que en muchos otros casos, constatamos que la autoridad no está para velar por los intereses de las comunidades locales, que quedan desamparadan y deben hacer uso de sus propios recursos para hacer valer sus derechos.