Isla Riesco: Carencias institucionales al descubierto

Aug. 12 , 2011

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Una de las últimas y más difundidas causas ambientales que han surgido en el país dice relación con el proyecto de explotación carbonífera de Isla Riesco, en la región de Magallanes, en la zona más austral del país. Una propuesta absurda, que pretende explotar a tajo abierto un mineral altamente contaminante, de baja calidad, amenazando con intervenir una importante porción de territorio relativamente intocado, con ecosistema frágil y muy aislado. El sólo hecho de plantear sacar carbón a tajo abierto resulta insólito, más aún en un lugar de las características de Isla Riesco, lo que de materializarse provocaría severos impactos ambientales  a los ecosistemas terrestres y acuáticos, además el proyecto está emplazado en una zona de  fuertes vientos, por lo que  el polvillo contaminante de esta actividad podría dispersarse a zonas remotas.

Pese al evidente riesgo que implica una explotación de estas características, en febrero pasado el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes dio su visto bueno al proyecto Mina Invierno, la primera de las cinco minas que se proyecta en la misma zona, al otorgarle la autorización ambiental para su funcionamiento. Frente a ello, habitantes de la zona junto con organizaciones ciudadanas han decidido intentar revertir la decisión del gobierno, y apelar la Resolución de Calificación Ambiental ante el Comité  de Ministros, instancia superior de reclamación administrativa contemplado dentro de la Nueva Institucionalidad Ambiental del país, en la ley N° 19.300 de 2010.

Lamentablemente, son pocas las esperanzas de revertir la decisión tomada por las autoridades regionales, y no por falta de argumentos sólidos y atendibles, sino sencillamente por un problema de estructura institucional del país. Para comprender la situación es importante saber que la aprobación ambiental de un proyecto está a cargo del Intendente y los Seremis, todas autoridades nombradas y de confianza del gobierno de turno. Estas autoridades, dependen y reportan a sus superiores que son ministros, los que a su vez  dependen del Presidente de la República y son de su plena confianza. Por tanto,  cabe preguntarse si existe realmente alguna posibilidad de que una instancia regional designada tome una decisión en forma independiente de su jefe, en este caso los ministros o por el contario hay que preguntarse, si los ministros realmente son capaces de estudiar un proyecto y decidir en forma contraria a sus subordinados. La verdad es que tal como está planteado actualmente el sistema, resulta poco probable que  este tipo de decisiones sean independientes y que realmente se reconsidere la decisión. Pero esto aún puede ser peor, pues en definitiva todos dependen del Presidente de la República. Lo cual en el caso de Isla Riesco tiene un agravante, el Presidente de la República tiene acciones en una de las empresas que es socia del proyecto.

Este caso revela claramente, una vez más, que las Ley Ambiental  vigente en Chile no es una regulación adecuada, pues no garantiza que las decisiones  técnicas puedan tomarse con independencia del poder ejecutivo, tampoco establece condiciones para que las comunidades locales, los afectados o detractores a proyectos de este tipo, cuenten con garantías mínimas que les permitan confiar en el sistema regulatorio vigente. El paulatino pero sostenido crecimiento de la molestia ciudadana frente a múltiples  proyectos que causan impactos socioambientales registrados en los últimos años, devela con claridad que la institucionalidad vigente en el país ha sido incapaz de acoger cuestionamientos y demandas, y menos aún dar respuestas satisfactorias  a las comunidades. Se trata de un problema profundo, que en lugar de solucionarse  se ha profundizado, producto de mal sistema de calificación ambiental de proyectos, que ha sido acompañado por una carencia o debilidad de otros instrumentos regulatorios tales como reglamentos y normas. 

Así, surge la convicción que para contar con un adecuado sistema de calificación ambiental de proyectos es necesario abordar el fondo  del problema, ello implica contar con un marco regulatorio que de garantías y confianza a todos los sectores y que sea realmente capaz de garantizar una adecuada evaluación ambiental.  Pero aún estamos muy lejos de aquello y cada vez  que un proyecto es evaluado surgen cuestionamientos al sistema, hoy es Isla Riesco, antes fueron HidroAysén, Campiche, Patache, Pacífico, Los Robles, Bocamina, Castilla y tantos otros. 

Si las autoridades realmente quieren que el sistema funciones, que no aumenten los conflictos y el descontento ciudadano en relación a proyectos que provocan impactos ambientales, es hora de  demostrar una real voluntad política de realizar los cambios. Por más que digan que tenemos una nueva institucionalidad ambiental, sabemos que en el fondo poco ha cambiado en la calificación de proyectos y que es necesario plantear modificaciones, las que pueden ir desde lo normativo hasta el nivel más alto de nuestra estructura legislativa, pasando por cambios en  leyes orgánicas o incluso en reformas constitucionales.  Lo cierto es que de no comenzar pronto una discusión de los temas de fondo en materia ambiental, cada vez mas tendremos más conflictos, más personas descontentas, frustradas y molestas.  Necesitamos definir como país que estamos dispuestos a hacer y que no, en nuestro territorio y establecer reglas claras para todos los actores y sectores, no puede seguir pasando lo de Isla Riesco, esto sólo fortalece el descontento y la desconfianza.