Chile necesita de una política eléctrica de mediano y largo plazo

Aug. 01 , 2011

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Elaborar e implementar una política energética para Chile, incluyendo la generación eléctrica de mediano y largo plazo, sin duda es el rol del Estado. Definir el modelo de abastecimiento energético, la dependencia de ciertos insumos, el modelo eléctrico que mejor responde a las necesidades del país, potenciar el desarrollo de unas fuentes energéticas por sobre otras, promover el ingreso de las mejores tecnologías, regular a las empresas generadoras en materia ambiental y energética, son grandes temas que evidentemente deben ser definidos con la participación de todos los actores y sectores, incorporando una mirada de país que sea integradora.

Además, una adecuada política pública debe orientarse a garantizar el bien común, los impactos sociales y ambientales y evitar la concentración del poder en pocas manos, Si hacemos el ejercicio de analizar el  actual sistema eléctrico de generación, trasmisión y distribución y además hacemos un intento por comprender cómo funciona el mercado eléctrico, las regulaciones ambientales y energéticas, o el sistema de fijación de precios para clientes regulados -es decir la mayoría de las personas- rápidamente llegamos a la conclusión, que el funcionamiento actual del sistema eléctrico obedece a una política o mejor dicho a una mala forma de establecer una política eléctrica. 

Lo evidente es que tenemos un sistema que funciona y eso significa que existe una política en la materia, pero esta no resguarda el bien común,  concentra el poder en pocas manos y no regula adecuadamente los impactos socioambientales,. Lamentablemente el sistema funciona mejor para unos que para otros, privatizando los beneficios económicos y socializando los impactos negativos. Por tanto, es evidente que son las grandes generadoras las que a través de un marco regulatorio sesgado, blando y anticuado manejan el sistema. Pero esto no es nuevo, desde el año 1982 y durante los 20 años de gobiernos de la Concertación, el sistema ha funcionado más o menos de la misma forma,  pero después de tantos años se han acumulado los problemas y estamos llegando a un límite. La creciente conflictividad asociada a proyectos de generación eléctrica, los pronósticos de aumento de la demanda, la antigüedad del sistema de trasmisión eléctrica, la necesidad de reducir emisiones de dióxido de carbono (CO2) y los cambios tecnológicos en materia de generación eléctrica a nivel mundial, nos obligan a hacer una revisión del sistema eléctrico chileno.

A partir del año 2006 observamos un incremento en la conflictividad que provocan los proyectos de generación eléctrica en los territorios, este es un síntoma que evidencia que algo anda mal. Entre el año 2000 y hasta junio del 2011 ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un total de 233 proyectos de generación eléctrica, por un  poco mas de 30.000 MW, de esos  proyectos 161 presentan o presentaron conflictos, lo que en capacidad instalada representa cerca de 28.000 MW, de ellos, cerca de 16.000 están asociados a proyectos de generación térmica. Con sólo mirar estas cifras se puede concluir que detrás de ellas hay un problema de política pública. Pero si uno quiere hilar más fino, descubre que la mayoría de los proyectos evaluados o en evaluación ambiental, ingresan al sistema con posterioridad al corte del suministro de gas desde Argentina. Para ponerlo en cifras, el 85% de los proyectos ingresan a evaluación ambiental entre 2006 y 2010, o sea durante el gobierno de Bachelet. También descubre que la mayor parte de los proyectos en evaluación corresponde a centrales térmicas.  Por ello, no es de extrañar que durante el gobierno de Bachelet se instalara a través de los medios de comunicación un debate sobre el tema, el cual se agudiza con la llegada al gobierno de Sebastián Piñera. Pero hoy, más que hacer un mea culpa sobre lo que debió hacerse, analizar la multitud de promesas escritas en programas de gobierno o mensajes presidenciales del 21 de mayo, o verificar cumplimientos o incumplimientos de distintos gobiernos, es urgente generar el espacio para una franca discusión de país.

Urge que se discuta sobre energía en general, y sobre el modelo y matriz de generación eléctrica, con el fin de poder elaborar y definir una política eléctrica de mediano y largo plazo, que cuente con un adecuado marco regulatorio, que sea respectada por todos y por tanto, pueda ejecutarse.

Con este propósito, organizaciones ciudadanas, parlamentarios y  técnicos nos hemos autoconvocado en la denominada “Comisión Ciudadana Parlamentaria de Energía” para elaborar una propuesta al país, objetivo no poco ambicioso, pero que sabemos podemos cumplir. Esta Comisión tiene un sentido y carácter distinto a la que convoco el gobierno y no pretende ser un contrapunto de ella. Pues la Comisión del Gobierno, ya sea por su composición como por sus objetivos, no está llamada a hacer algo muy distinto de lo que se ha hecho en los últimos 20 o 30 años, ya que no está en su mandato abordar los problemas de fondo, tales como cambios sustantivos en el modelo, la concentración del poder o mejorar el marco regulatorio en materia ambiental y eléctrica, entre tantos temas más.

Entre los temas de política pública eléctrica que consideramos importante abordar están las regulaciones a las termoeléctricas. Con certeza sabemos que actualmente no existe un ordenamiento territorial que defina donde se pueden instalar este tipo de fuentes, no existe regulación para los combustibles sólidos (carbón, petcoke, leña), que hay zonas donde se concentran fuentes de generación eléctrica e industrias contaminantes y se les denomina “zonas de sacrificio” por el alto nivel de contaminación existente, ese es el caso de Puchuncaví- La Greda. Además las termoeléctricas no tienen una vida útil definida, muchas de ellas, cerca del 50%, nunca han sido evaluadas ambientalmente, no existe normativa para emisiones al agua de dichas fuentes y recién después de doce años se ha logrado promulgar una norma para emisiones de termoeléctricas que sólo regula PM 10, NOX y SO2, pero no considera regulación para las emisiones de CO2, sólo su monitoreo.

Son este tipo de cosas sobre las cuales elaboraremos diagnósticos y propuestas, pero también queremos ir más allá y proponer la incorporación de ERNC a nuestra matriz, basada en información técnica y económica confiable, también estamos disponibles para discutir y contrastar información sobre otros sistemas de generación, así como analizar que esta pasando con la leña.

Por ello, el sentido de nuestro trabajo no se limita a hacer un contrapunto entre los mismos técnicos de siempre, esos que administraron o administran el sistema eléctrico y que justifican la existencia de HidroAysén, la aprobación de termoeléctricas como Castilla, Puchuncaví, Patache u otras, amparados en el argumento de la creciente demanda  o  en lo que permite el marco regulatorio y el sistema, sin importar los impactos socioambientales que genera o si esto perjudica o no a las comunidades locales.

La Comisión Ciudadana Parlamentaria de Energía, reúne a  personas provenientes de diversos ámbitos, pero que tienen una motivación común y cuentan con experiencia de trabajo en el tema. Los integrantes de esta comisión  hemos participado de estudios, discusiones y elaborado propuestas y que crecientemente pensamos que estamos llegando al límite con este modelo energético-eléctrico, por ello estamos disponibles  para aportar en el análisis de la situación actual e iniciar un proceso de cambios profundos. El trabajo de la Comisión Ciudadana, pronto comenzará a entregar resultados y por ello, es probable que en los próximos meses el debate se intensifique, queremos que todos las personas interesadas se involucren y aporten, pues confiamos en que de este serio trabajo colectivo saldrá una nueva política eléctrica para Chile