¿A quién beneficiará la Ley de Pesca?

Sep. 15 , 2009

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Ante la verdadera debacle vivida por la industria salmonera durante el 2008 debido a la crisis sanitaria provocada por el virus ISA, en la industria se proyecta una baja de su producción y venta para los próximos años. Sin embargo y pese a la crisis, el 2008 aumentó su nivel de producción y ventas (exportaciones) respecto al año anterior en término de millones de dólares, debido a que la crisis determinó  la cosecha anticipada de peces y posteriormente cierre masivo de centros de cultivo y plantas de procesamiento. Debido a esto, la crisis ha impactado duramente a los trabajadores y significó el despido y pérdida de miles de puestos de trabajo. Frente a estos hechos, el gobierno ha dado poca importancia a los temas laborales y se ha concentrado en impulsar una serie de iniciativas con el objetivo de apoyar la reactivación de la industria.

Un elemento clave en este modelo reactivador es el proyecto de modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que ha cumplido distintas etapas del trámite legislativo durante este año. A mediados de agosto la propuesta fue aprobada por la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos del Senado, luego de lo cual debe ser debatida en la Comisión de Hacienda de la misma Cámara.

La discusión acerca de este cuerpo legal en el Senado ha sido compleja debido a la gran cantidad de aristas del tema, a la ausencia de información, a la complicidad del gobierno con la industria y a los fuertes intereses económicos involucrados. Pese a que las comisiones de Pesca de ambas cámaras han escuchado las opiniones y propuestas de la ciudadanía (ONG’s, trabajadores, pescadores, pequeños acuicultores), pocas de estas ideas han sido incluidas en el proyecto. Los parlamentarios han sido incapaces de atender adecuadamente el fondo de los problemas en relación a los usos y prácticas de producción del sector, cuestiones que se encuentran en el origen de la crisis por la que hoy atraviesa.

Por el contrario, se ha optado por priorizar el punto de vista de la empresa, buscando únicamente la mejor salida en términos de “salvar el negocio” que significa la industria salmonera. Ante la grave situación sanitaria de la Región de Los Lagos por la presencia generalizada del virus ISA, se ha buscado adecuar las normas legales que permitan facilitar la expansión y/o traslado de gran parte de la actividad hacia las regiones más australes del país: Aysén y Magallanes. La parte más sustantiva del proyecto de ley no es la que regula aspectos sanitarios y ambientales, sino aquella que busca facilitar en términos muy concretos a la industria reordenarse para, por una parte, “organizar” su producción y, por otra, expandirse hacia otras zonas. Lo que más preocupa a la industria es generar un mecanismo rápido de transferencia de concesiones, pues para hipotecar las aguas -que pertenecen a todos los chilenos pero cuyos derechos se cedieron a la industria- el que solicita la hipoteca debe ser el titular de la concesión, pero hoy en una gran cantidad de concesiones no se han regularizado los derechos porque el trámite en la legislación vigente es largo. Además, un registro rápido de transferencias indirectamente será un incentivo para que los que tienen más poder adquisitivo compren a los que tienen  menos, y permitirá que ciertas empresas se ubiquen en los mejores lugares. Una vez más, el poder del mercado parece superar el rol del estado, y se vislumbra un reordenamiento de las empresas en este sentido.

En contraste, la situación laboral casi no ha sido analizada. No ha existido preocupación sobre cómo cambiará el modelo de producción y qué incidencia tendrá esto en el número y calidad de los empleos y en la localización de los mismos. Menos aún ha habido preocupación por la situación de los que aún conservan su trabajo, pues las condiciones laborales del sector dejaron de ser tema de atención desde que se inició esta crisis. El gobierno sólo ha concurrido en auxilio de las personas que perdieron el empleo, focalizando recursos a través de programas de empleo de corta duración, pero nada se dice de qué pasará en el futuro, cuando la industria se reactive.