Eugenio Rivera

En un artículo anterior analicé algunos aspectos errados de la política económica propiciada por Velasco y la incidencia política negativa de varias de sus decisiones económicas (http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/el_round_vidal_velasco_un). En la misma entrevista del Mercurio, el domingo 13 de junio el ex ministro plantea su visión económica general, que precisamente evidencia las dificultades estratégicas de la política económica aplicada en la anterior administración y que analizaremos en esta columna.
Velasco señala “Soy un liberal progresista, de esos que pensamos que la política social debe ser ambiciosa, que los mercados a veces fallan y que las políticas públicas deben intervenir para corregir esas fallas, que la competencia se garantiza con una fiscalización antimonopolios cuero de diablo, y que a lo fiscal le corresponde un papel clave a la hora de atenuar las fluctuaciones de la economía”. Esta visión sugiere varias áreas de discusión, pero en este momento deseamos concentrarnos en dos.
En primer lugar, puede concordarse respecto de que la política social debe ser ambiciosa. Pero la política social por sí sola no puede corregir las desigualdades que genera un modelo económico inequitativo, y añejos resultan ya casi los debates de los ochenta respecto de que la política social no podía compensar los efectos sociales negativos del mal desempeño económico, y el desempleo a ello asociado, o de las políticas de ajuste ortodoxas. En este campo fueron emblemáticos los resultados sociales del régimen militar.
También resulta valorable una política económica anti cíclica, pues genera los recursos para proteger a los sectores vulnerables en tiempos de crisis, tal como fueron los objetivos iniciales de la política chilena de superávit estructural.
Pero en el largo plazo la política social, por ambiciosa que sea, no puede revertir la concentración económica excesiva y la grave desigualdad en la distribución del ingreso. A tal fin es crucial una política tributaria que le dé espacio al impuesto a la renta de las empresas (impuesto que no existe en Chile, pues las empresas sólo adelantan el impuesto que pagan las personas) y que obligue a quienes más ganan a hacer un mayor aporte fiscal, propiciando así una redistribución del ingreso y un caudal de recursos que permita encarar las inversiones que se requieren para estimular el desarrollo productivo y avanzar en el desarrollo social. Y, por su parte, el mayor equilibrio entre los distintos agentes económicos hace posible una mejor distribución primaria del ingreso, tal como Paul Krugman, Premio Nobel de economía, lo ha analizado para Estados Unidos en su libro “The Conscience of a Liberal”.

Por otro lado, qué duda cabe respecto de que los mercados presentan fallas y de que se necesitan políticas públicas para corregirlas. A estas alturas de la crisis global, que también ha desplomado y destronado al pensamiento económico ortodoxo, esta afirmación es extremadamente compartida. ¿Quién podría sostener hoy que el mercado opera sin fallas, luego de la crisis financiera global? Esta también había sido una conclusión irrefutable de la crisis financiera chilena de 1982, cuando la idea utópica del mercado con capacidades auto correctivas también colapsó. Pero la crisis financiera global no sólo evidenció que los “mercados fallan”; esta mirada ciertamente resulta demasiado generosa para comprender lo que acontece actualmente en la economía mundial, sumida en crisis desde hace más de dos años.

Desde la perspectiva de Velasco, las intervenciones públicas tienen como objeto central fortalecer la acción autónoma de las fuerzas del mercado. Crucial es que el libre juego del mercado resuelva los problemas económicos y que la política macro sana genere los incentivos suficientes para que los empresarios lideren la  transformación productiva basada en ventajas comparativas. La función del Estado debe limitarse a formular las políticas monetarias y fiscales, proteger el derecho de propiedad y su institucionalidad legal, y promover la apertura externa. Se acepta una responsabilidad última en la provisión de bienes públicos (educación e infraestructura), aún cuando se prefiere que los suministre sea el sector privado. Específicamente, el rol del gobierno debe limitarse a eliminar las fallas que afectan la asignación de recursos por el mercado, proteger la competencia y regular los mercados monopólicos.

Pero la experiencia chilena e internacional hace patentes las graves limitaciones del ideario que considera al mercado como único o principal determinante de las decisiones de inversión. Contrastan con la economía chilena, que crece a un ritmo cada vez menor, los países emergentes de Europa y de Asia, cuyos ritmos de crecimiento son muy superiores y cuyas estructuras exportadoras son sustancialmente más complejas que la nuestra, permitiéndoles insertarse en  los mercados mundiales más sofisticados. En tales países, el mercado evidentemente juega un papel sustancial, pero no es el principal ni único mecanismo que orienta la inversión.  De la estrategia de desarrollo  de países como Finlandia, Australia, Corea del Sur -por nombrar solo algunos- destaca en primer lugar, la existencia de formas de concertación social y de mecanismos de acuerdo que configuran un proyecto nacional bajo cuyo alero operan los mecanismos de mercado. Para incentivar el desarrollo de nuevas ventajas comparativas basadas en procesos productivos de mayor valor agregado y contenido tecnológico, su inteligente inserción internacional ha requerido que la intervención pública “distorsione” las señales microeconómicas. En tal contexto, entre otras políticas, el Estado no ha escatimado esfuerzos y recursos para asegurar una educación de calidad para todos, que permita ¨alimentar¨ un aparato productivo en continua innovación. Al mismo tiempo, el Estado invierte para desarrollar su capacidad operativa de conducción y coordinación. A diferencia de la orientación que ha predominado en nuestro país, el Estado promueve activamente nuevas actividades y despliega un amplio conjunto de políticas públicas a favor de la innovación tecnológica y de buenas prácticas de gestión. Estas economías exitosas son, además, sustantivamente más igualitarias que la nuestra.
 
Por el contrario, debilidades en estos ámbitos explican en parte la persistencia de la alta desigualdad que existe en  Chile. Ello, unido a la precariedad que ha mostrado el crecimiento de la economía en los últimos dos años, probablemente explica en algo el desafecto respecto de la Concertación mostrado por la ciudadanía en la última elección presidencial.
 

Mientras el Gobierno da señales simbólicas de apoyo a Frei, su política contribuye día a día a aumentar el descontento de sus bases, a fortalecer la candidatura de Enríquez – Ominami y en definitiva a viabilizar el triunfo del candidato de la derecha.
No se entiende de otro modo, el que el Gobierno esté desde hace algún tiempo embarcado en una batalla campal con los profesores, con los funcionarios públicos y por esa vía con el mundo de trabajadores organizados. Más aún, tampoco se constata que exista un “buen feeling” con los ecologistas y menos aún con el movimiento indígena. Las otras modalidades de organización de la sociedad civil, no tienen mejor suerte.
Esta situación se explica a partir de varios elementos. El primero tiene que ver con un desplazamiento del centro de poder al interior del Gobierno. La conducción política se ha trasladado, definitivamente, al Ministerio de Hacienda. Ello se ha expresado en la seguidilla de ministros del interior que abandonaron el Gobierno luego de constatar que por una u otra razón “estaban pintados en la pared”. Los partidos de la Concertación pusieron grandes esperanzas en la nominación del “panzer” demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma. No obstante, al poco andar y aún cuando el gabinete empezó a evitar el exceso de autogoles, lo cierto es que no fue capaz de reponer “la política en el puesto de mando”.
El problema que enfrentamos, es sin embargo, de mayor gravedad. No es sólo que la conducción política global se ha trasladado al Ministerio de Hacienda. A ello se suma, una creciente injerencia de este ministerio en la toma de decisiones de los ministerios sectoriales. Ya sea que se trate de la política de innovación, de salud o de educación, los distintos organismos saben que no tiene sentido  conversar con la autoridad política correspondiente, sino que lo clave es negociar con la Dirección de Presupuestos. Esta injerencia lleva a que las autoridades sectoriales tomen distancia de lo que sucede en los diferentes ámbitos bajo su responsabilidad. Es así como es un secreto a voces al interior del gobierno, que esta situación tiene mucho que ver con los problemas experimentados por el sistema de becas al exterior. Algunos tratan de conceptualizar este abandono de funciones, forzando nuestra lengua materna, como de “desresponsabilización”  por parte de las autoridades sectoriales.
En un contexto de esta naturaleza, no se observa por ejemplo que el Ministerio de Educación conceptualice el conflicto con los profesores en el contexto de la gran reforma de la educación que necesita el país. No existen señales de que se dialogue con los profesores respecto de cómo otorgarle a la educación pública el rol central que tiene en todo sistema democrático; no aparecen tampoco los temas del perfeccionamiento de la carrera docente, de su transformación en una profesión competitiva capaz de atraer a los jóvenes más talentosos; de superar los graves defectos que desde el punto de vista de la enseñanza y de la equidad, presenta la educación municipalizada. La falta de liderazgo intelectual de la ministra de educación permite que el conflicto de los profesores no sea sino un problema presupuestario.
El segundo elemento es de naturaleza ideológica. El ataque al Estado Benefactor, al desarrollo más igualitario que las sociedades occidentales empezaron a experimentar desde el “New Deal” de Roosevelt y de los regímenes socialdemócratas en la Europa que surge de la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Reagan, Thatcher y Pinochet, se tradujo en una propuesta de desregulación y privatización generalizada. No obstante, algo que se olvida, es que este ataque tuvo una tercera dimensión: el intento de desorganizar la sociedad, de terminar con las distintas formas organizativas con que los grupos más débiles intentaban tener voz. La guerra de Thatcher contra los sindicatos fue paradigmática. El correlato chileno fue el asesinato de múltiples dirigentes sindicales y sociales así como la prohibición de la actividad sindical bajo la dictadura derechista. Esta política fue rescatada por los organismos internacionales que vieron en esta individuación una vía para imponer la economía de mercado. Esta visión que ve en cualquier intento de organización un obstáculo a las “buenas políticas” tiene una gran presencia en el grupo dominante de la actual administración. En ese sentido, la falta de disposición al diálogo si bien tiene una razón presupuestaria de corto plazo, tiene otro trasfondo aún más importante: la idea de que para hacer avanzar la política educacional y de modernización del Estado que impulsa el Ministerio de Hacienda, es necesario romper la organización sindical.
El tercer elemento que explica esta política, es también ideológico. El equipo económico conductor del gobierno, está convencido de que en el largo plazo, la privatización de la educación, de la salud y de la previsión es el mejor camino. Es por eso, que niega los recursos para invertir en equipamiento en salud pública y prefiere comprar servicios, a mayores costos, al sector privado. Es por eso que se niega a invertir los recursos necesarios en hacer a la educación pública una opción para toda la población. Es por eso, que no introdujo reformas sustanciales al sistema de capitalización peso a todos los problemas que lo afectan. Se mantiene en definitiva, una política que no permite, a la educación, a la salud y a la previsión pública competir en igualdad de condiciones con la versión privada, para que como decía un connotado deportista “que gane el más mejor”.
Es por esto, que es poco probable que el actual Gobierno se siente a conversar con los sectores que fueron siempre parte fundamental de su base política. Son estas profundas diferencias las que explican la grieta que divide a la familia concertacionista. El principal exponente de esta política es Andrés Velasco. Es por eso que su eventual desembarco en la campaña de Eduardo Frei es poco probable que ayude al éxito de la candidatura.

En el debate Estado y mercado, después de la crisis financiera internacional, no basta con proponer más y mejores regulaciones.

La cada vez más probable eventualidad, de que la crisis internacional afecte más gravemente a nuestro país hace indispensable asegurar, que en caso necesario, el Estado pueda intervenir con nuevos instrumentos, como está ocurriendo en varios países desarrollados afectados más rapidamente por el fenómeno.