Eugenio Rivera

El día viernes 23 de julio recién pasado, las fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, invitaron a una delegación del Frente Amplio, dirigida por el Ministro del Interior de Uruguay Eduardo Bonomi, para dialogar con las fuerzas políticas chilenas, sobre las respectivas experiencias políticas y  gubernamentales. Junto con las variadas similitudes, llamaron la atención importantes diferencias.
Una diferencia crucial es sin duda que la experiencia gubernamental del Frente Amplio se ha caracterizado por ser un Gobierno de coalición mientras que en el caso chileno el concepto de gobierno suprapartidario parece dar mejor cuenta de sus características.
En efecto, según expresaron los personeros del Frente Amplio, la idea básica que orientaba la gestión de gobierno, era que correspondía a la coalición, mediante mecanismos democráticos, la definición del programa gubernamental. Sobre esa base, el Gobierno debe operar con “independencia relativa”. Esto significa, que mientras el Gobierno asume con independencia el manejo del día a día, corresponde a la fuerza política, las decisiones estratégicas y el diseño de las propuestas de futuro. Un ejemplo de esta división de tareas fue la toma de decisiones en torno al conflictivo tema de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Los compromisos estratégicos que, a juicio de la coalición tal decisión implicaba, hacía necesario que fuera ella y no el gobierno quien tomara la decisión.
En el caso chileno, el gobierno suprapartidario parece haber operado con un matiz diferente. En las distintas campañas electorales no existió un debate claro y menos mecanismos formales de aprobación del programa de Gobierno. En general y de manera progresiva, el programa de gobierno perdió la función de orientar la gestión gubernamental para constituirse, principalmente, en una herramienta electoral. Desde el punto de vista del procedimiento, un grupo de personeros designados por los partidos concordaba un documento, que a menudo no se pronunciaba sobre los temas cruciales del momento, que se trasladaba para la decisión final del candidato presidencial. Elegido el nuevo Presidente de la República, las decisiones programáticas quedaban radicadas en las autoridades gubernamentales. Esta modalidad de la toma de decisiones programáticas tuvo dos consecuencias principales.
La primera tiene que ver con el proceso de toma de decisiones sobre las políticas públicas. Al no existir compromisos vinculantes en el programa, las decisiones gubernamentales dependían más del ejercicio de influencias del día a día en el cual el elector común estaba excluido y aparecían más determinadas por los grupos organizados con mayor capacidad de incidencia. La revisión de las distintas políticas públicas deja en evidencia que las autoridades gubernamentales encontraron en los grupos empresariales sus principales interlocutores formales (en ENADE, en las reuniones  en el CEP, por nombrar solo algunas) e informales (las continuas visitas de los personeros representantes de los organismos empresariales e incluso de los grupos económicos a los principales ministros, es una modalidad pero no la única). En este contexto, de ejercicios unilaterales de influencia, aparece el fenómeno de la captura técnica en que la autoridad gubernamental se rinde a la fuerza de los argumentos de quienes tienen acceso privilegiado y sin contrapesos, a ellos.
La segunda consecuencia de este mecanismo de toma de decisiones sobre las políticas públicas fue la creciente irrelevancia de los partidos. Como las ideas que surgían en su seno, sólo difícilmente eran tomadas en cuenta, el debate político apareció como inconducente y con el tiempo abandonado. Del mismo modo, las dificultades enfrentadas por el Congreso para contar con una adecuada asesoría política y técnica, transformó a los partidarios del Gobierno en esa institución, con frecuencia, en dóciles seguidores del Gobierno. Cada Congresista de la coalición  recibía del Gobierno, una minuta sobre el tema en discusión. La única salida a esta situación fue, cada vez más, el comportamiento díscolo.
Una segunda diferencia entre los gobiernos de la Concertación y la más breve experiencia del Frente Amplio, radica en la relación de unos y otros con las fuerzas sociales. En el caso uruguayo, la relación con la base social puede ser conceptualizada como que “el Gobierno no puede ir ni mucho más allá ni mucho más acá que lo que las fuerzas sociales están dispuestas a avanzar”. Por otra parte, no es responsabilidad ni del Gobierno ni del Frente Amplio desarrollar, por ejemplo una política sindical ni de otra fuerza social. Lo que ambas instancias tienen, sin embargo claro, es que el movimiento social en su gran diversidad es para ellos un interlocutor central, tanto si se refiere al mundo empresarial como al sindical o al medioambiental. En este contexto, y lo decía Eduardo Bonomi, lo que define el balance de éxitos y fracasos del gobierno progresista, es si con dicho gobierno se han fortalecido las fuerzas sociales y si se ha fortalecido la relación del Gobierno con el mundo social.
En el caso chileno, la apuesta fundamental parece haber sido “todo para los ciudadanos, pero nada con ellos”. Desde la perspectiva que parece haber predominado en los diferentes gobiernos, la ciudadanía carece de visión e incluso de disposición para involucrarse en los problemas públicos. En tal sentido, la política pública es, según esta visión, una ocupación propia de los técnicos. Los pocos ciudadanos que se ocupan de las políticas públicas tienden, según esta visión, a estar enceguecidos por sus intereses de corto plazo, sus intereses particulares, con la única y extraña excepción de los grupos empresariales. En tal sentido, la obligación del Gobierno es eludir la captura de la política pública por parte de esos intereses particulares. Es el Gobierno el que puede representar el interés general de la Nación y lo debe hacer incluso en contra de la sociedad civil. Es esta visión la que está a la base del profundo divorcio entre la Concertación y la sociedad civil organizada.
No es extraño en consecuencia que el candidato de la Concertación haya obtenido sólo un 29% de los votos en la primera vuelta presidencial. El resultado de la Concertación en la segunda vuelta fue una manifestación ciudadana en contra de Piñera, no a favor de Frei y la Concertación.

Mientras el Gobierno da señales simbólicas de apoyo a Frei, su política contribuye día a día a aumentar el descontento de sus bases, a fortalecer la candidatura de Enríquez – Ominami y en definitiva a viabilizar el triunfo del candidato de la derecha.
No se entiende de otro modo, el que el Gobierno esté desde hace algún tiempo embarcado en una batalla campal con los profesores, con los funcionarios públicos y por esa vía con el mundo de trabajadores organizados. Más aún, tampoco se constata que exista un “buen feeling” con los ecologistas y menos aún con el movimiento indígena. Las otras modalidades de organización de la sociedad civil, no tienen mejor suerte.
Esta situación se explica a partir de varios elementos. El primero tiene que ver con un desplazamiento del centro de poder al interior del Gobierno. La conducción política se ha trasladado, definitivamente, al Ministerio de Hacienda. Ello se ha expresado en la seguidilla de ministros del interior que abandonaron el Gobierno luego de constatar que por una u otra razón “estaban pintados en la pared”. Los partidos de la Concertación pusieron grandes esperanzas en la nominación del “panzer” demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma. No obstante, al poco andar y aún cuando el gabinete empezó a evitar el exceso de autogoles, lo cierto es que no fue capaz de reponer “la política en el puesto de mando”.
El problema que enfrentamos, es sin embargo, de mayor gravedad. No es sólo que la conducción política global se ha trasladado al Ministerio de Hacienda. A ello se suma, una creciente injerencia de este ministerio en la toma de decisiones de los ministerios sectoriales. Ya sea que se trate de la política de innovación, de salud o de educación, los distintos organismos saben que no tiene sentido  conversar con la autoridad política correspondiente, sino que lo clave es negociar con la Dirección de Presupuestos. Esta injerencia lleva a que las autoridades sectoriales tomen distancia de lo que sucede en los diferentes ámbitos bajo su responsabilidad. Es así como es un secreto a voces al interior del gobierno, que esta situación tiene mucho que ver con los problemas experimentados por el sistema de becas al exterior. Algunos tratan de conceptualizar este abandono de funciones, forzando nuestra lengua materna, como de “desresponsabilización”  por parte de las autoridades sectoriales.
En un contexto de esta naturaleza, no se observa por ejemplo que el Ministerio de Educación conceptualice el conflicto con los profesores en el contexto de la gran reforma de la educación que necesita el país. No existen señales de que se dialogue con los profesores respecto de cómo otorgarle a la educación pública el rol central que tiene en todo sistema democrático; no aparecen tampoco los temas del perfeccionamiento de la carrera docente, de su transformación en una profesión competitiva capaz de atraer a los jóvenes más talentosos; de superar los graves defectos que desde el punto de vista de la enseñanza y de la equidad, presenta la educación municipalizada. La falta de liderazgo intelectual de la ministra de educación permite que el conflicto de los profesores no sea sino un problema presupuestario.
El segundo elemento es de naturaleza ideológica. El ataque al Estado Benefactor, al desarrollo más igualitario que las sociedades occidentales empezaron a experimentar desde el “New Deal” de Roosevelt y de los regímenes socialdemócratas en la Europa que surge de la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Reagan, Thatcher y Pinochet, se tradujo en una propuesta de desregulación y privatización generalizada. No obstante, algo que se olvida, es que este ataque tuvo una tercera dimensión: el intento de desorganizar la sociedad, de terminar con las distintas formas organizativas con que los grupos más débiles intentaban tener voz. La guerra de Thatcher contra los sindicatos fue paradigmática. El correlato chileno fue el asesinato de múltiples dirigentes sindicales y sociales así como la prohibición de la actividad sindical bajo la dictadura derechista. Esta política fue rescatada por los organismos internacionales que vieron en esta individuación una vía para imponer la economía de mercado. Esta visión que ve en cualquier intento de organización un obstáculo a las “buenas políticas” tiene una gran presencia en el grupo dominante de la actual administración. En ese sentido, la falta de disposición al diálogo si bien tiene una razón presupuestaria de corto plazo, tiene otro trasfondo aún más importante: la idea de que para hacer avanzar la política educacional y de modernización del Estado que impulsa el Ministerio de Hacienda, es necesario romper la organización sindical.
El tercer elemento que explica esta política, es también ideológico. El equipo económico conductor del gobierno, está convencido de que en el largo plazo, la privatización de la educación, de la salud y de la previsión es el mejor camino. Es por eso, que niega los recursos para invertir en equipamiento en salud pública y prefiere comprar servicios, a mayores costos, al sector privado. Es por eso que se niega a invertir los recursos necesarios en hacer a la educación pública una opción para toda la población. Es por eso, que no introdujo reformas sustanciales al sistema de capitalización peso a todos los problemas que lo afectan. Se mantiene en definitiva, una política que no permite, a la educación, a la salud y a la previsión pública competir en igualdad de condiciones con la versión privada, para que como decía un connotado deportista “que gane el más mejor”.
Es por esto, que es poco probable que el actual Gobierno se siente a conversar con los sectores que fueron siempre parte fundamental de su base política. Son estas profundas diferencias las que explican la grieta que divide a la familia concertacionista. El principal exponente de esta política es Andrés Velasco. Es por eso que su eventual desembarco en la campaña de Eduardo Frei es poco probable que ayude al éxito de la candidatura.