Eugenio Rivera

En un artículo anterior analicé algunos aspectos errados de la política económica propiciada por Velasco y la incidencia política negativa de varias de sus decisiones económicas (http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/el_round_vidal_velasco_un). En la misma entrevista del Mercurio, el domingo 13 de junio el ex ministro plantea su visión económica general, que precisamente evidencia las dificultades estratégicas de la política económica aplicada en la anterior administración y que analizaremos en esta columna.
Velasco señala “Soy un liberal progresista, de esos que pensamos que la política social debe ser ambiciosa, que los mercados a veces fallan y que las políticas públicas deben intervenir para corregir esas fallas, que la competencia se garantiza con una fiscalización antimonopolios cuero de diablo, y que a lo fiscal le corresponde un papel clave a la hora de atenuar las fluctuaciones de la economía”. Esta visión sugiere varias áreas de discusión, pero en este momento deseamos concentrarnos en dos.
En primer lugar, puede concordarse respecto de que la política social debe ser ambiciosa. Pero la política social por sí sola no puede corregir las desigualdades que genera un modelo económico inequitativo, y añejos resultan ya casi los debates de los ochenta respecto de que la política social no podía compensar los efectos sociales negativos del mal desempeño económico, y el desempleo a ello asociado, o de las políticas de ajuste ortodoxas. En este campo fueron emblemáticos los resultados sociales del régimen militar.
También resulta valorable una política económica anti cíclica, pues genera los recursos para proteger a los sectores vulnerables en tiempos de crisis, tal como fueron los objetivos iniciales de la política chilena de superávit estructural.
Pero en el largo plazo la política social, por ambiciosa que sea, no puede revertir la concentración económica excesiva y la grave desigualdad en la distribución del ingreso. A tal fin es crucial una política tributaria que le dé espacio al impuesto a la renta de las empresas (impuesto que no existe en Chile, pues las empresas sólo adelantan el impuesto que pagan las personas) y que obligue a quienes más ganan a hacer un mayor aporte fiscal, propiciando así una redistribución del ingreso y un caudal de recursos que permita encarar las inversiones que se requieren para estimular el desarrollo productivo y avanzar en el desarrollo social. Y, por su parte, el mayor equilibrio entre los distintos agentes económicos hace posible una mejor distribución primaria del ingreso, tal como Paul Krugman, Premio Nobel de economía, lo ha analizado para Estados Unidos en su libro “The Conscience of a Liberal”.

Por otro lado, qué duda cabe respecto de que los mercados presentan fallas y de que se necesitan políticas públicas para corregirlas. A estas alturas de la crisis global, que también ha desplomado y destronado al pensamiento económico ortodoxo, esta afirmación es extremadamente compartida. ¿Quién podría sostener hoy que el mercado opera sin fallas, luego de la crisis financiera global? Esta también había sido una conclusión irrefutable de la crisis financiera chilena de 1982, cuando la idea utópica del mercado con capacidades auto correctivas también colapsó. Pero la crisis financiera global no sólo evidenció que los “mercados fallan”; esta mirada ciertamente resulta demasiado generosa para comprender lo que acontece actualmente en la economía mundial, sumida en crisis desde hace más de dos años.

Desde la perspectiva de Velasco, las intervenciones públicas tienen como objeto central fortalecer la acción autónoma de las fuerzas del mercado. Crucial es que el libre juego del mercado resuelva los problemas económicos y que la política macro sana genere los incentivos suficientes para que los empresarios lideren la  transformación productiva basada en ventajas comparativas. La función del Estado debe limitarse a formular las políticas monetarias y fiscales, proteger el derecho de propiedad y su institucionalidad legal, y promover la apertura externa. Se acepta una responsabilidad última en la provisión de bienes públicos (educación e infraestructura), aún cuando se prefiere que los suministre sea el sector privado. Específicamente, el rol del gobierno debe limitarse a eliminar las fallas que afectan la asignación de recursos por el mercado, proteger la competencia y regular los mercados monopólicos.

Pero la experiencia chilena e internacional hace patentes las graves limitaciones del ideario que considera al mercado como único o principal determinante de las decisiones de inversión. Contrastan con la economía chilena, que crece a un ritmo cada vez menor, los países emergentes de Europa y de Asia, cuyos ritmos de crecimiento son muy superiores y cuyas estructuras exportadoras son sustancialmente más complejas que la nuestra, permitiéndoles insertarse en  los mercados mundiales más sofisticados. En tales países, el mercado evidentemente juega un papel sustancial, pero no es el principal ni único mecanismo que orienta la inversión.  De la estrategia de desarrollo  de países como Finlandia, Australia, Corea del Sur -por nombrar solo algunos- destaca en primer lugar, la existencia de formas de concertación social y de mecanismos de acuerdo que configuran un proyecto nacional bajo cuyo alero operan los mecanismos de mercado. Para incentivar el desarrollo de nuevas ventajas comparativas basadas en procesos productivos de mayor valor agregado y contenido tecnológico, su inteligente inserción internacional ha requerido que la intervención pública “distorsione” las señales microeconómicas. En tal contexto, entre otras políticas, el Estado no ha escatimado esfuerzos y recursos para asegurar una educación de calidad para todos, que permita ¨alimentar¨ un aparato productivo en continua innovación. Al mismo tiempo, el Estado invierte para desarrollar su capacidad operativa de conducción y coordinación. A diferencia de la orientación que ha predominado en nuestro país, el Estado promueve activamente nuevas actividades y despliega un amplio conjunto de políticas públicas a favor de la innovación tecnológica y de buenas prácticas de gestión. Estas economías exitosas son, además, sustantivamente más igualitarias que la nuestra.
 
Por el contrario, debilidades en estos ámbitos explican en parte la persistencia de la alta desigualdad que existe en  Chile. Ello, unido a la precariedad que ha mostrado el crecimiento de la economía en los últimos dos años, probablemente explica en algo el desafecto respecto de la Concertación mostrado por la ciudadanía en la última elección presidencial.