Eugenio Rivera

El día viernes 23 de julio recién pasado, las fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, invitaron a una delegación del Frente Amplio, dirigida por el Ministro del Interior de Uruguay Eduardo Bonomi, para dialogar con las fuerzas políticas chilenas, sobre las respectivas experiencias políticas y  gubernamentales. Junto con las variadas similitudes, llamaron la atención importantes diferencias.
Una diferencia crucial es sin duda que la experiencia gubernamental del Frente Amplio se ha caracterizado por ser un Gobierno de coalición mientras que en el caso chileno el concepto de gobierno suprapartidario parece dar mejor cuenta de sus características.
En efecto, según expresaron los personeros del Frente Amplio, la idea básica que orientaba la gestión de gobierno, era que correspondía a la coalición, mediante mecanismos democráticos, la definición del programa gubernamental. Sobre esa base, el Gobierno debe operar con “independencia relativa”. Esto significa, que mientras el Gobierno asume con independencia el manejo del día a día, corresponde a la fuerza política, las decisiones estratégicas y el diseño de las propuestas de futuro. Un ejemplo de esta división de tareas fue la toma de decisiones en torno al conflictivo tema de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Los compromisos estratégicos que, a juicio de la coalición tal decisión implicaba, hacía necesario que fuera ella y no el gobierno quien tomara la decisión.
En el caso chileno, el gobierno suprapartidario parece haber operado con un matiz diferente. En las distintas campañas electorales no existió un debate claro y menos mecanismos formales de aprobación del programa de Gobierno. En general y de manera progresiva, el programa de gobierno perdió la función de orientar la gestión gubernamental para constituirse, principalmente, en una herramienta electoral. Desde el punto de vista del procedimiento, un grupo de personeros designados por los partidos concordaba un documento, que a menudo no se pronunciaba sobre los temas cruciales del momento, que se trasladaba para la decisión final del candidato presidencial. Elegido el nuevo Presidente de la República, las decisiones programáticas quedaban radicadas en las autoridades gubernamentales. Esta modalidad de la toma de decisiones programáticas tuvo dos consecuencias principales.
La primera tiene que ver con el proceso de toma de decisiones sobre las políticas públicas. Al no existir compromisos vinculantes en el programa, las decisiones gubernamentales dependían más del ejercicio de influencias del día a día en el cual el elector común estaba excluido y aparecían más determinadas por los grupos organizados con mayor capacidad de incidencia. La revisión de las distintas políticas públicas deja en evidencia que las autoridades gubernamentales encontraron en los grupos empresariales sus principales interlocutores formales (en ENADE, en las reuniones  en el CEP, por nombrar solo algunas) e informales (las continuas visitas de los personeros representantes de los organismos empresariales e incluso de los grupos económicos a los principales ministros, es una modalidad pero no la única). En este contexto, de ejercicios unilaterales de influencia, aparece el fenómeno de la captura técnica en que la autoridad gubernamental se rinde a la fuerza de los argumentos de quienes tienen acceso privilegiado y sin contrapesos, a ellos.
La segunda consecuencia de este mecanismo de toma de decisiones sobre las políticas públicas fue la creciente irrelevancia de los partidos. Como las ideas que surgían en su seno, sólo difícilmente eran tomadas en cuenta, el debate político apareció como inconducente y con el tiempo abandonado. Del mismo modo, las dificultades enfrentadas por el Congreso para contar con una adecuada asesoría política y técnica, transformó a los partidarios del Gobierno en esa institución, con frecuencia, en dóciles seguidores del Gobierno. Cada Congresista de la coalición  recibía del Gobierno, una minuta sobre el tema en discusión. La única salida a esta situación fue, cada vez más, el comportamiento díscolo.
Una segunda diferencia entre los gobiernos de la Concertación y la más breve experiencia del Frente Amplio, radica en la relación de unos y otros con las fuerzas sociales. En el caso uruguayo, la relación con la base social puede ser conceptualizada como que “el Gobierno no puede ir ni mucho más allá ni mucho más acá que lo que las fuerzas sociales están dispuestas a avanzar”. Por otra parte, no es responsabilidad ni del Gobierno ni del Frente Amplio desarrollar, por ejemplo una política sindical ni de otra fuerza social. Lo que ambas instancias tienen, sin embargo claro, es que el movimiento social en su gran diversidad es para ellos un interlocutor central, tanto si se refiere al mundo empresarial como al sindical o al medioambiental. En este contexto, y lo decía Eduardo Bonomi, lo que define el balance de éxitos y fracasos del gobierno progresista, es si con dicho gobierno se han fortalecido las fuerzas sociales y si se ha fortalecido la relación del Gobierno con el mundo social.
En el caso chileno, la apuesta fundamental parece haber sido “todo para los ciudadanos, pero nada con ellos”. Desde la perspectiva que parece haber predominado en los diferentes gobiernos, la ciudadanía carece de visión e incluso de disposición para involucrarse en los problemas públicos. En tal sentido, la política pública es, según esta visión, una ocupación propia de los técnicos. Los pocos ciudadanos que se ocupan de las políticas públicas tienden, según esta visión, a estar enceguecidos por sus intereses de corto plazo, sus intereses particulares, con la única y extraña excepción de los grupos empresariales. En tal sentido, la obligación del Gobierno es eludir la captura de la política pública por parte de esos intereses particulares. Es el Gobierno el que puede representar el interés general de la Nación y lo debe hacer incluso en contra de la sociedad civil. Es esta visión la que está a la base del profundo divorcio entre la Concertación y la sociedad civil organizada.
No es extraño en consecuencia que el candidato de la Concertación haya obtenido sólo un 29% de los votos en la primera vuelta presidencial. El resultado de la Concertación en la segunda vuelta fue una manifestación ciudadana en contra de Piñera, no a favor de Frei y la Concertación.

La crisis financiera internacional ha puesto en cuestión los derroteros seguidos por la modernización financiera en el mundo. En Chile, sin embargo, no hay señales de que los problemas experimentados por los fondos de pensiones haya generado un proceso serio de revisión de las políticas de inversión en el mercado de capitales.