Eugenio Rivera

Mientras el Gobierno da señales simbólicas de apoyo a Frei, su política contribuye día a día a aumentar el descontento de sus bases, a fortalecer la candidatura de Enríquez – Ominami y en definitiva a viabilizar el triunfo del candidato de la derecha.
No se entiende de otro modo, el que el Gobierno esté desde hace algún tiempo embarcado en una batalla campal con los profesores, con los funcionarios públicos y por esa vía con el mundo de trabajadores organizados. Más aún, tampoco se constata que exista un “buen feeling” con los ecologistas y menos aún con el movimiento indígena. Las otras modalidades de organización de la sociedad civil, no tienen mejor suerte.
Esta situación se explica a partir de varios elementos. El primero tiene que ver con un desplazamiento del centro de poder al interior del Gobierno. La conducción política se ha trasladado, definitivamente, al Ministerio de Hacienda. Ello se ha expresado en la seguidilla de ministros del interior que abandonaron el Gobierno luego de constatar que por una u otra razón “estaban pintados en la pared”. Los partidos de la Concertación pusieron grandes esperanzas en la nominación del “panzer” demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma. No obstante, al poco andar y aún cuando el gabinete empezó a evitar el exceso de autogoles, lo cierto es que no fue capaz de reponer “la política en el puesto de mando”.
El problema que enfrentamos, es sin embargo, de mayor gravedad. No es sólo que la conducción política global se ha trasladado al Ministerio de Hacienda. A ello se suma, una creciente injerencia de este ministerio en la toma de decisiones de los ministerios sectoriales. Ya sea que se trate de la política de innovación, de salud o de educación, los distintos organismos saben que no tiene sentido  conversar con la autoridad política correspondiente, sino que lo clave es negociar con la Dirección de Presupuestos. Esta injerencia lleva a que las autoridades sectoriales tomen distancia de lo que sucede en los diferentes ámbitos bajo su responsabilidad. Es así como es un secreto a voces al interior del gobierno, que esta situación tiene mucho que ver con los problemas experimentados por el sistema de becas al exterior. Algunos tratan de conceptualizar este abandono de funciones, forzando nuestra lengua materna, como de “desresponsabilización”  por parte de las autoridades sectoriales.
En un contexto de esta naturaleza, no se observa por ejemplo que el Ministerio de Educación conceptualice el conflicto con los profesores en el contexto de la gran reforma de la educación que necesita el país. No existen señales de que se dialogue con los profesores respecto de cómo otorgarle a la educación pública el rol central que tiene en todo sistema democrático; no aparecen tampoco los temas del perfeccionamiento de la carrera docente, de su transformación en una profesión competitiva capaz de atraer a los jóvenes más talentosos; de superar los graves defectos que desde el punto de vista de la enseñanza y de la equidad, presenta la educación municipalizada. La falta de liderazgo intelectual de la ministra de educación permite que el conflicto de los profesores no sea sino un problema presupuestario.
El segundo elemento es de naturaleza ideológica. El ataque al Estado Benefactor, al desarrollo más igualitario que las sociedades occidentales empezaron a experimentar desde el “New Deal” de Roosevelt y de los regímenes socialdemócratas en la Europa que surge de la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Reagan, Thatcher y Pinochet, se tradujo en una propuesta de desregulación y privatización generalizada. No obstante, algo que se olvida, es que este ataque tuvo una tercera dimensión: el intento de desorganizar la sociedad, de terminar con las distintas formas organizativas con que los grupos más débiles intentaban tener voz. La guerra de Thatcher contra los sindicatos fue paradigmática. El correlato chileno fue el asesinato de múltiples dirigentes sindicales y sociales así como la prohibición de la actividad sindical bajo la dictadura derechista. Esta política fue rescatada por los organismos internacionales que vieron en esta individuación una vía para imponer la economía de mercado. Esta visión que ve en cualquier intento de organización un obstáculo a las “buenas políticas” tiene una gran presencia en el grupo dominante de la actual administración. En ese sentido, la falta de disposición al diálogo si bien tiene una razón presupuestaria de corto plazo, tiene otro trasfondo aún más importante: la idea de que para hacer avanzar la política educacional y de modernización del Estado que impulsa el Ministerio de Hacienda, es necesario romper la organización sindical.
El tercer elemento que explica esta política, es también ideológico. El equipo económico conductor del gobierno, está convencido de que en el largo plazo, la privatización de la educación, de la salud y de la previsión es el mejor camino. Es por eso, que niega los recursos para invertir en equipamiento en salud pública y prefiere comprar servicios, a mayores costos, al sector privado. Es por eso que se niega a invertir los recursos necesarios en hacer a la educación pública una opción para toda la población. Es por eso, que no introdujo reformas sustanciales al sistema de capitalización peso a todos los problemas que lo afectan. Se mantiene en definitiva, una política que no permite, a la educación, a la salud y a la previsión pública competir en igualdad de condiciones con la versión privada, para que como decía un connotado deportista “que gane el más mejor”.
Es por esto, que es poco probable que el actual Gobierno se siente a conversar con los sectores que fueron siempre parte fundamental de su base política. Son estas profundas diferencias las que explican la grieta que divide a la familia concertacionista. El principal exponente de esta política es Andrés Velasco. Es por eso que su eventual desembarco en la campaña de Eduardo Frei es poco probable que ayude al éxito de la candidatura.