En una entrevista en el Mercurio y en un
artículo en este medio, el candidato de la derecha  busca transmitir sus ideas para “paliar la
crisis” y para avanzar “Hacia el Estado que merecemos”. En relación con lo
primero, se trata, en su mayoría, de ideas que el gobierno viene implementando
(su buena gestión ha sido reconocida ampliamente por los ciudadanos según ha
quedado claro en las últimas encuestas, en que el gobierno recibe un gran apoyo
por su gestión frente a la crisis); respecto de lo segundo, su texto me genera
los siguientes comentarios.

Piñera parte señalando que “el problema
(del Estado) es su calidad, no su tamaño…debemos reemplazar la vieja discusión
de más o menos Estado por el nuevo desafío de cómo construir uno moderno al
servicio de las personas”. Este es un claro reconocimiento de que la política
de minimización del Estado (del cual la derecha ha sido un gran paladín) ha
fracasado. Este es un punto a favor de la Concertación que ha logrado a lo
largo de sus gobiernos revertir está visión equivocada de la oposición. La
defensa de un rol activo del Estado, explica probablemente, que estemos
enfrentando mejor la crisis económica internacional, que otros países (y, sin
duda, mucho mejor que como la enfrentó el gobierno de la derecha en 1982).

El candidato busca ilustrar la urgencia
de la modernización con las “metidas de pies y manos del Transantiago, del tren
al sur y Enap”. Algunos comentarios al respecto. Preocupa que un aspirante al
sillón presidencial trate, temas de esta complejidad, con tanta soltura de
ánimo. Tiene razón, sin embargo, en que estos problemas tienen que ver con
falta de modernización pero, remiten también a temas distintos que impiden
meterlos en un mismo saco. Transantiago tiene que ver con los problemas de
coordinación que presenta la actual arquitectura del ejecutivo y el enfoque
tecnocrático que caracterizó su diseño y su implementación (por ejemplo, falta
de consultas a la ciudadanía y a las autoridades públicas más cercanas a ella).
Los problemas de EFE son inseparables de las decisiones de privilegiar el
transporte carretero por sobre el ferrocarril. Los problemas de ENAP tienen que
ver (aunque no exclusivamente) con la gran volatilidad de los precios de los
combustibles producto de los problemas internacionales (guerras y crisis económica).
Más preocupante que esto es, sin embargo, que cuando Piñera  cuantifica los costos de estos problemas,
olvida cuantificar los costos de la ausencia del Estado en otras áreas
relevantes. Dos observaciones al respecto. Las decisiones de inversión en el
sector eléctrico corresponden a las empresas privadas. Mientras durante 4 años
los problemas de Argentina en el período 2000 – 2004,  anunciaban una crisis en el abastecimiento de
gas, dichas empresas no tomaron ninguna medida al respecto. “Cuando se corta la
llave” la única solución disponible
era la utilización de diesel, combustible considerablemente más caro. El
problema lo empezó a resolver el Estado cuando dispuso la construcción de las
plantas de GNL. Respecto de los costos, vea Usted amable lector, su cuenta de
electricidad… Una segunda área en que se ha promovido la gestión privada en
desmedro de un rol más activo del Estado, es el sistema de pensiones. Las
pérdidas provocadas por el sistema de capitalización individual a las cuentas
de los ahorrantes de los fondos de pensiones varían día a día; en todo caso
están fluctuando en torno a los US$ 30.000 millones de dólares. Si tiene dudas
mire su cartola previsional. Por suerte, la mitad de los chilenos está
protegido por el Pilar Solidario (administrado y financiado por el Estado).

Luego de estas observaciones generales,
Piñera entra en el área chica de las propuestas. Propone en primer lugar “priorizar las funciones que más interesan y
afectan la calidad de vida de las personas y en las que el Estado tiene un rol
insustituible”. Nadie podría negar que esto es lo que ha venido haciendo la
Concertación en toda su gestión: desde la reforma tributaria de 1991 destinada
a abordar los problemas más acuciantes de la pobreza heredada del régimen
militar, pasando por el apoyo a las escuelas más pobres, la revolución generada
en el ámbito de la salud pública por el plan auge estructurado sobre la base de
un enfoque de derechos, la solución de los problemas de la desigualdad desde la
cuna, con el plan “Chile crece contigo” hasta el mencionado pilar solidario del
sistema previsional. El gran desafío pendiente es la Educación Pública. Lo que
no queda claro es que es lo que haría diferente el candidato Piñera. Es bueno
que se aclare esto, pues las políticas indicadas, que impulsó la Concertación,
las hizo revirtiendo la política de la derecha bajo el régimen militar, cuyo
slogan básico fue siempre “soluciones
privadas para los problemas públicos” que tuvieron como resultado, los
mayores niveles de pobreza de la historia del país, una salud pública en los
suelos y la mitad de la población excluida de la posibilidad de una vejez
digna.

En segundo lugar propone convocar a los
mejores al Estado para terminar con el cuoteo, la incompetencia y la
corrupción. Atraer a los mejores al Estado no es fácil cuando se ha hecho todo
lo posible por desprestigiar la actividad pública. Tampoco lo es cuando los
salarios son, en muchos casos, (en particular entre los profesionales)  inferiores a los que se obtienen en la
actividad privada. Respecto al “cuoteo” es muy importante superar visiones
simplistas. No es fácil, y es probablemente el principal problema, lograr un
equilibrio entre la calidad profesional y la necesaria coherencia entre quienes
dirigen la gestión gubernamental. La generación de confianzas entre los altos
cargos es clave para un buen gobierno. Ello es muy claro en el sector privado.
Sino cómo se explica que los hijos de los dueños ocupan las posiciones
importantes dentro de los grupos económicos y empresas en general y como,
cuando sale el principal ejecutivo de una empresa sale también su equipo
directivo. La corrupción es un flagelo que es fundamental liquidar. Habría sido
necesario que el candidato hubiese dicho algo respecto de una alcaldesa en
funciones que cree haber resuelto su falta al devolver los recursos utilizados
y que son cuestionados por la Contraloría. De lo contrario, los amigos de lo
ajeno podrán, en caso de ser sorprendidos, liberarse de toda culpa devolviendo
el botín.

En este contexto, el candidato, propone “ampliar
y fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública”. En general, en el consorcio
de modernización del Estado, todos coinciden en esta materia. El ministro Perez
Yoma ha señalado, también, su disposición a avanzar en este campo. Sin embargo,
es indispensable evaluar cómo ha marchado la implementación de este sistema.
Tres temas preocupan, el primero, el problema de las bajas remuneraciones que
lleva a que muchos desistan de participar en los concurso, el segundo referido
a que el sistema no parece distinguir con claridad las particularidades de la
gestión pública respecto de la gestión privada y tercero, los nuevos mecanismos
están planteando problemas a la coordinación entre los distintos organismos
públicos, que es necesario resolver.

Luego vienen una serie de propuestas, en
las que se viene trabajando hace mucho, “modernizar y potenciar la Contraloría”
(el candidato no entra a opinar en el “cómo” que es el gran problema fondo y
que requiere replantear la relación entre el control ex ante y el ex post, de
manera que el perfeccionamiento del control vaya paralelo a una mayor agilidad
de los trámites); la incorporación de las TICs (en lo que se ha avanzado mucho
y en que tenemos entidades de clase mundial como es Impuestos Internos); la
creación de la Agencia de Evaluación de políticas públicas (en que el problema
es definir si se debe tratar de un mecanismo que potencie la coordinación
interna del gobierno o si debe ser un sistema de evaluación ex post
aproximándose a la “Government Accountability Office” que depende del Congreso de los Estados
Unidos) y la inclusión de las empresas públicas en el SEP. No hay, en
consecuencia,  mucha novedad para un
artículo con título tan ambicioso. Lo mismo ocurre con las ideas de capacitar a
los funcionarios públicos y de crear gobiernos metropolitanos.

Finaliza el
candidato, llamando a “descentralizar la administración del Estado,
transfiriendo funciones y recursos desde el gobierno central, hacia los
gobiernos regionales y comunales”. Una generalidad de este tipo resulta
lamentable. La discusión actual es más precisa. Descentralizar implica hoy
optar por la elección de los jefes de los gobiernos regionales y por una
estructuración administrativa del país que ayude a desarrollar regiones con identidades
propias, cuestión clave para transformarlas en actores del desarrollo nacional.
En relación con las comunas, es probable que de lo que se trata hoy es revertir
algunas decisiones. La educación pública no puede estar en manos de municipios
que carecen de los recursos necesarios. Para Las Condes está bien mantener lo
que se tiene. Pero para las comunas pequeñas y pobres, estarían seguro mejor
servidas, con una agencia regional de la educación.