Eugenio Rivera

El debate programático que debe desarrollar la
Concertación, conjuntamente con la selección a través de primarias de
su candidato presidencial y de sus candidatos a parlamentarios, hace
necesario una revisión de lo realizado, una visión crítica de sus
limitaciones y una propuesta de futuro que permita superar los desafíos
presentes y abrir una nueva etapa de desarrollo económico, de
protección del medioambiente y de reducción de las desigualdades que
afectan al país.

En este contexto, en el incipiente debate en la
Concertación se insiste en que la sociedad de garantías necesita una
economía que crezca, que los derechos garantizados deben tener un
financiamiento sólido, lo que releva la importancia de la
responsabilidad fiscal, por lo que deben asociarse necesariamente con
una estrategia económica de crecimiento. Se argumenta también, que el
crecimiento económico necesita mejorar los niveles de inversión, y se
releva la importancia de las modificaciones al mercado de capitales, el
respeto irrestricto de la autonomía del Banco Central, la perseverancia
con que se ha impulsado la apertura internacional dando origen a
numerosos acuerdos comerciales. En el debate se percibe algunos
indicios de autocrítica, al reconocerse la asimetría en la distribución
de los resultados y el rezago del país en la economía del conocimiento.
Al contrario de la derecha que no da suficiente importancia a este
punto y consideran que sólo los países ricos pueden permitirse invertir
mucho en investigación y desarrollo, son muchos los que, en la
Concertación, proponen asumir un compromiso estratégico con la
innovación y la investigación y desarrollo (I&D). Se insiste
también en que mientras no existan emprendimientos comunes entre el
ámbito público de las universidades y el ámbito privado, será difícil
evolucionar de modo conveniente. Por otra parte, para avanzar en la
capacidad de innovar es necesario dar un salto en la calidad del
sistema educativo desde el nivel preescolar hasta el post – grado y
generar una vinculación fluida entre el capital humano, la producción
de ideas, la voluntad de emprendimiento y los recursos financieros
requeridos. En la Concertación se tiende a coincidir en que esto
requiere un Estado fuerte, con una mirada de largo plazo, donde en
cooperación con el sector privado, se pueda sustentar una mayor
inversión en I&D y se avance hacia una economía que cada vez
exporte más conocimiento. La revolución biotecnológica hace posible 
pensar una estrategia de diversificación productiva a partir de los
recursos naturales. Cada día es más evidente que lo definitorio no es
“qué” se hace sino “cómo” se hace,  revalorizar las ventajas
competitivas naturales y aplicar el conocimiento para producir más
eficientemente, materializar los encadenamientos y promover y
viabilizar una cultura del emprendimiento. En general se tiende también
a valorar, en este contexto, los avances del Consejo de Innovación para
priorizar 11 sectores en el contexto de una apuesta selectiva. Este
definición básica se complementa por el esfuerzo por mantener y
desarrollar nuevos ámbitos internos donde incrementar la inversión
privada que el país necesita para complementar su infraestructura, para
avanzar en servicios de utilidad pública, en el sector hospitalario y
otros que permitan tener un país donde la modernización extienda sus
beneficios a todos y en el que los recursos públicos sean utilizados
donde más se necesita y donde la lógica de mercado se complemente con
la lógica ciudadana.

Sin duda que estos planteamientos son
ampliamente compartidos. No obstante, se tiene la sensación de que
estas propuestas no varían, sustantivamente, de lo que la Concertación
ha venido haciendo durante los últimos años en este campo y los
resultados no son del todo auspiciosos como lo muestran tasas de
crecimiento sustancialmente inferiores a las del período 90 – 97. No
hay, tampoco una reflexión crítica sobre la fuerte concentración
económica que el país ha experimentado en los últimos años y que
dificulta una incorporación efectiva de las PYMES, que genera cerca del
80% de los puestos de trabajo, al desarrollo de capacidades
competitivas sistémicas. No hay una reflexión respecto de los déficits
que ha presentado el Estado en los últimos tiempos. En el ámbito
eléctrico, pese a que desde el año 2000 en la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE) existía conciencia de que la
producción de gas argentino entraría en una grave crisis, no se tomaron
medidas para resolver esa amenaza sino hasta el año 2004, cuando se
desata la crisis. Del mismo modo, es difícil no expresar preocupación
por la demora con que el Banco Central se decidió a intervenir en el
mercado cambiario abril de 2008, cuando desde tiempo antes el tipo
cambio estaba golpeando el esfuerzo exportador, en particular algunas
de las no tradicionales y, buena parte de la actividad industrial
interna. Algo similar se puede señalar respecto a la Superintendencia
de Pensiones que durante los últimos 12 meses ha mirado hasta con
indiferencia la caída de los fondos de pensiones y el traspaso de mucha
gente a los fondos más riesgosos cuando la crisis financiera ya había
mostrado sus primeros síntomas. Incluso, cabría plantear la hipótesis
de si la reforma del mercado de capitales hubiese avanzado con más
prudencia, si se hubiese sido menos confiado respecto de las
capacidades autoreguladoras del mercado no se habrían evitado algunas
de las pérdidas que afectan a los fondos de pensiones. Todo esto
requiere una nueva  reflexión respecto de lo que deben ser las
funciones del Estado y la institucionalidad requerida para ello. La
crisis financiera internacional la hace aún más necesaria.

Todos
compartimos la importancia de la cooperación pública – privada; ella ha
sido esencial en la modernización que ha experimentado el país. No
obstante, es imperativo,  revisar las formas específicas que ha
adquirido dicha cooperación. En el ámbito de las concesiones de obras
públicas, no es posible seguir con un sistema de resolución de
controversias que deriva en una transferencia de ingentes recursos al
sector privado. El caso de las cárceles es el ejemplo paradigmático
pero no el único. El caso del Transantiago hace indispensable una
reflexión al respecto. En el sector eléctrico, el sistema tarifario no
contempla sanciones por la falta de preocupación de las empresas por
asegurar la disponibilidad del gas. Más en general, es crucial dar
cuenta de las causas por las cuales las industrias reguladas tienen
permanentemente rentabilidades muy superiores a los segmentos
competitivos.

No parece tampoco posible repensar la estrategia
económica de la Concertación sin repensar el grave desequilibrio que
afecta las relaciones laborales. Cuesta imaginar, que podamos dar un
salto en la generación de capacidades competitivas y de innovación con
un sistema que restringe la organización sindical y la negociación
colectiva y que genera incentivos para que nuestra competitividad se
base más en bajos salarios que en la incorporación de conocimiento.
Esta perspectiva hace caso omiso de las experiencias acumuladas en los
países emergentes más exitosos que no sólo favorecen la organización
sindical sino que además, la incorporan, a los distintos mecanismos de
concertación social sobre la cual se estructura la planificación y los
acuerdos en torno a la estrategia de desarrollo. Finalmente, pero no
menos importante, el salto al desarrollo requiere un nuevo protagonismo
de las regiones. Esto exige la estructuración de regiones con
arraigadas identidades culturales transformadas cada una en polos de
desarrollo nacional. Para que esto sea posible, el nuevo pacto fiscal
debe modificar la neutralidad tributaria que constituye un claro
incentivo para que la actividad económica se instale en Santiago.