Eugenio Rivera

El objeto
del presente trabajo es intentar un balance de estos casi 19 años de gobierno
de la Concertación para profundizar en el carácter de sus éxitos y los alcances
y fundamentos de sus limitaciones y sobre esa base proponer algunas ideas
matrices de lo que debería ser una propuesta que dé cuenta de las
insuficiencias de la Concertación, de los desafíos que enfrenta el país para
entrar en una nuevo ciclo político, similar en su significación al que se
inició en 1990 pero con los objetivos de avanzar decididamente hacia una mayor
igualdad con base en un cambio sustancial del modelo de desarrollo. Con este
objetivo, en la primera entrega se introdujo el tema. En el presente artículo
se analiza como el pacto que hizo posible la transición se está transformando
en un problema que dificulta proyectar los éxitos de la coalición hacia el
futuro. En la próxima entrega profundizo en el balance de la gestión de la
coalición identificando los nudos que es necesario abordar para avanzar en los
objetivos indicados. Finalmente, en la cuarta, presento los fundamentos de la
propuesta y sus ideas matrices.

En mi artículo anterior se sostenía que del
pacto para la transición que dio paso a los gobiernos de la Concertación surgió
una modalidad específica de toma de decisiones de política pública que habiendo
resultado efectiva durante un largo período ha entrado en una profunda crisis.
Dicho pacto definió un conjunto de restricciones a las cuales se tenía que
sujetar la formulación de políticas de los gobiernos concertacionistas.

El pacto político, definido por los resultados del
pacto constitucional y la estructuración de las fuerzas políticas en el
Congreso  (sujeto a diversas modalidades de amarre) definió un modelo de toma de decisiones políticas que le va a imprimir
un sello particular a las políticas públicas del período. Este tema ha sido
abordado desde diversas perspectivas. Angell (2007) aunque destaca el mérito
que tuvo el sistema chileno de partidos en la supervisión de un período de
crecimiento exitoso sin precedentes; considera urgente la reforma electoral
pues si bien tuvo algunos beneficios iniciales, ya que contribuyó a asegurar la
participación activa de la derecha en el proceso democrático y obligó a la
coalición del No a transformarse en una coalición gobernante efectiva, en la
actualidad sus defectos pesan más que sus beneficios.

La crítica a los amarres autoritarios tiene larga data en el debate político en Chile. Manuel
Antonio Garretón, en su libro “Del postpinochetismo a la sociedad democrática.
Globalización y política en el Bicentenario” (2007) sostiene que si bien la
sociedad chilena, en el marco de los procesos de globalización, ha vivido desde
principios de los 90, profundas transformaciones, entre las que se cuentan la
democratización política, el crecimiento económico y una modernización
cultural.. permanece entrampada en la herencia institucional de la Dictadura.
Se trata, sostiene el autor, de una sociedad postpinochetista y no de una
sociedad democrática. Esta perspectiva radical empieza a ser compartida por
otros analistas que miran con preocupación la evolución política chilena.

En efecto, como sostiene Angell, el sistema
electoral chileno exagera aquellos aspectos del sistema de partidos que
desalientan la participación y promueven el elitismo. Los partidos se han
transformado en entes más centralizados y controladores tomándose las
decisiones en Santiago, inclusive aquellas referidas a la designación de los
candidatos de cada distrito. El nivel prevaleciente de influencia y control
centralizado del partido y el hecho que sólo las dos grandes coaliciones pueden
elegir parlamentarios ha contribuido a crear gobiernos estables pero a costa de
un cierto desafecto por parte de la ciudadanía, y que hacen necesario un
control férreo de los partidos, lo que incuba un malestar que algunos
consideran puede llevar a la irrupción de caudillos de tipo carismático que
pongan en cuestión el sistema. Aunque se ha creado un mecanismo público de
financiamiento de los partidos políticos, “gran parte del apoyo financiero de
los partidos continúa originándose en los sectores empresariales pudientes”.
Aunque es difícil, señala el autor, determinar la influencia de esta situación
en los outcomes políticos;  constituye una
situación poco sana que en una democracia los principales instrumentos de
representación popular dependan en forma excesiva de un sector específico y
limitado de la sociedad para su financiamiento. Otro elemento preocupante para
el autor, es que si bien en materia de corrupción, Chile ocupa un lugar
aceptable en el concierto internacional, la cultura de la responsabilidad no
está suficientemente desarrollada, más aún, Chile no exhibe ni tradición ni
cultura de acceso a la información, predomina el secretismo entre la
autoridades y la transparencia no es un valor que ellas tengan incorporada. En
el mismo sentido, el débil proceso de descentralización, producto de
negociaciones entre la Concertación, interesada al principio de los noventa en
mantener un control político y económico central fuerte, y la derecha
partidaria históricamente de un fuerte centralismo y, de la inexistencia de
sentimientos regionales desarrollados como los que existen en otros países de
la región, no ha ayudado a promover mucho entusiasmo por los gobiernos locales
o la participación. De esa forma, concluye Angells, “el sistema existente puede
que sea bueno para la gobernabilidad, pero no tan bueno para la democracia”
(Angells, 2007, p155) Más aún, se podría concluir, que en el largo plazo no lo es
tampoco para la gobernabilidad.

Peter Siavelis, en su trabajo “Está muerta la
Concertación…¡Viva la Concertación! (2008), señala algunos problemas que
generan preocupación. Según algunas encuestas, y en contraste con otros países
como Uruguay y Costa Rica, en que el 66% y 47% de los consultados se
manifiestan como satisfecho o muy satisfecho con la democracia, en Chile sólo
el 36% comparte esa perspectiva. Más aún, sólo el 15% de los chilenos considera
que la democracia funciona bien o muy bien. El apoyo a la democracia como
régimen, cayó en Chile en un 10% entre 
2006 y 2007, (de 56% a 46%) mientras en Costa Rica y Uruguay estas
cifras son 83% y 75% respectivamente. Finalmente, mientras que el 95% de los
mayores de 65 años están inscritos en los registros electorales, esa proporción
alcanza solo 22% de los jóvenes entre 18 y 24 años. Basado en el concepto de
“enclaves autoritarios” en los términos desarrollados por Manuel Antonio
Garretón, Siavelis propone el concepto de “enclaves de la transición” que se
caracterizarían por ser multidimensionales, esto es pueden ser instituciones,
maneras de pensar o actuar, y por presentar dimensiones positivas y algunos
actores se ven favorecidos por ellos. Entre dichos enclaves el autor destaca,
una política de élites, el cuoteo para los altos cargos de la administración,
control de cúpulas de partidos fuertes, falta de democratización de los
gobiernos regionales y la persistencia del sistema binominal.

En este sentido, el pacto político que nos rige en
la actualidad, y que sin lugar a dudas ha tenido aspectos positivos, tiende a
transformarse más en parte del problema que de la solución en lo que concierne
a los desafíos que enfrenta el país. No obstante, y es lo que interesa subrayar
el pacto de la transición y las limitaciones que involucra, han contribuido al
establecimiento de restricciones sobre las posibilidades de introducir cambios en el modelo de
desarrollo en marcha en el país, que están afectando nuestra capacidad de
crecimiento y de desarrollo sustentable. Del mismo modo,  dichas restricciones afectan los campos de
maniobra de las políticas públicas lo cual, junto con otros elementos, está a
la base de los problemas que han enfrentado los últimos gobiernos de la
Concertación. Esto es lo que pasamos a analizar en la siguiente entrega.