Eugenio Rivera

El próximo 9 de diciembre el Banco Central cumple 20 años como entidad autónoma. Este aniversario exige un debate que permita evaluar su desempeño.
Dos medios periodísticos de la plaza, entrevistaron a los distintos presidentes que ha tenido la entidad. En ellas, estos personeros realizaron una suerte de autoevaluación que debiera ser seguida por estudios que informen al país, en detalle respecto de su desempeño.
No cabe duda, que los últimos 20 años estuvieron marcados por el avance hacia una estabilidad económica creciente. Desde las graves dificultades enfrentadas al inicio de la era democrática, como efecto de la aceleración que había experimentado la inflación en el año 1989 y de los problemas generados para la economía internacional por la invasión de Kuwait por parte de Irak, se ha avanzado sustantivamente. En la primera mitad de los 90 el Banco Central fue capaz de desarrollar medidas innovadoras que permitieron continuar con la reducción de la inflación, en un contexto caracterizado, por un alto diferencial entre la tasa de interés doméstica y las tasas internacionales. Se experimentaron también dificultades. La fuerte alza de la tasa de referencia hacia finales de 1998, impactó con fuerza en la actividad económica; tanto que un destacado economista estadounidense, ya fallecido, se refería a los problemas experimentados por la economía nacional en 1999 como la “crisis Massad”. Más recientemente, no dejó de llamar la atención el hecho que todavía en enero del presente año, ya avanzado el proceso en que la virulenta crisis financiera se transformaba en la más grave crisis económica de las últimas décadas, la tasa de referencia monetaria se encontrara todavía en 8,25 puntos.

¿Cuáles son algunos de los temas en que es necesario profundizar?

Tanto los ex presidentes como el actual presidente de la entidad, asocian los logros en materia de inflación con la naturaleza independiente de la entidad. Existen sólidos argumentos que permiten sustentar esta opinión. No obstante, debería ser objeto de un estudio en profundidad. En efecto, son muchos los elementos que han contribuido a esta mayor estabilidad económica. Clave es en primer lugar, la evolución de la propia teoría económica, que puso en cuestión los supuestos efectos positivos de una política de grandes déficits públicos financiados por la emisión monetaria. En segundo lugar, es también importante la evolución de las visiones de la clase política respecto del fenómeno inflacionario. Se ha ido consolidando un amplio consenso en torno a la necesidad de proteger los equilibrios macroeconómicos. La discusión de hoy se centra en si es necesaria, en toda circunstancia, la política de superávit estructural y sobre cuáles son los mejores instrumentos  para que la política fiscal juegue un papel anticíclico. Más importante aún, es que la institucionalidad económica pública, en general, está alineada en torno a la exigencia ineludible de mantener la disciplina macroeconómica. En las entrevistas mencionadas, se reconoce, de manera indirecta esta situación. Por ejemplo, Carlos Massad llama la atención que las dificultades encontradas para enfrentar los efectos de la crisis asiática se acentuaron por estar el país “con una banda cambiaria limitada, con tasa real y no nominal como instrumento, y con el rápido crecimiento del gasto público y privado”. En cambio, en la crisis actual “ya estaban en práctica los mecanismos monetarios y cambiarios apropiados, y la situación fiscal era sólida y con fuertes reservas, gracias a las políticas implementadas a partir de 1999”. También, la mayor estabilidad económica es un fenómeno internacional, que no en todos los casos se presenta acompañado por un banco central independiente.

Es importante, en consecuencia, determinar la contribución específica del Banco Central independiente a la estabilidad económica, pues su independencia plantea preguntas respecto de si  existe una adecuada coordinación con las otras entidades que tienen responsabilidades en de otras dimensiones de la política económica. El tipo de cambio, por ejemplo ha jugado en algunos momentos un papel importante en el control inflacionario. Ello ha traído consigo períodos, en que el tipo de cambio presenta pronunciadas fluctuaciones, de las cuales no todas pueden ser atribuidas a fenómenos internacionales. Estas fluctuaciones afectan el esfuerzo exportador, en que el sector público ha estado empeñado. En particular, dificultan el desarrollo de exportaciones basadas en la mayor incorporación de valor agregado, tecnología y capacidad de innovación. En este contexto, cabe preguntarse por ejemplo, en qué medida, estas dificultades pueden estar contribuyendo a la caída del ritmo de crecimiento económico asociada al menor crecimiento de la productividad total de factores. Naturalmente, que en esta situación, juega un papel importante, el predominio, hasta hace poco, de una política que no elegía ganadores ni ponía énfasis en el fomento del desarrollo tecnológico y de la investigación científica. En la medida que se avance en el establecimiento de consensos entre el sector público y privado es probable que se avance en esta dirección. No obstante, todo esfuerzo puede resultar vano, si el Banco Central no se suma a los consensos descritos.

Finalmente, una consideración respecto de la naturaleza de las decisiones del Banco Central. Mucho se insiste en el carácter técnico, no político, de sus decisiones. Esa idea es el principal argumento a favor de su independencia frente al poder político. No obstante, la revista The Economist, al comentar las funciones que están jugando los bancos centrales en el mundo desarrollado en el contexto de la crisis económica internacional, señalaba: “La brecha entre los bancos centrales y la política resulta menos limpia hoy por hoy. Políticas no convencionales, requieren a menudo del Banco Central, hacer préstamos que no van a ser repagados en su totalidad. Ya que los contribuyentes van a sobrellevar importantes pérdidas, los ministerios de finanzas necesitan tener algo que decir. La asignación de créditos y una más estricta regulación, hará de algunas empresas ganadores y de otras perdedoras, lo que requiere un mayor escrutinio (accountability) público”. La pregunta obvia es si más allá de la crisis, las decisiones del Banco Central no tienen, permanentemente, consecuencias distributivas significativas y si en consecuencia, no deberían estar sujetas a una supervisión más estricta del Congreso Nacional. De hecho, el año pasado, el Senado de la República encabezó una suerte de rebelión de la sociedad en contra del rechazo del Banco Central a tomar medidas respecto de la fuerte reevaluación que estaba experimentando el tipo de cambio. Un breve tiempo después, el Banco Central rectificó tomando medidas que permitieron una significativa devaluación, lo que sin duda ayudó a las exportaciones y permitió enfrentar en mejores términos la crisis internacional.
En este sentido, resulta importante realizar un debate nacional que con base en estudios, que debería encargar el congreso Nacional, permita realizar una evaluación de desempeño del Banco Central independiente.

En todo caso, más allá de ello, es conveniente identificar medidas para fortalecer la coordinación entre esta entidad y el Comité Económico de Ministros (que debería empezar a funcionar en serio) para mejorar la coordinación con el Ejecutivo. Del mismo modo, parece necesario fortalecer la supervisión política del Banco Central por parte del Senado. Se deberían implementar audiencias regulares y periódicas (más allá de la visita ritual que tiene lugar en la actualidad) en que el presidente del Banco Central entregue un informe sobre la marcha económica del país y ello de lugar a un debate de fondo. Con este fin, sería importante la creación en el Senado, de una oficina de asesoría económica, que permita un seguimiento detallado de las decisiones de política del Banco Central, que sirva de base para un efectivo control democrático de la entidad.

Mientras el Gobierno da señales simbólicas de apoyo a Frei, su política contribuye día a día a aumentar el descontento de sus bases, a fortalecer la candidatura de Enríquez – Ominami y en definitiva a viabilizar el triunfo del candidato de la derecha.
No se entiende de otro modo, el que el Gobierno esté desde hace algún tiempo embarcado en una batalla campal con los profesores, con los funcionarios públicos y por esa vía con el mundo de trabajadores organizados. Más aún, tampoco se constata que exista un “buen feeling” con los ecologistas y menos aún con el movimiento indígena. Las otras modalidades de organización de la sociedad civil, no tienen mejor suerte.
Esta situación se explica a partir de varios elementos. El primero tiene que ver con un desplazamiento del centro de poder al interior del Gobierno. La conducción política se ha trasladado, definitivamente, al Ministerio de Hacienda. Ello se ha expresado en la seguidilla de ministros del interior que abandonaron el Gobierno luego de constatar que por una u otra razón “estaban pintados en la pared”. Los partidos de la Concertación pusieron grandes esperanzas en la nominación del “panzer” demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma. No obstante, al poco andar y aún cuando el gabinete empezó a evitar el exceso de autogoles, lo cierto es que no fue capaz de reponer “la política en el puesto de mando”.
El problema que enfrentamos, es sin embargo, de mayor gravedad. No es sólo que la conducción política global se ha trasladado al Ministerio de Hacienda. A ello se suma, una creciente injerencia de este ministerio en la toma de decisiones de los ministerios sectoriales. Ya sea que se trate de la política de innovación, de salud o de educación, los distintos organismos saben que no tiene sentido  conversar con la autoridad política correspondiente, sino que lo clave es negociar con la Dirección de Presupuestos. Esta injerencia lleva a que las autoridades sectoriales tomen distancia de lo que sucede en los diferentes ámbitos bajo su responsabilidad. Es así como es un secreto a voces al interior del gobierno, que esta situación tiene mucho que ver con los problemas experimentados por el sistema de becas al exterior. Algunos tratan de conceptualizar este abandono de funciones, forzando nuestra lengua materna, como de “desresponsabilización”  por parte de las autoridades sectoriales.
En un contexto de esta naturaleza, no se observa por ejemplo que el Ministerio de Educación conceptualice el conflicto con los profesores en el contexto de la gran reforma de la educación que necesita el país. No existen señales de que se dialogue con los profesores respecto de cómo otorgarle a la educación pública el rol central que tiene en todo sistema democrático; no aparecen tampoco los temas del perfeccionamiento de la carrera docente, de su transformación en una profesión competitiva capaz de atraer a los jóvenes más talentosos; de superar los graves defectos que desde el punto de vista de la enseñanza y de la equidad, presenta la educación municipalizada. La falta de liderazgo intelectual de la ministra de educación permite que el conflicto de los profesores no sea sino un problema presupuestario.
El segundo elemento es de naturaleza ideológica. El ataque al Estado Benefactor, al desarrollo más igualitario que las sociedades occidentales empezaron a experimentar desde el “New Deal” de Roosevelt y de los regímenes socialdemócratas en la Europa que surge de la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Reagan, Thatcher y Pinochet, se tradujo en una propuesta de desregulación y privatización generalizada. No obstante, algo que se olvida, es que este ataque tuvo una tercera dimensión: el intento de desorganizar la sociedad, de terminar con las distintas formas organizativas con que los grupos más débiles intentaban tener voz. La guerra de Thatcher contra los sindicatos fue paradigmática. El correlato chileno fue el asesinato de múltiples dirigentes sindicales y sociales así como la prohibición de la actividad sindical bajo la dictadura derechista. Esta política fue rescatada por los organismos internacionales que vieron en esta individuación una vía para imponer la economía de mercado. Esta visión que ve en cualquier intento de organización un obstáculo a las “buenas políticas” tiene una gran presencia en el grupo dominante de la actual administración. En ese sentido, la falta de disposición al diálogo si bien tiene una razón presupuestaria de corto plazo, tiene otro trasfondo aún más importante: la idea de que para hacer avanzar la política educacional y de modernización del Estado que impulsa el Ministerio de Hacienda, es necesario romper la organización sindical.
El tercer elemento que explica esta política, es también ideológico. El equipo económico conductor del gobierno, está convencido de que en el largo plazo, la privatización de la educación, de la salud y de la previsión es el mejor camino. Es por eso, que niega los recursos para invertir en equipamiento en salud pública y prefiere comprar servicios, a mayores costos, al sector privado. Es por eso que se niega a invertir los recursos necesarios en hacer a la educación pública una opción para toda la población. Es por eso, que no introdujo reformas sustanciales al sistema de capitalización peso a todos los problemas que lo afectan. Se mantiene en definitiva, una política que no permite, a la educación, a la salud y a la previsión pública competir en igualdad de condiciones con la versión privada, para que como decía un connotado deportista “que gane el más mejor”.
Es por esto, que es poco probable que el actual Gobierno se siente a conversar con los sectores que fueron siempre parte fundamental de su base política. Son estas profundas diferencias las que explican la grieta que divide a la familia concertacionista. El principal exponente de esta política es Andrés Velasco. Es por eso que su eventual desembarco en la campaña de Eduardo Frei es poco probable que ayude al éxito de la candidatura.