Eugenio Rivera

Un grupo de personeros vinculados al actual modelo educativo han entregado una declaración pública destinada a reeditar los principios del actual sistema profundamente cuestionado por el movimiento estudiantil y ampliamente apoyado por la mayoría ciudadana. Entre estos personeros se encuentran ex ministros de la Concertación (algunos de los cuales son conocidos sostenedores de colegios privados subvencionados) y militantes de la coalición de Gobierno.
No deja de llamar la atención la oportunidad de la declaración. Tiene que ver naturalmente con el debate presupuestario. Es sin embargo innegable que estos personeros saltan a la palestra aprovechando el relativo debilitamiento del movimiento estudiantil producto del largo conflicto y de la campaña de desprestigio que, contra ellos, desarrolló sistemáticamente el gobierno, los medios de prensa y los propios personeros que aparecen firmando la carta.
La declaración sintetiza los postulados de la política que fue refrendada en el encuentro que reunió a los presidentes de partidos en el 2007 del cual todos tenemos triste memoria  por la foto en que ellos aparecen felicitándose mutuamente y levantando las manos luego de haber olvidado los compromisos que se habían asumido con el movimiento de los “pingüinos”.
En lo sustantivo, la declaración reitera las mismas políticas que llevaron a la educación a la situación catastrófica en que se encuentra. No hay una mención de Educación Pública. Nada se dice de la profunda desigualdad que caracteriza un sistema que ha estructurado una educación para ricos y otra para pobres. Nada se dice tampoco de cómo el derecho a la educación de los chilenos ha derivado en un gran negocio del cual reciben utilidades varios de los firmantes. Pareciera que se quisiera borrar de una plumada el escenario que abrió el movimiento estudiantil. 
La declaración releva el supuesto papel clave que juega la educación para avanzar en mayores niveles de igualdad y movilidad social, así como también en la expansión de las libertades y oportunidades de las personas, sin explicar los requerimientos para que ello sea realidad. La educación puede cumplir lo indicado, siempre y cuando pueda compensar las graves desigualdades que genera el sistema económico. Para ello, sería necesario que las escuelas de los más pobres y vulnerables tuvieran a su disposición recursos superiores a los que tiene el 7% de la población que asiste a la educación privada. La situación es exactamente la contraria. Los más pobres, tanto en la educación municipal como privada subvencionada son educados con una pequeña fracción de los recursos que la que se gasta en los colegios donde asisten los más ricos. En tal sentido, los estudiantes de las familias más pobres y de clase media ven ratificadas las grandes desigualdades a que están sujetos por su origen familiar. Las diferencias en educación preescolar, primaria y secundaria se proyectan a la educación superior. Las (relativamente) buenas universidades reciben, principalmente, a los estudiantes de la educación privada mientras que las malas universidades reciben al resto. Los pocos que terminan forman parte del gran contingente de profesionales que en carreras masificadas solo acceden a bajos salarios, los cuales no les permitirá ofrecer a sus hijos algo muy distinto a las oportunidades a las que ellos pudieron acceder. El resto, la gran mayoría, no terminará la universidad y estará expuesto a las pesadas deudas que habrán adquirido al haber optado al crédito universitario.
Posturas como la de los firmantes han alejado a la ciudadanía de la Concertación. En efecto, si por un momento dejamos a un lado los argumentos del párrafo anterior y aceptamos que con el modelo actual los niños que entran hoy a la educación preescolar, serían favorecidos en lugar de favorecer a los actuales estudiantes de la educación superior y disfrutarían de condiciones educativas adecuadas; lo que están diciendo los firmantes es que los pobres y las capas en situación de vulnerabilidad verán un futuro mejor de aquí a unos 20 años. Las actuales generaciones, en cambio, están condenadas a quedar excluidos de los beneficios de una buena educación.
La declaración reitera el conocido argumento de la importancia de la educación preescolar por su impacto cognitivo. Nada dice respecto de que no cualquier educación preescolar asegura estos efectos positivos. Los bajos niveles de gasto en este campo son poco auspiciosos. Esta política ha sido muy exitosa en Dinamarca pero sólo como efecto de que el Estado gasta un 3% del PIB en este sector (sin tomar en cuenta los efectos positivos generales, esta inversión se recupera rápidamente con la mayor tributación de las madres que por la calidad de le educación se deciden a dejar a sus hijos).
A los firmantes les preocupa que nuestros líderes políticos estén pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación superior. Se trata, dicen, de montos cuantiosos que en un mundo de recursos escasos significará necesariamente postergar la reducción de los déficits en educación preescolar y escolar antes mencionados. Resulta desalentador que los firmantes olviden la posibilidad de incrementar los recursos disponibles para los distintos niveles educativos mediante una reforma tributaria. No resulta posible aspirar a ser un país desarrollado sin niveles de recaudación tributaria capaces de financiar las labores imprescindibles que debe enfrentar el Estado. Los firmantes no toman en cuenta que de poco sirve una educación preescolar de calidad si estos alumnos no podrán entrar a buenas universidades. Ninguna atención prestan a la necesidad de tener un sistema equilibrado. ¿Cómo se puede tener educación preescolar, escolar y secundaria sin trabajar en una buena educación superior que eduque los buenos profesores que se requieren en los primeros niveles educativos? No es posible tener buenos profesionales sin verdaderas universidades que dispongan de recursos que permitan la investigación si la cual la docencia no es sino un remedo de la verdadera educación. De ahí que se requiere un buen financiamiento basal para las universidades públicas y privadas que operan como públicas.
Los firmantes ignoran totalmente el impacto que la educación pública gratuita ha tenido en los países desarrollados para lograr una mayor cohesión social, una mayor igualdad y un sentido de pertenencia que fundó largos períodos de crecimiento económico. Parecen preferir el mundo segmentado que caracteriza nuestro país. Un país en que los miembros de los grupos privilegiados no conviven con el resto de la ciudadanía, en que cada vez son más amplias las brechas que los separan.
Finalmente, la declaración termina dictaminando que si las prioridades en el debate presupuestario se ajustan a la dirección que ellos plantean, se hará una mayor contribución a la igualdad de oportunidades y a la movilidad social. Por más que se ha tratado de mostrar que el modelo educacional algo ha mejorado la desigualdad, el índice de Gini es taxativo. En más de 25 años apenas hemos pasado de 0.57 a 0,55. Para un país gobernado hasta hace poco por la centroizquierda no deja de ser un resultado pobre.
Preocupa el efecto desorientador que esta declaración pueda tener frente a la ciudadanía que había venido mirando con simpatía la movilización estudiantil. Puede ser un paso decisivo para que los nuevos movimientos sociales confirmen la opinión de que en la actualidad la Alianza por Chile y la oposición son lo mismo. La declaración debilita también los esfuerzos realizados por la oposición parlamentaria para impulsar una política educacional más cercana a los intereses ciudadanos.
En un artículo aparecido en La Segunda el mismo día miércoles recién pasado, Mariana Aylwin sostiene la misma argumentación pero agrega la siguiente afirmación: “Desgraciadamente, los niños chicos no gritan ni salen a las calles. Por eso, vemos con preocupación el riesgo de que la definición de las prioridades de las inversiones y las políticas termine cediendo a las presiones de los grupos de interés”. ¿Está sugiriendo acaso, como lo ha venido reiterando el actual gobierno, que los estudiantes universitarios y secundarios son un simple grupo de interés? ¿Quiere acaso sugerir que el apoyo que de manera sistemática ofreció la ciudadanía reflejado en las más diversas encuestas es sólo muestra de un interés estrecho? La ex ministra debería aclarar esta afirmación. Al mismo tiempo, debería aclarar también, si no es ella la que forma parte de un grupo de interés estrecho, como propietaria de algunos colegios subvencionados.

El análisis de la Resolución de mayoría del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de la fusión LAN - TAM plantea interrogantes respecto de la consistencia de la resolución que deberían ser aclaradas. Con una buena argumentación deja en evidencia que la fusión representa un riesgo para la ya debilitada competencia en el mercado aéreo. Sin embargo, autoriza la operación planteando medidas de mitigación, que comparadas con la amenaza son insuficientes. Este último tema lo analizaremos en detalle en un próximo artículo. Al mismo tiempo, el proceso denota que no existieron posibilidades para que los opositores a la fusión pudieran presentar sus fundamentos.
En efecto, el tribunal deja claro que la operación representa un riesgo para la competencia en el mercado aéreo:
“Este Tribunal considera que el riesgo de que LATAM abuse del poder de mercado que alcanzará luego de materializada la Operación, en mercados o segmentos específicos, es real y concreto. Lo mismo ocurre -por las condiciones estructurales de mercado ya descritas- respecto del riesgo de coordinación anticompetitiva con otras empresas aéreas, ya sea mediante acuerdos de alianza o de código compartido, o mediante cualquier otro tipo de contactos o sistemas colusivos orientados a repartirse el mercado nacional, o el mercado del transporte aéreo desde y hacia Chile” (pp. 103 – 104)
Según Resoluciones del PROPIO TDLC esta situación debería resultar en el rechazo inmediato de la fusión. No obstante, de acuerdo con la teoría económica es pertinente evaluar si las ganancias de eficiencia provenientes de la fusión constituyen un contrapeso, al menos parcial, frente a los riesgos anticompetitivos que acarrearía la materialización de la Operación. Para ello el TDLC exige que se cumplan el siguiente requisito: que las eficiencias que aleguen los interesados en la Operación sean verificables. Al respecto la conclusión del TDLC es categórica:
“Este Tribunal no puede corroborar en forma precisa los valores estimados para las sinergias planteadas. De igual forma, en su escrito de fojas 777, la FNE indica que “no cuenta con el detalle de los fundamentos de cada uno de los ítems antes singularizados que permitan verificar que estas efectivamente se obtendrán y que sean de la magnitud informada por las partes” (p. 108)
Por otra parte, el TDLC entrega otros argumentos igualmente contundentes en contra de la fusión, entre los cuales destacan los siguientes:
1) La fragmentación del mercado aéreo latinoamericano hace difícil, prácticamente imposible que procesos de fusión redunden en una más fuerte competencia, como sí ocurrió en Europa.
2) Que resulta en extremo difícil la efectiva fiscalización de las medidas de mitigación. De hecho, la experiencia existente es poco auspiciosa. En efecto, el Plan de autoregulación definido por la Comisión Resolutiva (antecesora del actual TDLC) para evitar que la fusión Lan – Ladeco del año 1995 tuviera consecuencias anticompetitivas fue absolutamente insuficiente en su diseño y en la forma en que fue llevada a cabo por el organismo responsable, esto es la Junta Aeronáutica Civil (JAC). Es así como el TDLC concluye que aún cuando formalmente se cumplió dicho plan “de ello no se puede deducir que se esté alcanzando una situación similar a la competitiva en las rutas domésticas en que se aplica” (p. 92). El TDLC reconoce, además, que LAN ha recibido, diversas sanciones por conductas contrarias a la libre competencia, en Chile y en el extranjero, lo que dificulta aún más la fiscalización.(p. 102)
Las razones que explican esta inconsistencia son múltiples y naturalmente no es posible descartar evaluaciones diversas basadas en los mismos antecedentes. No obstante, existen señales fuertes de que no estuvieron todos los elementos a disposición del tribunal, entre los que destacan los siguientes:
1) La inexistencia de investigación académica en las universidades, imposibilita que académicos independientes puedan intervenir en estos procesos. Es así como ninguna universidad hizo llegar su visión respecto del proceso. Se tuvieron a la vista sólo “informes” de economistas nacionales y extranjeros contratados por la empresa. El que no existan recursos públicos para contratar especialistas por parte de los consumidores, revela una grave deficiencia del sistema de defensa de la competencia.
2) La abdicación por parte de los organismos gubernamentales a intervenir en el marco de sus facultades para generar antecedentes y entregar orientaciones para una mejor decisión del TDLC. El SERNAC aportó opiniones genéricas, pero ningún estudio que analizara temas relevantes como por ejemplo uno sobre tarifas nacionales cobradas por LAN, o sobre los precios que la empresa cobra en las rutas internacionales más relevantes. Tampoco hay esfuerzo alguno de comparar las tarifas cobradas en las rutas nacionales con países en que existe más competencia. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se limitó a informar que, atendidas las atribuciones legales de dicho Servicio, sólo puede analizar y fiscalizar aspectos de carácter técnico de las empresas aéreas, por lo que carece de atribuciones para informar. El Ministro de Economía, Fomento y Turismo señaló que no contaba con antecedentes que resulten pertinentes a la consulta. La propia Fiscalía Nacional Económica (FNE) dijo que no disponía de los antecedentes requeridos para verificar que las sinergias efectivamente se obtendrán y que serán de la magnitud informada por las partes. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones se limitó a informar, que desde hace más de treinta años Chile mantiene una política aerocomercial de cielos abiertos y que, sin perjuicio de lo anterior, el gobierno está analizando constantemente las disposiciones vigentes sobre la base de los antecedentes disponibles. Prochile por su parte, informó que no podía entregar costos estimados de transporte aéreo y terrestre y condiciones de sustituibilidad entre una y otra, pues ProChile no elabora estudios relacionados con el mencionado requerimiento.
3) Fuera del organismo consultante, “CONADECUS” que carece de los recursos para contratar especialistas, no se hicieron presente expertos contratados por parte de otros grupos de consumidores. De esa forma, los miembros del tribunal no tuvieron a la vista ni la opinión de los usuarios ni estudios que fundamentaran su visión.
4) El mecanismo de designación de los miembros del tribunal deja en evidencia un claro sesgo: de los cuatro profesionales que forman parte del TDLC dos son designados por el Consejo del Banco Central. Los otros dos integrantes, son designados por el Presidente de la República, a partir de dos nóminas confeccionadas por el Consejo del Banco Central. Un claro problema queda en evidencia: el mecanismo de designación del Consejo del Banco Central asegura la presencia de las corrientes económicas más ortodoxas en el Tribunal y proyecta así, su visión proempresa en el TDLC.
Los especialistas deben pronunciarse respecto de si esta compleja situación configura, efectivamente, un debido proceso.

Patricio Meller acaba de publicar el libro “Universitarios, el problema no es lucro, es el mercado”.  Su título es vendedor pero, al establecer una oposición entre ambos conceptos, debilita el aporte del libro al debate.
El libro tiene una virtud. En forma sintética reseña una parte importante de los problemas que muestra nuestro sistema educacional. Señala que el costo de las universidades chilenas es el más alto del planeta (41% PIB/per cápita), que los aranceles se han elevado en 60% sobre la inflación en 12 años,  que un hijo universitario representa un gasto superior al 40% del ingreso familiar del 60% más pobre de las familias, que el gasto público en educación es el menor del mundo y que los universitarios chilenos tienen el mayor endeudamiento de todos los países (representa un 174% del ingreso anual como profesional). Como si esto fuera poco, señala que el 60% de los profesionales y gerentes chilenos tiene un deplorable grado de comprensión de lectura; esto es, son “analfabetos digitales funcionales”, mientras que en la mayoría de los otros países ese porcentaje es inferior al 25%.
Para completar el panorama que dibuja Meller, el estudio de la OCDE dado a conocer esta semana señala que Chile registra la mayor segregación en las escuelas de ese conglomerado de países.
Sin embargo, Meller no cree que el sistema educacional fracasó y tampoco que el problema sea el lucro, sino el mercado.
Respecto de que el sistema educacional no haya fracasado, entrega dos argumentos: se ha expandido la matrícula universitaria y se ha incrementado la movilidad social, pues siete de cada diez estudiantes constituyen la primera generación que estudia en la universidad.
Respecto de lo primero, cabe señalar que el aumento de la cobertura por sí solo no entrega las claves del éxito asociado con la educación. Es necesario, además, dilucidar si la calidad de la educación que se brinda es razonablemente adecuada, y si los egresados de esa “primera generación universitaria” tienen una buena inserción en el mercado de trabajo.
Hay claros indicios que apuntan en otra dirección. Según un trabajo de Oscar Espinoza y Luis Eduardo González, próximo a ser publicado en el Barómetro de Política y Equidad número 3, la matrícula se ha ampliado, pero a niveles incompatibles con el mercado laboral. Un ejemplo: en el caso de Ingeniería Comercial, mientras que en 1996 se titulaban 1675 profesionales, en el 2009 se titularon 4106. Además la matrícula total el año 2010 en esa carrera alcanzaba a 31.921 profesionales. Esta situación se repite en otras carreras. Considerando estas cifras no es extraño que según cifras de la última encuesta de INJUV el 60% de los profesionales universitarios no esté trabajando en lo que estudió. Por tanto se derrumban las expectativas laborales, profesionales y de remuneraciones de estos ciudadanos.
Ahora bien, ¿puede caber alguna duda de que son los estudiantes de las universidades tradicionales y de las privadas de la cota 1000 los que acceden a trabajar en lo que estudiaron? Para el resto, como viene sosteniendo el movimiento estudiantil, la educación puede ser una estafa, que además los deja endeudado de por vida. En tales circunstancias, la movilidad social no es tal, más allá que algunos individuos particulares puedan mejorar su situación, del mismo modo que otros caen en la escala social. Un indicio de ello son los altos valores que muestra de forma persistente el índice de Gini, indicador de la desigualdad. Meller no brinda evidencias empíricas respecto de la presunta movilidad social.
Respecto de que el problema no es el lucro sino el mercado, su argumento es simple ¿Si las universidades con fines de lucro se acabaran, los montos de los aranceles universitarios disminuirían, mejoraría la calidad del resto de las universidades, se evitaría el ritmo de incremento acelerado de los aranceles, aumentaría el crédito universitario disminuiría el costo de éste, no  habrá más morosidad? Como la respuesta innegable es que no, entonces los universitarios han confundido lucro con mercado. Puede existir mercado sin lucro, y suele haber mucho lucro, particularmente en mercados oligopólicos colusivos, cuando no prevalece la competencia en el mercado.
El primer problema de esta argumentación, sintetizada por el título del libro, es reducir las propuestas estudiantiles al fin del lucro. Olvida que proponen una reforma constitucional que obligue al Estado a garantizar educación de calidad; que se exige un aumento significativo del aporte basal a las universidades públicas y tradicionales; que solicitan gratuidad para el 60 de la población, avanzando hacia un sistema basado en la gratuidad; que se saque a los bancos de la intermediación de los recursos públicos para la educación; que termine la municipalización de la educación entre otras propuestas. Nada más lejos de la posición de los estudiantes que pensar que el fin del lucro soluciona todos los problemas (Este tema lo he tratado en http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/de_qu%C3%A9_hablamos_cuando_debatimos).
¿Por qué dice Meller que el problema es el mercado y no el lucro?  Según Meller el mercado no funciona en educación. Los argumentos son los siguientes: 1) Las universidades no compiten por precio sino vía marketing y como consecuencia los aranceles universitarios son, relativamente, los más caros del mundo. 2) El mercado no resuelve la calidad, pues los estudiantes no pueden determinar, oportunamente, la calidad del producto que están comprando. 3) La lógica del mercado está asociada al autofinanciamiento de las universidades. 4) Al ser la educación un bien de consumo, la deben pagar los propios estudiantes o sus familias. 5) Al tener que autofinanciarse, las universidades no puede cumplir con su función tradicional y se limitan a generar profesionales. Por tanto, esta argumentación de Meller no se diferencia de la que ha venido sosteniendo el movimiento estudiantil.
Critica Meller también la teoría del capital humano, que afirma que  la educación es una inversión análoga a la inversión financiera y que en consecuencia al ser los  jóvenes los grandes beneficiario de esa inversión, deben financiarla. Lo que ignora esta teoría, dice Meller, es que la sociedad percibe importantes frutos y en tal sentido, la educación es un bien público. Precisamente esta cuestión es la que ha estado en el centro del debate entre el movimiento estudiantil y el gobierno, que por el contrario ha relevado el carácter de bien de consumo de la educación.
En la historia, los primeros mercados ciertamente fueron centros en que imperaba el trueque. Pero con el tiempo se fueron transformando, hasta que el objetivo central se transformó en la obtención de la ganancia o lucro. Más aún cuando se impone el mercado propiamente capitalista. Desde entonces, la economía de mercado está estructurada en torno a la maximización de utilidades esto es la obtención del lucro.

La gran habilidad del movimiento estudiantil ha sido condensar en una frase, "fin al lucro" los graves problemas de la educación y las aspiraciones de los ciudadanos en este ámbito. Gracias al movimiento estudiantil, un agobio que las personas sentían y sufrían como una dificultad individual se ha configurado actualmente como el punto central de la agenda país.

Esta habilidad colectiva, que ha hecho posible convocar a una mayoría ciudadana, escapa al alegato de Patricio Meller.

Al contrario de lo que sostiene Sebastián Edwards respecto de que el nuevo “gabinete proviene de un estrato económico de élite, que no comprende las preocupaciones de la población”, y que por tanto estaría dando palos de ciego, su conformación parece evidenciar el reconocimiento de que el raigambre de los problemas  y el malestar social de fondo requieren un giro radical no sólo respecto de lo que el gobierno actual venía haciendo, sino respecto de algunos temas fundamentales que la Concertación no pudo, no quiso o no apreció necesario reformar. Longueira es la principal expresión de este giro. Pero no el único, Bulnes en educación muestra un designio similar, al reconocer como parte beligerante al movimiento estudiantil y al aceptar que el lucro es un tema central de la agenda.

Constatar estos hechos centrales no significa suponer a priori que este giro será exitoso, pues deben superarse convicciones importantes de los propios protagonistas y  enfrentarse grandes adversarios en los grupos más doctrinarios de la derecha y del empresariado.

El cambio de gabinete ha abierto en la derecha un amplio debate sobre la conveniencia de llevar un político y no a un técnico al ministerio de Economía. Abrió los fuegos el propio Edwards “señalando que se mire como se mire (haciendo caso omiso de los graves problemas de conducción política que había mostrado el Gobierno)  es difícil encontrarle un lado positivo al cambio de gabinete señalando además que lo más grave del cambio fue haber sacado al Ministro Fontaine, el ministro “con mayor compromiso con las reformas proeficiencia, con la modernidad y con la agenda liberal” y haber puesto en su lugar a Pablo Longueira pues “el problema es que el tema económico se caracteriza por aspectos técnicos que Longueira no domina. Más aún, cuando el nuevo ministro habla de economía, suele hacerlo desde la trinchera del populismo”. Pero por su parte a Jorge Navarrete también preocupa de que ¨una versión remozada de Chacarillas¨ cuestione la supremacía que el Ministerio de Hacienda ha tenido en los últimos años.

Longueira no se ha dado por aludido y resueltamente ha emprendido y esbozado iniciativas que precisamente para muchos pueden confirmar su “populismo”. Avanzó en las negociaciones con la oposición respecto del Sernac financiero. Apoyó la demanda contra Walmart por haber realizado “normalizaciones” como las de La Polar con las deudas vencidas de sus clientes y se involucró en una discusión con un ex ministro de la Concertación que como encargado de comunicaciones de la empresa defendió la permanencia en DICOM de los clientes “normalizados”. Pocos días después señaló la importancia de que exista un contrapeso a la influencia de Hacienda, de que existan visiones equilibradas entre lo técnico y lo social, de que el ministerio de economía proteja a  a los consumidores, potencie y colabore para que el talento de los pequeños empresarios sea viable en el país  y estimule una mayor competencia. Enfatizó que existe una “excesiva concentración económica (“quiero que haya muchos más empresarios y mi preocupación es que hay cada vez menos”). Centró el problema de los altos costos de la energía en la falta de competencia asociado a la presencia de pocas empresas. Sostuvo que “la única forma sostenible en el tiempo de que los equilibrios macroeconómicos y la responsabilidad fiscal se consoliden es poner en la misma categoría también la estabilidad social”. Puede ser que algunos no le asignen credibilidad a estas posturas de Longueira, pero se trata de ideas que aluden al alma del electorado de la oposición.

Es insólito como José Miguel Daza, director precisamente de un Hedge Fund en Nueva York articula la preocupación del empresariado, de los personeros más doctrinarios de la derecha y los medios de prensa extendiéndola a un socavamiento del poder de la tecnocracia concertacionista, al señalar  que “Piñera ha deteriorado el marco de economía política de largo plazo del país. Desde el retorno de la democracia, parece ser el Presidente con menos respecto por la tecnocracia. Piñera se embarcó en un conjunto de medidas de corte populista… parece haber ignorado a sus ministros del área económica, pero gravemente les quitó el piso político a los técnicos más serios de la concertación… esto traerá consecuencias”.

En el año 2008, Felipe Larraín sostuvo en un publicitado estudio, que actualizando la estructura -y por consecuencia el valor- de la canasta básica a partir de una Encuesta de Presupuestos Familiares más reciente, la pobreza en Chile sería de 29% en 2006, casi el doble de lo que indicaba la encuesta CASEN de la época. No obstante esta situación, el ahora ministro ha enviado un proyecto de ley que reajusta el salario mínimo en 4,7% que apenas y con suerte logrará mantener el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben esta remuneración a lo largo del próximo año y que ni siquiera avanza en superar la pobreza medida bajo los viejos estándares que criticó el ministro, en la época en que se iniciaba la campaña presidencial.

La pregunta central para analizar este tema es ¿cuál es el problema que se desea resolver?. La alta desigualdad que caracteriza al país requiere que la política de salario mínimo contribuya decisivamente a reducir la desigualdad y se utilicen políticas adicionales para reducir los eventuales aunque no seguros impactos negativos en el empleo. Esta política ha sido aplicada consistentemente en Brasil en los últimos años logrando resultados alentadores: el índice de Gini (que mide la desigualdad) pasó de 0,57 a cerca de 0,52 en cerca de 7 años.

El nivel relativo de los salarios y el salario mínimo en particular son decisivos para derrotar la pobreza y la desigualdad. La Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo, instalada por el actual Gobierno es taxativa al respecto:

“Chile es un país de elevadas desigualdades, las que en una parte importante se determinan en el mercado del trabajo. Además, los ingresos de la mayoría de los hogares se definen en ese mer-cado por lo que sus condiciones de vida están íntimamente li¬gadas a su funcionamiento.”(p. 6)
El país pasa por un momento económico expectante, el empleo según el INE creció más del doble de lo esperado, se espera un buen crecimiento para el presente año y la inflación aparece en una trayectoria razonable. Es un momento para que la Nación de plantee objetivos ambiciosos.

Consideraciones generales para una propuesta de salario mínimo que contribuya a dar pasos sustantivos para reducir la desigualdad en el contexto de Chile país desarrollado.

1) Se requiere una propuesta de salario mínimo con un horizonte de largo plazo y que pueda convocar las voluntades de la ciudadanía, de los agentes económicos y de las fuerzas políticas para una tarea de alcance nacional.

2) El marco de referencia debe ser la propuesta del Presidente de la República de alcanzar en el 2018, un ingreso per cápita de 20.000 dólares equivalente al de un país actualmente desarrollado. El Presidente ha insistido que es un objetivo alcanzable, que se ha generado un ambiente positivo para el emprendimiento. En el mismo sentido, el Gobierno acaba de lanzar el Programa “Impulso Competitivo” que desataría, según el Presidente, una fuerte dinámica de crecimiento.

3) No resulta consistente, que un país desarrollado no garantice que el salario mínimo cubra las necesidades básicas de un núcleo familiar. Los antecedentes de los países de la OCDE son claros al respecto. Es por esta razón, que la definición del salario mínimo, que se empieza a discutir en el Congreso de la República, debe entregar una clara señal a favor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y proponer alcanzar en el año 2017 un salario mínimo que permita cubrir las necesidades básicas del núcleo familiar, que en precios actuales se ubica en torno a los 280.000 pesos (considerada una familia tipo de 4 personas)
4) La Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo veía como factible alcanzar esta meta en el año 2020. Las aprehensiones radicaban en su eventual impacto negativo sobre el empleo y la situación macroeconómica. En relación con lo primero, según las cifras oficiales el crecimiento experimentado en el último años, está siendo acompañado por un aumento mucho más dinámico del empleo (la tasa de desocupación en el Gran Santiago ha bajado más de dos puntos entre el primer trimestre del 2010 y el período correspondiente del presente año). Por otra parte, el supuesto efecto negativo de alzas del salario mínimo por sobre la inflación no tiene sustento empírico en el caso de Chile. En efecto, la propia comisión constituida por especialistas en la materia constata:

“La Comisión no tiene evidencia específica sobre cómo afectan los salarios mínimos a la distribución general de salarios y, particularmente, a los grupos menos calificados que son más los afectados por dicho salario” (p. 14)
Respecto del impacto macroeconómico, existe consenso respecto de que las principales presiones inflacionarias tienen origen externo. Por otra parte, el Banco Central ha venido elevando la tasa de referencia monetaria lo que permite visualizar una adecuada contención de esas presiones. Hace poco, el Gobierno se ha sumado a este esfuerzo con la reducción de algunos gastos. Este esfuerzo, podría ser complementado con una reforma tributaria orientada a aumentar el impuesto a la renta del 5% de la población que recibe los mayores ingresos.

5) Naturalmente, la medida propuesta da un gran impulso a la lucha contra la desigualdad pero no la resuelve. Por ello, esta medida tiene que estar acompañada de un fortalecimiento de la organización sindical (lo que implica una legislación que promueva la sindicalización y la negociación colectiva y que se desarrolle una profunda renovación del sindicalismo) que haga posible un cancha más pareja para que los trabajadores mejoren su participación en el ingreso y con ello se reduzca la desigualdad.

La propuesta: iniciar un aumento del salario mínimo de mera que éste permita en el año 2017 satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar.

Con este objetivo, el Congreso debe respaldar la proposición de la CUT de elevar el salario mínimo a 190.000 pesos. Sobre esta base propongo la siguiente trayectoria del salario mínimo:

Fuente: Cálculos propios. Se supone inflación de 3% anual y tasa de aumento real salario mínimo de 7,5% que es el promedio de la elevación del salario mínimo que el Congreso aprobó en el año 1999 para el período 1999 - 2001.

De esta forma, en julio del año 2017 en que el país estaría próximo a alcanzar el ingreso per cápita de 20.000 dólares, el salario mínimo cubriría los requerimientos de la canasta de necesidades básicas.
Esta propuesta se basa en uno de los escenarios propuestos por la propia Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo, instalada por el actual Gobierno, en que pretendía alcanzar la meta indicada en el año 2020. Nuestra propuesta, retoma la proposición de la CUT para el presente año, utiliza los mismos supuestos que el escenario diseñado por la Comisión, pero adelanta el objetivo al período julio 2017 – junio 2018, año en que se alcanzaría la meta de ingreso per cápita indicada. La tasa de aumento real del salario mínimo propuesto para el período es de 7,5% que fue el que se propuso alcanzar en el año 1999 para el período 1999 – 2001, y que fue aprobado por todas las fuerzas políticas.

Consideraciones y medidas complementarias.

La propuesta contribuye a un objetivo altamente valorado por la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo:
“La Comisión estima que siempre que sea posible debe privilegiarse el ingreso proveniente del trabajo por sobre las transferencias del Estado. Si no el trabajo queda desvalorizado socialmente”

Al radicar en el propio mercado de trabajo el logro de este objetivo redistributivo, libera recursos públicos para abordar los problemas de aquellas personas excluidas temporal o permanentemente del mercado laboral y los grandes déficits que presenta la educación y la salud pública.

Clave en este esfuerzo, es el mejoramiento de la productividad de las empresas. En este sentido, jugará un rol central el apoyo efectivo que pueda dar el Estado a las pequeñas empresas que concentran en torno a la mitad de los trabajadores afectos al salario mínimo. Incluso, debería considerarse que el Estado a través de Corfo subsidie a las pequeñas empresas los mayores costos derivados del aumento de la energía y del empleo.

 Sebastián Piñera ha querido hacer del año 2011 el año de sus iniciativas en política social. Hay una serie de propuestas interesantes, varias de las cuales tienen abundante letra chica y es por tanto necesario introducirles sendas modificaciones para mejorar los proyectos.  Para el ojo avizor, salta a la vista en la actual discusión la plena coincidencia entre críticas de la extrema derecha a esas iniciativas, con aquellas que realizan ex miembros del grupo Expansiva, que liderados por el ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco tuvieron mucha incidencia en la política del gobierno anterior.

Muchos se preguntan en la oposición por qué precisamente Piñera tomó la iniciativa de eliminar el 7% de cotización de salud para el 40% más pobre de la población.La derecha de la Concertación aseguraba que esa reforma no era posible, pues se opondría la Alianza por Chile. Otros afirmaban que era el “sector neoliberal”  de la Concertación el principal enemigo de una medida de esta naturaleza. La reciente columna de Engel, Velasco, Huneeus y Contreras del domingo pasado en La Tercera (3 de abril p. R24) parece confirmar esta última hipótesis.

Si bien es cierto que en los gobiernos anteriores tuvieron otras prioridades, cabe elucubrar respecto de no se haya avanzado en esta como en otras materias debido a posturas políticas dentro de la Concertación que sin embargo hunden sus raíces en las posturas más radicales del pensamiento económico conservador. Un indicio es la coincidencia con las críticas que El Mercurio  dirigiera a la política social de Piñera. En su editorial del día sábado, adelantaba la crítica que harían Velasco y otros a la eliminación de la cotización de salud de los pensionados más pobres:

“Un análisis similar cabe para la política de reducir la cotización de 7% para los pensionados 60% de menores ingresos. Su tasa de pobreza es poco menos de la mitad de la que se observa para toda la población, y cuando se consoliden la reforma previsional y otras políticas dirigidas a la tercera edad, será aún menos probable encontrar ancianos en situación de pobreza. Además, los beneficios de salud son muy superiores a sus cotizaciones” (El Mercurio, Sábado 2 de abril 2011, p. A 3)

Como veremos desde el punto de vista técnico no es correcta la postura del grupo “ex – expansiva”. Y para la Oposición, suscribir tales posiciones sería políticamente suicida.

Las afirmaciones del grupo expansiva son técnicamente erróneas.

Velasco et. al.afirman que eliminar la cotización de salud de 7% a los jubilados más pobres “es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile ha construido. Es lo que hace legítimo y sustentable al sistema… Los que tienen más contribuyen más; pero todos los que pueden contribuir, contribuyen algo”.

A continuación Velasco y otros, afirman que “pretender operar un sistema de salud sin que los principales usuarios contribuyan es como hacer un asado de curso y exigirle al que pone la casa que también ponga la carne y el vino”

Para los autores “El cambio propuesto es injusto, engañoso e imprudente”.“Es injusto porque discrimina entre chilenos. En Chile todo trabajador, aunque gane sólo el salario mínimo aporta para su jubilación, salud y seguro de desempleo. Alguien que recibe apenas 172 mil pesos, y que tiene tres o cuatro bocas que alimentar, cotiza 37 mil pesos. ¿Por qué tendría esa familia que pagar por su salud si un adulto mayor que recibe una pensión de similar monto y acaso vive solo no contribuye en nada?”

Al contrario de lo sostenido por los autores, la mayoría de los sistemas de salud se sustentan tanto en contribuciones como en recursos provenientes de los ingresos generales de la Nación. El caso de Inglaterra es paradigmático. Pero en Chile no es estrictamente cierto que los que tienen más contribuyen más. Las contribuciones de salud obligatorias son sólo sobre ingresos de hasta 65 UF. Quienes ganan más que eso no contribuyen más.
Aunque es cierto que los mayores de 65 años son los principales usuarios de la salud, son también los que en promedio han contribuido más al sistema, a lo largo de su vida laboral. Más allá de lo trivial del ejemplo, lo que no ven los críticos es que los jubilados son como aquellos invitados que antes, pusieron la casa, el asado y el vino.

Como ya se señaló, el jubilado cotizó probablemente a lo largo de 45 años de vida laboral recibiendo servicios por un valor mucho menor. El tema de fondo es: ¿por qué insiste en comparar sólo a los pobres entre sí?1En cambio, los autores no consideran algo mucho más grave: quienes reciben salarios o, más en general, ingresos por encima de 65 UF tienen una cotización obligatoria sólo sobre esa cantidad. ¿Por qué los chilenos (y lo extranjeros que trabajan en Chile), deben subsidiar al 5% más rico de los jubilados, que como señalan Engel y Velasco, como pensionados reciben servicios muy por encima de lo que es su cotización?. Los analistas debieran más bien explicar las razones de este techo contributivo, que limita sustancialmente las capacidades redistributivas y solidarias del sistema.

El argumento “decisivo” de los autores (el mismo al que recurría El Mercurio) es que la pobreza en los mayores de 60, según la encuesta Casen, alcanza al 8,9%; mientras que en los menores de 17 años, la incidencia de la pobreza supera el 20%. Sobre esa base se preguntan “¿Si de gastar 200 millones de dólares se trata, ¿por qué no hacerlo en los niños?”

No queda claro por qué los autores reducen el problema a tener que optar por hacer una u otra cosa. Ambos sectores requieren ayuda urgente. Ya se ha señalado que los pensionados han pagado, a lo largo de su vida, por tener el derecho a la salud en su vejez. Eluden de esta manera un problema de fondo: si faltan recursos para invertir en la infancia o en  los jóvenes,  ¿por qué no aumentar la carga tributaria?

El grupo Angelini tuvo utilidades de más de 2500 millones de dólares en el año 2010; las utilidades del grupo Matte alcanzaron 2800 millones de dólares en el mismo período. Las mineras, por su parte, están obteniendo utilidades records como efecto del alza de largo plazo del precio del cobre y de otros minerales. ¿Por qué los analistas de Expansiva no consideran la tributación? ¿Creen sinceramente que un incremento de la tributación de las empresas y del 5% más rico de la población afectaría el nivel de inversión? ¿O huirían acaso los inversionistas extranjeros a Afganistán, como dijo un destacado empresario hace algunos meses cuando se discutía el aumento de la tributación de la minería?

Por otra parte los autores señalan que:

“El cambio propuesto es engañoso porque no dice las cosas como son. Eliminar el 7% crea la ficción de que es posible aumentarle los ingresos a los pensionados sin costo alguno. Si el Gobierno busca subir las pensiones en un 7% que proponga un reajuste al Congreso.  Eso serviría para discutir sobre el mejor uso de los recursos y la pregunta cómo se financian esos gastos estaría en el centro de la discusión. El cambio propuesto es imprudente porque no presta atención alguna al financiamiento futuro del sistema de salud … Naciones con sistemas de salud tan distintos como Estado Unidos, el Reino Unidos y Taiwán discuten cómo financiar sus sistemas de salud. La propuesta del gobierno, por contraste, se empeña en desfinanciar el nuestro”
Sin duda es necesario preocuparse por el financiamiento del gasto público. Eso garantiza la sostenibilidad del sistema de protección social.

En cuanto al financiamiento del sector salud, los autores olvidan que ya  hace algunas semanas, la Comisión Presidencial estructurada con ese objeto, entregó el informe sobre la reforma de la salud. En ella, los comisionados proponen entre otras cosas la creación “de un fondo de compensación de riesgos que se financie con las cotizaciones obligatorias de salud y los subsidios que el Estado destine a las primas per cápita. Ese fondo se distribuiría entre las diversas entidades de seguridad social en salud, privadas o pública, de acuerdo a las nóminas de sus afiliados, compensando el riesgo estimado de sus beneficiarios, según sexo y edad. Propone además, la transformación del sistema actual de seguros de salud creando las Entidades de la Seguridad Social en Salud, ESSS pública y privadas, las cuales regidas por los principios de la seguridad social, gestionen el financiamiento del plan universal garantizado”. Se trata de una propuesta sería, con bemoles, cuya discusión es relevante para el futuro de la salud en Chile.

Las afirmaciones del grupo de ex expansiva son ideológicamente de derecha y políticamente suicidas para la oposición.

Finalmente, aparecen las preocupaciones de fondo del grupo de ex – expansivas. Para ellos, la preocupación principal es que se está abandonando la focalización como principio rector de la política social. El problema a su juicio es que al beneficiar a pensionados que reciben pensiones inferiores a los 255 mil pesos, se está liberando del pago a pensionados que no son pobres ni indigentes.  No les preocupa que ellos hayan pagado cotizaciones a lo largo de su vida laboral que excedieron con creces los servicios recibidos.

Les preocupa que luego de los pensionados venga una lluvia de solicitudes de exención de grupos, “en cada uno de esos casos existirán poderosas razones”  y que finalmente implique privar al Estado de los recursos que hoy financian la salud de los chilenos:  ”Eliminar la cotización de salud de 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social”

Esta afirmación es digna de Ripley: los chilenos, el sistema político, los partidos son tan irresponsables que se deslizan hacia el exceso. Alguien podría entonces preguntarse ¿Y ahora quién podrá salvarnos? ¿Dónde están las reservas morales del país que podrán evitar el deslizamiento al caos?
Aunque los autores no lo dicen, no cabe duda de que “los indispensables” serán los vigilantes de la responsabilidad fiscal y macroeconómica, que eviten la caída del país al precipicio. Pero la responsabilidad fiscal y macroeconómica del país no ha sido producto de los guardianes. La prudencia macroeconómica y los avance económicos logrados son un resultado del conjunto de los ciudadanos, que día a día contribuyen con su trabajo y responsabilidad a hacer un mejor país, que pese a las restricciones se preocupan de la cosa pública; de los sindicatos y organizaciones sociales que manifiestan sus demandas con responsabilidad y apoyadas por estudios sobre la situación económica y social. Es producto también de importantes avances de la economía y de otras ciencias sociales que han profundizado en el análisis de las políticas públicas y sus efectos, en particular de la política económica.
Bajo el lenguaje técnico aparece una ideología profundamente conservadora y elitista del progreso social y del sistema democrático, que nos  hace recordar el certero análisis que un profundo conocedor del pensamiento de Hayek, el principal pensador del neoliberalismo, sintetizara sobre su la visión de los procesos políticos:

“(Hayek) temía que si no se establecían límites a las legislaturas democráticas, la estructura de incentivos política e ideológica existente llevaría a que uno tras otro, los distintos grupos de interés económico, plantearan demandas sobre los políticos democráticamente elegidos en nombre de la justicia social. El resultado sería la constante expansión del intervencionismo del Estado… la democracia en otras palabras podría destruir el liberalismo … Existiendo la oportunidad, la mayoría de hombres y mujeres intentarían que el gobierno protegiera su forma de vida y sus fuentes de ingreso… En el largo plazo, Hayek argumentaba, la democracia liberal puede sobrevivir sólo si se ponen límites al rango de cuestiones que pueden ser decididas por el proceso político” (Jerry Muller, 2003, The Mind and the Market)

Congeniar con tales posturas sobre protección social constituye un suicidio político para la Concertación, ya que la situarían a la derecha de la Administración de Piñera, ahondado las ya grandes distancias con el electorado.

Otras deben ser las banderas y los vientos de cambio dentro de la Concertación. Por ejemplo, una renovada política de salarios mínimos, que relegue al pasado que los salarios de tantas familias del país sean apenas de 172 mil pesos, mientras crecen las ingentes utilidades de las grandes empresas sujetos a tributos. O que se tomen en cuanta los costos económicos de la contaminación ambiental de las explotaciones mineras, y con esos recursos se financien urgentes medidas para evitar la contaminación que por esta razón sufren los habitantes y el medio ambiente.

NOTAS
1 Del mismo modo,  en un artículo anterior en relación al posnatal, Engel contraponía una mujer que ganaba el salario mínimo y que por concepto de posnatal recibiría sólo una suma similar al salario mínimo, con una mujer que por tener un salario de 30 UF recibiría esa suma al dar a luz. Lo que en ese caso, Engel no entendía es que no todas las políticas deben ser redistributivas, hay algunas que tiene como objeto fundamental garantizar derechos (Este tema lo tratamos en http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/ampliaci%C3%B3n_del_posnatal_regresivo ).

En un artículo anterior (http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/02/09/las-debilidades-del-acuerdo-extrajudicial-entre-lan-y-la-fne/) se hizo un análisis de los déficits por omisión del acuerdo extrajudicial Fiscalía Nacional Económica  - LAN. En el presente artículo el estudio se centra en las debilidades de los acuerdos alcanzados.
Las medidas que según la FNE neutralizarían los riesgos anticompetitivos, resultan insuficientes:
La medida más destacada es el compromiso de LATAM de intercambiar 4 Slots (franjas horarias disponibles o asignadas al despegue o aterrizaje de una aeronave, en el aeropuerto de Guarulhos de aterrizaje y 4 de despegue (equivalentes a 28 semanales) de LAN y TAM, con el objeto de facilitar que un nuevo entrante pueda prestar servicios aéreos en la Ruta Sao Paulo o incrementar su frecuencia en caso que ya los estuviese prestando.
El problema es que esta medida está sujeta a tantas restricciones que la hacen inconducente. Estas son la siguientes: 1) Los slots serán entregados a uno o más solicitantes a quienes la autoridad competente haya denegado esos Slots. 2) Un mismo grupo empresarial, sólo podrá recibir en intercambio hasta un Slot de despegue y uno de aterrizaje diario, o hasta dos de despegue y aterrizaje diarios siempre que entre los itinerarios respectivos exista una diferencia de al menos cinco horas.3) El interesado deberá demostrar que solicitó los Slots en los horarios en que requiere el intercambio y, además, que en subsidio solicitó los horarios alternativos señalados por LATAM. 4) El solicitante no podrá requerir el intercambio contemplado, si los Slots recibidos tuvieren una diferencia horaria igual o menos a 30 minutos con el solicitado preferentemente por él. 4) Quien intercambie Slots deberá comprometerse a “hacer buen uso” de esos Slots, de lo contrario deberá restituírselos a LATAM.
Cabe en primer lugar preguntar respecto de si alguna aerolínea relevante cumple las condiciones exigidas. En segundo lugar, una efectiva competencia exige sacar el máximo partido a los Slots por lo cual la exigencia de que no se usen para otras rutas implica una fuerte barrera a la entrada. Por otra parte, resulta llamativo que se exija una información detallada de uso de los Slots “para cada temporada” lo que sugiere que LATAM pone como condición conocer en detalle los planes comerciales de la eventual competencia. Las restricciones impuestas ponen, por tanto en cuestión, la efectividad de la medida.  La FNE ha señalado que al analizar el acuerdo se guió por decisiones de autoridades de competencia de otros países. No obstante, las condiciones impuestas contrastan con los compromisos establecidos en otros casos en que se prescribe un contrato de arrendamiento a líneas específicas que tienen intenciones inmediatas de impulsar operaciones.
Por otra parte, LATAM se obliga a permitir a los pasajeros de cualquier Nuevo Entrante que viajen en las rutas de Brasil, acumulen millas, kilómetros o puntos en el Programa Pasajero Frecuente (PPF) de LATAM. Se trata de un medida positiva, por el conocido impacto que tienen estos programas, en las posibilidades efectivas de competir de las empresas de menor tamaño. No obstante, la “letra chica” esto es las condiciones impuestas para hacer operativa la medida, nuevamente, reducen la efectividad de la misma. En efecto, si el Nuevo Entrante tiene un programa de fidelización propio o en asociación con terceros, equivalente al PPF de LATAM en términos de números de Socios Chilenos, LATAM se obliga a hacer extensivo sólo a los socios brasileños; si incluyera por el contrario a socios brasileiros se haría extensivo sólo a los chilenos. En suma, la condición opera sólo en caso que no exista programa de fidelización.
Es poco probable que se encuentre una línea aérea que no tenga planes de pasajero frecuente.
En tercer lugar, una vez cumplido el primer año de la fusión, LATAM se compromete a reducir en al menos 10% el Yield (la tarifa promedio por kilómetro expresada en centavos de dólar de Estados Unidos) de los pasajes vendidos en Chile aplicables a las Rutas Brasil en relación con el Yield ponderado de LAN – TAM de los pasajes vendidos en Chile durante los doce meses previos al perfeccionamiento de la operación indicada, descontando el cargo por combustible en ambos períodos.
En una primera mirada, la propuesta resulta interesante, aún cuando sería importante contar con un estudio para evaluar si los niveles tarifarios vigentes corresponden a precios competitivos o si por el contrario reflejan poder de mercado de que disponen estas compañías actualmente y que deriva de sus fuertes participaciones en las rutas indicadas. En la Ruta Santiago – Sao Paulo, según La Tercera LAN y TAM sumadas tenían una participación de 97,9% Available Seats Kilometres (ASK´s: Medida de capacidad de transporte aéreo de pasajeros calculada como el total de asientos ofrecidos multiplicados por la distancia volada)
Luego de cumplido un año de la fusión y durante los 5 años siguientes LATAM se obliga a aumentar la oferta conjunta de ASK´s en las Rutas Brasil, en al menos un 10% anual compuesto respecto de la oferta total en los 12 meses previos a la fusión. Del mismo modo, vencido el plazo, LATAM se obliga a que dicho aumento alcance al menos 6% anual durante los 6 años subsiguientes al vencimiento del plazo de 5 años, utilizándose el mismo referente indicado.
Esta medida es positiva desde el punto de vista de asegurar que no habrá restricciones de oferta.
No obstante, es también una advertencia a los posibles entrantes de que un eventual ingreso de una aerolínea, encontrará alta capacidad y, al mismo tiempo, podrá dar paso a una dura competencia de precios. Se plantea en consecuencia la pregunta respecto de si no habrá existido cierta ingenuidad por parte del fiscal nacional económico. Unido al compromiso de bajar tarifas, configura la manera típica en que las grandes aerolíneas responden a la entrada de líneas aéreas de bajo  costo. En efecto, como han señalado dos especialistas:
"Cuando una compañía de bajos costos entra en una nueva ruta, las aerolíneas dominantes reducen sustancialmente sus tarifas. Las aerolíneas incumbentes responden a la entrada de las compañías de bajo costo mediante la reducción de las tarifas, hasta niveles que coinciden  con el precio más bajo  cobrado por las líneas de bajo costo para un subconjunto de los asientos en cada vuelo. Los portadores de la red también podrían aumentar la capacidad en la ruta"  (Andrew Eckert y Douglas West (2006), Predation in Airline Markets: A review of Recent Cases, en Darin Lee (Ed.), Competition Policy and Antitrust. Advances in Airline Economics)

Finalmente, LATAM se obliga a permitir, en un plazo máximo de 120 días corridos desde que le sea requerido que el nuevo entrante pueda acceder al Interline (sistema que permite a los pasajeros comprar un boleto aéreo, en una sola transacción utilizando en un viaje diferentes aerolíneas para diferentes tramos a efectos de llegar a su destino final)
Además de las restricciones que aplican a las medidas individualmente consideradas, el acuerdo establece que las obligaciones I – II - V serán aplicables en tanto la participación de LATAM en la Ruta Sao Paulo, Ruta Río de Janeiro o Ruta Paraguay supere el 50% respectivamente. Del mismo modo las obligaciones arriba descritas cesarán irrevocablemente, si durante 3 meses la participación de LATAM baja de 65% en la Ruta Sao Paulo o la Ruta Río de Janeiro o bien un competidor (incluidos los miembros de su Grupo Empresarial) alcance en dichas rutas un 20% o más de participación de mercado.
Aunque se trata de un umbral que muy poco probablemente se alcance, el condicionamiento representa una barrera de entrada adicional pues, el aumento de la participación del entrante radica justamente en la posibilidad de disponer de los Slots. En tal sentido, la sola posibilidad de perderlos desincentiva la realización de las inversiones y por tanto cualquier intento de entrada. La posibilidad de que, en caso de que LATAM recupere el 50% de la participación por 3 meses consecutivos, vuelvan a entrar en vigor los acuerdos de la sección, refuerza la percepción de la baja certeza que incluyen los compromisos adquiridos por LATAM con la FNE.
Al final, LAN se compromete a no realizar acción alguna frente a una eventual política del Gobierno de Chile de cielos abiertos unilateral. Más allá de que es poco probable que esa iniciativa sea promovida por la actual Administración, lo más importante es que el único operador en América Latina capaz de aprovechar esa política, no lo haría pues habría confluido en una sola empresa con LAN.
Cabe reiterar los saludos al TDLC por haber decidido suspender el proceso de fusión de las aerolíneas LAN – TAM para realizar un análisis detenido de la operación, a raíz de la consulta de CONADECUS. El camino alternativo desarrollado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) esto es, establecer un “Acuerdo Extrajudicial” con LAN, presenta tales deficiencias que de haberse aprobado podría haber dado paso, sin mayor estudio, a una operación cuyas consecuencias podrían impactar negativamente en este mercado sujeto ya, desde hace tiempo, a altos niveles de concentración y comportamientos anticompetitivos por parte de la empresa aeronáutica.

La propuesta gubernamental de ampliar el posnatal es una propuesta de política de gran relevancia y una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa ser en el Chile de hoy progresista y conservador.
Luis Larraín, director del Instituto Libertad y Desarrollo, Eduardo Engel, presidente de la Sociedad chilena de políticas públicas y Alejandro Micco, de Cieplan han cuestionado la medida.
El más virulento es sin duda Eduardo Engel quien sostuvo lo siguiente:
“La extensión del posnatal que propone el Gobierno transfiere un subsidio cuatro veces mayor a una madre que gana $ 650.000 o más que a una madre que gana el salario mínimo. Peor aún, un tercio de las mujeres trabajadoras seguirá sin recibir subsidio material alguno, ya sea porque no tienen contrato o porque son trabajadoras por cuenta propia sin profesión. Como la mayor parte de este tercio tiene bajos ingresos, con suerte un 5% de los recursos destinados a extender el post natal llegará al quintil más pobre. Es decir esta política está lejos de ser espectacular desde un punto de vista social. Y aquellos legisladores, de gobierno y de oposición, que planean elevar el top de 650.000 pesos durante el trámite legislativo tendrían el dudoso mérito de hacer aún más regresiva esta política”
La postura de Engel es representativa de posturas altamente conservadoras. No es posible partir analizando cualquier decisión de política social sobre la base de si es regresiva o no. Es necesario ubicar el problema de la regresividad de las políticas sociales en el contexto que corresponde. La cuestión fundamental es que las mujeres en nombre de la sociedad están encargadas de dar a luz a los niños.  El problema de fondo es que ellas no tienen por qué pagar con una reducción de sus salarios por asumir esta tarea. ¿Quién debe asumir ese costo? En los países desarrollados son las empresas quienes lo hacen. El tema de la focalización puede tener sentido plantearlo respecto a la parte que debe asumir el Estado, siempre y cuando lo asuma alguien distinto a la mujer.
Políticamente, el argumento de Engel es discutible. ¿Por qué una mujer de clase media no tiene derecho a seguir recibiendo su remuneración al nacer un niño. ¿Se imagina Engel, lo que significa para una familia de los sectores medios dejar de recibir ese ingreso? ¿Cómo se enfrenta el gasto en educación de los otros hijos, el pago de la casa que probablemente están comprando? Su mensaje (pese a su manifiesta preocupación por la empleabilidad de las mujeres)  es que las mujeres que ganan más del salario mínimo  no deben seguir trabajando. ¿No es esta una postura más conservadora que la del actual gobierno?
Al hablar de progresividad de las políticas, Engel retoma un argumento desarrollado bajo el régimen militar (retomado luego por algunas instituciones financieras internacionales) y que sirvió para eliminar avances sociales significativos en nuestro país. El mismo argumento fue utilizado en Gran Bretaña por Thatcher para liquidar el movimiento sindical. Lo que es regresivo es sin duda el bajo nivel de tributación a que están sujetos los mayores ingresos. Lo mismo sucede con el hecho que las empresas no paguen impuestos. Esto sin embargo no parece preocupar a Engel. Más aún, de pasada propone eliminar la obligación de tener guarderías en empresas de más de 20 trabajadoras que es el único costo de cargo empresarial en este tema hasta hoy.
2. Por su parte, el director de Libertad y Desarrollo sostiene que el problema de fondo del proyecto es que se le quiere transformar en irrenunciable para aquellas mujeres cuyos ingresos son menores 675000 pesos. Según el proyecto del gobierno era equilibrado y razonable:
“Pero tenía un problema: chocaba con el concepto socialista acerca de los beneficios de carácter laboral, estos son irrenunciables… Si la flexibilidad es buena, es buena para todas las mujeres. Si el temor es que las mujeres de menor ingreso pudieran ser objeto de abuso, podrían buscarse fórmulas para resolverlo; pero no, simplemente se optó por tomar las banderas de la Concertación. La discusión ahora será si ese tope debe ser 30, 40 o UF 50.Como decíamos al principio, la falta de convicciones y de un ideario le está pasando la cuenta a este gobierno. Siempre termina rindiéndole cuentas a la Concertación y allí no tiene cómo ganar.” (El Mercurio, 6 de marzo del 201, p. D 14)
Una posición similar, aunque más matizada, ha sostenido Alejandro Micco de Cieplán:
¿Por qué esta discriminación? Por qué a las mujeres de altos ingresos pueden elegir y el resto no? ¿Sólo las mujeres de altos salarios tienen derecho a decidir su carrera laboral?...se considera que las mujeres de salarios más bajos son vulnerables, luego la ley debe protegerlas. La mayor vulnerabilidad es un punto, pero la solución no debe ser paternalista ni fijar todo en el Código Laboral ¿Por qué no velar para que la decisión se tome sin presión por parte del empleador, vía un sindicato o la Dirección del Trabajo? (El Mercurio, 6 de marzo del 201, p. D 15)
En otras palabras, sostiene la “libertad de elegir”. ¿De qué está hablando el autor? Se olvida que los trabajadores organizados sindicalmente son una minoría y pocos también los que negocian colectivamente.
No deja de llamar la atención que los liberales de la Concertación confluyan con lo más conservador de la alianza por el cambio.
Aunque más progresista la propuesta gubernamental constituye un ataque a decisión de las mujeres de trabajar fuera de la casa. ¿Con qué argumento se considera que  una mujer que gana más de 670 mil pesos no tiene derecho a seguir recibiendo su remuneración? El argumento clave es que no hay recursos. La pregunta es sin embargo ¿si no tiene sentido aumentar los impuestos para financiar esta tarea crucial de una sociedad?
Esto lleva a un tema político: si se considera que es el Estado quien debe financiar este derecho básico y no hay recursos, es necesario elevar los impuestos o como en otras latitudes, que sean las empresas las que lo financien. En este contexto, la oposición tiene que recuperar su preocupación histórica por la clase media y representarla en la defensa de este derecho y asumir la tarea de luchar porque sean los sectores de altos ingresos quienes financien los eventuales mayores costos de esta política.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDCL), a raíz de una consulta de la organización de consumidores CONADECUS, decidió suspender el proceso de fusión de las aerolíneas LAN y TAM, para realizar un detenido análisis de la operación. Cabe saludar esta decisión pues el camino alternativo desarrollado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) esto es, establecer un “Acuerdo Extrajudicial” con LAN, presenta deficiencias que de haberse aprobado podría haber dado paso, sin mayor estudio, a una operación cuyas consecuencias podrían impactar negativamente en este mercado sujeto ya, desde hace tiempo, a altos niveles de concentración y comportamientos anticompetitivos por parte de la empresa aeronáutica.

Con fecha 18 de agosto, la FNE inició, de oficio, la investigación Rol N° 1738 – 10 FNE, con el objeto de:

“Contar con evidencia respecto de la extensión de los riesgos que en definitiva se identifiquen y si las eventuales eficiencias generadas por la operación reúnen los requisitos necesarios para considerarlas un contrapeso de los riesgos detectados, y de lo contrario, determinar las distintas medidas que pudiesen aplicarse, en caso que fuesen necesarias para morigerar eventuales riesgos para la libre competencia generados por dicha operación” (FNE – LAN, 2011)
El acuerdo extrajudicial, se limita a detallar medidas a que se comprometería LAN y que a juicio de la FNE neutralizarían los riesgos para la competencia, que representa la operación. Aún cuando la elaboración del acuerdo habría requerido mucho tiempo, su análisis deja en evidencia algunas deficiencias que es necesario destacar:

1. Se sostiene que la FNE realizó una extensa investigación respecto del mercado de la aviación comercial. Se señala también que se recopiló amplia información sobre experiencias internacionales de fusiones de aerolíneas. No obstante, el acuerdo extrajudicial no presenta las conclusiones de esos análisis. Más aún, en aras de la transparencia sería muy importante que la opinión pública y los usuarios de estas compañías pudieran acceder a la documentación relevante, excluyendo sólo aquellas cuyo conocimiento afecte, ilegítimamente, la posición competitiva de las empresas involucradas frente a sus competidoras.
2. En el documento, la FNE no fundamenta la conclusión implícita del análisis realizado de que el proceso de fusión no representa una amenaza global a la competencia en este mercado y por tanto, que no cabe establecer un procedimiento frente al TDLC tendiente a rechazar la fusión.
3. No existe una evaluación de los mercados ni de la posición que ocupan los operadores que se fusionan, en cada uno de ellos. Menos aún existen consideraciones respecto de los efectos de la fusión en cada uno de los mercados involucrados. Se sabe, por ejemplo, que LAN intentó entrar en el mercado brasileño. En tal sentido, desde el punto de vista del mercado de ese país, la fusión elimina la posibilidad de que con una eventual entrada de LAN al Brasil, se fortalezca la competencia a TAM en ese mercado. Del mismo modo, es plausible pensar que TAM, de no fusionarse con LAN, podría en el futuro entrar en el mercado chileno, viabilizando así una competencia más importante que la que existen en la actualidad y que explica, probablemente, las altas tarifas que imperan en el mercado nacional.
4. No se detalla en el análisis cuáles son las ganancias de eficiencia que justifican esta operación y si efectivamente, constituyen un contrapeso respecto de los riesgos que esta gigantesca operación implica.
5. No aclara tampoco el documento cuál fue el mercado relevante que la investigación determinó para realizar el análisis. Su atención se centró principalmente en la ruta Santiago – Sao Paulo. No se percibe un análisis detallado de otras rutas internacionales en que por la posición dominante de ambas aerolíneas en los mercados de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador una situación relativamente competitiva en la actualidad pueda dar paso luego de la fusión a estructuras cuasi monopólicas. Es de máxima importancia para la competitividad nacional y la incidencia de los emprendedores nacionales en los países de la región, contar con medios de transportes con precios competitivos.
6. La FNE reconoce que, en el curso de la investigación respecto del proceso de concentración, ha detectado riesgos desde el punto de vista de la libre competencia, que considera necesario cautelar en caso que la operación se materialice. No obstante, el acuerdo no explicita dichos riesgos sino que sólo detalla las medidas acordadas con LAN para neutralizarlas. De esta forma, la opinión pública no puede evaluar si las medidas son suficientes para neutralizar los riesgos que la propia FNE ha identificado.
7. Llama la atención que la FNE no haya convocado a ninguna asociación de consumidores a presentar su punto de vista. Contrasta esta situación con actuaciones anteriores de la propia institución.
8. No disponemos de la lista de personas e instituciones que la FNE convocó para realizar su análisis. En informaciones de prensa (La Tercera, 6 de febrero 2011, Negocios p. 5) se indica que se “pidieron informes a autoridades del sector, como la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), agencias de viaje, competidores locales como Sky Airline y Pal, el concesionario del aeropuerto de Santiago, SCL, operadores logísticos como DHL y la consultora McKinsey”. Más allá de que se trata de instituciones cuya opinión resulta imprescindible cabe señalar que: a) que contra la JAC se interpuso un requerimiento para modificar las bases de licitación de frecuencias aéreas por estimar la propia FNE, que favorecían al operador dominante (TDCL, Sentencia N° 81/2009) b) respecto del concesionario del aeropuerto de Santiago, es importante recordar que la literatura ha dejado en evidencia la dependencia que existe entre el operador de un aeropuerto y su principal usuario. A contrario sensu se echan de menos consultas con entidades públicas como es por ejemplo el Sernac. En suma, al menos por la información disponible los actores consultados parecen insuficientes.
9. Finalmente, y sin entrar en detalles técnicos, las principales medidas que según la FNE neutralizarían los riesgos que la fusión crea a la competencia en este mercado están sujetas a tantas restricciones que su efectividad resulta más que dudosa.

Andrés Velasco y Alberto Arenas, líderes del equipo económico del Gobierno anterior publicaron el viernes pasado un artículo en la revista  Qué Pasa. Bajo el título “La insoportable laxitud del ser” proponen articular la oposición al Gobierno de Piñera desde la responsabilidad fiscal.

 “Denuncian” que el gobierno de Piñera proyecta un  déficit promedio para la administración de 0,88% del PIB. Afirman “qué contraste con el superávit promedio de 3,95% del PIB – el más alto de nuestra historia – legado por la Administración Bachelet”. Sobre esa base proponen la línea política para oposición: “Mírese por donde se mire, entonces, y de acuerdo con sus propias proyecciones, el gobierno de Sebastián Piñera ha optado por un camino fiscal mucho menos riguroso que el de Michelle Bachelet”. Por  lo demás buscan demostrar que ese déficit no es culpa ni del terremoto, ni de las condiciones iniciales, ni de la economía ni de la metodología de medición para concluir, dejando en ascuas a los lectores, que “la mejor explicación es que no hay una buena explicación – o que las razones no son técnicas, sino de otro orden”. ¿Políticas?

El artículo causa estupor. Aunque un tanto críptico, el título puede interpretarse como expresión de que a los autores les molesta visceralmente el déficit fiscal. No parece preocuparles el uso y destino de los recursos, sino sólo que se incurra en un déficit.

Ahora bien, ¿cuál es el  interlocutor de los autores? Poco probable es que sean los sindicalistas tanto del sector público como privado, que enfrentaron ayer su intransigencia en el momento de la negociación, a nombre de la responsabilidad fiscal. Tampoco deben haber pensado en los adherentes de la antigua Concertación que los responsabilizan de la derrota por haber puesto los criterios presupuestarios al mando. Lo más probable es que los destinatarios del artículo sean quienes fueron sus principales interlocutores cuando los autores ocuparon puestos de gobierno: los empresarios.

Más allá de que su crítica parece más bien propia de funcionarios de organismos financieros internacionales del pasado y que se hace desde la derecha al Gobierno de Piñera, resulta preocupante que, en aras de defender su gestión gubernamental, no relevan los problemas de fondo del Proyecto de Presupuesto 2011 del actual gobierno.

En efecto, los dos personeros implícitamente quieren defender posturas cuestionables desde el punto de vista fiscal y político. Veamos primero lo fiscal. Durante su gestión y producto de los buenos precios de los productos de exportación, en particular el cobre, el Gobierno aseguró en los años 2006, 2007 y 2008, superávits por montos equivalentes al 7,9%; 8,4% y 4,3% del PIB respectivamente. Parte importante de estos recursos fueron dirigidos a la compra de activos financieros que en términos netos alcanzaron 5,9%; 7% y 4,1% como proporción del PIB en los años indicados. La decisión estuvo fundamentada, principalmente, por el temor que un incremento del gasto pudiera tener repercusiones macroeconómicas negativas y por la conveniencia de ahorrar, para enfrentar coyunturas económicas negativas futuras. La grave crisis financiera internacional y la consecuente crisis económica internacional vino, ex – post, a legitimar esta decisión.
No obstante respecto de esta política son importantes dos consideraciones, que deben tenerse en cuenta en la actual discusión presupuestaria: a) La compra de activos financieros fue equivalente a la suma de los presupuestos de educación y salud de los años 2006 – 2008 que sumados alcanzaron la cifra de 5,8%; 6,2% y 7,2% respectivamente. La grave situación que atravesaban y atraviesan ambos sectores plantea si era conveniente haber destinado parte de los recursos indicados, para acelerar el tranco en su mejoramiento.  b) Si bien la política de superávit estructural representó una innovación para fortalecer el uso de la política fiscal como instrumento anticíclico, por su parte las decisiones respecto de la compra de activos financieros reflejaron la inexistencia de una estrategia y de conceptos en cuanto al óptimo manejo de situaciones de holgura fiscal en el marco de una política responsable.
Y desde el punto de vista político, el rechazo a realizar mayores inversiones en la educación y la salud (cabría agregar en desarrollo tecnológico y en general en el apoyo al crecimiento de la productividad) asociado a graves conflictos con los grupos vinculados a esos sectores, fue decisivo en la derrota electoral.
La fijación con el déficit y la falta de una revisión autocrítica de la política impulsada conduce a que  los autores no analicen los problemas de fondo del proyecto de presupuesto de Piñera.

Entre los más importantes cabe destacar los siguientes. En primer lugar la reducción de la importancia de la educación pública. El nuevo Presupuesto apunta a igualar la importancia asignada a la educación pública y privada, lo que implica un tratamiento desigual en perjuicio de la educación pública pues ella requiere un apoyo sustantivamente mayor debido a que atiende a los sectores más vulnerables. La pérdida de importancia de la educación pública implica proyectar hacia el futuro la construcción de un país de dos velocidades con baja cohesión social. Es probable que el deterioro relativo de la educación pública se mantenga, además, mientras que ésta siga en manos de las municipalidades - que, con pocas excepciones, son extremadamente débiles,- y no se priorice la subvención preferencial. Algo similar se puede afirmar respecto a la salud, donde la necesidad de terminar con las listas de espera, legitima la creciente compra de servicios al sector privado (a costos muy superiores de los que sería posible enfrentar si se hicieran las inversiones y los gastos de operación necesarios) y el deterioro relativo del sistema público de salud. En lo relativo al rol económico del Estado, la renuncia a que éste, se la juegue a favor del desarrollo de nuevas ventajas competitivas, manteniéndose una política que no va más allá de agilizar trámites y flexibilizar el mercado laboral. En relación con el empleo público la mantención de la gran inestabilidad que caracteriza la situación de la mayoría de los funcionarios públicos y como contrapartida el aumento inusitado de los honorarios.

El artículo termina citando a un Profesor de Harvard quien señala: “Los Gobiernos de Centroizquierda a menudo tienen que limpiar los estropicios que dejan los gobiernos de Centroderecha”. El profesor tiene en mente las gestiones de Reagan y de ambos Busch que aumentaron desmesuradamente el gasto militar y, simultáneamente, redujeron los impuestos a los sectores privilegiados de los Estados Unidos. Quizás los autores temen que la actual administración haga algo parecido. No obstante, pareciera más bien que los autores permanecen prisioneros de una visión bipolar respecto de la política fiscal: o prima la irresponsabilidad fiscal o se debe concentrar la atención en mantener un superávit, independiente de las condiciones económicas y sociales del país.

Con su agudeza habitual, Carlos Peña intervino esta semana en el debate entre Vidal y Velasco con una hipótesis atractiva: “lo que está en medio de esa disputa… no es la cuestión – a estas alturas gastada e inútil – de las causas de la derrota electoral. Tampoco si el liberalismo económico, por llamarlo así, que inspiró algunas de las decisiones de Bachelet fue generoso o si fue mezquino. Lo que se discute… es cuáles son los títulos de legitimidad que poseen esas ideas que hasta ahora, para bien y para mal, lograron hegemonizar la Concertación”. Concluye afirmando que lo que subyace…“es nada más ni nada menos cuan en serio nos tomamos la democracia y el sistema de partidos”, tema  profundo, aunque no parece claramente hilado con la tesis inicial.  
Una dura crítica del rector va directo al corazón de la racionalidad ¨técnica¨ omnisciente. Señala que las grandes claves para encarar problemas cruciales que enfrenta la humanidad y nuestro país (y que tienen relación con el sistema de pensiones que nos rige, la segmentación educativa y de salud y para la política en general) no es algo que puede ser resuelto por los expertos. Tras preguntarse por cuánta igualdad, cuánta diferencia, qué riesgo debe soportar cada uno y cuánto riesgo debemos distribuir entre todos, afirma que “a la hora de responder esas preguntas, no hay expertos, todos somos profanos..La democracia descansa en la convicción de que las respuestas a esas preguntas pertenecen al conjunto de la ciudadanía”. ¡Qué golpe a la arrogancia tecnocrática, descalificadora de la opinión democrática y de las que buscan expresar las organizaciones ciudadanas y sociales!
Esta perspicaz visión contrasta, sin embargo, con dos de sus afirmaciones - que el debate en torno a las causas de la derrota es inútil, e irrelevante cuáles ideas orientaron la política del pasado gobierno- y también con la explicación, algo pobre, de cómo un puñado de personas tomó la dirección de la política bajo la administración anterior. Se trata de un análisis que desdibuja las raíces políticas del posicionamiento del grupo de Velasco.
Para quienes pensamos que el centro y la izquierda deben ser capaces de levantar una fuerza competitiva para las elecciones del 2013, por el contrario, es indispensable conocer las causas de la derrota También lo es para analizar seriamente las ideas económicas que marcaron el sello del gobierno anterior y que, aunadas con otros elementos abrieron paso a un gobierno de derechas.
Peña reconoce que “Hasta ahora la Concertación se dejó dominar por quienes – a pretexto de la gobernabilidad primero y del saber técnico después – moderaron la agenda pública y sujetaron las demandas”, pero no saca las consecuencias de la dominancia de estas ideas en la derrota de la Concertación. El predominio del grupo afín a Velasco en la última Administración deriva, según él, de “virtudes que no son específicamente políticas: la habilidad en el management, las redes sociales, el saber técnico”.
Cabe señalar, en primer lugar, que la influencia al margen de la representación no es propia sólo del grupo que lideró el gobierno en la última Administración. Los grupos económicos y las asociaciones empresariales ejercen una influencia en la política pública que va más allá de su fuerza electoral. Algo similar puede afirmarse respecto de los medios de comunicación, que transmiten frecuentemente visiones interesadas del transcurrir político. La influencia política deriva, en todos estos casos, del poder económico.
Pero,  ¿cómo predomina un grupo afín a las ideas de Velasco, que carece de esas fuentes de poder? Responder a esta pregunta hace necesario analizar tres temas que Peña no considera: primero, la forma en que se toman las decisiones de política pública, segundo, la ideología del grupo que le permite articularse con los intereses predominantes y tercero, las condiciones políticas que hacen posible su predominio.
Respecto de los primero, cabe remarcar que la toma de decisiones de política pública sólo de manera muy limitada tiene que ver con la habilidad, el saber técnico y las redes sociales. Lo central es la correlación de fuerzas que se establece en las distintas fases de decisión e implementación de las políticas públicas. Por ejemplo, la bicéfala reforma previsional del 2008 sólo es explicable porque se satisficieron demandas y necesidades de casi la mitad de la población de edad avanzada que estaba sometida a precarias condiciones de vida, pero a la vez se modificaron condiciones de operación del sistema privado de pensiones (las AFPs y las empresas cuyas acciones son controladas en forma importante por los Fondos de Pensiones) favorables a la industria. O bien, que no prosperara la iniciativa de hacer una Superintendencia de Obras Públicas que supervisara al sistema de concesiones de obras públicas derivó de la fuerte oposición del mundo empresarial vinculado con las concesiones..
La visión del rol del Estado y de las políticas económicas de Velasco (rechazo a una reforma tributaria, política salarial restrictiva, rechazo al fortalecimiento de la organización sindical, o iniciativa como la propuesta de depreciación acelerada) coincidieron con la especial configuración de la correlación de fuerzas económicas y políticas que la estructura institucional del país hacía posible, y donde predominaba el interés empresarial.
¿Cuál ideología encarnan Velasco y sus afines? Desde su punto de vista, vivimos en el mundo globalizado en que la soberanía nacional desaparece frente a la lógica implacable de los mercados internacionales. Las decisiones sobre política pública deben estar atentas al juicio de las calificadoras de riesgo, que miden la sensibilidad de quienes manejan los principales circuitos financieros. Ello sustenta una política que permanentemente busca restringir el ámbito de incidencia de la política democrática, afectado a su juicio de un populismo intrínseco.
 Y es que restricciones del ejercicio democrático tienen en Chile muchas ramificaciones. Algunas  heredadas de la dictadura y, otras, de la transición a la democracia. Como el fundamento del sistema binominal: restringir el acceso a las instancias democráticas de grupos críticos. O también el fundamento de una Constitución, que erradica toda capacidad de iniciativa del Parlamento en materias que implican decisiones sobre los recursos públicos.
Pero, en el caso que nos ocupa, es también el principio de una modalidad de estructuración del Poder Ejecutivo que concentra las decisiones en el Ministerio de Hacienda, en perjuicio de la iniciativa y la capacidad de iniciativa política de los otros ministerios y de los gobiernos regionales. Es también finalmente el fundamento de la decisión de que cada vez más instituciones sean dirigidas por personeros divorciados de las mayorías democráticas.
En suma, no cualquier grupo habilidoso puede asumir posiciones de decisión en la actual configuración del poder político y económico: la condición decisiva previa, es enarbolar ideas que sean funcionales a intereses dominantes.  Ahora bien ¿cuáles condiciones políticas hacen posible su predominio en Chile?
Hay una primera condición: el debilitamiento de la capacidad intelectual de los partidos, el abandono de toda preocupación programática, y su constitución exclusiva como máquinas electorales. Ante la pobre generación de ideas consistentes con sus planteamientos ideológicos, las máquinas de poder declinaron en el ámbito de las propias, hasta llegar a delegar la toma de decisiones en la oferta de ideas existente. En el contexto de nuestro país, ¨los delegados¨ no podían ser otros que aquellos “expertos” que, desde hacía años y por su afinidad de pensamiento, venían siendo promocionados por los circuitos de poder económico y por los poderosos medios de comunicación.

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En un artículo anterior analicé algunos aspectos errados de la política económica propiciada por Velasco y la incidencia política negativa de varias de sus decisiones económicas (http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/el_round_vidal_velasco_un). En la misma entrevista del Mercurio, el domingo 13 de junio el ex ministro plantea su visión económica general, que precisamente evidencia las dificultades estratégicas de la política económica aplicada en la anterior administración y que analizaremos en esta columna.
Velasco señala “Soy un liberal progresista, de esos que pensamos que la política social debe ser ambiciosa, que los mercados a veces fallan y que las políticas públicas deben intervenir para corregir esas fallas, que la competencia se garantiza con una fiscalización antimonopolios cuero de diablo, y que a lo fiscal le corresponde un papel clave a la hora de atenuar las fluctuaciones de la economía”. Esta visión sugiere varias áreas de discusión, pero en este momento deseamos concentrarnos en dos.
En primer lugar, puede concordarse respecto de que la política social debe ser ambiciosa. Pero la política social por sí sola no puede corregir las desigualdades que genera un modelo económico inequitativo, y añejos resultan ya casi los debates de los ochenta respecto de que la política social no podía compensar los efectos sociales negativos del mal desempeño económico, y el desempleo a ello asociado, o de las políticas de ajuste ortodoxas. En este campo fueron emblemáticos los resultados sociales del régimen militar.
También resulta valorable una política económica anti cíclica, pues genera los recursos para proteger a los sectores vulnerables en tiempos de crisis, tal como fueron los objetivos iniciales de la política chilena de superávit estructural.
Pero en el largo plazo la política social, por ambiciosa que sea, no puede revertir la concentración económica excesiva y la grave desigualdad en la distribución del ingreso. A tal fin es crucial una política tributaria que le dé espacio al impuesto a la renta de las empresas (impuesto que no existe en Chile, pues las empresas sólo adelantan el impuesto que pagan las personas) y que obligue a quienes más ganan a hacer un mayor aporte fiscal, propiciando así una redistribución del ingreso y un caudal de recursos que permita encarar las inversiones que se requieren para estimular el desarrollo productivo y avanzar en el desarrollo social. Y, por su parte, el mayor equilibrio entre los distintos agentes económicos hace posible una mejor distribución primaria del ingreso, tal como Paul Krugman, Premio Nobel de economía, lo ha analizado para Estados Unidos en su libro “The Conscience of a Liberal”.

Por otro lado, qué duda cabe respecto de que los mercados presentan fallas y de que se necesitan políticas públicas para corregirlas. A estas alturas de la crisis global, que también ha desplomado y destronado al pensamiento económico ortodoxo, esta afirmación es extremadamente compartida. ¿Quién podría sostener hoy que el mercado opera sin fallas, luego de la crisis financiera global? Esta también había sido una conclusión irrefutable de la crisis financiera chilena de 1982, cuando la idea utópica del mercado con capacidades auto correctivas también colapsó. Pero la crisis financiera global no sólo evidenció que los “mercados fallan”; esta mirada ciertamente resulta demasiado generosa para comprender lo que acontece actualmente en la economía mundial, sumida en crisis desde hace más de dos años.

Desde la perspectiva de Velasco, las intervenciones públicas tienen como objeto central fortalecer la acción autónoma de las fuerzas del mercado. Crucial es que el libre juego del mercado resuelva los problemas económicos y que la política macro sana genere los incentivos suficientes para que los empresarios lideren la  transformación productiva basada en ventajas comparativas. La función del Estado debe limitarse a formular las políticas monetarias y fiscales, proteger el derecho de propiedad y su institucionalidad legal, y promover la apertura externa. Se acepta una responsabilidad última en la provisión de bienes públicos (educación e infraestructura), aún cuando se prefiere que los suministre sea el sector privado. Específicamente, el rol del gobierno debe limitarse a eliminar las fallas que afectan la asignación de recursos por el mercado, proteger la competencia y regular los mercados monopólicos.

Pero la experiencia chilena e internacional hace patentes las graves limitaciones del ideario que considera al mercado como único o principal determinante de las decisiones de inversión. Contrastan con la economía chilena, que crece a un ritmo cada vez menor, los países emergentes de Europa y de Asia, cuyos ritmos de crecimiento son muy superiores y cuyas estructuras exportadoras son sustancialmente más complejas que la nuestra, permitiéndoles insertarse en  los mercados mundiales más sofisticados. En tales países, el mercado evidentemente juega un papel sustancial, pero no es el principal ni único mecanismo que orienta la inversión.  De la estrategia de desarrollo  de países como Finlandia, Australia, Corea del Sur -por nombrar solo algunos- destaca en primer lugar, la existencia de formas de concertación social y de mecanismos de acuerdo que configuran un proyecto nacional bajo cuyo alero operan los mecanismos de mercado. Para incentivar el desarrollo de nuevas ventajas comparativas basadas en procesos productivos de mayor valor agregado y contenido tecnológico, su inteligente inserción internacional ha requerido que la intervención pública “distorsione” las señales microeconómicas. En tal contexto, entre otras políticas, el Estado no ha escatimado esfuerzos y recursos para asegurar una educación de calidad para todos, que permita ¨alimentar¨ un aparato productivo en continua innovación. Al mismo tiempo, el Estado invierte para desarrollar su capacidad operativa de conducción y coordinación. A diferencia de la orientación que ha predominado en nuestro país, el Estado promueve activamente nuevas actividades y despliega un amplio conjunto de políticas públicas a favor de la innovación tecnológica y de buenas prácticas de gestión. Estas economías exitosas son, además, sustantivamente más igualitarias que la nuestra.
 
Por el contrario, debilidades en estos ámbitos explican en parte la persistencia de la alta desigualdad que existe en  Chile. Ello, unido a la precariedad que ha mostrado el crecimiento de la economía en los últimos dos años, probablemente explica en algo el desafecto respecto de la Concertación mostrado por la ciudadanía en la última elección presidencial.
 

Chile es y ha sido siempre un país sísmico. Sin embargo es poco probable que el país haya vivido, en el pasado, tres movimientos telúricos tan violentos, en el curso de solo tres meses. El primero fue el sismo del 17 de enero, cuando la concertación fue remecida al comprobar que el país prefería la opción presidencial de la derecha. La tragedia del 27 de febrero fue el segundo. Desde hacía mucho tiempo que una franja tan larga del país era afectado por un movimiento telúrico de tan grandes proporciones. El tercero ha sido el terremoto político del 16 de abril, cuando el Presidente Piñera remeció política e ideológicamente todo el sistema político, al proponer financiar el esfuerzo de reconstrucción en una proporción de 37%, con impuestos.

El terremoto en la derecha ha sido de inmensa magnitud. Hernán Büchi señalaba el día de ayer desconcertado, que el trabajo de concientización que habían desarrollado durante 20 años respecto de lo pernicioso que eran los impuestos, lo habían tirado por la ventana en 20 días. Luis Larraín, heredero de las mejores tradiciones del Instituto Libertad y Desarrollo, considera un “grave error técnico” el cometido por el Presidente de la República. Les preocupa, que el aumento de los impuestos afecte el crecimiento.

Son estas críticas las que tienen poco fundamento técnico y alto contenido ideológico. En efecto, en el corto plazo, las medidas gubernamentales no tendrán efecto negativo alguno, ya que el mayor gasto fiscal impactará positivamente en el producto. En el largo plazo, la afirmación resulta aún más peregrina. ¿Es posible pensar que un leve y transitorio incremento de los impuestos de primera categoría tenga un impacto en las decisiones de inversión, habida cuenta de las ganancias fuera parangón que han tenido las empresas en los últimos años? ¿Afectará en algo a las empresas mineras, un leve incremento del royalty cuando en los últimos años el precio del cobre ha experimentado una alza extraordinaria como efecto, entre otros, de la irrupción de China en el mercado mundial?

Pero el terremoto en la derecha es más profundo.  Büchi en esto demuestra una gran agudeza al preguntarse, si el terremoto del 27 de febrero, justifica el aumento de impuestos, ¿no lo justificaría aún más “el terremoto de la pobreza”? Efectivamente, como se ha venido sosteniendo por muchos especialistas (con poca recepción en la prensa) derrotar definitivamente la pobreza, terminar con la inequidad en salud y en educación y dar un salto en la calidad de esta última, requiere que el país destine mucho más recursos a esas tareas, lo que exigen mayores contribuciones impositivas.

En este sentido, el giro de Piñera respecto de los impuestos constituye uno de las operaciones más importantes para modernizar el pensamiento económico en la derecha. En efecto, del mismo modo que muchos marxistas consideraron que el desarrollo del pensamiento económico y social terminó con Marx, muchos economistas consideran que la ciencia económica alcanzó su culminación con Friedman y Lucas. El golpe a la cátedra de Piñera, sin duda descoloca a la derecha más provinciana. Las fotografías que ha publicado la prensa son testimonios gráficos de extraordinaria profundidad. Un diario de la capital, publicó una foto de todos los investigadores del Instituto Libertad y Desarrollo que junto con su antiguo director partían a cumplir tareas gubernamentales. La felicidad que llenaba sus caras, me recordó esas típicas fotos que se toman los estudiantes al salir a un viaje de estudios. ¡Qué paradojal su alegría, cuando, el gobierno al que se incorporan, lo primero que hace es abandonar sus gastadas convicciones!.

Pero el terremoto del 16 de abril afecta, también, con violencia a la antigua Concertación. La reforma tributaria de Piñera ha dejado en evidencia el diletantismo del equipo económico del anterior gobierno. Pese a la grave situación de la educación pública, pese a la falta de recurso del sector salud, la única modificación tributaria que intentó hacer el ministro de Hacienda de la antigua administración, fue la  de depreciación acelerada, que hoy el gobierno de Piñera propone como una de las compensaciones a los afectados por la reforma tributaria. Desnuda además, la falta de coraje de quienes definieron el programa de gobierno del candidato de la Concertación derrotado el 17 de enero. El equipo programático de la Concertación, constituido por representantes de todos los partidos de la coalición más los miembros de Océanos Azules, concordaron que era esencial que el candidato propusiera una reforma tributaria para financiar el gran esfuerzo social que demandaba el país. Sin embargo, dicho comando convenció al candidato de que ello era equivocado (¿error técnico como diría Luis Larraín?). Para los que andan buscando las causas de la derrota, ahí hay una que que quizás se debería explorar.

La violencia del sismo ha generado comportamientos y declaraciones sólo explicables por lo traumático del evento. Un alto dirigente de la Concertación, más desconcertado que nunca, da un giro profesional y sólo atina a decir que duda de que las medidas recauden lo que el gobierno espera. Un agudo analista vinculado a la Concertación, llama a la reforma tributaria “la reina de todas las batallas” y llama a concordar un “nuevo pacto tributario o un pacto social”. Lo que no queda claro, es cuál es el rol que debe jugar la Concertación en este nuevo pacto, si quien está a favor de los impuestos, es el gobierno de la derecha.

Lo anterior no debe hacernos olvidar que la “revolución tributaria de Piñera” presenta múltiples bemoles, entre los que destacan, la transitoriedad de los tributos, la propuesta de depreciación acelerada, la ley de donaciones y la voluntad de vender activos de las empresa públicas sin un análisis en su propio mérito de la importancia o no de que el Estado mantenga esos activos.

Para mayores desgracias, el terremoto político del 16 de abril ha sorprendido a la Concertación en paños menores. La renovación de rostros resulta francamente decepcionante. Las opciones que se levantan no proponen una discusión respecto de las causas del fin de la Concertación ni abren camino para la elaboración de nuevas ideas que permitan levantar una alternativa progresista. Los viejos activos de la coalición, en lugar de asumir el rol de un consejo de ancianos que ayude al surgimiento de nuevos liderazgos, han dado un giro profesional y se han transformado en avezados titiriteros que buscan transformar, tal Geppeto, al muñeco de madera en un niño de carne y hueso con la ayuda de la hada madrina. No podemos saber quiénes serán los líderes de una nueva coalición entre el centro y la izquierda, pero lo que está claro, es que la nueva dirigencia no puede surgir sin ideas y menos sin rebelarse contra el padre (y la madre). Los cooptados sirven para jefes de gabinete. Los nuevos dirigentes sólo podrán surgir en la lucha contra los antiguos dioses, siempre reticentes a hacer las cosas de una manera distinta a como la hicieron en el pasado, sobre todo si fueron exitosos.

Hoy lunes 12 de abril, la Concertación se reúne en su primer conclave después de la derrota del 17 de enero. No están claros los temas que se abordarán. Se ha excluido, el debate en torno a las causas de los resultados electorales, aún cuando algunos dirigentes han señalado la necesidad de entrar en esos temas. Sin identificar a fondo los problemas, es difícil reconstituir la Concertación y hacer una buena oposición.

Para ayudar a esta reflexión necesaria, es importante sistematizar la lógica básica que orientó la política de la coalición. ¿Cuál es en ese sentido el modelo económico social de los Gobiernos de la Concertación?

El modelo de la Concertación se caracterizó por mantener las orientaciones económicas básicas del modelo heredado (economía de libre mercado, minimización de la intervención del Estado, lo que se expresa, entre otras cosas que el modelo del Estado subsidiario permaneció incólume en la constitución, liberalización plena del mercado de bienes y servicios y del mercado de capitales, continuación de los procesos de privatización y aceptación e incluso, promoción de las fuertes tendencias hacia la concentración de la economía). En este campo hay dos elementos en los cuáles se da, sin embargo un giro. El primero, un mayor énfasis en la regulación de algunos mercados con características de monopolio natural y una mayor preocupación por la defensa de la competencia. El segundo, un elemento con claras connotaciones ideológicas que se presentó como el fin de los conflictos (considerados inconducentes) entre la economía de libre mercado y el intervencionismo estatal. De esa forma, lo que se promovería como la “Alianza pública – privada” se transformó en una especia de nueva ideología, una especie de “tercera vía nacional” en que desaparecía las contradicciones entre el interés privado y el interés público. En términos de política, esta visión se tradujo en el fuerte impulso de las concesione de obras públicas y de diversas formas de colaboración que partían de esta idea de un interés único. La excesiva confianza en esta política llevó a serias dificultades, entre las cuales destaca el alto costo fiscal que han implicado las concesiones de obras públicas y la catástrofe inicial que representó el Transantiago.

Otro elemento es la mantención del sistema de relaciones laborales heredado, en aspectos cruciales. Se privilegió la negociación individual y no se contribuyó, lo que se podía, al desarrollo de la organización sindical y la negociación colectiva. En esta política coincidieron a menudo el mundo empresarial y las autoridades gubernamentales. La idea del salario como categoría residual, es central.

La economía de mercado, se proyectó, además, en la apuesta por una sociedad de mercado, en que los individuos debían relacionarse como agentes económicos individuales y no pretender determinar a partir de la organización social y los acuerdos globales, la marcha de la economía. Contrasta esta visión con lo que es la experiencia de los países más exitosos en los últimos años, donde los gobiernos convocan al mundo empresarial, a los sindicatos y otras organizaciones sociales y al mundo académico a definir en conjunto las rutas que debe seguir el crecimiento y el desarrollo. Los sucesivos gobiernos de la Concertación, frecuentemente influidos por grupos tecnocráticos sostuvieron la visión de que la organización de los grupos subalternos generaba comportamientos corporativos que atentaban contra el interés general representado por la política de acuerdos. En tal sentido, se combatió en distintos niveles la organización social. Si bien el balance social de la Concertación (más allá de la desigualdad) es positivo, lo cierto es que la “sensibilidad social de la Concertación terminaba cuando los grupos subalternos se organizaban”

Como contrapartida, en la política social la Concertación introdujo un giro sustancial. Quizás la afirmación principal que orientó esta política fue que la pobreza no podía ser combatida sólo por el chorreo que producía el crecimiento económico, que la política pública era indispensable para abordar esta situación. En este campo se avanzó mucho, desde el aumento de impuestos para financiar medidas contra la pobreza, la recuperación del sistema de salud pública hasta la reforma previsional. En todos estos campos hubo una clara ruptura con el modelo neoliberal original. No obstante, la sociedad de mercado se proyectó con fuerza en este campo. Mantuvo la existencia de una sociedad dual, con una salud, educación, previsión para ricos y otra para pobres. Si bien, hay una clara decisión de elevar los mínimos universalizando los subsidios y llevándolos a montos razonables, lo claro es que el modelo de la Concertación no pone en cuestión esa dualidad. Ello tiene dos agregados, el debilitamiento en el largo plazo de la cohesión social (expresado con fuerza en el desafecto frente al sistema político) y que la política social no pone en cuestión la creciente participación del negocio privado en estos campos, aún cuando la inversión pública puede representar menores costos y mayor eficiencia. De ahí que haya sido posible el consenso con la derecha en todas estas reformas. De ahí también desigualdad que tiene como contrapartida la creciente concentración del ingreso.

Me perdí el traspaso de gobierno. Estaba fuera del país haciendo una consultoría. Me había ido con sensaciones encontradas, pero pese a todo, con una buena impresión del equipo que iba asumir con Sebastián Piñera (más allá de sus posturas ideológicas). No me parecía adecuada la excesiva homogeneidad (muchos ejecutivos y empresarios y demasiados profesionales provenientes de la Universidad Católica), me preocupaba la presencia de personeros con una larga trayectoria empresarial pero poco vinculados a la vida política del país. Me parecía, positivo sin embargo, que en el diseño del nuevo gobierno se hubiesen abordado ciertos problemas que habían afectado gravemente las administraciones anteriores: el excesivo protagonismo del Ministro de Hacienda en las principales decisiones gubernamentales, el debilitamiento de la conducción política del gobierno y la falta de preocupación por el desarrollo económico. No era posible esperar que Felipe Larraín no encontrara interlocutores de peso en La Moneda. El propio Presidente tiene una formación que impedirá que pasen “gatos por liebre”. La conducción política parece bien afianzada en el Ministro del Interior, el personero de mayor confianza del Presidente. La conducción y coordinación de la política pública es probable que pasen efectivamente por el Ministro Secretario General de la Presidencia. Es posible esperar que la coordinación interministerial vuelva a radicarse en la Secretaría General de la Presidencia y no siga en manos de la Dirección de Presupuesto. Positivo parecía también, que al Ministerio de Economía llegara alguien de peso que pudiera relevar las tareas del crecimiento económico, frente las consideraciones financieras - presupuestarias provenientes del Ministerio de Hacienda.
Al volver al país, me he encontrado con cosas que no me esperaba. Una alianza política que había construido la candidatura presidencial a partir de que “ellos lo iban hacer mejor” empieza mostrando debilidades en ese campo. Son los propios partidarios del nuevo Gobierno, los que llaman la atención de las demoras que han tenido lugar en la construcción de los equipos gubernamentales. Respecto de estas dificultades se ha dado como explicación, el terremoto. Puede ser, pero el problema no es hacer las cosas bien en situaciones normales sino cuando aparecen las emergencias. Los especialistas en gestión probablemente dirán, que se trata sólo de malas excusas. El problema de fondo, es la incomprensión de la nueva administración respecto del  arte de gobernar. La promesa de nombrar a los más calificados ha chocado con la realidad educacional del país, la necesidad de mantener un equilibrio entre la UDI y Renovación Nacional y con que la función pública requiere sintonía y empatía con la comunidad que se piensa servir. Del mismo modo, pensaba que el nuevo Presidente iba a resolver, en las fechas por él definidas, los conflictos de interés que lo amenazaban.
Más rápido de lo  pensado, aparecen los conflictos al interior del nuevo oficialismo (¿las nuevas dos almas?). La propuesta presidencial de elevar temporalmente los impuestos a las grandes empresas ha causado sorpresa y ha caído como balde de agua fría entre personeros de la UDI. No es sólo el Senador Novoa. También Luis Larraín actual director de Libertad y Desarrollo, institución que aportó con más de 20 personas al nuevo Gobierno. Su argumento contra los impuestos es categórico, “hablar de cobrar impuestos a las grandes empresas es demagogia pura,  las empresas son criaturas humanas y el impuesto que se les cobra es sólo una retención del tributo que en definitiva pagan sus dueños. El único efecto real de cobrar impuestos es castigar la inversión”. Pero la tributación no es para el dirigente de Libertad y Desarrollo el problema principal, sino que es uno político ya que para él, aceptar el alza de impuesto implicaría “seguir manejando el caballo por la cola…(se) estaría abdicando del legítimo derecho a gobernar con las propias ideas y no con las del adversario”. Aceptar el aumento de impuestos sería sólo una concesión a consideraciones políticas de corto plazo.
El Presidente por su parte, parece estar decidido a aumentar los impuestos a las grandes empresas, primero por “consideraciones políticas de corto plazo” como teme Larraín; esto es combatir con hechos la idea de que este Gobierno sería la administración de los empresarios. Sin duda el debilitar esta imagen entre la opinión pública sería un gran triunfo del nuevo Presidente. Más aún, si ese aumento (de un 17% a 19% en un plazo de dos a 3 años) junto con ser “poco y por poco tiempo” legitima cambios en la ley de donaciones de manera que de forma más fácil y en una mayor cantidad, los empresarios puedan definir el destino de sus aportes, al margen de la decisión mayoritaria como es en el caso de los impuesto recibidos efectivamente por las arcas fiscales. Abre además la posibilidad de legitimar el uso de otros mecanismos para financiar la reconstrucción, evitando los debates de fondo, como es por ejemplo la venta de empresas públicas.
Resulta inconcebible que destacados personeros acepten sin más que la privatización es una panacea (como sostienen en un semanario de la capital). Sería importante recordar que los ingresos que CODELCO genera para todos los chilenos son muy superiores a los que le generan las empresas privadas radicadas en la extracción de cobre. Todo esto pese a que con la privatización de los nuevos yacimientos, CODELCO cedió al sector privado las extracciones mineras más productivas, que debían reemplazar a las antiguas explotaciones de la compañía.
Del mismo modo, después de la crisis financiera internacional, en que un puñado de bancos y empresas privadas llevaron a pérdidas a la economía mundial que encuentran sólo parangón en la crisis de los años 30 del siglo pasado, y ha hecho a los gobiernos de Estados Unidos y de Europa revisar sus visiones respecto de estos asuntos, propagar la privatización como panacea resulta francamente provinciano.
Junto a la discusión sobre los impuestos, surge un segundo clivaje. Por razones electorales, la derecha utilizó un discurso que enfatizaba la continuidad de lo bueno y la rectificación de lo malo, haciendo énfasis en que lo que cambiaría sería que las cosas se harían bien. No obstante, a poco andar queda en evidencia que el lema electoral se pone en cuestión: “el gran riesgo del la Administración Piñera es quedarse sólo en el mejoramiento de la gestión…Eso no basta para hacer la segunda transición que requiere Chile”. Del mismo modo, un analista vinculado a la alianza por el cambio se pregunta: ¿Cuál será el sello del Gobierno de Piñera? La excelencia en la gestión o la capacidad “de producir cambios en las personas”.
¿Qué cambios se quiere producir en las personas? ¿Cuáles son las reformas necesarias para hacer la segunda transición? De dos formas distintas se busca recordar al gobierno las ideas formuladas por los grupos Tantauco, que estuvieron “desaparecidas” durante los últimos seis meses de la campaña presidencial. No parece que ello sea en todo caso necesario.