Eugenio Rivera

Ha llamado la atención la agilidad con que se está moviendo la (pre)candidatura presidencial de Andrés Velasco. Ayer lanzó un libro (al respecto he escrito un comentario en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/02/por-que-velasco-elude-las-causas-de-la-desigualdad/) y ha aparecido en varias actividades de campaña. Ha llamado también la atención, su fuerte posicionamiento en el debate programático de la ex coalición de gobierno. El jueves primero de diciembre, la concertación, el PC y otros grupos informaron la instalación de un grupo de trabajo sobre reforma tributaria. Dos de los economistas más cercanos a Velasco aparecen liderando técnicamente el equipo, Oscar Landerretche (PS) y Alejandro Micco (DC). Podría pensarse que todo esto no tiene mayor importancia.
En efecto, según algunos rumores que circulaban entre los políticos de la Concertación, la ex presidenta Michelle Bachelet habría manifestado que ella representaba una visión muy distinta que la que sostiene el ex – ministro de Hacienda. Este distanciamiento, se habría expresado, además, en declaraciones públicas de Camilo Escalona cuya cercanía a la ex presidenta es proverbial, criticando algunas de las posturas del ex - ministro.
No obstante, los movimientos de Velasco, según una hipótesis alternativa, podrían insertarse en una operación que apunta a un nuevo escenario. Se dice que la ex – presidenta está crecientemente contenta con su trabajo en las Naciones Unidas. El trabajo le entusiasma y le ha generado una gran tranquilidad. Más importante que ello, es que el 2017 termina el período del actual Secretario General de las Naciones Unidas y que tocaría que el nuevo(a) Secretario General fuera latinoamericano(a). Se señala también que al Presidente Obama le gustaría una candidatura como la de Bachelet, para que una mujer ocupe por primera vez ese cargo. Entre los individuos “habitualmente” bien informados, dicha posibilidad parece entusiasmar a la ex presidenta. Resulta perfectamente posible que Michelle Bachelet pueda postular a un nuevo período a cargo de los temas de género de las Naciones Unidas, mientras se estructura su candidatura a la Secretaría General. El problema es que esta aspiración es incompatible con el cargo de Presidenta de la República pues el próximo período presidencial se extendería más allá de la fecha en que debe asumir el nuevo(a) Secretario(a) General del organismo internacional.
Por otra parte, la idea de volver al ruedo presidencial no entusiasmaría particularmente a la ex presidenta. Su popularidad si bien es cierto está fundada en su extraordinario carisma, en el impulso de dos iniciativas muy importantes como son la creación del pilar solidario del sistema previsional, el desarrollo de un ambicioso programa de educación preescolar, y por la política de subsidios aplicada luego de la crisis financiera internacional, estuvo también basada en el fuerte blindaje que La Moneda brindó a su figura. Eso le permitió alejarse de los graves conflictos que afectaron a la entonces coalición de Gobierno e incluso, no verse contaminada por los graves errores que afectaron a su Administración. De volver a Chile como candidata presidencial no será posible mantener ese escenario. Por el contrario, ella volvería a una escena política caracterizada por el bajo nivel de popularidad de su coalición, por los graves conflictos que tienen lugar al interior de la Concertación, todo lo cual la obligaría a involucrarse en los conflictos para ordenar la coalición. En este contexto, se sostiene, el Eje PS – DC no garantizaría ni el orden en su base política ni sería suficiente para enfrentar al candidato de continuidad del actual Gobierno.
En este escenario de retirada de la ex – presidenta aparece el ex – ministro de Hacienda como una alternativa posible. Para los estrategas del Eje DC – PS, las otras figuras que podrían asumir el desafío de una candidatura presidencial como son Claudio Orrego, Ricardo Lagos Weber, Carolina Tohá, no parecen despegar. El problema radica en que buena parte de los partidarios de la (¿ex?) Concertación, incluidos los militantes y simpatizantes de dicho eje, ven en Velasco el principal, aunque no único, causante de la derrota electoral de enero del 2010. No es fácil en consecuencia convencer a esas personas que, ante la ausencia de Bachelet, la alternativa de izquierda sea el ortodoxo ex – ministro de Hacienda. En este contexto, la hipótesis que circula en algunos ámbitos, es que la única posibilidad de éxito de esta opción radica en postergar el anuncio respecto de si la ex – presidenta postulará o no, hasta enero del 2013 y trabajar para que la popularidad de Michelle Bachelet se vaya trasladando lentamente hacia Andrés Velasco. Alcanzado este objetivo, se podría levantar su candidatura y lograr lo que no habría sido posible obtener con Bachelet.
Algunos indicios avalan esta hipótesis. En primer lugar, la propia insistencia del ex – ministro de levantar su candidatura. En segundo lugar, el hecho que la ex – presidenta, pese a que había manifestado sus diferencias con Velasco haya accedido a prologar el libro que comentamos. Naturalmente, que escribir el prólogo de un libro puede ser una simple manifestación de amistad. No obstante, la relevancia del “manifiesto político” de Velasco, como lo cataloga el Mercurio, implica que el prólogo no va a ser leído sólo como una muestra de afecto. Un(a) político(a) sabe que en temas tan sensibles las señales de amistad con el autor en un prólogo son importantes, pero también se deben destacar las diferencias que los separan, so pena de que ello impacte en su electorado más progresista. Esto no sucede en el prólogo de Bachelet. Ella se limita a frases que denotan un gran afecto. En efecto, la ex – presidenta señala que cuando conoció a Velasco comienzos de los 90 “su interés era la macroeconomía y el estudio de las crisis económicas en el mundo… Pero (dice Michelle Bachelet) la política lleva por caminos inesperados… El académico que buscaba desentrañar las causas de la desigualdad, terminó convertido en ministro de Estado y su proyecto de investigación tendría que esperar hasta que dejara el gobierno”. El tercer indicio, sin duda, es que el senador Escalona, que había salido a criticar algunas posturas de Velasco, fue uno de los comentaristas del libro en su lanzamiento.
Es claro que Velasco no va a poder captar buena parte del activo opositor. No obstante, en la hipótesis que desarrollamos, ello no preocupa a sus partidarios pues creen que ello sería compensado con creces con la simpatía que reúne, el ex – ministro, en el empresariado y el votante de derecha. Por otra parte, y volviendo al equipo de trabajo sobre reforma tributaria mencionado, cabe recordar que CIEPLAN, instituto al que está vinculado Velasco, está trabajando con el CEP una propuesta de reforma tributaria. Cabe en ese sentido preguntarse ¿si los resultados de dicha comisión serán muy novedosos y sobre todo suficientemente progresistas?

Un grupo de personeros vinculados al actual modelo educativo han entregado una declaración pública destinada a reeditar los principios del actual sistema profundamente cuestionado por el movimiento estudiantil y ampliamente apoyado por la mayoría ciudadana. Entre estos personeros se encuentran ex ministros de la Concertación (algunos de los cuales son conocidos sostenedores de colegios privados subvencionados) y militantes de la coalición de Gobierno.
No deja de llamar la atención la oportunidad de la declaración. Tiene que ver naturalmente con el debate presupuestario. Es sin embargo innegable que estos personeros saltan a la palestra aprovechando el relativo debilitamiento del movimiento estudiantil producto del largo conflicto y de la campaña de desprestigio que, contra ellos, desarrolló sistemáticamente el gobierno, los medios de prensa y los propios personeros que aparecen firmando la carta.
La declaración sintetiza los postulados de la política que fue refrendada en el encuentro que reunió a los presidentes de partidos en el 2007 del cual todos tenemos triste memoria  por la foto en que ellos aparecen felicitándose mutuamente y levantando las manos luego de haber olvidado los compromisos que se habían asumido con el movimiento de los “pingüinos”.
En lo sustantivo, la declaración reitera las mismas políticas que llevaron a la educación a la situación catastrófica en que se encuentra. No hay una mención de Educación Pública. Nada se dice de la profunda desigualdad que caracteriza un sistema que ha estructurado una educación para ricos y otra para pobres. Nada se dice tampoco de cómo el derecho a la educación de los chilenos ha derivado en un gran negocio del cual reciben utilidades varios de los firmantes. Pareciera que se quisiera borrar de una plumada el escenario que abrió el movimiento estudiantil. 
La declaración releva el supuesto papel clave que juega la educación para avanzar en mayores niveles de igualdad y movilidad social, así como también en la expansión de las libertades y oportunidades de las personas, sin explicar los requerimientos para que ello sea realidad. La educación puede cumplir lo indicado, siempre y cuando pueda compensar las graves desigualdades que genera el sistema económico. Para ello, sería necesario que las escuelas de los más pobres y vulnerables tuvieran a su disposición recursos superiores a los que tiene el 7% de la población que asiste a la educación privada. La situación es exactamente la contraria. Los más pobres, tanto en la educación municipal como privada subvencionada son educados con una pequeña fracción de los recursos que la que se gasta en los colegios donde asisten los más ricos. En tal sentido, los estudiantes de las familias más pobres y de clase media ven ratificadas las grandes desigualdades a que están sujetos por su origen familiar. Las diferencias en educación preescolar, primaria y secundaria se proyectan a la educación superior. Las (relativamente) buenas universidades reciben, principalmente, a los estudiantes de la educación privada mientras que las malas universidades reciben al resto. Los pocos que terminan forman parte del gran contingente de profesionales que en carreras masificadas solo acceden a bajos salarios, los cuales no les permitirá ofrecer a sus hijos algo muy distinto a las oportunidades a las que ellos pudieron acceder. El resto, la gran mayoría, no terminará la universidad y estará expuesto a las pesadas deudas que habrán adquirido al haber optado al crédito universitario.
Posturas como la de los firmantes han alejado a la ciudadanía de la Concertación. En efecto, si por un momento dejamos a un lado los argumentos del párrafo anterior y aceptamos que con el modelo actual los niños que entran hoy a la educación preescolar, serían favorecidos en lugar de favorecer a los actuales estudiantes de la educación superior y disfrutarían de condiciones educativas adecuadas; lo que están diciendo los firmantes es que los pobres y las capas en situación de vulnerabilidad verán un futuro mejor de aquí a unos 20 años. Las actuales generaciones, en cambio, están condenadas a quedar excluidos de los beneficios de una buena educación.
La declaración reitera el conocido argumento de la importancia de la educación preescolar por su impacto cognitivo. Nada dice respecto de que no cualquier educación preescolar asegura estos efectos positivos. Los bajos niveles de gasto en este campo son poco auspiciosos. Esta política ha sido muy exitosa en Dinamarca pero sólo como efecto de que el Estado gasta un 3% del PIB en este sector (sin tomar en cuenta los efectos positivos generales, esta inversión se recupera rápidamente con la mayor tributación de las madres que por la calidad de le educación se deciden a dejar a sus hijos).
A los firmantes les preocupa que nuestros líderes políticos estén pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación superior. Se trata, dicen, de montos cuantiosos que en un mundo de recursos escasos significará necesariamente postergar la reducción de los déficits en educación preescolar y escolar antes mencionados. Resulta desalentador que los firmantes olviden la posibilidad de incrementar los recursos disponibles para los distintos niveles educativos mediante una reforma tributaria. No resulta posible aspirar a ser un país desarrollado sin niveles de recaudación tributaria capaces de financiar las labores imprescindibles que debe enfrentar el Estado. Los firmantes no toman en cuenta que de poco sirve una educación preescolar de calidad si estos alumnos no podrán entrar a buenas universidades. Ninguna atención prestan a la necesidad de tener un sistema equilibrado. ¿Cómo se puede tener educación preescolar, escolar y secundaria sin trabajar en una buena educación superior que eduque los buenos profesores que se requieren en los primeros niveles educativos? No es posible tener buenos profesionales sin verdaderas universidades que dispongan de recursos que permitan la investigación si la cual la docencia no es sino un remedo de la verdadera educación. De ahí que se requiere un buen financiamiento basal para las universidades públicas y privadas que operan como públicas.
Los firmantes ignoran totalmente el impacto que la educación pública gratuita ha tenido en los países desarrollados para lograr una mayor cohesión social, una mayor igualdad y un sentido de pertenencia que fundó largos períodos de crecimiento económico. Parecen preferir el mundo segmentado que caracteriza nuestro país. Un país en que los miembros de los grupos privilegiados no conviven con el resto de la ciudadanía, en que cada vez son más amplias las brechas que los separan.
Finalmente, la declaración termina dictaminando que si las prioridades en el debate presupuestario se ajustan a la dirección que ellos plantean, se hará una mayor contribución a la igualdad de oportunidades y a la movilidad social. Por más que se ha tratado de mostrar que el modelo educacional algo ha mejorado la desigualdad, el índice de Gini es taxativo. En más de 25 años apenas hemos pasado de 0.57 a 0,55. Para un país gobernado hasta hace poco por la centroizquierda no deja de ser un resultado pobre.
Preocupa el efecto desorientador que esta declaración pueda tener frente a la ciudadanía que había venido mirando con simpatía la movilización estudiantil. Puede ser un paso decisivo para que los nuevos movimientos sociales confirmen la opinión de que en la actualidad la Alianza por Chile y la oposición son lo mismo. La declaración debilita también los esfuerzos realizados por la oposición parlamentaria para impulsar una política educacional más cercana a los intereses ciudadanos.
En un artículo aparecido en La Segunda el mismo día miércoles recién pasado, Mariana Aylwin sostiene la misma argumentación pero agrega la siguiente afirmación: “Desgraciadamente, los niños chicos no gritan ni salen a las calles. Por eso, vemos con preocupación el riesgo de que la definición de las prioridades de las inversiones y las políticas termine cediendo a las presiones de los grupos de interés”. ¿Está sugiriendo acaso, como lo ha venido reiterando el actual gobierno, que los estudiantes universitarios y secundarios son un simple grupo de interés? ¿Quiere acaso sugerir que el apoyo que de manera sistemática ofreció la ciudadanía reflejado en las más diversas encuestas es sólo muestra de un interés estrecho? La ex ministra debería aclarar esta afirmación. Al mismo tiempo, debería aclarar también, si no es ella la que forma parte de un grupo de interés estrecho, como propietaria de algunos colegios subvencionados.

La Tercera ha sorprendido una vez más con un artículo que parece no sólo informar sobre la coyuntura sino que además estructurarla. Según el reportaje “Bachelet y su reservada agenda” la ex presidenta ha empezado a delinear la estrategia de retorno y explicita cuales serían las ideas fuerza de su nueva candidatura. Es difícil discernir el grado en que la nota se ajusta a las “movidas” en marcha en la clase política concertacionista. El artículo reúne informaciones que son de público conocimiento y datos adjudicados a diferentes informantes. Mi proposición al lector es suponer, por un instante, que lo que sostiene el artículo corresponde a la visión más ajustada de una situación por definición incierta, donde las decisiones recién empiezan a esbozarse y ninguno de los actores relevantes, conoce el derrotero definitivo de los acontecimientos.

¿Cuál es el estado de situación que evidencia la nota que analizamos?

Michelle Bachelet ha tomado la decisión de volver a postular en la próxima elección presidencial. Ha definido el momento del retorno, enero del 2013; temerosa de que como Frei, sea acusada de imponer su candidatura, afirma la necesidad de primarias por lo cual habría movido los hilos necesarios para detener una proclamación presidencial por parte del Partido Socialista. Además de los dos aspectos mencionados, la expresidenta no se involucraría en las elecciones municipales, permanecería hasta el final de su período como jefa de la ONU – Mujer, comenzaría su campaña recién en marzo del 2013, exigiría “más disciplina política” por parte de la Concertación y basada en la legitimidad de las mencionadas primarias buscaría asegurar mayor independencia del “establishment concertacionista” y gobernaría con una generación “sub 40”. El retorno de Bachelet aparece, siempre según la nota, como perfectamente organizado. Los candidatos de la nueva generación esto es, Lagos Weber, Orrego, Tohá y Walker estarían prácticamente desechados. Ayudado por la censura, Andrade habría conseguido el apoyo de Girardi. Esto se habría manifestado en el calendario que distribuiría el senador donde aparecía vestido de médico junto con la doctora. En la DC se estaría afirmando el grupo liderado por Martínez que reconoce el mejor posicionamiento de Bachelet. Los resquemores de la DC de que en este escenario se produjera su aislamiento político se habría superado con el acuerdo DC – PS. Finalmente, aunque con ruidos desde la DC, se concuerda con el Partido Comunista que se tendrá un programa y un candidato único.

Todo el diseño anterior se complementa con un vuelco programático y el rompimiento con quién pareció constituirse en el telonero. La ex presidenta consideraría que el eje de la pobreza que habría orientado su gobierno estaría superado, que el nuevo escenario social y la crisis de representatividad hacen inevitable impulsar las reformas educacional, política, tributaria y medioambiental. Esta perspectiva es compartida por los concertacionistas que asisten a las reuniones en casa del empresario Oscar Guillermo Garretón que han debido reconocer que la clave está en la clase media. Este vuelco programático ha implicado que la ex presidenta no se considere con el ex ministro Andrés Velasco como formando parte del mismo equipo. Ello sería resultado de que el economista es visto como símbolo de la tecnocracia concertacionista y que el PPD habría señalado que no toleraría un nuevo Gobierno de Bachelet sustentado en el “eje Escalona – Velasco”

De esta forma se cierra el círculo y con el gobierno en caída libre y la gran popularidad de Bachelet, se volverá ineluctablemente al Gobierno en poco más de dos años. Todo el diseño, calza casi perfectamente. Las presiones al PPD habrían dado resultado. Se logra la aspiración de importantes sectores de izquierda de romper con el representante más notorio del fundamentalismo de mercado.

No obstante, surgen algunas dudas y preguntas.

1) No se aclara en ningún momento la amplitud que tendrán las primarias.

2) No existe una definición respecto de las modalidades con que se enfrentarán las elecciones municipales. Lo que sí parece claro es que junto con la lista de candidatos a concejales que presentará el eje DC – PS parece bastante avanzado el acuerdo entre el PPD, el Partido Radical y el PC para levantar una segunda lista. Se ha hablado y se supone que existiría disposición generalizada a apoyar candidatos únicos de alcalde. No obstante es conocido que en la mayoría de las comunas existe más de una carta. ¿Cómo resolver frente a esas legítimas aspiraciones? La solución natural son las primarias, pero diversas voces han empezado a insinuar la reedición del “quien tiene mantiene” y otros, se han simplemente negado a aceptar primarias en algunos municipios. Es difícil en ese contexto, que las diferentes listas mencionadas se puedan agrupar tras un mismo candidato a alcalde. Esta situación abre la posibilidad de una dinámica conflictiva que pueda proyectarse a la elección presidencial y atente contra la mayor disciplina solicitada.

3) La decisión de regresar recién en enero del 2013 recuerda la estrategia aplicada en la primera candidatura del ex presidente Frei, cuando su comando de campaña buscó reducir las apariciones del candidato para no poner en riesgo su triunfo seguro. Resulta al menos dudoso que esa estrategia sea adecuada en el presente escenario ya que por el mismo hecho de que estamos al final del ciclo político concertacionistas, los nuevos liderazgos se van a construir al calor de las movilizaciones y el debate en torno a las demandas ciudadanas. Probablemente, los estudiantes van a seguir preguntando cómo se preguntaba en el Frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile al pié de las fotos de Lagos y Bachelete ¿Dónde están? Esa misma pregunta se van hacer quienes se movilicen en torno a los problemas de la salud, de las pensiones, de los deudores, del medioambiente como Hidroaisén.

4) Un cuarto gran signo de pregunta se plantea respecto del vuelco programático que se anuncia. No parece sencillo levantar ideas que se contraponen con lo que se hizo en el pasado. Las dificultades de Pérez Rubalcaba frente a Rajoy en el último debate de las elecciones presidenciales son un testimonio claro de eso. Pero más allá de aquello, las demandas ciudadanas aluden crecientemente a elementos cruciales del actual modelo económico. ¿Existirá disposición de la candidata para asegurar gratuidad para la educación pública? ¿Estará dispuesta a poner en capilla el abuso en el sector financiero, cuando sus principales colaboradores han hecho de la liberalización del mercado de capitales su principal orientación? Privilegiará la salud pública revirtiendo las políticas privatizadoras impulsadas en su gobierno y que han sido acentuadas en la administración actual? ¿Estará dispuesta a permitir que quienes así lo prefieran puedan afiliarse a un sistema público de pensiones? ¿Estará dispuesta a buscar mecanismos que permitan una negociación colectiva supraempresa que junto con dar cuenta de las mayor complejidad de la estructura económica supere efectivamente las grandes asimetrías entre los empresarios y los trabajadores? ¿Estará dispuesta a terminar con el modelo de “Comisiones de expertos” que con frecuencia montó en su Gobierno y donde participaban muchos personeros vinculados a la derecha pero pocos opositores al modelo económico? ¿Estará llana a vincularse con el amplio movimiento social y sus variadas formas organizativas para asegurar que ellas tendrán la voz que no tuvieron en su Administración cuando se tomaban las decisiones de políticas públicas?

“Aspiro a incentivar un debate imprescindible” dice Carlos Ominami en el primer capítulo de su recién aparecido libro de memorias. En lo que se refiere al Eje PS – DC ese objetivo permanecerá con gran probabilidad, incumplido. El lanzamiento del libro estuvo altamente concurrido (estaban los indignados y numerosos participantes de los movimientos sociales que luego de mucho tiempo han protagonizado la vida política del país) pero llegaron muy pocas personas del mundo político. Sobre el libro ha caído un impresionante (¿típico?) manto de silencio por parte del mundo oficial. Han sacado la voz algunos analistas políticos. No obstante, de los dirigentes políticos que como Ominami fueron protagonistas de la creación de la Concertación, de la victoria en el plebiscito y de las sucesivas victorias presidenciales, de las negociaciones que permitieron el remozamiento de la Concertación y de las políticas que produjeron lo bueno y lo malo de esos 20 años, no se ha escuchado palabra. Más precisamente pocas palabras. El presidente de un partido de la Concertación señaló que “no tengo ganas de leer ¡nada más de Ominami! ¿Para qué leer algo más?". Un ex asesor del segundo piso dijo no sentir interés por este tipo de textos: "No me gusta ni la literatura fantástica ni la chismografía".
¿Por qué este silencio?
¿No debería acaso interesar debatir con un protagonista relevante de los 20 años de Concertación que por las razones que explica en el libro lo llevaron a poner en juego una reelección senatorial segura y formó parte de una candidatura que atrajo un 20% del electorado en la primera vuelta de la última elección presidencial? ¿No es de primordial importancia conocer las posiciones respecto de la derrota de la Concertación de dirigentes políticos que interpretaron el sentir de un 20% del electorado que pudo incluso haber sido mayor si hubiese existido inscripción automática? En el proceso de construcción de la oposición a la actual Administración y en la generación de una nueva alternativa presidencial ¿no sería acaso indispensable discutir la visión crítica de la gestión gubernamental de los cuatro presidentes de la Concertación?
El libro parte con la declaración del autor de que es un sobreviviente, que por un tris pudo haber sido asesinado por la dictadura; explica las razones de un temprano alejamiento del MIR. Realiza una radiografía profunda del Chile que creó la Concertación y cuyos resultados explican las razones profundas de la derrota: “No comparto la idea de que se perdió por no saber representar la sociedad que nosotros mismos habíamos creado. El problema es el tipo de sociedad que finalmente construimos, demasiada lejana a nuestras convicciones más esenciales”. Como economista analiza las causas de que la promesa del desarrollo haya permanecido incumplida. Indaga en las razones que explican el dinamismo declinante de la economía nacional y esboza una crítica profunda de la institucionalidad económica vigente. Busca luego profundizar en las causas que explican el derrotero indicado. Fundamenta la tesis de que se impuso una “transición mal pactada” (que acertadamente describe como una verdad incómoda); llama la atención al deterioro de los partidos de la Concertación que con rapidez se transformaron en partido de funcionarios gubernamentales; la presencia de una capa de dirigentes que más que posiciones desarrolló intereses (tesis compartida incluso por Ricardo Solari y Ángel Flisfisch en su artículo “Las siete vidas de la Concertación”). Son interesantes y polémicos, los retratos de los cuatro presidentes de la Concertación y la caracterización de su gestión. Es aguda su crítica a la alianza establecida bajo la Administración Bachelet entre la “Nueva Izquierda” del partido socialista y el grupo “Expansiva”, el sector más fundamentalista de mercado de la entonces coalición de gobierno. Será importante para la historia política el relato sobre la fase final de la campaña del entonces candidato presidencial Ricardo Lagos y sobre la forma como se definió la última candidatura de Frei y la campaña presidencial que permitió la victoria de la derecha.
El subtítulo del libro es “Recuerdos para el futuro” y en el último capítulo Carlos Ominami realiza la reflexión más importante que se ha hecho sobre los desafíos de la izquierda para construir una nueva alternativa política. Bajo el sugestivo título “Para volver a creer” enumera los problemas que enfrentamos. Sostiene que el desarrollo actual genera serias y reales amenazas para la sobrevivencia del planeta; que el capitalismo no logra contralar y eliminar sus desequilibrios, que las finanzas subordinan la producción y que sobre esa situación se construye   ”el imperio del corto sobre el mediano y largo plazo”. Destaca que pese a estos problemas no ha sido posible levantar una alternativa. La socialdemocracia, en particular en su versión escandinava, expresa lo mejor que han producido las luchas sociales. No obstante, con la Tercera Vía, ella renunció a toda transformación de las estructuras básicas del capitalismo por lo que su gran lucha en contra de las desigualdades sigue como tarea pendiente. Es sugerente su llamado de atención respecto de que en la defensa de la desigualdad, la izquierda puso a la democracia en un lugar subalterno; que ha tenido dificultades para encontrarse con la ecología (quizás por “que son subculturas que responden a orígenes muy diversos) y que ha sido renuente en materia de los nuevos derechos y libertades. A todo esto contribuyó, según Ominami, la bancarrota intelectual de la izquierda (algunos de cuyos hitos explora) y las debilidades teóricas del marxismo. Para Ominami no se trata de reconstruir utopías globales, pero si se requiere un marco teórico de referencia. En tal sentido aparecen como elementos importantes, el pensamiento complejo y la política de civilización, la idea bersteiniana de que “el fin no es nada, el movimiento es todo”, la necesidad redefinir la noción de progreso, la necesaria expansión de los bienes públicos y el rescate de las dimensiones positivas de las diferentes experiencias progresistas en América Latina, en particular la brasileña y la uruguaya. Cerca del final se refiere a la hegemonía del pensamiento neoliberal, que traspasa fronteras partidarias, que impone sus recetas al margen de la deliberación política y donde subyace la visión de que el destino nacional está mejor servido por los “tecnócratas” presuntos depositarios del saber, no “contaminados” por la política. En este cuadro, los partidos y el Congreso Nacional instituciones fundamentales de la democracia, terminan como estorbos.
Aquí radican, probablemente, las razones del silencio de la política oficial. La razón pragmática es poderosa en los asuntos de la retención del poder pero no es buena consejera cuando se trata de abrir nuevos horizontes a un país que los necesita con urgencia. Cuando se cree contar con una carta de triunfo pero cuyas virtudes persisten sólo si se hace la vista gorda respecto de su desempeño, lo imperativo es eludir el análisis crítico y la deliberación política. No deja de llamar la atención que en el momento de escribir esta columna se informa que el Eje DC – PS organiza una gira nacional para reforzar el pacto. Más allá de pretender reemplazar a la actual coalición en el Gobierno, no son de conocimiento público las líneas fuerza que inspiran dicho acuerdo. Probablemente piensan que ya habrá tiempo para preparar un programa que diga lo que las encuestas de opinión dicen que dicho programa debe postular. Esta “estrategia” recuerda el intento de Jaime Ravinet de volver a la alcaldía de Santiago que con la consigna “carta probada” sufrió una aplastante derrota prefigurando los resultados que la Concertación obtendría un año después en la elección presidencial.
El libro es un aporte clave al debate político. Está bien escrito y es entretenido. Quizás la principal debilidad radica en la presunción de que existe una amplia convergencia programática entre lo que fueron las 3 opciones presidenciales distintas a Piñera. Creo que eso es un espejismo, que se expresa en la grave distancia entre el movimiento social y la Concertación. La defensa irrestricta de lo obrado no es compatible con el descontento generalizado aunque fragmentado de la ciudadanía. Como señala Ulrich Beck la contradicción entre los que insisten en que la economía debe dominar a la democracia y los que pensamos que la democracia debe predominar, constituye el clivaje fundamental que separa a la vieja Concertación y la derecha de un nuevo progresismo con vocación mayoritaria.

El análisis de la Resolución de mayoría del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de la fusión LAN - TAM plantea interrogantes respecto de la consistencia de la resolución que deberían ser aclaradas. Con una buena argumentación deja en evidencia que la fusión representa un riesgo para la ya debilitada competencia en el mercado aéreo. Sin embargo, autoriza la operación planteando medidas de mitigación, que comparadas con la amenaza son insuficientes. Este último tema lo analizaremos en detalle en un próximo artículo. Al mismo tiempo, el proceso denota que no existieron posibilidades para que los opositores a la fusión pudieran presentar sus fundamentos.
En efecto, el tribunal deja claro que la operación representa un riesgo para la competencia en el mercado aéreo:
“Este Tribunal considera que el riesgo de que LATAM abuse del poder de mercado que alcanzará luego de materializada la Operación, en mercados o segmentos específicos, es real y concreto. Lo mismo ocurre -por las condiciones estructurales de mercado ya descritas- respecto del riesgo de coordinación anticompetitiva con otras empresas aéreas, ya sea mediante acuerdos de alianza o de código compartido, o mediante cualquier otro tipo de contactos o sistemas colusivos orientados a repartirse el mercado nacional, o el mercado del transporte aéreo desde y hacia Chile” (pp. 103 – 104)
Según Resoluciones del PROPIO TDLC esta situación debería resultar en el rechazo inmediato de la fusión. No obstante, de acuerdo con la teoría económica es pertinente evaluar si las ganancias de eficiencia provenientes de la fusión constituyen un contrapeso, al menos parcial, frente a los riesgos anticompetitivos que acarrearía la materialización de la Operación. Para ello el TDLC exige que se cumplan el siguiente requisito: que las eficiencias que aleguen los interesados en la Operación sean verificables. Al respecto la conclusión del TDLC es categórica:
“Este Tribunal no puede corroborar en forma precisa los valores estimados para las sinergias planteadas. De igual forma, en su escrito de fojas 777, la FNE indica que “no cuenta con el detalle de los fundamentos de cada uno de los ítems antes singularizados que permitan verificar que estas efectivamente se obtendrán y que sean de la magnitud informada por las partes” (p. 108)
Por otra parte, el TDLC entrega otros argumentos igualmente contundentes en contra de la fusión, entre los cuales destacan los siguientes:
1) La fragmentación del mercado aéreo latinoamericano hace difícil, prácticamente imposible que procesos de fusión redunden en una más fuerte competencia, como sí ocurrió en Europa.
2) Que resulta en extremo difícil la efectiva fiscalización de las medidas de mitigación. De hecho, la experiencia existente es poco auspiciosa. En efecto, el Plan de autoregulación definido por la Comisión Resolutiva (antecesora del actual TDLC) para evitar que la fusión Lan – Ladeco del año 1995 tuviera consecuencias anticompetitivas fue absolutamente insuficiente en su diseño y en la forma en que fue llevada a cabo por el organismo responsable, esto es la Junta Aeronáutica Civil (JAC). Es así como el TDLC concluye que aún cuando formalmente se cumplió dicho plan “de ello no se puede deducir que se esté alcanzando una situación similar a la competitiva en las rutas domésticas en que se aplica” (p. 92). El TDLC reconoce, además, que LAN ha recibido, diversas sanciones por conductas contrarias a la libre competencia, en Chile y en el extranjero, lo que dificulta aún más la fiscalización.(p. 102)
Las razones que explican esta inconsistencia son múltiples y naturalmente no es posible descartar evaluaciones diversas basadas en los mismos antecedentes. No obstante, existen señales fuertes de que no estuvieron todos los elementos a disposición del tribunal, entre los que destacan los siguientes:
1) La inexistencia de investigación académica en las universidades, imposibilita que académicos independientes puedan intervenir en estos procesos. Es así como ninguna universidad hizo llegar su visión respecto del proceso. Se tuvieron a la vista sólo “informes” de economistas nacionales y extranjeros contratados por la empresa. El que no existan recursos públicos para contratar especialistas por parte de los consumidores, revela una grave deficiencia del sistema de defensa de la competencia.
2) La abdicación por parte de los organismos gubernamentales a intervenir en el marco de sus facultades para generar antecedentes y entregar orientaciones para una mejor decisión del TDLC. El SERNAC aportó opiniones genéricas, pero ningún estudio que analizara temas relevantes como por ejemplo uno sobre tarifas nacionales cobradas por LAN, o sobre los precios que la empresa cobra en las rutas internacionales más relevantes. Tampoco hay esfuerzo alguno de comparar las tarifas cobradas en las rutas nacionales con países en que existe más competencia. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se limitó a informar que, atendidas las atribuciones legales de dicho Servicio, sólo puede analizar y fiscalizar aspectos de carácter técnico de las empresas aéreas, por lo que carece de atribuciones para informar. El Ministro de Economía, Fomento y Turismo señaló que no contaba con antecedentes que resulten pertinentes a la consulta. La propia Fiscalía Nacional Económica (FNE) dijo que no disponía de los antecedentes requeridos para verificar que las sinergias efectivamente se obtendrán y que serán de la magnitud informada por las partes. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones se limitó a informar, que desde hace más de treinta años Chile mantiene una política aerocomercial de cielos abiertos y que, sin perjuicio de lo anterior, el gobierno está analizando constantemente las disposiciones vigentes sobre la base de los antecedentes disponibles. Prochile por su parte, informó que no podía entregar costos estimados de transporte aéreo y terrestre y condiciones de sustituibilidad entre una y otra, pues ProChile no elabora estudios relacionados con el mencionado requerimiento.
3) Fuera del organismo consultante, “CONADECUS” que carece de los recursos para contratar especialistas, no se hicieron presente expertos contratados por parte de otros grupos de consumidores. De esa forma, los miembros del tribunal no tuvieron a la vista ni la opinión de los usuarios ni estudios que fundamentaran su visión.
4) El mecanismo de designación de los miembros del tribunal deja en evidencia un claro sesgo: de los cuatro profesionales que forman parte del TDLC dos son designados por el Consejo del Banco Central. Los otros dos integrantes, son designados por el Presidente de la República, a partir de dos nóminas confeccionadas por el Consejo del Banco Central. Un claro problema queda en evidencia: el mecanismo de designación del Consejo del Banco Central asegura la presencia de las corrientes económicas más ortodoxas en el Tribunal y proyecta así, su visión proempresa en el TDLC.
Los especialistas deben pronunciarse respecto de si esta compleja situación configura, efectivamente, un debido proceso.

Patricio Meller acaba de publicar el libro “Universitarios, el problema no es lucro, es el mercado”.  Su título es vendedor pero, al establecer una oposición entre ambos conceptos, debilita el aporte del libro al debate.
El libro tiene una virtud. En forma sintética reseña una parte importante de los problemas que muestra nuestro sistema educacional. Señala que el costo de las universidades chilenas es el más alto del planeta (41% PIB/per cápita), que los aranceles se han elevado en 60% sobre la inflación en 12 años,  que un hijo universitario representa un gasto superior al 40% del ingreso familiar del 60% más pobre de las familias, que el gasto público en educación es el menor del mundo y que los universitarios chilenos tienen el mayor endeudamiento de todos los países (representa un 174% del ingreso anual como profesional). Como si esto fuera poco, señala que el 60% de los profesionales y gerentes chilenos tiene un deplorable grado de comprensión de lectura; esto es, son “analfabetos digitales funcionales”, mientras que en la mayoría de los otros países ese porcentaje es inferior al 25%.
Para completar el panorama que dibuja Meller, el estudio de la OCDE dado a conocer esta semana señala que Chile registra la mayor segregación en las escuelas de ese conglomerado de países.
Sin embargo, Meller no cree que el sistema educacional fracasó y tampoco que el problema sea el lucro, sino el mercado.
Respecto de que el sistema educacional no haya fracasado, entrega dos argumentos: se ha expandido la matrícula universitaria y se ha incrementado la movilidad social, pues siete de cada diez estudiantes constituyen la primera generación que estudia en la universidad.
Respecto de lo primero, cabe señalar que el aumento de la cobertura por sí solo no entrega las claves del éxito asociado con la educación. Es necesario, además, dilucidar si la calidad de la educación que se brinda es razonablemente adecuada, y si los egresados de esa “primera generación universitaria” tienen una buena inserción en el mercado de trabajo.
Hay claros indicios que apuntan en otra dirección. Según un trabajo de Oscar Espinoza y Luis Eduardo González, próximo a ser publicado en el Barómetro de Política y Equidad número 3, la matrícula se ha ampliado, pero a niveles incompatibles con el mercado laboral. Un ejemplo: en el caso de Ingeniería Comercial, mientras que en 1996 se titulaban 1675 profesionales, en el 2009 se titularon 4106. Además la matrícula total el año 2010 en esa carrera alcanzaba a 31.921 profesionales. Esta situación se repite en otras carreras. Considerando estas cifras no es extraño que según cifras de la última encuesta de INJUV el 60% de los profesionales universitarios no esté trabajando en lo que estudió. Por tanto se derrumban las expectativas laborales, profesionales y de remuneraciones de estos ciudadanos.
Ahora bien, ¿puede caber alguna duda de que son los estudiantes de las universidades tradicionales y de las privadas de la cota 1000 los que acceden a trabajar en lo que estudiaron? Para el resto, como viene sosteniendo el movimiento estudiantil, la educación puede ser una estafa, que además los deja endeudado de por vida. En tales circunstancias, la movilidad social no es tal, más allá que algunos individuos particulares puedan mejorar su situación, del mismo modo que otros caen en la escala social. Un indicio de ello son los altos valores que muestra de forma persistente el índice de Gini, indicador de la desigualdad. Meller no brinda evidencias empíricas respecto de la presunta movilidad social.
Respecto de que el problema no es el lucro sino el mercado, su argumento es simple ¿Si las universidades con fines de lucro se acabaran, los montos de los aranceles universitarios disminuirían, mejoraría la calidad del resto de las universidades, se evitaría el ritmo de incremento acelerado de los aranceles, aumentaría el crédito universitario disminuiría el costo de éste, no  habrá más morosidad? Como la respuesta innegable es que no, entonces los universitarios han confundido lucro con mercado. Puede existir mercado sin lucro, y suele haber mucho lucro, particularmente en mercados oligopólicos colusivos, cuando no prevalece la competencia en el mercado.
El primer problema de esta argumentación, sintetizada por el título del libro, es reducir las propuestas estudiantiles al fin del lucro. Olvida que proponen una reforma constitucional que obligue al Estado a garantizar educación de calidad; que se exige un aumento significativo del aporte basal a las universidades públicas y tradicionales; que solicitan gratuidad para el 60 de la población, avanzando hacia un sistema basado en la gratuidad; que se saque a los bancos de la intermediación de los recursos públicos para la educación; que termine la municipalización de la educación entre otras propuestas. Nada más lejos de la posición de los estudiantes que pensar que el fin del lucro soluciona todos los problemas (Este tema lo he tratado en http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/de_qu%C3%A9_hablamos_cuando_debatimos).
¿Por qué dice Meller que el problema es el mercado y no el lucro?  Según Meller el mercado no funciona en educación. Los argumentos son los siguientes: 1) Las universidades no compiten por precio sino vía marketing y como consecuencia los aranceles universitarios son, relativamente, los más caros del mundo. 2) El mercado no resuelve la calidad, pues los estudiantes no pueden determinar, oportunamente, la calidad del producto que están comprando. 3) La lógica del mercado está asociada al autofinanciamiento de las universidades. 4) Al ser la educación un bien de consumo, la deben pagar los propios estudiantes o sus familias. 5) Al tener que autofinanciarse, las universidades no puede cumplir con su función tradicional y se limitan a generar profesionales. Por tanto, esta argumentación de Meller no se diferencia de la que ha venido sosteniendo el movimiento estudiantil.
Critica Meller también la teoría del capital humano, que afirma que  la educación es una inversión análoga a la inversión financiera y que en consecuencia al ser los  jóvenes los grandes beneficiario de esa inversión, deben financiarla. Lo que ignora esta teoría, dice Meller, es que la sociedad percibe importantes frutos y en tal sentido, la educación es un bien público. Precisamente esta cuestión es la que ha estado en el centro del debate entre el movimiento estudiantil y el gobierno, que por el contrario ha relevado el carácter de bien de consumo de la educación.
En la historia, los primeros mercados ciertamente fueron centros en que imperaba el trueque. Pero con el tiempo se fueron transformando, hasta que el objetivo central se transformó en la obtención de la ganancia o lucro. Más aún cuando se impone el mercado propiamente capitalista. Desde entonces, la economía de mercado está estructurada en torno a la maximización de utilidades esto es la obtención del lucro.

La gran habilidad del movimiento estudiantil ha sido condensar en una frase, "fin al lucro" los graves problemas de la educación y las aspiraciones de los ciudadanos en este ámbito. Gracias al movimiento estudiantil, un agobio que las personas sentían y sufrían como una dificultad individual se ha configurado actualmente como el punto central de la agenda país.

Esta habilidad colectiva, que ha hecho posible convocar a una mayoría ciudadana, escapa al alegato de Patricio Meller.

La lucha política es en primer lugar un debate en torno a la existencia de un problema para luego discutir cuál es su definición. Sólo entonces se abren los caminos de la solución. Durante décadas el sistema político consideró que la educación no era un problema. Se reconocía, naturalmente, que existían deficiencias pero se sostenía que el país estaba en camino de superarlas con medidas como el copago, la extensión de la jornada escolar, y el desarrollo de un sistema de becas y préstamos basados en la intermediación financiera.
Testimonio elocuente de esta situación fue sin duda que el programa de gobierno de la luego Presidenta de la República Michelle Bachelet se restringía a proponer una iniciativa para la educación preescolar y que en el discurso del 21 de mayo del 2006, la educación no fue un tema central de su discurso. La rebelión pingüina iniciada poco después cambió radicalmente esta situación. El “no problema” fue empujado a la arena política y se colocó en el centro de la agenda pública y gubernamental. Finalmente, la demanda estudiantil fue “reelaborada” por el sistema político y se perdió en las negociaciones políticas. Fue necesaria una nueva movilización estudiantil para reponerla en la Agenda Nacional.
¿Pero cuál es el problema educacional que enfrentamos?
En el discurso el gobierno sostiene que el problema de fondo es la calidad. No obstante sus proposiciones de política hacen caso omiso de este diagnóstico. Su atención se centra en la defensa del “emprendimiento”, en la libertad de elección que supuestamente el actual sistema garantizaría y en la reducción de la carga financiera que fue sin duda el detonante de la movilización estudiantil y que puede según el Gobierno puede escapar de todo control.
A un año y medio de gobierno, ha ido quedando claro que el Gobierno tiene como objetivo central abrir negocios para el empresariado, principal “constituency” del actual gobierno. Esta política ha quedado en evidencia en salud, al priorizar la compra de servicios caros al sector privado en detrimento de una política agresiva de inversión en instalaciones y en recursos humanos del sector público. Pero es en educación donde el gobierno ha concentrado la defensa del “emprendimiento”. En el Senado el ministro Bulnes señaló: “Creemos en un sociedad docente, donde participe tanto el Estado como los particulares. Respecto a los particulares, es fundamental que intervengan en el ámbito de la educación no sólo inspirados en motivos religiosos y filantropía, sino que también con un ánimo de emprendimiento”
El ministro no se hace cargo de la educación basura que ha producido ese sistema; tampoco de que los efectos benéficos de la prestación privada de servicios de educación no operan pues las familias no pueden evaluar la calidad de la enseñanza y en consecuencia colapsa el mecanismo competitivo en que se fundan esos efectos benéficos. En este contexto, el lucro no genera calidad sino segmentación. Tampoco se hace cargo el ministro del hecho de que entre las 100 mejores universidades del mundo no hay universidades con fines de lucro. Nada dice de la importancia que la escuela pública en los países europeos que dice admirar, para asegurar una efectiva igualdad de oportunidades.
Más recientemente y como efecto de una contraofensiva de los sectores más retrógrados de la UDI se ha relevado la libertad de opción que el fin del lucro negaría a las familias. Quienes han tenido la experiencia de buscar colegios para sus hijos saben que ni siquiera aquellos pertenecientes al 7% que acceden a los colegios pagados tienen posibilidades de elegir colegio y están obligados a “elegir” el colegio en que se educaron ellos (los padres); de lo contrario se corre el riesgo de que sus hijos queden excluidos de los colegios de su preferencia. Para el resto, la elección se reduce a elegir entre un colegio municipal malo y un colegio subvencionado igual de malo que sólo se diferencia del primero en que implica costos adicionales para la familia. En efecto, los datos demuestran que la principal variable explicativa de los resultados de distintos tipos de colegios es el origen socioeconómico.
Lo indefendible de estas posiciones lleva al Gobierno a decir que el fin del lucro es sinónimo de estatización de la educación y que comprometería 4500 colegios particulares subvencionados. Nadie pretende terminar con las universidades y colegios privados sin fines de lucro. Más aún, preocupación central de los estudiantes, de los personeros de la oposición y de senadores de la coalición de gobierno como son la senadora Lily Pérez y Carlos Cantero ha sido elaborar fórmulas para que en un período razonable los colegios con fines de lucro se transformen en corporaciones sin fines de lucro para así impulsar su proyecto educativo.
¿Cuál es por el contrario la visión de los estudiantes del problema educacional?
Denuncian la desigualdad en los mecanismos de acceso a la educación superior, que segrega a la población estudiantil en instituciones de diversa índole discriminándola por nivel socioeconómico y no por las capacidades ni habilidades de los estudiantes. Consideran que existen instituciones educativas que “utilizan los sueños de miles de familias chilenas” como medio para obtener un fin de lucro. Tras esta situación constatan una concepción de la educación vista como bien de consumo. La CONFECH denuncia además el uso por parte de estas entidades de publicidad engañosa, a vista y paciencia de las autoridades para generar falsas expectativas en los estudiantes, frustrando así la posibilidad única de desarrollar plenamente sus capacidades. El sistema educacional debilita además las posibilidades de solventar las instituciones de educación pública, impidiendo que cumplan con su misión respecto del desarrollo local y nacional y las hace competir de manera injusta con las instituciones privadas. Los bajos salarios, los altos aranceles  dificultan el acceso a la educación obligando a un endeudamiento con la banca privada que hipoteca su futuro.
Las demandas estudiantiles se enmarcan en el sistema educacional. No obstante, su dirección implica un cuestionamiento global del modelo económico social en que se inserta. En efecto, la propuesta implica conceptualizar a la educación como un derecho básico garantizado por el ordenamiento constitucional. De esta manera, se obliga al Estado servir de garante de una educación de calidad. Sobre esta base se estructuran el resto de las demandas. El Estado debe en primer lugar, garantizar un financiamiento a las universidades que permita el cumplimiento de la obligación constitucional.
Al constituirse la educación en un derecho, ello obliga a que sea el Estado el que financie la educación de manera de asegurar que los chilenos acceden y reciben una educación igualitaria y de calidad. El carácter de derecho de la educación, obliga a sacarla del mercado y en consecuencia hace necesario eliminar el lucro. Al eliminar el lucro, entendido como remuneración del capital, se excluye de la prestación de este servicio a quienes buscan ganancia en esta actividad. Esto no implica que el sector privado se abstiene de participar; por el contrario, se hace posible que entidades privadas sin fines de lucro puedan operar en el sistema e incluso obtener financiamiento público en la medida que cumplan con los requisitos señalados por la ley. Esta concepción genera dos consecuencias importantes: elimina a los bancos como operadores en el sistema y obliga a expandir sustantivamente la recaudación tributaria, por las mayores exigencias de financiamiento que genera el nuevo sistema.
Es recién sobre esta base, que aparece el tema de la calidad. No es la calidad el centro del problema. Por el contrario, el abordaje efectivo de la calidad de la educación se hace posible al redefinir la educación desde su conceptualización como bien de consumo hacia su concepción como derecho, desde un sistema estructurado en torno a un rol creciente de la educación privada con fines de lucro a un sistema público (no solo estatal) y desde una institucionalidad basada en el la municipalidad y el prestador privado, que por tanto refleja las diferencias sociales a una sistema nacional que garantiza la igualdad sobre esa base la calidad de la educación.
Para los estudiantes es claro que se trata de un cambio mayor. Esto implica resolver que sucede con la población estudiantil que está adscrita a entidades con fines de lucro, que como se sabe concentran una parte sustancial de los sectores más pobres. Respecto a eso, a través de diferentes medios, los estudiantes han propuesto ofrecer a los propietarios de los establecimientos la posibilidad de constituirse en entidades sin fines de lucro y sobre esa base iniciar el proceso de transformación. No obstante su apuesta fundamental es a favor de la expansión sustancial del sistema público tanto a nivel universitario como técnico y escolar.
Estas son las dos visiones que se encontrarán el día sábado en la reunión entre el Presidente y los estudiantes. ¿Será capaz el Primer Mandatario de llegar a un acuerdo con los estudiantes y pasar así a la historia como artífice del sistema educacional del futuro?

La buena cifra de crecimiento económico esperada para el presenta año ha llevado al Presidente de la República a decir que la economía está bien; frente a la movilización estudiantil dice que la política está mal.
Un análisis más detenido deja en evidencia que el crecimiento esperado del PIB para el año 2011 no da lugar para la autocomplacencia. Para el 2012 se espera un crecimiento sustancialmente menor, que caerá probablemente por debajo del 5%. De continuar los problemas que afectan a la economía internacional, las expectativas se vuelven aún más oscuras. Si China reduce su tasa de crecimiento, digamos, a un 6% anual, ello podría tener un impacto muy negativo sobre el precio de las exportaciones y reducir aún más los niveles de crecimiento económico.
Esta evolución implica que el país volvería a tasas de crecimiento cercanas a las que en promedio se alcanzaron en la Administración de la Presidenta Bachelet. Ese comportamiento no sería raro. Reflejaría el estancamiento de la productividad, ya congénito, de la economía nacional. Por eso se equivocan quienes piensan que para recuperar el ritmo de crecimiento de la década del 90 basta con “seguir” profundizando las reformas impulsadas; que de lo que se trata es simplemente seguir haciendo más de lo mismo.
Se ha dicho que la alta tasa de crecimiento esperada para el presenta año nos acerca más al “desarrollo” definido como el “momento” en que se alcanza una determinado nivel del PIB per cápita. En esta visión confluyen conocidos personeros del Gobierno y de la antigua Concertación.
Desde el movimiento estudiantil y social en general se discrepa taxativamente de esta visión. Para ellos desarrollo significa que los sectores de más bajos ingresos alcanzan niveles que permiten una vida decente, que las desigualdades de ingreso disminuyen sustantivamente, que existe una educación y una salud de calidad para todos los que viven en el país, que se crean las bases de un crecimiento sustentable y que se superan radicalmente las grandes asimetrías de poder que caracterizan a Chile.
Estas dos visiones sobre el desarrollo no constituyen solo diferencias conceptuales que remiten a debates académicos intelectuales. Se trata por el contrario de dos miradas en torno a las cuales se estructuran las fuerzas políticas en torno al Gobierno y sectores conservadores de la oposición por una parte y el movimiento social apoyado por la mayoría de la oposición por otro.
Tras la primera visión se atrincheran quienes defienden en forma intransigente el lucro en la educación, pese a los graves problemas que ha generado en los últimos 30 años; quienes aspiran a la desaparición gradual pero implacable de la educación pública gracias a un financiamiento que no puede garantizar la calidad necesaria y que por tanto provoca la continua pérdida de alumnos; quienes finalmente buscan extender su negocio “educacional” a todo el sistema educativo. Se atrincheran también tras esta posición las entidades financieras que obtienen rentabilidades extraordinarias por intermediar el endeudamiento de los más pobres y de las clases medias (Al respecto vale la pena ver el artículo sobre la UDLA (http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/08/25/el-%e2%80%9cretail-financiero%e2%80%9d-que-armo-la-universidad-de-las-americas/). Estos grupos identifican la educación como la “reina de las batallas”, pues el cuestionamiento al sistema de financiamiento de la educación – de tener éxito – pondría en la agenda pública los abusos en el resto del sistema financiero, donde la crisis de La Polar es sólo la cumbre del iceberg.
Tras la segunda concepción de desarrollo se ubican quienes reivindican la educación pública y la privada sin fines de lucro, la inversión fuerte del Estado en todos los niveles educacionales, la demanda por gratuidad generalizada, a cambio de lo cual se propone una reforma tributaria que pueda financiar una educación igualitaria y de calidad para todos. Es el alcance de esta encrucijada lo que explica la fuerza, la masividad y la persistencia de la movilización estudiantil. Esto es lo que debería entender el Gobierno para empezar a resolver la crisis.

Luego de tres meses en que el movimiento social y el movimiento estudiantil en particular, viene estableciendo la agenda nacional se percibe en el debate político un intento de localizar la causa de los problemas que enfrenta el país en la presunta tentación populista, en el auge que experimentaría la irresponsabilidad entre numerosos políticos, en el debilitamiento del consenso respecto del camino que veníamos siguiendo como país y en la demanda a favor de que nuestra institucionalidad deje de funcionar. El problema no es la profunda desigualdad que afecta a nuestro sistema educacional sino que la protesta de los estudiantes por generar condiciones efectivas por resolverlas. El problema no es un sistema político ilegítimo en su origen, excluyente en su funcionamiento y que sufre un profundo desafecto por parte de un sector mayoritario de la población, en particular de los jóvenes, sino proposiciones como la realización de un plebiscito o el llamado a una Asamblea Constituyente que apuntan a buscar una solución para el entrampamiento en que está metido el país. El problema no es el abusivo sistema financiero que dejó al descubierto La Polar, sino la “cultura del no pago” que según algunos estaría surgiendo entre los consumidores.
Parece que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y definir colectivamente cuáles son los problemas que nos aquejan como país.
El Presidente no ayuda en este sentido. Él es ambiguo y pendular al formular sus convicciones. No es posible que el 27 de julio en su discurso en la celebración de los 80 años de La Segunda haya sostenido que “cuando hablamos de desarrollo estamos pensando en un desarrollo integral, que tienen hoy día los países de la OCDE, los países de Europa, ese selecto y pequeño club de países sabios que han logrado compatibilizar democracia, desarrollo, igualdad y paz”  que obviamente recoge la apuesta de los principales países de Europa a favor de la igualdad que garantiza la educación pública predominante en esos países para luego, tres semanas después el mismo Presidente se pregunte ¿cómo no va a ser absurdo que los particulares, las personas, puedan emprender en todos los campos, sin restricciones, y que se les prohíba emprender y aportar en el campo más importante para la sociedad chilena que es el proveer una educación de calidad para todos y cada uno de los estudiantes de nuestro país? Creo que detrás de eso hay mucho ideologismo, y la palabra lucro ya es una palabra obscena, por eso yo más que hablar de lucro, prefiero hablar de no frenar ni matar la capacidad de innovación, ni de emprendimiento”.
En una democracia todas las opiniones son legítimas, pero no es aceptable que el Presidente de la República pretenda establecer un diálogo serio diciendo una cosa para luego darse una vuelta de 180 grados. 
Al defender el lucro el Presidente no se hace cargo de la educación basura que ha producido ese sistema; tampoco fundamenta su defensa ni responde a las críticas fundadas que se le hacen.
Carolina Tohá las precisó con claridad
1) Los efectos benéficos de la competencia en la prestación de servicios educacionales no operan como efecto de las asimetrías de información: las familias no pueden calibrar la calidad de la enseñanza que recibirán sus hijos.
2) El lucro no genera calidad pero si segmentación En un país desigual como Chile, eso se traduce en tantas ofertas educacionales como niveles de ingreso hay. Es una diversidad en que manda el modelo de negocios y no el proyecto educativo.
Tampoco se hace cargo el Presidente del hecho de que entre las 100 mejores universidades del mundo no hay universidades con fines de lucro. Nada dice sobre el hecho de que los países europeos que en su discurso en el aniversario de La Segunda pretendía emular, la gran mayoría de escuelas y colegios son públicas y en ellas se educan pobres y ricos. Nada dice de la importancia que la escuela pública tiene en esos países para asegurar una efectiva igualdad de oportunidades.
El Presidente no ayuda al diálogo cuando no toma en serio las demandas estudiantiles. No es tomar en serio al movimiento estudiantil cuando en su última entrevista tergiversa la esencia de las demandas estudiantiles al señalar: “Nosotros hemos escuchado con mucha atención y con mucha buena voluntad al movimiento estudiantil, porque compartimos la esencia y el alma de sus planteamientos, que es que tenemos que tomar el toro por las astas y dar un gigantesco salto adelante en materia de calidad de la educación”.
En efecto, para los estudiantes los problemas de la educación no son en primer lugar de calidad, ellos son resultados de problemas más de fondo: la educación debe dejar de ser considerada como un producto de mercado y debe retomar su carácter social para que se fortalezca la democracia…Si esto se cumple, en el país se reforzará la democracia y el acceso igualitario a los conocimientos Los estudiantes chilenos piden al Gobierno que asegure el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel constitucional, que retorne la gestión de las escuelas de las municipalidades al Estado, y que se prohíba el lucro de las universidades privadas, cuyos alumnos proceden mayoritariamente de sectores vulnerables, y deben endeudarse muchos años para poder estudiar. Para los estudiantes, el problema de la mala calidad de la educación deriva de la institucionalidad vigente y la extrema separación entre una educación para ricos y otra para pobres.
El Presidente puede no compartir estas posiciones. Lo que no es legítimo es ignorar el fondo y la forma de la argumentación del interlocutor.
No ayudan al debate posturas como las de Eduardo Engel en su columna sabatina en que una vez más no logra abrirse a un debate a fondo con el movimiento social. Más bien sus opiniones ayudan a la falta de seriedad que muestra el Gobierno. Al contrario de lo que sostiene el analista, nadie pretende que el fin del lucro va a terminar instantáneamente con los problemas del sistema educacional chileno. Lo que sí se afirma, es que es un paso en esa dirección. Si Engel discrepa sería interesante conocer sus argumentos.
Para él, la directiva del Colegio de Profesores es parte del problema. Engel no fundamenta este aserto. En el Chile de hoy es muy difícil mantener viva una organización social. Los profesores lo han logrado y  ellos mismo han elegido su directiva. Es cierto que las organizaciones sociales como los partidos políticos deben reinventarse, pero eso no puede llevar a que se desconozca que ellos son parte importante de ese gran grupo de chilenos que luego de 30 años han puesto la educación en el centro de la agenda pública. Y eso no es poco.
La resistencia a la evaluación que destaca Engel es algo que sostienen los profesores mucho más allá de la directiva y tiene que ver con la desconfianza frente a un sistema que no da cuenta de las pésimas condiciones de trabajo de la mayoría de ellos. Tampoco es cierto que el resto de los chilenos está sujeto a evaluación, menos los gobiernos. ¿Dónde están las evaluaciones del transantiago, del sistema de capitalización individual que ha generado tantas perdidas a los fondos de pensiones, del sistema público de financiamiento de los partidos políticos? Más bien, si hay algo que caracteriza al país es la falta generalizada de evaluación y de autocrítica.
Engel critica a la oposición por haber, según él, enfatizado las deficiencias de la provisión privada de educación, ignorando los serios problemas que tiene la provisión pública. Es difícil entender su punto, cuando es justamente las deficiencias de la educación pública, descuidada a lo largo de las últimas tres décadas, lo que ha desencadenado las movilizaciones.
Cabe destacar sin embargo que Engel es taxativo en señalar que el argumento del gobierno de que las reformas en educación se financiarán con más crecimiento no resiste un análisis serio y que es imperiosa una reforma tributaria. Este es un buen comienzo que puede contribuir a recrear el ideario de la oposición

Existe consenso amplio de que el país ha entrado en una nueva fase. El movimiento ciudadano ha cambiado la agenda política. La desigualdad se constituye como el problema central del país y el debate se desplaza hacia como enfrentarla. “Los chilenos ya no toleran los grados excesivos de desigualdad… tenemos que repensar los verdaderos objetivos del desarrollo… un crecimiento que no satisface las necesidades de la gente es algo que nos debe hacer reflexionar… cuando hablamos de desarrollo estamos pensando en un desarrollo integral, que tienen los países de Europa, ese selecto club de países sabios que han logrado compatibilizar democracia, desarrollo, igualdad y paz”. Alguien desprevenido podría pensar que las palabras citadas corresponden a algún manifestante de los últimos días; pero no, son palabras del Presidente de la República, expresadas recientemente con ocasión del aniversario del diario ¨La Segunda¨.
Realmente,  ¡el movimiento social movió el cerco!
Cuando se expresan las convicciones y se lucha por ello, como lo ha venido haciendo la movilización social, los adversarios entran en dificultades. Las famosas dos almas que acompañaron a la Concertación también han surgido animosas en la coalición de gobierno. Ascanio Cavallo, en su columna de hoy en La Tercera las ha descrito con precisión “Las dos almas se separan en la subordinación de la política a la economía o viceversa. En una orilla se sitúan los guardianes de la ortodoxia, los que confían en la sabiduría del mercado y en el camino lento al desarrollo. En la otra, los que miran las razones de la impopularidad, los desequilibrios flagrantes y la urgencia de las necesidades populares. No es una división entre la UDI y RN; es una trizadura que cruza de manera transversal al oficialismo, y que está deteriorando velozmente sus lealtades internas”.
La derecha más extrema no ha tirado la toalla. Por el contrario, sus personeros han entrado con fuerza a criticar lo que aparece como el curso más probable de la administración. En “Qué Pasa”, el ex ministro de Pinochet, Hernán Büchi llamó a que la centroderecha no abandonara sus convicciones, criticó que se hubiera instalado la desigualdad como problema central de la agenda pública y que la reforma tributaria fuera considerada por el Gobierno.
Por su parte, Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo con una franqueza inusitada titula su columna en El Mercurio con el inequívoco titulo de ¿Claudicación? Su ataque se dirige en contra de la reforma tributaria (para nuestra propuesta ver http://diario.latercera.com/2011/08/04/01/contenido/opinion/11-78824-9-reforma-tributaria-y-desigualdad.shtml).
Lo paradójico es que los principales argumentos que Larraín utiliza para sustentar su posición contraria a la reforma, son opiniones de personeros que se han identificado con la Concertación. En efecto, a la letra, dice: “Como han señalado… Andrés Velasco y Cristobal Huneuss el problema de la desigualdad en Chile se produce básicamente por la falta de empleos… otros economistas como Alexander Galetovic y Eduardo Engel han demostrado que la herramienta tributaria ha sido muy inferior a la del gasto público”. En el caso de Andrés Velasco, en su última entrevista en Qué pasa, no hizo alusión sustancial a la reforma tributaria. En el caso de Engel, éste ha manifestado que “bien hecha una reforma tributaria puede ser una contribución importante en el camino hacia una sociedad más justa y próspera”. Para completar la contraofensiva el senador Novoa ignorando que el 80% de la población rechaza el lucro en la educación señala que “El gobierno permitió que el tema del lucro , QUE ES UNA MERA CONSIGNA, se generalizara”.
La prohibición de la marcha de los estudiantes es una señal adicional de que las posturas intransigentes mantienen su fuerza.
En este contexto emerge la interrogante: ¿qué debe hacer la oposición?
Cabe saludar que los presidentes del PS, del PPD y del PR y del PRO se hayan distanciado del llamado del presidente de la DC a volver a clases, pasando de la calle a un escenario institucional sin que el gobierno haya accedido realmente a un cambio profundo del modelo educacional. Pero es fundamental que la oposición establezca un diálogo horizontal y respetuoso con el movimiento estudiantil y de profesores.
Pensar de que se trata de un movimiento corporativo no da cuenta de que es Chile el que está movilizado. En tal sentido es correcto que el movimiento ciudadano mantenga la dirección hasta que se creen condiciones efectivas para que la discusión en el Congreso pueda tener éxito. Sólo un nuevo marco de discusión, y no el diálogo sin condiciones, abrirá los caminos para alcanzar una solución que empiece a resolver los problemas de fondo de la educación y.
La oposición debería, además, valorar los gestos de quienes en el gobierno y en la Alianza por Chile han comenzado a reconocer que el modelo económico y social debe sufrir fuertes modificaciones. Más que relevar Chacarillas, cabe valorar las declaraciones del Ministro Longueira respecto de los abusos que sufren los consumidores financieros y la excesiva concentración en el sector eléctrico. Su apoyo a discutir la reforma tributaria es también destacable, particularmente teniendo en cuenta las fuertes reacciones que ha despertado en el mundo empresarial. Deben  destacadarse también, declaraciones como las del Alcalde de Puente Alto Manuel José Ossandon cuando señala que “no sacamos nada con tener 15.000 dólares per cápita si está concentrado en un segmento pequeño de la sociedad. A este gobierno le ha faltado calle. La encuesta CEP me da la razón: los estratos medios y bajos son los que menos apoyan al Gobierno”. La oposición debe también velar por la traducción práctica de aquellos gestos.
Al mismo tiempo, es necesario fortalecer el debate con las visiones más ortodoxas como las que representan las organizaciones empresariales y Libertad y Desarrollo. En este ámbito, es clave  debatir con los liberales de la oposición, cuyos argumentos son utilizados por los sectores más recalcitrantes de la Alianza por el cambio. Ello es fundamental para evitar un grave problema al que aludía Cavallo en su columna de hoy: “La incapacidad del (de sectores, diría yo) del gobierno de interpretar lo que está sucediendo lo ha ido empujando hacia una segunda inhabilidad, la de controlar la estabilidad de su proyecto político”.
La oposición debe jugar un papel importante para que los problemas se resuelvan positivamente, en aras del bien del país. Aunque sea cierto que la resolución efectiva de los problemas ayudará en primer lugar a la proyección del actual gobierno, Chile es lo primero.

El lanzamiento de la candidatura presidencial de Andrés Velasco permite a la oposición avanzar en una importante tarea pendiente: precisar las ideas fuerza para estructurar la oposición al actual gobierno y para las elecciones presidenciales del 2013. En su caso específico, dadas las características de las propuestas del político, impone comenzar a descorrer el tupido velo que ha cubierto a la ficción tecnocrática en nuestro país. De no tener lugar este proceso, el futuro político de la oposición se puede socavar indefinidamente.

Velasco es partidario de una política social focalizada, radicada eminentemente en medidas compensatorias, que otorga a la educación si acaso la tarea de corregir en algo las desigualdades. No valora la importancia de una relación más simétrica entre los agentes económicos y ha explicitado que el rol del Estado debe limitarse a eliminar fallas del mercado.

Velasco, sin recato alguno y desde la soberbia de su ¨razón¨ tecnocrática, se posiciona cómodamente a la derecha de Sebastián Piñera. La extrema focalización del gasto social que permea su doctrina ha quedado recientemente en evidencia en su tajante oposición a la universalización del posnatal y a la eliminación de la cotización del 7% de contribución de salud de los jubilados. Confundiendo principios con instrumentos, la focalización pasa a tener mejor derecho que la universalidad y la solidaridad.

Se pierde así de vista que en nuestro país la focalización ha tenido como efecto la orfandad de los sectores medios -incluidos los grupos que dejado de ser pobres-, ha debilitado la cohesión social, ha afectado sustancialmente la calidad de la educación y la salud y ha sustraído de la discusión la necesidad de una reforma tributaria que provea de mayores recursos al Estado.

Además, al socaire del desmantelamiento de la solidaridad y del universalismo de la mano de la focalización, las reducidas pensiones que perciben los afiliados de las AFP y las elevadas pólizas de salud de las ISAPRES y altos copagos de salud se traducen en enormes ganancias para esas entidades e imponen importantes erogaciones del Estado para proveer subsidios a los más enfermos y a los más viejos, cuando ya no pueden ser negocio para estas empresas.

Para la Oposición continuar con  la defensa de la focalización como fundamento de la política social implica seguir prometiendo una protección dudosa e incierta a los pobres y los vulnerables. Implica también el alejamiento definitivo de los grupos medios que buscarán representación política en otras tiendas e instancias donde sientan mejor valorados los esfuerzos personales que realizan por granjearse un futuro mejor. Sería un paso más para que la oposición se aleje de su base social y pierda su afecto, trasladando la posibilidad de una alternancia política a un muy futuro remoto.

La política social por sí sola no puede corregir las desigualdades que genera un modelo económico inequitativo. No puede revertir la concentración económica excesiva y la grave desigualdad en la distribución del ingreso. Velasco se ha opuesto sistemáticamente a una política tributaria que le dé espacio al impuesto a la renta de las empresas y que induzca a quienes más ganan a hacer un mayor aporte fiscal, propiciando así una redistribución del ingreso y un caudal de recursos que permita encarar las graves deficiencias de la educación y salud pública, las inversiones que se requieren para estimular el desarrollo productivo y avanzar en el desarrollo social. Más aún, en su reciente entrevista a la Revista Qué Pasa, hace caso omiso de las demandas que la movilización social viene planteando -que sería sólo resultado de falta de caras nuevas y malas prácticas-  y no se pronuncia sobre el rol de la educación pública, la necesidad de la reforma tributaria y las reformas laborales.

Velasco se opuso y no considera relevante cambiar la legislación laboral para que se pueda fortalecer y renovar el sindicalismo e impulsar la negociación colectiva. Con ello hace caso omiso de la convicción progresista de que el mayor equilibrio entre los distintos agentes económicos hace posible una mejor distribución primaria del ingreso.

Desde su perspectiva, las intervenciones públicas en lo económico deben reducirse a fortalecer la acción autónoma de las fuerzas del mercado. Que el libre juego del mercado resuelva los problemas económicos y que la política macro sana genere los incentivos suficientes para que los empresarios lideren la  transformación productiva basada en ventajas comparativas. El Estado debe limitarse a formular las políticas monetarias y fiscales, proteger el derecho de propiedad y su institucionalidad legal y promover la apertura externa. Acepta una responsabilidad última en la provisión de bienes públicos (educación e infraestructura), pero prefiere que los suministre el sector privado. El gobierno debe limitarse a eliminar las fallas que afectan la asignación de recursos por el mercado, proteger la competencia y regular los mercados monopólicos.

Pero la experiencia chilena e internacional hace patentes las graves limitaciones de las posturas que consideran al mercado como único o principal determinante de las decisiones de inversión. La economía chilena crece a un ritmo cada vez menor, en fuerte contraste con países tales como Australia y Nueva Zelandia en Oceanía, los países del norte de Europa y los tigres del Asia, cuyos ritmos de crecimiento son muy superiores y cuyas estructuras exportadoras son sustancialmente más complejas que la nuestra, lo cual les permite insertarse en  los mercados mundiales más sofisticados. En tales países, el mercado juega un papel sustancial, pero no es el principal ni único mecanismo que orienta la inversión. 

Por nombrar solo algunos casos, de la estrategia de desarrollo  de países como Finlandia, Australia y Corea del Sur  destacan en primer lugar formas de concertación social y de mecanismos de acuerdo que configuran un proyecto nacional bajo cuyo alero operan los mecanismos de mercado. Para incentivar nuevas ventajas comparativas basadas en procesos productivos de mayor valor agregado y contenido tecnológico, su inteligente inserción internacional ha requerido que la intervención pública “distorsione” las señales microeconómicas. En tal contexto, entre otras políticas, el Estado no ha escatimado esfuerzos y recursos para asegurar una educación de calidad para todos, que permita ¨alimentar¨ un aparato productivo en continua innovación.

Al mismo tiempo, el Estado invierte para desarrollar su capacidad operativa de conducción y coordinación. A diferencia de la orientación que ha predominado en nuestro país, el Estado promueve activamente nuevas actividades y despliega un amplio conjunto de políticas públicas a favor de la innovación tecnológica y de buenas prácticas de gestión. Estas economías exitosas son, además, sustantivamente más igualitarias que la nuestra.

El Banco Mundial (a quien no se le puede tildar de extremista) señalaba ya hace muchos años las graves carencias de la educación chilena que obstaculizan dar un salto en materia tecnológica en una reflexión que denominaban irónicamente “¿Por qué los chilenos no encontraron La escondida?”. Así como lo fue respecto del cobre, lo será respecto del litio, de los salmones, de la energía y de muchas materias que seguirán escondidas si los gobernantes y los acuerdos sociales no dan un paso definitivo en otra dirección.   

En fin el  fundamentalismo de mercado de Velasco propone un Estado ausente y una liberalización irrestricta del mercado financiero, política asociada estrechamente a la crisis financiera internacional y al abuso del consumidor financiero que dejó en evidencia la crisis de La Polar.

En el momento más crítico de la Concertación, cuando ha quedado en evidencia la gran distancia que la separa de las movilizaciones sociales, cuando en esta coyuntura única aparece más preocupada de la selección de candidatos a la elección municipal, cuando el Partido Radical ha anunciado su decisión de no ir en lista única con la Concertación, cuando el PPD da a conocer que prefiere enfrentar las elecciones municipales en lista separada y cuando los analistas constatan un vacío de poder en la antigua coalición de Gobierno, Andrés Velasco anuncia su disposición de competir en una eventual primaria de la Concertación.
Su candidatura había sido anunciada por dos militantes socialistas muy cercanos a Bachelet. Aún cuando ellos han insistido que su candidata sigue siendo la ex - presidenta, no deja de llamar la atención el empeño que ha puesto el ex – ministro de Hacienda en echar a correr el nombre. Su disposición a pelear por la primera magistratura del país aparece en momentos en que abundan los rumores de que, eventualmente, la ex – presidenta tendría ciertas reticencias para volver a ser candidata presidencial. El rumor adquiere visos de realidad al observar a principios de la semana que termina, el vistoso regreso al escenario político nacional del secretario general de la OEA. Este contexto y con la percepción de que los nuevos liderazgos en la Concertación no terminan de consolidarse, puede haber inducido a Andrés Velasco a levantar su candidatura. Un elemento adicional a considerar es que quien aparece mejor ubicado en las encuestas entre los dirigentes concertacionistas es el senador Ricardo Lagos Weber, cuyo padre nunca ha terminado de entenderse con el principal soporte político de Velasco, el senador Camilo Escalona.
La candidatura de Velasco representa el intento de reeditar la alianza que sustentó al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet: nos referimos al extraño maridaje entre el grupo “expansiva” y la Nueva Izquierda del Partido Socialista que luego de haber combatido la renovación del socialismo, se plegó sin solución de continuidad a los sectores liberales de la Concertación.
La aparición de Velasco tiene una dimensión positiva al acelerar el debate en la oposición sobre el balance de los últimos gobiernos de la Concertación, aún no abordado seriamente y sobre las causas de fondo de la derrota. Acelera también la deliberación en la oposición respecto de la dirección que debe tomar la construcción de una nueva propuesta gubernamental.
No obstante ello, la apuesta de Velasco sólo con dificultad alcanzará el éxito pues está fundada en  una equivocada interpretación de la derrota de la Concertación en el 2010 y en una errónea  comprensión del carácter y los fundamentos de la movilización social que tiene lugar en el país, al vincularla sólo con los problemas del actual gobierno y las malas prácticas de la clase política, eludiendo el cuestionamiento que esa movilización  hace del modelo económico y social. Es difícil además pues aparece en momentos en que finaliza una larga etapa histórica en que se creyó que la deliberación democrática de los ciudadanos había sido reemplazada, definitivamente, por la lógica de los mercados financieros descifrada por un suerte de oráculos modernos: los tecnócratas. Analicemos estos tres aspectos por separado.
En la entrevista que le realizó la Revista Qué Pasa el viernes 29 de julio, al querer explicar la derrota, Velasco afirma que ella se debió a las malas prácticas de los partidos de la Concertación. El ex ministro confunde los síntomas con las causas de la enfermedad. Las malas prácticas reflejan el distanciamiento entre la Concertación y su base social agudizada por la política tecnocrática impulsada por los sectores liberales de la coalición. Esta política se expresó en el rechazo a  iniciativas transformadoras de la educación, de las leyes laborales y a la entrega de un financiamiento adecuado a la salud pública, optando por una indiscriminada compra de servicios al sector privado, entre otras. La inexistencia de canales para debatir democráticamente sobre estas políticas, llevó a un progresivo desgrane de la coalición de gobierno que finalmente encontró su más importante expresión en que un casi la mitad del electorado concertacionista prefirió apoyar a Marcos Enríquez Ominami en la última elección presidencial. A la descomposición de la coalición contribuyó también que la ex presidenta no asumió el rol de jefa de la coalición. Resulta un enigma que el candidato Velasco piense que una fórmula que no logró proyectarse exitosamente en la elección del 2010, funcione en el 2013.
Velasco explica la movilización social como expresión de un malestar con las élites, con la política y con la clase política (de la cual el ex – ministro pretende restarse) y lo ejemplifica señalando que ello se expresa en que el gobierno actual que prometió caras nuevas, ha incorporado al gobierno las mismas caras que asistieron al encuentro con Pinochet en Chacarillas. Más allá de que pueda tener razón en esto el malestar social, y sus protagonistas se han preocupado de dejarlo claro,  refleja un profundo cuestionamiento del modelo económico en aplicación desde antes del gobierno de Piñera (para un análisis más en detalle de este tema remito a mi artículo  http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/el_desaf%C3%ADo_de_la_oposici%C3%B3n). Se trata en consecuencia, también de una mirada crítica, a lo que hizo y a lo que dejó de hacer la antigua coalición de Gobierno.
Velasco no profundiza en las causas del cambio de gabinete y por tanto no entiende el giro de la Administración Piñera. Los analistas coincidieron en que dicho cambio representó la incorporación efectiva de la UDI al gobierno, pero sobre todo el reconocimiento de la derecha de que pretender radicar en los técnicos la conducción del gobierno (como lo planteaba Saint – Simon a principios del siglo XIX) constituía un craso error que llevaba directamente a la derrota en el 2013 e incluso ponía en riesgo la estabilidad del sistema político.
Como efecto de estos tres errores, Velasco asume como viable una candidatura cuyo programa, como queda claro en la entrevista aludida, corresponde a un momento histórico que afortunadamente quedó atrás. Pero el análisis de ese programa será objeto de una próxima columna.

Al contrario de lo que sostiene Sebastián Edwards respecto de que el nuevo “gabinete proviene de un estrato económico de élite, que no comprende las preocupaciones de la población”, y que por tanto estaría dando palos de ciego, su conformación parece evidenciar el reconocimiento de que el raigambre de los problemas  y el malestar social de fondo requieren un giro radical no sólo respecto de lo que el gobierno actual venía haciendo, sino respecto de algunos temas fundamentales que la Concertación no pudo, no quiso o no apreció necesario reformar. Longueira es la principal expresión de este giro. Pero no el único, Bulnes en educación muestra un designio similar, al reconocer como parte beligerante al movimiento estudiantil y al aceptar que el lucro es un tema central de la agenda.

Constatar estos hechos centrales no significa suponer a priori que este giro será exitoso, pues deben superarse convicciones importantes de los propios protagonistas y  enfrentarse grandes adversarios en los grupos más doctrinarios de la derecha y del empresariado.

El cambio de gabinete ha abierto en la derecha un amplio debate sobre la conveniencia de llevar un político y no a un técnico al ministerio de Economía. Abrió los fuegos el propio Edwards “señalando que se mire como se mire (haciendo caso omiso de los graves problemas de conducción política que había mostrado el Gobierno)  es difícil encontrarle un lado positivo al cambio de gabinete señalando además que lo más grave del cambio fue haber sacado al Ministro Fontaine, el ministro “con mayor compromiso con las reformas proeficiencia, con la modernidad y con la agenda liberal” y haber puesto en su lugar a Pablo Longueira pues “el problema es que el tema económico se caracteriza por aspectos técnicos que Longueira no domina. Más aún, cuando el nuevo ministro habla de economía, suele hacerlo desde la trinchera del populismo”. Pero por su parte a Jorge Navarrete también preocupa de que ¨una versión remozada de Chacarillas¨ cuestione la supremacía que el Ministerio de Hacienda ha tenido en los últimos años.

Longueira no se ha dado por aludido y resueltamente ha emprendido y esbozado iniciativas que precisamente para muchos pueden confirmar su “populismo”. Avanzó en las negociaciones con la oposición respecto del Sernac financiero. Apoyó la demanda contra Walmart por haber realizado “normalizaciones” como las de La Polar con las deudas vencidas de sus clientes y se involucró en una discusión con un ex ministro de la Concertación que como encargado de comunicaciones de la empresa defendió la permanencia en DICOM de los clientes “normalizados”. Pocos días después señaló la importancia de que exista un contrapeso a la influencia de Hacienda, de que existan visiones equilibradas entre lo técnico y lo social, de que el ministerio de economía proteja a  a los consumidores, potencie y colabore para que el talento de los pequeños empresarios sea viable en el país  y estimule una mayor competencia. Enfatizó que existe una “excesiva concentración económica (“quiero que haya muchos más empresarios y mi preocupación es que hay cada vez menos”). Centró el problema de los altos costos de la energía en la falta de competencia asociado a la presencia de pocas empresas. Sostuvo que “la única forma sostenible en el tiempo de que los equilibrios macroeconómicos y la responsabilidad fiscal se consoliden es poner en la misma categoría también la estabilidad social”. Puede ser que algunos no le asignen credibilidad a estas posturas de Longueira, pero se trata de ideas que aluden al alma del electorado de la oposición.

Es insólito como José Miguel Daza, director precisamente de un Hedge Fund en Nueva York articula la preocupación del empresariado, de los personeros más doctrinarios de la derecha y los medios de prensa extendiéndola a un socavamiento del poder de la tecnocracia concertacionista, al señalar  que “Piñera ha deteriorado el marco de economía política de largo plazo del país. Desde el retorno de la democracia, parece ser el Presidente con menos respecto por la tecnocracia. Piñera se embarcó en un conjunto de medidas de corte populista… parece haber ignorado a sus ministros del área económica, pero gravemente les quitó el piso político a los técnicos más serios de la concertación… esto traerá consecuencias”.

Al analizar el cambio de gabinete muchos enfatizan que la incorporación de senadores al gabinete cuestiona las bases mismas de la separación de poderes. Se aduce además que se afecta la legitimidad del Congreso, pues a pesar de que se eliminaron los senadores designados de Pinochet, la Cámara Alta tendrá cuatro senadores designados.
Si bien los elementos indicados son efectivos, se confunde causa con efecto. Ambos fenómenos son expresión de la crisis que afecta a un sistema presidencialista que dificulta extremadamente el funcionamiento de las coaliciones gubernamentales y que hace del Congreso una entidad con frecuencia irrelevante debido a las restricciones a que está sujeto en materia legislativa, siendo esta la función básica de ese Poder de la República. Esta modalidad de cambio de gabinete es una expresión del accionar político. que busca superar déficits del sistema político que éste mismo engendra.
Sin duda la personalidad del Presidente constituye (por decirlo de alguna forma) una dificultad para el buen funcionamiento del gobierno. Pero no obstante tras el debate en torno al estilo presidencial se agazapaba un problema más de fondo: la dificultad que plantea el presidencialismo imperial para la operación del gobierno de coalición. En las administraciones anteriores la existencia del llamado partido transversal fue hasta el gobierno de Lagos el mecanismo que permitió operar a la coalición en el marco del sistema presidencial.
Propongo por tanto evaluar el cambio de gabinete como un modo particular de establecer un pacto de gobierno entre la UDI y RN en un contexto hostil al funcionamiento de las coaliciones. La permanencia de Hinzpeter no puede ser sólo explicada por una cercanía personal respecto del Presidente, y representa a una de las dos partes de la alianza de gobierno. Tanto su permanencia  como el ingreso de Longueira forman parte de un mismo proceso: el reconocimiento recíproco como partes en el conflicto. Esta evolución, que resulta sorpresiva para la mayoría de los analistas que pensaban que la solución pasaba por el reemplazo del jefe de gabinete, se ve favorecida por un elemento adicional:  Longueira, tanto por su valoración de lo político como por el énfasis que ha puesto a lo largo de su carrera política en la dimensión popular de la UDI, ofrece llenar de contenido la promesa un tanto vacía de Hinzpeter de fundar una nueva derecha. Este énfasis en lo social había encontrado una serie de tropiezos, producto de la ortodoxia ejercida por el propio ministro de Hacienda contra la agenda social del gobierno. La aspiración social del gobierno es compartida por Longueira, quien se manifestó continuamente contra la letra chica de la Agenda social, de la cual el principal responsable era Felipe Larraín. La confluencia de estas dos corrientes no es fácil, enfrentan una larga historia de disputas. Los une sin embargo, la aspiración de construir una derecha con vocación mayoritaria.
La segunda clave fue explicitada por Héctor Soto en su columna del día sábado: “El gran objetivo de los ajustes ministeriales es ampliar la base política de los gobiernos, sea en un contexto de nuevas alianzas, sea en la reformulación de cuadros para potenciar mejor los activos y las redes existentes.” Desde este punto de vista el objetivo principal del cambio de gabinete era ampliar la base de apoyo del gobierno, que se había visto debilitada por el creciente desafecto de la UDI. Si bien la UDI disponía de una gran fuerza parlamentaria, carecía de un mecanismo institucional para proyectar su fuerza en el gabinete. Ello se supera con la incorporación de un personero político que puede ofrecer al Presidente el apoyo pleno de la UDI: Longueira. La Presidencia Imperial, que hacía agua por doquier, se intercambia por la promesa de una coalición y una conducción política sólida. Nuevamente, la solución pasa por violentar el régimen presidencial, pues la UDI le impone al Presidente la modalidad de operación. La contrapartida esencial de la aceptación de la imposición de la UDI era mantener a Hinzpeter, que probablemente constituya con Longueira el comité político de facto de la administración.
La tercera clave es el reconocimiento de que para solucionar los problemas de conducción en el Gobierno la política debe pasar al puesto de mando. Esto lo había relevado Héctor Soto en el artículo citado: “el gobierno de Piñera le ha tenido miedo a la política -entendida como actividad tendiente a establecer vínculos, sumar aliados, convencer más con testimonios que con palabras, generar confianzas, negociar- y la política ahora le está pasando la cuenta. Mientras los números de la economía cuadran, los de acá están en rojo. La administración enfrenta una oposición dura y también una deserción significativa de su base inicial de apoyo”.
Incorporar a Longueira traduce el reconocimiento tardío de que el Gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria y de que es necesaria la negociación para llevar adelante su programa. Con Longueira se incorpora el mejor negociador de la derecha chilena.  Un negociador que conoce de cerca a los principales personeros de la oposición. Al mismo tiempo su incorporación representa un paso adicional hacia el final del predominio de la tecnocracia que marcó el gobierno de Bachelet y que venía obstaculizando la agenda social del Gobierno.
El debate político ha focalizado la atención en la discusión existente en la Concertación en torno a la corriente tecnocrática que ejerció un fuerte peso en el gobierno de Bachelet. Pero se ha percibido menos que este debate también es relevante en la actual coalición de Gobierno. Longueira representa en este sentido la convicción de que la política tiene que estar en el puesto de mando, que la razón técnica tiene que estar subordinada a la razón política y que es ésta la clave para viabilizar las políticas públicas. Su incorporación interpela a la Alianza por el Cambio pero también a la Concertación, dejando en evidencia que su reconstitución supone dejar atrás  cantos de sirena como los que bajo Bachelet propugnó Andrés Velasco. Se trata nuevamente de una opción que no tiene garantizada la viabilidad. No obstante, de tener éxito, la oposición encontrará en la coalición de gobierno un rival poderoso que no será posible de vencer sólo con una figura por muy carismática que esta sea.

Mientras la popularidad del gobierno aparece en caída libre, la oposición no logra articular políticamente, la fuerte agitación social. Más aún, la Concertación sufre un rechazo similar al del Gobierno. La clase política como un todo parece deslegitimada frente a la ciudadanía.El debate emergente se centra en torno a la caracterización del momento que pasa el país sobre si enfrentamos “un cuestionamiento profundo del orden social vigente”.

Algunos argumentan que sólo se trata de la rebeldía de algunos grupos frente a “nuevas fuentes de malestar” por  temas específicos (el retail, la verdadera naturaleza de las universidades privadas o las alzas de los alimentos y el transporte) que converge con fenómenos políticos como es la baja popularidad del gobierno. En esta perspectiva la solución aparece sencilla; se trata simplemente de “articular planteamientos realistas que enfrenten las carencias existentes y que permitan así continuar la ruta del progreso”.

Pero esta visión optimista no prevalece en la mayoría de los analistas. Roberto Méndez subraya la incapacidad de la clase política de ver y escuchar las demandas ciudadanas: como los pobres sufren el aumento de precios de los alimentos y el transporte y sufren la desigualdad, no se pueden descartar los estallidos sociales, las opciones políticas radicales e incluso alerta sobre el peligro “de que la política chilena dé una vuelta copernicana hasta ahora no imaginada. Junto a la crítica de los pobres, aparecen las demandas inéditas asociadas a los mayores niveles de ingresos que no surgen de los partidos sino que de los movimientos ciudadanos y de las redes sociales. Ello refleja además, la sensación de exclusión del proceso de toma de decisiones lo que lleva a rechazar a las élites y a los que tienen el poder¨.

EL PROBLEMA DEL GOBIERNO: ENTENDER LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA ES INDISPENSABLE PERO NO BASTA.

La situación preocupa profundamente a la alianza de gobierno, que transforma el cambio de gabinete en la medicina milagrosa para todos los problemas. Hay sin embargo algunas calificaciones. Hay que dar un golpe de timón, enfrentar la “inflación de los pobres” (cuestión que el actual ministro de Hacienda se ha negado incluso a considerar al querer imponer un aumento mínimo del salario mínimo), hay que empoderar y poner las figuras fuertes del Gabinete en la primera fila (¿sacar a Hinzpeter y Ena von Baer y reemplazarlas por Allamand y Matthei?).

Roberto Méndez destaca del diseño y del manejo político (el Ministro del Interior no cumple su rol articulador y de jefe de gabinete; falta una adecuada relación con el Congreso) y por tanto se “requiere gente con capacidad para implementar técnicamente las iniciativas gubernamentales, pero con “punch político para llevar estos proyectos (dos o tres temas por los cuales sea recordado el presente gobierno) adelante y convencer a la oposición.

Pablo Longueira es más radical en su crítica a la falta de comprensión de la importancia de la política en conducción gubernamental: “ Ya se vivió la fiesta de los tecnócratas, que se coronó con la sacada de los mineros. Los países sólo progresan en la medida en que tengan políticos capaces de llevarlos a progresar”.

El actual Gobierno sufre de una profunda incomprensión de la importancia de la política en la conducción gubernamental. No termina de entender que gobernar no es entregar servicios a la ciudadanía y en consecuencia la capacidad de gestión está también asociada a la gestión política. Su modelo de resolución de los problemas que afectan a la gente y al país encuentra dificultades insalvables para abordarlos. Más aún, adolece de aporías, es decir está entrabado por razonamientos que originan contradicciones o paradojas irresolubles. Los ejemplos son numerosos. El problema de la Polar involucra aspectos delictuales, pero se vincula también con los bajos salarios que inducen al endeudamiento bajo condiciones financieras inviables. Como que la tasa de interés de los créditos asociados a tarjetas de crédito puede alcanzar hasta 50% anual, sin considerar comisiones y otros recargos.
Luego, ¿cómo abordar estos problemas sin fortalecer la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores y sin fomentar la organización sindical y la indispensable renovación de las entidades sindicales para inducir una distribución más equitativa del ingreso? ¿Cómo superar el abuso que sufren los consumidores financieros con entidades reguladoras desprovistas de facultades en ese terreno o que protegen a los regulados: bancos y sociedades financieras de diverso pelaje? ¿Cómo proteger a los pequeños accionistas de los engaños derivados de la información que emiten las agencias calificadoras de riesgo, si ello está en la naturaleza fundamental del actual sistema regulatorio a escala mundial? O los créditos estudiantiles que agobian a un buen número de profesionales cuyos salarios no les permiten pagarlos y que imprime gran desesperanza a los actuales estudiantes y la sensación de ser parte de los sectores vulnerables de la sociedad. ¿Cómo resolver ese problema si este financiamiento de la educación le ha permitido ganar a la banca más de US$ 500 millones, según información del Banco Mundial?
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EL PROBLEMA DE LA OPOSICIÓN: FORMULAR EL DESACUERDO.

En suma, el problema de la coalición de gobierno es de déficit político, pero también deriva de los problemas de la población que se han ido forjando a  lo largo de décadas al socaire del modelo económico vigente. El impasse que vive el país deriva también de que la Concertación incluso promovió algunas de las condiciones que generan el malestar ciudadano.  Este tema lo aborda en forma muy concisa e inteligente Héctor Soto: “Gran parte del secreto del éxito de la Concertación fue amparar en los hechos el modelo económico -no sólo ampararlo, también perfeccionarlo- manteniendo eso sí un discurso que, junto con poner énfasis en la equidad y en la inclusión social, presentaba a sus gobiernos con las manos atadas para cambiar el estado de cosas. Este doble estándar le funcionó en varios sentidos. Le permitió vestirse con los éxitos de la estrategia de desarrollo (dinamismo de la economía, reducción de la pobreza, fuerte expansión de la clase media, extensión del sistema educacional y universitario, mejoramiento de los ingresos); le permitió salvar su responsabilidad política en la parte ingrata de la experiencia (que pasó a ser culpa exclusivamente de los empresarios y la derecha) y le permitió también, con llamados recurrentes a la responsabilidad, contener la resistencia o el rechazo que el modelo generaba en el mundo laboral más organizado. Fue un negocio redondo por donde se le mirara. Puros beneficios, cero costo”.

La actual falta de diálogo entre la Concertación y el movimiento social tiene que ver con el rechazo a sus principales figuras como efecto de la sensación o convicción de que los problemas tienen que ver con las acciones y omisiones de la alianza que gobierno el país durante 20 años. Por encima de todo lo que cabe valorar del legado de la Concertación al país, entablar un diálogo con las actuales demandas ciudadanas implicaría que la Concertación reformulara sus convicciones y asumiera sendas críticas de sus gobiernos gestión.

Pareciera que no estamos frente al quehacer político habitual. Enfrentemos por el contrario un momento histórico en que la acción transformadora es posible. Vivimos una interrupción del curso ordinario de las cosas. Presenciamos la transgresión que pone en cuestión el consenso existente, la desobediencia civil que Arditi define como “la forma básica de la acción de la multitud”. Como señala Virno, “en lugar de afrontar el problema eligiendo una de las alternativas previstas, cambia el contexto en el cual se inserta el problema…Una inversión desprejuiciada que altera las reglas del juego y hace enloquecer la brújula del adversario”.

Sin embargo es probable que, como muchos esperan, la movilización social termine en comisiones, en acuerdos cupulares, en medidas cosméticas. No sería raro que el movimiento estudiantil como en el caso de los Pingüinos termine disgregado por acuerdos que no van a la sustancia, como las reformas bajo Bachelet y Piñera en contra de las cuales se movilizan los estudiantes y profesores. Algo similar puede ocurrir con las otras movilizaciones.

¿Cómo proyectar esta movilización en un triunfo electoral en las próximas elecciones municipales y presidenciales? Es esta una tarea imposible ya de abordar en toda su magnitud. Pero podría haber una respuesta, si la oposición fuera capaz de formular y precisar el Desacuerdo con la forma en que el Gobierno trata los diferentes problemas, en aras de soluciones de fondo a las dificultades que enfrentamos como país. Sería una forma inédita de plantear el Desacuerdo que hoy, parafraseando a Arditi, más que una confrontación entre dos posiciones dadas de antemano sería una disputa entre “partes” que aún no se han constituidas como tales para confrontarse. Para la oposición se trata de asumir la tarea ¨de desarreglar y reconfigurar¨, esencia de la actividad política requerida para estar a la altura de las circunstancias.