Eugenio Rivera

Después de 10 meses de devaneos, el Presidente de la República ha dado a conocer lo que será el proyecto de reforma tributaria. Como se esperaba, la propuesta hace permanente el aumento del Impuesto de
Primera Categoría de 17 a 20%; reduce las cargas a los tramos del impuesto de segunda categoría, permite descontar gastos en educación a los grupos de mayores ingresos, introduce cambios menores al impuesto
específico a los combustibles y toma medidas tímidas para reducir la elusión y evasión tributaria. Todo ello para recaudar entre US$ 700 y 900 millones o 0,3 puntos del PIB...

Una vez más, Eduardo Engel reitera el argumento, habitual en el sistema financiero chileno, que una rebaja retroactiva en las tasas de créditos cuyos riesgos no se materializan, pero son muy inciertos al momento de otorgarlos, llevaría a que el sistema financiero cobrara tasas aún más altas para resguardarse. Por el contrario, una reducción de las tasas llevaría al sistema a no entregar créditos a los sectores afectados lo que finalmente, dice,  expulsaría del crédito formal a los sectores que se busca beneficiar, jóvenes y deudores de créditos de consumo, obligándolos a recurrir a sistemas informales de crédito que tienen tasas todavía más altas.
El supuesto básico que permiten que el argumento aparente tener cierta lógica es que las tasas cobradas hoy son las adecuadas para absorber el riesgo de no pago del segmento respectivo y se forman en contexto plenamente competitivo. De otra manera, al reducirlas, las pérdidas de la institución financiera la harían abandonar ese segmento de negocios.
Lo que hace  Engel, en su columna de respuesta al artículo de Fundación Progresa firmado por Marco Enríquez y por mí, es justificar las altas tasas cobradas no sólo a los jóvenes sino al conjunto de deudores de créditos de consumo con el argumento que dichas tasas reflejan el mayor riesgo de esos segmentos. Es decir justificar de manera académica las políticas de abuso con la población en todo orden de servicios, fuertemente enraizadas en el país. A lo menos, poco serio. Vamos por parte. En primer lugar contrario a lo que argumenta Engel no es posible presumir que el mercado desaparecería, pues los bancos establecen un costo de fondos que opera como piso para fijar la tasa de interés.  El costo de fondos no es simplemente la tasa de captación, sino que considera costos de encaje, costos operacionales y el costo de capital, por lo que aún devolviendo la prima de riesgo, el negocio es rentable. De hecho, ha habido campañas de algunos bancos que han ofrecido precisamente la devolución parcial de intereses a los deudores que cumplen oportunamente.  Es decir, existe un concreto contraejemplo de mercado para rebatir el argumento de Engel.  .
Por otro lado, y para debatir en serio, , aceptemos que la teoría económica explica desde hace ya mucho tiempo las altas tasas (por sobre el "verdadero" riesgo) por dos fallas de mercado: selección adversa y riesgo moral.  Ellas se refieren a los riesgos ex ante y ex post, son independientes de la estructura competitiva del mercado, y dicen relación con los problemas de información asimétrica, lo que da lugar al racionamiento del crédito y a altas tasas.  Por tanto, incluso en un mercado de alta competencia existirá una prima en exceso para los deudores cumplidores.  Una regulación eficaz puede moderar el monto de la prima, pero eso ya es otro tema.
El problema de fondo es, sin embargo, que Engel no  reconoce el bajo nivel de competencia del sistema financiero chileno en los servicios financieros a personas, en particular en los segmentos de menores ingresos que acceden a créditos del tramo de 200 UF o menos. Ello implica para ese tramo que, en primer lugar, las tasas cobradas están por encima del precio de competencia y en consecuencia, la devolución del exceso de las primas de riesgo sólo reduciría rentabilidades excesivas. Tal vez Engel no está al tanto que la tasa máxima convencional para ese tramo es de 53,97% anual, pues  dudamos que  considere que ella sea coherente con un mercado competitivo. Es obvio que tasas de interés en esos niveles implican una carga financiera que atenta contra el oportuno cumplimiento del deudor y, por lo mismo, es posible pensar que el incentivo de devolución  mejoraría la calidad de los pagadores reduciendo el riesgo global del segmento.
Nunca afirmamos  que esta propuesta mejorará la transparencia y la competencia en el mercado financiero. Más aún, llamamos la atención a Engel sobre su excesiva confianza en que una política a favor de la competencia solucionaría los problemas del sector. Tal política es bienvenida, pero es insuficiente, pues a estas alturas está claro que abrir un mercado a nuevos competidores no necesariamente conduce a una baja de precios. De hecho es lo que se ha venido  haciendo desde hace 22 años y el resultado ha sido más concentración.
En el artículo que escribimos con Marco Enríquez – Ominami, le pedimos a Engel poner atención sobre varios problemas que era necesario abordar: 1) El alto poder de mercado de los tres bancos principales y la baja competencia existente en el sector (con excepción del segmento de créditos a las grandes empresas); 2) La alta concentración existente en el retail y en particular en su giro financiero 3) La indefensión del consumidor (frente a lo cual el SERNAC financiero es poco lo que puede hacer) pues carece de los poderes propios de las superintendencias para lograr una fiscalización más eficiente; 4) La debilidad normativa de la regulación financiera, que al contrario de lo que sucede en los países desarrollados, en nada se ha innovado luego de la grave crisis financiera y; 5) La debilidad y la excesiva cercanía de los reguladores de los regulados.
Por ello instamos  a los académicos y al Estado a realizar un estudio a fondo del sector para abordar sus problemas seriamente y nos parecía un despropósito la propuesta central de Engel de crear una Superintendencia para averiguar si existía poder de mercado en el sector financiero.
Una  reforma a fondo del sector financiero debería abordar al menos los siguientes temas: sistema de pagos minoristas con tarjetas de Pago,   Tasa Máxima Convencional,   Shadow Banking, cambio de la institucionalidad regulatoria, medidas efectivas de protección al consumidor financiero y transformación del Banco del Estado en una verdadera Banca pública.

La movilización estudiantil dejó en evidencia que no se podía seguir ignorando la gran desigualdad y la baja calidad del sistema educacional y desencadenó un amplio debate tributario. La discusión ha involucrado muchos actores y a un amplio espectro de temas. Es así como quedan en evidencia profundas diferencias relativas a los valores que guían las diferentes proposiciones, a la actitud frente a las carencias sociales, la evaluación del sistema tributario y asociado con ello las diferentes proposiciones.
Sectores de la UDI, personeros vinculados al régimen militar y Libertad y Desarrollo se oponen a aumentar la recaudación tributaria. Su análisis está basado en una visión según la cual la sociedad no existe, que lo que cada uno tiene deriva sólo de su trabajo y que, por tanto, cualquier iniciativa a favor de la justicia distributiva atenta contra los derechos fundamentales del individuo. Esta visión es, en lo fundamental, compartida por la coalición gubernamental. No obstante, sus sectores más lúcidos son conscientes de que no tomar iniciativas en este campo, hace imposible la permanencia de la derecha en el gobierno. De ahí que el gobierno parece dispuesto a incrementar los recursos públicos en torno a US$1000 millones, esto es menos de medio punto del PIB. El propio senador Hernán Larraín ha sostenido que esa cantidad no corresponde a lo que el país necesita.
Otra es la perspectiva que orienta a quienes venimos sosteniendo la necesidad de asegurar una educación y salud igualitarias. Siguiendo a John Rawls, la sociedad existe y es concebida como un sistema de cooperación social justo entre una y otra generación a través del tiempo, en que los ciudadanos como personas libres e iguales colaboran en una sociedad bien ordenada que debe ser regulada por una concepción pública de la justicia.
Desde esta visión resulta inaceptable que mientras el 7% de la población más rica recibe una educación con un costo en torno a los $300 mil, el resto, entre los que se cuentan los niños y jóvenes más desaventajados, debe recibir la educación que puede financiar una subvención en torno a los $50 mil. Lo mismo se observa en salud. Como sostiene el académico de la Universidad Católica Camilo Cid,  mientras que el 19% de los ciudadanos asociados a las Isapres usa un 2,4% del PIB en gastos de salud, el 81% restante usa sólo un 4,5% del PIB. En estas condiciones, el discurso de la derecha respecto de la igualdad de oportunidades es sólo eso, discursos y palabras.
El presidente Sebastián Piñera ha informado que el proyecto de reforma tributaria contempla elevar, permanentemente, a 20% el impuesto de primera categoría y eliminar algunas exenciones. Esta propuesta a todas luces modesta e inconsistente con las necesidades del país (considérese que Educación 20/20 ha estimado los requerimientos de recursos adicionales sólo en educación en tres puntos del PIB, esto es, unos 6.600 millones de dólares) ha sido cuestionada por Rolf Lüders. En su opinión, el aumento del impuesto de primera categoría elevaría el costo neto del capital en Chile, lo que induciría a los empresarios a dejar el país e invertir en el extranjero, lo que redundaría en una caída de las remuneraciones. El supuesto fundamental de Lüders es que el impuesto a las empresas en Chile es igual al de otros países, por lo que un aumento implicaría un inevitable traslado de inversiones al exterior. Dicho supuesto no es correcto, ya que el promedio del impuesto en los países de la OCDE es 25,3% y las tasas en los principales países de América Latina está muy por encima del 20% (Argentina 35%; Brasil 34%; México 30% y Perú 30%). Sin embargo, más importante que esto, y que Lüders no toma en cuenta, es que la decisión sobre un proyecto no está determinada sólo por el costo neto de capital, sino que además por la rentabilidad del proyecto y por un elemento central no económico: las condiciones de paz social, estabilidad política y vigencia del Estado de derecho (si no, que lo diga la familia Luksic y su fallida inversión minera en Pakistán).
Libertad y Desarrollo, por su parte, sostiene que Chile está en tercer lugar en recaudación por impuesto a las empresas entre los países de la OCDE, sólo detrás de Noruega y Luxemburgo. Lo que el centro de pensamiento no dice es que en Chile el impuesto de primera categoría es sólo un crédito contra la tributación de las personas (global complementario),  mientras que en los otros países es una recaudación independiente de la proveniente de las personas. La comparación pertinente es, en consecuencia, la siguiente: mientras que en Chile la recaudación total por impuesto a la renta en promedio para el período 1987-2009 fue 4,4 puntos del PIB (5,1 en 2010), en los países de la OCDE fue de 12,5 puntos del PIB (3,4 puntos correspondientes al impuesto a la renta de las empresas y 9,1 puntos del impuesto a las personas). Estas diferencias son cruciales para explicar las menores desigualdades que caracterizan a esas sociedades en contraste con Chile.

Hace algunos días Claudio Orrego manifestó su voluntad de participar en la primaria presidencial de la Concertación. Se trata de una buena noticia pues puede ayudar a romper la inercia que existe en esa coalición y contribuye a ofrecer nuevas caras a una ciudadanía que espera debatir propuestas de fondo para superar la crisis del modelo económico, político y social surgido luego de la derrota de la dictadura.

Permite además iniciar un debate al interior de la oposición y con el gobierno que supere el inmovilismo que han impuesto quienes apuestan al regreso inevitable de la ex presidenta Bachelet. Es sin duda pecar de excesivo optimismo y de falta de comprensión del momento que vive el país,  pensar que se podrá liderar la reconstrucción de un proyecto progresista sin participar en la deliberación ciudadana en marcha en torno a las múltiples movilizaciones sociales con que la ciudadanía expresa sus demandas.

Orrego pone el dedo en la llaga cuando alude con “el estilo pendrive” a las dificultades de la actual administración para entender que la conducción política del país es la principal tarea del Presidente de la República. También es importante el reconocimiento de Orrego, a contrapelo del establishment concertacionista, que lo que ha entrado en crisis es el contrato político/ social que encabezó la Concertación. En tal sentido, lo que la ciudadanía está demandando es la renegociación de dicho contrato.

Hasta aquí llega sin embargo la lucidez de Orrego. Parece no poder sacar las consecuencias de su análisis. Después de las movilizaciones estudiantiles, medioambientales y regionales no es posible seguir con un análisis “soft” de los problemas por los cuales atraviesa el país. La cara luminosa del país “libertad para actuar y pensar distinto gozar del consumo y de la confianza en las capacidades propias” no sólo es disfrutado por grupos que concentran como nunca el acceso al ingreso y al consumo de lujo sino que aparece como la contrapartida directa del abuso cotidiano a que está sometido el consumidor por parte de la banca y el retail; el alto consumo es también la otra cara de la baja tributación de los grupos de altos ingresos. La cara oscura que “opaca la prometida igualdad ante la ley” y que testimonia las tremendas desigualdades son, a su vez, resultados de la fuerte asimetría a que están sujetas las relaciones laborales, de la transformación del derecho a una educación igualitaria en un negocio más y de una carga tributaria que como proporción del PIB es apenas la mitad del promedio de los países desarrollados, que han alcanzado niveles de igualdad significativos.

En este contexto, resultan francamente insuficientes declaraciones como la que hace Claudio Orrego: “porque el presente y, sobre todo el futuro, demanda nuevas ideas, nuevos estilos y también nuevas formas de gobernar y relacionarse con los ciudadanos” o cuando señala: “Tres son los componentes que debiera abordar el nuevo contrato: combatir frontalmente los distintos tipos de desigualdad (social, económica, urbana, regional y política), compatibilizar el crecimiento económico con las nuevas exigencias ambientales y de respeto por los derechos de los trabajadores y consumidores, y la nueva concepción del Estado. Un Estado que tenga las atribuciones y los recursos necesarios para responder a esta nueva etapa de desarrollo e inclusión social (en este plano una reforma tributaria integral es tan necesaria como impostergable)… Un Estado ágil, profesional, transparente, efectivamente "descentralizado" y con nuevos y mejores canales de participación ciudadana”. Si bien es cierto que la preocupación de Claudio Orrego por la desigualdad y el medioambiente seguro escandalizarán a Büchi y otros ex – ministros de Pinochet y a Luis Larraín director de Libertad y Desarrollo, es también claro que lo señalado por Orrego podría ser plenamente compartido por el actual Presidente de la República y su ministro Pablo Longueira.

La renegociación del contrato social y político que necesita el país requiere en lo regional la elección del intendente y demás autoridades, generar sistema de incentivos que al menos equilibren las condiciones de vivir y trabajar en la capital y en las regiones, en particular las extremas y avanzar sustancialmente en una efectiva descentralización fiscal. Sólo así se podrán generar los grupos capaces de transformar cada región en un polo de desarrollo vinculando su suerte con las regiones. En lo económico, es necesario abordar al menos dos áreas de problemas. Primero, es necesario comprometer al Estado en el desarrollo y financiamiento de la investigación científica y tecnológica, en particular la universitaria. Su rol no se puede limitar a la eliminación de los “lomos de toro”; debe asumir un rol protagónico, también en la defensa decidida del medioambiente. Segundo, es necesario que los agentes económicos distintos al gran empresariado vean revalorado su lugar en la actividad económica. Esto implica mecanismos eficaces de negociación colectiva, facilitar y fortalecer la organización sindical (ayudando desde el Estado a la PYME para que pueda solventar los mayores gastos que ello implica) y el apoyo público a la organización de los consumidores. La desigualdad en la distribución primaria del ingreso es demasiado abismal para intentar reducirla sólo por la vía del gasto social. Se requiere que en la producción de bienes y servicios se modifiquen las reglas de distribución primaria del ingreso para incrementar significativamente los ingresos de las clases medias y de los más pobres. Pero esto tampoco es suficiente, es necesario que el 5% más rico de la población pague los impuestos necesarios para financiar una educación y salud igualitaria y de calidad para toda la población. Sólo así se terminará con una percepción que si para España y la OCDE es pertinente, mucho más lo es para nuestro país:

“La existencia de esos privilegios explica que buena parte de la ciudadanía tenga la percepción, a mi juicio certera, de que el sistema no funciona igual para todos; que hay grupos que tienen un poder económico y político desmesurado y que influyen demasiado en decisiones colectivas que acaban orientándose a los intereses particulares y no a los generales. Se trata de una coalición de intereses, formada por las grandes corporaciones, los bancos y las grandes fortunas, que recibe un trato de favor frente al ciudadano común. Es esta coalición la que se ha aprovechado mayormente de las oportunidades de la globalización económica y financiera".

Esto nos lleva a la necesidad de mejorar nuestro sistema democrático fortaleciendo simultáneamente las estructuras de la democracia representativa y los mecanismos de participación y deliberación ciudadana. Implica, entre otras cosas, reconocer a las regiones y a la población con deseos de participar, voz en los temas difíciles como el manejo de los recursos naturales y las decisiones ambientales. Una nueva constitución es indispensable. Su generación y aprobación democrática es condición de un sistema legítimo.

Proposiciones de esta naturaleza permiten reformular la coalición de centroizquierda que necesita el país. Pero además, son urgentes y responden al interés general del país. Como ha señalado Bauman los técnicos saben que la estabilidad de infraestructuras e instalaciones depende de la capacidad de aguante de sus partes más débiles. Sirve de poco afirmar que "en conjunto la cosa aguanta", sin prevenir la posibilidad de que la extrema fragilidad de una parte acabe arrastrando al sistema al colapso.

Ha llamado la atención la agilidad con que se está moviendo la (pre)candidatura presidencial de Andrés Velasco. Ayer lanzó un libro (al respecto he escrito un comentario en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/02/por-que-velasco-elude-las-causas-de-la-desigualdad/) y ha aparecido en varias actividades de campaña. Ha llamado también la atención, su fuerte posicionamiento en el debate programático de la ex coalición de gobierno. El jueves primero de diciembre, la concertación, el PC y otros grupos informaron la instalación de un grupo de trabajo sobre reforma tributaria. Dos de los economistas más cercanos a Velasco aparecen liderando técnicamente el equipo, Oscar Landerretche (PS) y Alejandro Micco (DC). Podría pensarse que todo esto no tiene mayor importancia.
En efecto, según algunos rumores que circulaban entre los políticos de la Concertación, la ex presidenta Michelle Bachelet habría manifestado que ella representaba una visión muy distinta que la que sostiene el ex – ministro de Hacienda. Este distanciamiento, se habría expresado, además, en declaraciones públicas de Camilo Escalona cuya cercanía a la ex presidenta es proverbial, criticando algunas de las posturas del ex - ministro.
No obstante, los movimientos de Velasco, según una hipótesis alternativa, podrían insertarse en una operación que apunta a un nuevo escenario. Se dice que la ex – presidenta está crecientemente contenta con su trabajo en las Naciones Unidas. El trabajo le entusiasma y le ha generado una gran tranquilidad. Más importante que ello, es que el 2017 termina el período del actual Secretario General de las Naciones Unidas y que tocaría que el nuevo(a) Secretario General fuera latinoamericano(a). Se señala también que al Presidente Obama le gustaría una candidatura como la de Bachelet, para que una mujer ocupe por primera vez ese cargo. Entre los individuos “habitualmente” bien informados, dicha posibilidad parece entusiasmar a la ex presidenta. Resulta perfectamente posible que Michelle Bachelet pueda postular a un nuevo período a cargo de los temas de género de las Naciones Unidas, mientras se estructura su candidatura a la Secretaría General. El problema es que esta aspiración es incompatible con el cargo de Presidenta de la República pues el próximo período presidencial se extendería más allá de la fecha en que debe asumir el nuevo(a) Secretario(a) General del organismo internacional.
Por otra parte, la idea de volver al ruedo presidencial no entusiasmaría particularmente a la ex presidenta. Su popularidad si bien es cierto está fundada en su extraordinario carisma, en el impulso de dos iniciativas muy importantes como son la creación del pilar solidario del sistema previsional, el desarrollo de un ambicioso programa de educación preescolar, y por la política de subsidios aplicada luego de la crisis financiera internacional, estuvo también basada en el fuerte blindaje que La Moneda brindó a su figura. Eso le permitió alejarse de los graves conflictos que afectaron a la entonces coalición de Gobierno e incluso, no verse contaminada por los graves errores que afectaron a su Administración. De volver a Chile como candidata presidencial no será posible mantener ese escenario. Por el contrario, ella volvería a una escena política caracterizada por el bajo nivel de popularidad de su coalición, por los graves conflictos que tienen lugar al interior de la Concertación, todo lo cual la obligaría a involucrarse en los conflictos para ordenar la coalición. En este contexto, se sostiene, el Eje PS – DC no garantizaría ni el orden en su base política ni sería suficiente para enfrentar al candidato de continuidad del actual Gobierno.
En este escenario de retirada de la ex – presidenta aparece el ex – ministro de Hacienda como una alternativa posible. Para los estrategas del Eje DC – PS, las otras figuras que podrían asumir el desafío de una candidatura presidencial como son Claudio Orrego, Ricardo Lagos Weber, Carolina Tohá, no parecen despegar. El problema radica en que buena parte de los partidarios de la (¿ex?) Concertación, incluidos los militantes y simpatizantes de dicho eje, ven en Velasco el principal, aunque no único, causante de la derrota electoral de enero del 2010. No es fácil en consecuencia convencer a esas personas que, ante la ausencia de Bachelet, la alternativa de izquierda sea el ortodoxo ex – ministro de Hacienda. En este contexto, la hipótesis que circula en algunos ámbitos, es que la única posibilidad de éxito de esta opción radica en postergar el anuncio respecto de si la ex – presidenta postulará o no, hasta enero del 2013 y trabajar para que la popularidad de Michelle Bachelet se vaya trasladando lentamente hacia Andrés Velasco. Alcanzado este objetivo, se podría levantar su candidatura y lograr lo que no habría sido posible obtener con Bachelet.
Algunos indicios avalan esta hipótesis. En primer lugar, la propia insistencia del ex – ministro de levantar su candidatura. En segundo lugar, el hecho que la ex – presidenta, pese a que había manifestado sus diferencias con Velasco haya accedido a prologar el libro que comentamos. Naturalmente, que escribir el prólogo de un libro puede ser una simple manifestación de amistad. No obstante, la relevancia del “manifiesto político” de Velasco, como lo cataloga el Mercurio, implica que el prólogo no va a ser leído sólo como una muestra de afecto. Un(a) político(a) sabe que en temas tan sensibles las señales de amistad con el autor en un prólogo son importantes, pero también se deben destacar las diferencias que los separan, so pena de que ello impacte en su electorado más progresista. Esto no sucede en el prólogo de Bachelet. Ella se limita a frases que denotan un gran afecto. En efecto, la ex – presidenta señala que cuando conoció a Velasco comienzos de los 90 “su interés era la macroeconomía y el estudio de las crisis económicas en el mundo… Pero (dice Michelle Bachelet) la política lleva por caminos inesperados… El académico que buscaba desentrañar las causas de la desigualdad, terminó convertido en ministro de Estado y su proyecto de investigación tendría que esperar hasta que dejara el gobierno”. El tercer indicio, sin duda, es que el senador Escalona, que había salido a criticar algunas posturas de Velasco, fue uno de los comentaristas del libro en su lanzamiento.
Es claro que Velasco no va a poder captar buena parte del activo opositor. No obstante, en la hipótesis que desarrollamos, ello no preocupa a sus partidarios pues creen que ello sería compensado con creces con la simpatía que reúne, el ex – ministro, en el empresariado y el votante de derecha. Por otra parte, y volviendo al equipo de trabajo sobre reforma tributaria mencionado, cabe recordar que CIEPLAN, instituto al que está vinculado Velasco, está trabajando con el CEP una propuesta de reforma tributaria. Cabe en ese sentido preguntarse ¿si los resultados de dicha comisión serán muy novedosos y sobre todo suficientemente progresistas?

Un grupo de personeros vinculados al actual modelo educativo han entregado una declaración pública destinada a reeditar los principios del actual sistema profundamente cuestionado por el movimiento estudiantil y ampliamente apoyado por la mayoría ciudadana. Entre estos personeros se encuentran ex ministros de la Concertación (algunos de los cuales son conocidos sostenedores de colegios privados subvencionados) y militantes de la coalición de Gobierno.
No deja de llamar la atención la oportunidad de la declaración. Tiene que ver naturalmente con el debate presupuestario. Es sin embargo innegable que estos personeros saltan a la palestra aprovechando el relativo debilitamiento del movimiento estudiantil producto del largo conflicto y de la campaña de desprestigio que, contra ellos, desarrolló sistemáticamente el gobierno, los medios de prensa y los propios personeros que aparecen firmando la carta.
La declaración sintetiza los postulados de la política que fue refrendada en el encuentro que reunió a los presidentes de partidos en el 2007 del cual todos tenemos triste memoria  por la foto en que ellos aparecen felicitándose mutuamente y levantando las manos luego de haber olvidado los compromisos que se habían asumido con el movimiento de los “pingüinos”.
En lo sustantivo, la declaración reitera las mismas políticas que llevaron a la educación a la situación catastrófica en que se encuentra. No hay una mención de Educación Pública. Nada se dice de la profunda desigualdad que caracteriza un sistema que ha estructurado una educación para ricos y otra para pobres. Nada se dice tampoco de cómo el derecho a la educación de los chilenos ha derivado en un gran negocio del cual reciben utilidades varios de los firmantes. Pareciera que se quisiera borrar de una plumada el escenario que abrió el movimiento estudiantil. 
La declaración releva el supuesto papel clave que juega la educación para avanzar en mayores niveles de igualdad y movilidad social, así como también en la expansión de las libertades y oportunidades de las personas, sin explicar los requerimientos para que ello sea realidad. La educación puede cumplir lo indicado, siempre y cuando pueda compensar las graves desigualdades que genera el sistema económico. Para ello, sería necesario que las escuelas de los más pobres y vulnerables tuvieran a su disposición recursos superiores a los que tiene el 7% de la población que asiste a la educación privada. La situación es exactamente la contraria. Los más pobres, tanto en la educación municipal como privada subvencionada son educados con una pequeña fracción de los recursos que la que se gasta en los colegios donde asisten los más ricos. En tal sentido, los estudiantes de las familias más pobres y de clase media ven ratificadas las grandes desigualdades a que están sujetos por su origen familiar. Las diferencias en educación preescolar, primaria y secundaria se proyectan a la educación superior. Las (relativamente) buenas universidades reciben, principalmente, a los estudiantes de la educación privada mientras que las malas universidades reciben al resto. Los pocos que terminan forman parte del gran contingente de profesionales que en carreras masificadas solo acceden a bajos salarios, los cuales no les permitirá ofrecer a sus hijos algo muy distinto a las oportunidades a las que ellos pudieron acceder. El resto, la gran mayoría, no terminará la universidad y estará expuesto a las pesadas deudas que habrán adquirido al haber optado al crédito universitario.
Posturas como la de los firmantes han alejado a la ciudadanía de la Concertación. En efecto, si por un momento dejamos a un lado los argumentos del párrafo anterior y aceptamos que con el modelo actual los niños que entran hoy a la educación preescolar, serían favorecidos en lugar de favorecer a los actuales estudiantes de la educación superior y disfrutarían de condiciones educativas adecuadas; lo que están diciendo los firmantes es que los pobres y las capas en situación de vulnerabilidad verán un futuro mejor de aquí a unos 20 años. Las actuales generaciones, en cambio, están condenadas a quedar excluidos de los beneficios de una buena educación.
La declaración reitera el conocido argumento de la importancia de la educación preescolar por su impacto cognitivo. Nada dice respecto de que no cualquier educación preescolar asegura estos efectos positivos. Los bajos niveles de gasto en este campo son poco auspiciosos. Esta política ha sido muy exitosa en Dinamarca pero sólo como efecto de que el Estado gasta un 3% del PIB en este sector (sin tomar en cuenta los efectos positivos generales, esta inversión se recupera rápidamente con la mayor tributación de las madres que por la calidad de le educación se deciden a dejar a sus hijos).
A los firmantes les preocupa que nuestros líderes políticos estén pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación superior. Se trata, dicen, de montos cuantiosos que en un mundo de recursos escasos significará necesariamente postergar la reducción de los déficits en educación preescolar y escolar antes mencionados. Resulta desalentador que los firmantes olviden la posibilidad de incrementar los recursos disponibles para los distintos niveles educativos mediante una reforma tributaria. No resulta posible aspirar a ser un país desarrollado sin niveles de recaudación tributaria capaces de financiar las labores imprescindibles que debe enfrentar el Estado. Los firmantes no toman en cuenta que de poco sirve una educación preescolar de calidad si estos alumnos no podrán entrar a buenas universidades. Ninguna atención prestan a la necesidad de tener un sistema equilibrado. ¿Cómo se puede tener educación preescolar, escolar y secundaria sin trabajar en una buena educación superior que eduque los buenos profesores que se requieren en los primeros niveles educativos? No es posible tener buenos profesionales sin verdaderas universidades que dispongan de recursos que permitan la investigación si la cual la docencia no es sino un remedo de la verdadera educación. De ahí que se requiere un buen financiamiento basal para las universidades públicas y privadas que operan como públicas.
Los firmantes ignoran totalmente el impacto que la educación pública gratuita ha tenido en los países desarrollados para lograr una mayor cohesión social, una mayor igualdad y un sentido de pertenencia que fundó largos períodos de crecimiento económico. Parecen preferir el mundo segmentado que caracteriza nuestro país. Un país en que los miembros de los grupos privilegiados no conviven con el resto de la ciudadanía, en que cada vez son más amplias las brechas que los separan.
Finalmente, la declaración termina dictaminando que si las prioridades en el debate presupuestario se ajustan a la dirección que ellos plantean, se hará una mayor contribución a la igualdad de oportunidades y a la movilidad social. Por más que se ha tratado de mostrar que el modelo educacional algo ha mejorado la desigualdad, el índice de Gini es taxativo. En más de 25 años apenas hemos pasado de 0.57 a 0,55. Para un país gobernado hasta hace poco por la centroizquierda no deja de ser un resultado pobre.
Preocupa el efecto desorientador que esta declaración pueda tener frente a la ciudadanía que había venido mirando con simpatía la movilización estudiantil. Puede ser un paso decisivo para que los nuevos movimientos sociales confirmen la opinión de que en la actualidad la Alianza por Chile y la oposición son lo mismo. La declaración debilita también los esfuerzos realizados por la oposición parlamentaria para impulsar una política educacional más cercana a los intereses ciudadanos.
En un artículo aparecido en La Segunda el mismo día miércoles recién pasado, Mariana Aylwin sostiene la misma argumentación pero agrega la siguiente afirmación: “Desgraciadamente, los niños chicos no gritan ni salen a las calles. Por eso, vemos con preocupación el riesgo de que la definición de las prioridades de las inversiones y las políticas termine cediendo a las presiones de los grupos de interés”. ¿Está sugiriendo acaso, como lo ha venido reiterando el actual gobierno, que los estudiantes universitarios y secundarios son un simple grupo de interés? ¿Quiere acaso sugerir que el apoyo que de manera sistemática ofreció la ciudadanía reflejado en las más diversas encuestas es sólo muestra de un interés estrecho? La ex ministra debería aclarar esta afirmación. Al mismo tiempo, debería aclarar también, si no es ella la que forma parte de un grupo de interés estrecho, como propietaria de algunos colegios subvencionados.

La Tercera ha sorprendido una vez más con un artículo que parece no sólo informar sobre la coyuntura sino que además estructurarla. Según el reportaje “Bachelet y su reservada agenda” la ex presidenta ha empezado a delinear la estrategia de retorno y explicita cuales serían las ideas fuerza de su nueva candidatura. Es difícil discernir el grado en que la nota se ajusta a las “movidas” en marcha en la clase política concertacionista. El artículo reúne informaciones que son de público conocimiento y datos adjudicados a diferentes informantes. Mi proposición al lector es suponer, por un instante, que lo que sostiene el artículo corresponde a la visión más ajustada de una situación por definición incierta, donde las decisiones recién empiezan a esbozarse y ninguno de los actores relevantes, conoce el derrotero definitivo de los acontecimientos.

¿Cuál es el estado de situación que evidencia la nota que analizamos?

Michelle Bachelet ha tomado la decisión de volver a postular en la próxima elección presidencial. Ha definido el momento del retorno, enero del 2013; temerosa de que como Frei, sea acusada de imponer su candidatura, afirma la necesidad de primarias por lo cual habría movido los hilos necesarios para detener una proclamación presidencial por parte del Partido Socialista. Además de los dos aspectos mencionados, la expresidenta no se involucraría en las elecciones municipales, permanecería hasta el final de su período como jefa de la ONU – Mujer, comenzaría su campaña recién en marzo del 2013, exigiría “más disciplina política” por parte de la Concertación y basada en la legitimidad de las mencionadas primarias buscaría asegurar mayor independencia del “establishment concertacionista” y gobernaría con una generación “sub 40”. El retorno de Bachelet aparece, siempre según la nota, como perfectamente organizado. Los candidatos de la nueva generación esto es, Lagos Weber, Orrego, Tohá y Walker estarían prácticamente desechados. Ayudado por la censura, Andrade habría conseguido el apoyo de Girardi. Esto se habría manifestado en el calendario que distribuiría el senador donde aparecía vestido de médico junto con la doctora. En la DC se estaría afirmando el grupo liderado por Martínez que reconoce el mejor posicionamiento de Bachelet. Los resquemores de la DC de que en este escenario se produjera su aislamiento político se habría superado con el acuerdo DC – PS. Finalmente, aunque con ruidos desde la DC, se concuerda con el Partido Comunista que se tendrá un programa y un candidato único.

Todo el diseño anterior se complementa con un vuelco programático y el rompimiento con quién pareció constituirse en el telonero. La ex presidenta consideraría que el eje de la pobreza que habría orientado su gobierno estaría superado, que el nuevo escenario social y la crisis de representatividad hacen inevitable impulsar las reformas educacional, política, tributaria y medioambiental. Esta perspectiva es compartida por los concertacionistas que asisten a las reuniones en casa del empresario Oscar Guillermo Garretón que han debido reconocer que la clave está en la clase media. Este vuelco programático ha implicado que la ex presidenta no se considere con el ex ministro Andrés Velasco como formando parte del mismo equipo. Ello sería resultado de que el economista es visto como símbolo de la tecnocracia concertacionista y que el PPD habría señalado que no toleraría un nuevo Gobierno de Bachelet sustentado en el “eje Escalona – Velasco”

De esta forma se cierra el círculo y con el gobierno en caída libre y la gran popularidad de Bachelet, se volverá ineluctablemente al Gobierno en poco más de dos años. Todo el diseño, calza casi perfectamente. Las presiones al PPD habrían dado resultado. Se logra la aspiración de importantes sectores de izquierda de romper con el representante más notorio del fundamentalismo de mercado.

No obstante, surgen algunas dudas y preguntas.

1) No se aclara en ningún momento la amplitud que tendrán las primarias.

2) No existe una definición respecto de las modalidades con que se enfrentarán las elecciones municipales. Lo que sí parece claro es que junto con la lista de candidatos a concejales que presentará el eje DC – PS parece bastante avanzado el acuerdo entre el PPD, el Partido Radical y el PC para levantar una segunda lista. Se ha hablado y se supone que existiría disposición generalizada a apoyar candidatos únicos de alcalde. No obstante es conocido que en la mayoría de las comunas existe más de una carta. ¿Cómo resolver frente a esas legítimas aspiraciones? La solución natural son las primarias, pero diversas voces han empezado a insinuar la reedición del “quien tiene mantiene” y otros, se han simplemente negado a aceptar primarias en algunos municipios. Es difícil en ese contexto, que las diferentes listas mencionadas se puedan agrupar tras un mismo candidato a alcalde. Esta situación abre la posibilidad de una dinámica conflictiva que pueda proyectarse a la elección presidencial y atente contra la mayor disciplina solicitada.

3) La decisión de regresar recién en enero del 2013 recuerda la estrategia aplicada en la primera candidatura del ex presidente Frei, cuando su comando de campaña buscó reducir las apariciones del candidato para no poner en riesgo su triunfo seguro. Resulta al menos dudoso que esa estrategia sea adecuada en el presente escenario ya que por el mismo hecho de que estamos al final del ciclo político concertacionistas, los nuevos liderazgos se van a construir al calor de las movilizaciones y el debate en torno a las demandas ciudadanas. Probablemente, los estudiantes van a seguir preguntando cómo se preguntaba en el Frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile al pié de las fotos de Lagos y Bachelete ¿Dónde están? Esa misma pregunta se van hacer quienes se movilicen en torno a los problemas de la salud, de las pensiones, de los deudores, del medioambiente como Hidroaisén.

4) Un cuarto gran signo de pregunta se plantea respecto del vuelco programático que se anuncia. No parece sencillo levantar ideas que se contraponen con lo que se hizo en el pasado. Las dificultades de Pérez Rubalcaba frente a Rajoy en el último debate de las elecciones presidenciales son un testimonio claro de eso. Pero más allá de aquello, las demandas ciudadanas aluden crecientemente a elementos cruciales del actual modelo económico. ¿Existirá disposición de la candidata para asegurar gratuidad para la educación pública? ¿Estará dispuesta a poner en capilla el abuso en el sector financiero, cuando sus principales colaboradores han hecho de la liberalización del mercado de capitales su principal orientación? Privilegiará la salud pública revirtiendo las políticas privatizadoras impulsadas en su gobierno y que han sido acentuadas en la administración actual? ¿Estará dispuesta a permitir que quienes así lo prefieran puedan afiliarse a un sistema público de pensiones? ¿Estará dispuesta a buscar mecanismos que permitan una negociación colectiva supraempresa que junto con dar cuenta de las mayor complejidad de la estructura económica supere efectivamente las grandes asimetrías entre los empresarios y los trabajadores? ¿Estará dispuesta a terminar con el modelo de “Comisiones de expertos” que con frecuencia montó en su Gobierno y donde participaban muchos personeros vinculados a la derecha pero pocos opositores al modelo económico? ¿Estará llana a vincularse con el amplio movimiento social y sus variadas formas organizativas para asegurar que ellas tendrán la voz que no tuvieron en su Administración cuando se tomaban las decisiones de políticas públicas?

“Aspiro a incentivar un debate imprescindible” dice Carlos Ominami en el primer capítulo de su recién aparecido libro de memorias. En lo que se refiere al Eje PS – DC ese objetivo permanecerá con gran probabilidad, incumplido. El lanzamiento del libro estuvo altamente concurrido (estaban los indignados y numerosos participantes de los movimientos sociales que luego de mucho tiempo han protagonizado la vida política del país) pero llegaron muy pocas personas del mundo político. Sobre el libro ha caído un impresionante (¿típico?) manto de silencio por parte del mundo oficial. Han sacado la voz algunos analistas políticos. No obstante, de los dirigentes políticos que como Ominami fueron protagonistas de la creación de la Concertación, de la victoria en el plebiscito y de las sucesivas victorias presidenciales, de las negociaciones que permitieron el remozamiento de la Concertación y de las políticas que produjeron lo bueno y lo malo de esos 20 años, no se ha escuchado palabra. Más precisamente pocas palabras. El presidente de un partido de la Concertación señaló que “no tengo ganas de leer ¡nada más de Ominami! ¿Para qué leer algo más?". Un ex asesor del segundo piso dijo no sentir interés por este tipo de textos: "No me gusta ni la literatura fantástica ni la chismografía".
¿Por qué este silencio?
¿No debería acaso interesar debatir con un protagonista relevante de los 20 años de Concertación que por las razones que explica en el libro lo llevaron a poner en juego una reelección senatorial segura y formó parte de una candidatura que atrajo un 20% del electorado en la primera vuelta de la última elección presidencial? ¿No es de primordial importancia conocer las posiciones respecto de la derrota de la Concertación de dirigentes políticos que interpretaron el sentir de un 20% del electorado que pudo incluso haber sido mayor si hubiese existido inscripción automática? En el proceso de construcción de la oposición a la actual Administración y en la generación de una nueva alternativa presidencial ¿no sería acaso indispensable discutir la visión crítica de la gestión gubernamental de los cuatro presidentes de la Concertación?
El libro parte con la declaración del autor de que es un sobreviviente, que por un tris pudo haber sido asesinado por la dictadura; explica las razones de un temprano alejamiento del MIR. Realiza una radiografía profunda del Chile que creó la Concertación y cuyos resultados explican las razones profundas de la derrota: “No comparto la idea de que se perdió por no saber representar la sociedad que nosotros mismos habíamos creado. El problema es el tipo de sociedad que finalmente construimos, demasiada lejana a nuestras convicciones más esenciales”. Como economista analiza las causas de que la promesa del desarrollo haya permanecido incumplida. Indaga en las razones que explican el dinamismo declinante de la economía nacional y esboza una crítica profunda de la institucionalidad económica vigente. Busca luego profundizar en las causas que explican el derrotero indicado. Fundamenta la tesis de que se impuso una “transición mal pactada” (que acertadamente describe como una verdad incómoda); llama la atención al deterioro de los partidos de la Concertación que con rapidez se transformaron en partido de funcionarios gubernamentales; la presencia de una capa de dirigentes que más que posiciones desarrolló intereses (tesis compartida incluso por Ricardo Solari y Ángel Flisfisch en su artículo “Las siete vidas de la Concertación”). Son interesantes y polémicos, los retratos de los cuatro presidentes de la Concertación y la caracterización de su gestión. Es aguda su crítica a la alianza establecida bajo la Administración Bachelet entre la “Nueva Izquierda” del partido socialista y el grupo “Expansiva”, el sector más fundamentalista de mercado de la entonces coalición de gobierno. Será importante para la historia política el relato sobre la fase final de la campaña del entonces candidato presidencial Ricardo Lagos y sobre la forma como se definió la última candidatura de Frei y la campaña presidencial que permitió la victoria de la derecha.
El subtítulo del libro es “Recuerdos para el futuro” y en el último capítulo Carlos Ominami realiza la reflexión más importante que se ha hecho sobre los desafíos de la izquierda para construir una nueva alternativa política. Bajo el sugestivo título “Para volver a creer” enumera los problemas que enfrentamos. Sostiene que el desarrollo actual genera serias y reales amenazas para la sobrevivencia del planeta; que el capitalismo no logra contralar y eliminar sus desequilibrios, que las finanzas subordinan la producción y que sobre esa situación se construye   ”el imperio del corto sobre el mediano y largo plazo”. Destaca que pese a estos problemas no ha sido posible levantar una alternativa. La socialdemocracia, en particular en su versión escandinava, expresa lo mejor que han producido las luchas sociales. No obstante, con la Tercera Vía, ella renunció a toda transformación de las estructuras básicas del capitalismo por lo que su gran lucha en contra de las desigualdades sigue como tarea pendiente. Es sugerente su llamado de atención respecto de que en la defensa de la desigualdad, la izquierda puso a la democracia en un lugar subalterno; que ha tenido dificultades para encontrarse con la ecología (quizás por “que son subculturas que responden a orígenes muy diversos) y que ha sido renuente en materia de los nuevos derechos y libertades. A todo esto contribuyó, según Ominami, la bancarrota intelectual de la izquierda (algunos de cuyos hitos explora) y las debilidades teóricas del marxismo. Para Ominami no se trata de reconstruir utopías globales, pero si se requiere un marco teórico de referencia. En tal sentido aparecen como elementos importantes, el pensamiento complejo y la política de civilización, la idea bersteiniana de que “el fin no es nada, el movimiento es todo”, la necesidad redefinir la noción de progreso, la necesaria expansión de los bienes públicos y el rescate de las dimensiones positivas de las diferentes experiencias progresistas en América Latina, en particular la brasileña y la uruguaya. Cerca del final se refiere a la hegemonía del pensamiento neoliberal, que traspasa fronteras partidarias, que impone sus recetas al margen de la deliberación política y donde subyace la visión de que el destino nacional está mejor servido por los “tecnócratas” presuntos depositarios del saber, no “contaminados” por la política. En este cuadro, los partidos y el Congreso Nacional instituciones fundamentales de la democracia, terminan como estorbos.
Aquí radican, probablemente, las razones del silencio de la política oficial. La razón pragmática es poderosa en los asuntos de la retención del poder pero no es buena consejera cuando se trata de abrir nuevos horizontes a un país que los necesita con urgencia. Cuando se cree contar con una carta de triunfo pero cuyas virtudes persisten sólo si se hace la vista gorda respecto de su desempeño, lo imperativo es eludir el análisis crítico y la deliberación política. No deja de llamar la atención que en el momento de escribir esta columna se informa que el Eje DC – PS organiza una gira nacional para reforzar el pacto. Más allá de pretender reemplazar a la actual coalición en el Gobierno, no son de conocimiento público las líneas fuerza que inspiran dicho acuerdo. Probablemente piensan que ya habrá tiempo para preparar un programa que diga lo que las encuestas de opinión dicen que dicho programa debe postular. Esta “estrategia” recuerda el intento de Jaime Ravinet de volver a la alcaldía de Santiago que con la consigna “carta probada” sufrió una aplastante derrota prefigurando los resultados que la Concertación obtendría un año después en la elección presidencial.
El libro es un aporte clave al debate político. Está bien escrito y es entretenido. Quizás la principal debilidad radica en la presunción de que existe una amplia convergencia programática entre lo que fueron las 3 opciones presidenciales distintas a Piñera. Creo que eso es un espejismo, que se expresa en la grave distancia entre el movimiento social y la Concertación. La defensa irrestricta de lo obrado no es compatible con el descontento generalizado aunque fragmentado de la ciudadanía. Como señala Ulrich Beck la contradicción entre los que insisten en que la economía debe dominar a la democracia y los que pensamos que la democracia debe predominar, constituye el clivaje fundamental que separa a la vieja Concertación y la derecha de un nuevo progresismo con vocación mayoritaria.

El análisis de la Resolución de mayoría del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de la fusión LAN - TAM plantea interrogantes respecto de la consistencia de la resolución que deberían ser aclaradas. Con una buena argumentación deja en evidencia que la fusión representa un riesgo para la ya debilitada competencia en el mercado aéreo. Sin embargo, autoriza la operación planteando medidas de mitigación, que comparadas con la amenaza son insuficientes. Este último tema lo analizaremos en detalle en un próximo artículo. Al mismo tiempo, el proceso denota que no existieron posibilidades para que los opositores a la fusión pudieran presentar sus fundamentos.
En efecto, el tribunal deja claro que la operación representa un riesgo para la competencia en el mercado aéreo:
“Este Tribunal considera que el riesgo de que LATAM abuse del poder de mercado que alcanzará luego de materializada la Operación, en mercados o segmentos específicos, es real y concreto. Lo mismo ocurre -por las condiciones estructurales de mercado ya descritas- respecto del riesgo de coordinación anticompetitiva con otras empresas aéreas, ya sea mediante acuerdos de alianza o de código compartido, o mediante cualquier otro tipo de contactos o sistemas colusivos orientados a repartirse el mercado nacional, o el mercado del transporte aéreo desde y hacia Chile” (pp. 103 – 104)
Según Resoluciones del PROPIO TDLC esta situación debería resultar en el rechazo inmediato de la fusión. No obstante, de acuerdo con la teoría económica es pertinente evaluar si las ganancias de eficiencia provenientes de la fusión constituyen un contrapeso, al menos parcial, frente a los riesgos anticompetitivos que acarrearía la materialización de la Operación. Para ello el TDLC exige que se cumplan el siguiente requisito: que las eficiencias que aleguen los interesados en la Operación sean verificables. Al respecto la conclusión del TDLC es categórica:
“Este Tribunal no puede corroborar en forma precisa los valores estimados para las sinergias planteadas. De igual forma, en su escrito de fojas 777, la FNE indica que “no cuenta con el detalle de los fundamentos de cada uno de los ítems antes singularizados que permitan verificar que estas efectivamente se obtendrán y que sean de la magnitud informada por las partes” (p. 108)
Por otra parte, el TDLC entrega otros argumentos igualmente contundentes en contra de la fusión, entre los cuales destacan los siguientes:
1) La fragmentación del mercado aéreo latinoamericano hace difícil, prácticamente imposible que procesos de fusión redunden en una más fuerte competencia, como sí ocurrió en Europa.
2) Que resulta en extremo difícil la efectiva fiscalización de las medidas de mitigación. De hecho, la experiencia existente es poco auspiciosa. En efecto, el Plan de autoregulación definido por la Comisión Resolutiva (antecesora del actual TDLC) para evitar que la fusión Lan – Ladeco del año 1995 tuviera consecuencias anticompetitivas fue absolutamente insuficiente en su diseño y en la forma en que fue llevada a cabo por el organismo responsable, esto es la Junta Aeronáutica Civil (JAC). Es así como el TDLC concluye que aún cuando formalmente se cumplió dicho plan “de ello no se puede deducir que se esté alcanzando una situación similar a la competitiva en las rutas domésticas en que se aplica” (p. 92). El TDLC reconoce, además, que LAN ha recibido, diversas sanciones por conductas contrarias a la libre competencia, en Chile y en el extranjero, lo que dificulta aún más la fiscalización.(p. 102)
Las razones que explican esta inconsistencia son múltiples y naturalmente no es posible descartar evaluaciones diversas basadas en los mismos antecedentes. No obstante, existen señales fuertes de que no estuvieron todos los elementos a disposición del tribunal, entre los que destacan los siguientes:
1) La inexistencia de investigación académica en las universidades, imposibilita que académicos independientes puedan intervenir en estos procesos. Es así como ninguna universidad hizo llegar su visión respecto del proceso. Se tuvieron a la vista sólo “informes” de economistas nacionales y extranjeros contratados por la empresa. El que no existan recursos públicos para contratar especialistas por parte de los consumidores, revela una grave deficiencia del sistema de defensa de la competencia.
2) La abdicación por parte de los organismos gubernamentales a intervenir en el marco de sus facultades para generar antecedentes y entregar orientaciones para una mejor decisión del TDLC. El SERNAC aportó opiniones genéricas, pero ningún estudio que analizara temas relevantes como por ejemplo uno sobre tarifas nacionales cobradas por LAN, o sobre los precios que la empresa cobra en las rutas internacionales más relevantes. Tampoco hay esfuerzo alguno de comparar las tarifas cobradas en las rutas nacionales con países en que existe más competencia. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se limitó a informar que, atendidas las atribuciones legales de dicho Servicio, sólo puede analizar y fiscalizar aspectos de carácter técnico de las empresas aéreas, por lo que carece de atribuciones para informar. El Ministro de Economía, Fomento y Turismo señaló que no contaba con antecedentes que resulten pertinentes a la consulta. La propia Fiscalía Nacional Económica (FNE) dijo que no disponía de los antecedentes requeridos para verificar que las sinergias efectivamente se obtendrán y que serán de la magnitud informada por las partes. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones se limitó a informar, que desde hace más de treinta años Chile mantiene una política aerocomercial de cielos abiertos y que, sin perjuicio de lo anterior, el gobierno está analizando constantemente las disposiciones vigentes sobre la base de los antecedentes disponibles. Prochile por su parte, informó que no podía entregar costos estimados de transporte aéreo y terrestre y condiciones de sustituibilidad entre una y otra, pues ProChile no elabora estudios relacionados con el mencionado requerimiento.
3) Fuera del organismo consultante, “CONADECUS” que carece de los recursos para contratar especialistas, no se hicieron presente expertos contratados por parte de otros grupos de consumidores. De esa forma, los miembros del tribunal no tuvieron a la vista ni la opinión de los usuarios ni estudios que fundamentaran su visión.
4) El mecanismo de designación de los miembros del tribunal deja en evidencia un claro sesgo: de los cuatro profesionales que forman parte del TDLC dos son designados por el Consejo del Banco Central. Los otros dos integrantes, son designados por el Presidente de la República, a partir de dos nóminas confeccionadas por el Consejo del Banco Central. Un claro problema queda en evidencia: el mecanismo de designación del Consejo del Banco Central asegura la presencia de las corrientes económicas más ortodoxas en el Tribunal y proyecta así, su visión proempresa en el TDLC.
Los especialistas deben pronunciarse respecto de si esta compleja situación configura, efectivamente, un debido proceso.

Patricio Meller acaba de publicar el libro “Universitarios, el problema no es lucro, es el mercado”.  Su título es vendedor pero, al establecer una oposición entre ambos conceptos, debilita el aporte del libro al debate.
El libro tiene una virtud. En forma sintética reseña una parte importante de los problemas que muestra nuestro sistema educacional. Señala que el costo de las universidades chilenas es el más alto del planeta (41% PIB/per cápita), que los aranceles se han elevado en 60% sobre la inflación en 12 años,  que un hijo universitario representa un gasto superior al 40% del ingreso familiar del 60% más pobre de las familias, que el gasto público en educación es el menor del mundo y que los universitarios chilenos tienen el mayor endeudamiento de todos los países (representa un 174% del ingreso anual como profesional). Como si esto fuera poco, señala que el 60% de los profesionales y gerentes chilenos tiene un deplorable grado de comprensión de lectura; esto es, son “analfabetos digitales funcionales”, mientras que en la mayoría de los otros países ese porcentaje es inferior al 25%.
Para completar el panorama que dibuja Meller, el estudio de la OCDE dado a conocer esta semana señala que Chile registra la mayor segregación en las escuelas de ese conglomerado de países.
Sin embargo, Meller no cree que el sistema educacional fracasó y tampoco que el problema sea el lucro, sino el mercado.
Respecto de que el sistema educacional no haya fracasado, entrega dos argumentos: se ha expandido la matrícula universitaria y se ha incrementado la movilidad social, pues siete de cada diez estudiantes constituyen la primera generación que estudia en la universidad.
Respecto de lo primero, cabe señalar que el aumento de la cobertura por sí solo no entrega las claves del éxito asociado con la educación. Es necesario, además, dilucidar si la calidad de la educación que se brinda es razonablemente adecuada, y si los egresados de esa “primera generación universitaria” tienen una buena inserción en el mercado de trabajo.
Hay claros indicios que apuntan en otra dirección. Según un trabajo de Oscar Espinoza y Luis Eduardo González, próximo a ser publicado en el Barómetro de Política y Equidad número 3, la matrícula se ha ampliado, pero a niveles incompatibles con el mercado laboral. Un ejemplo: en el caso de Ingeniería Comercial, mientras que en 1996 se titulaban 1675 profesionales, en el 2009 se titularon 4106. Además la matrícula total el año 2010 en esa carrera alcanzaba a 31.921 profesionales. Esta situación se repite en otras carreras. Considerando estas cifras no es extraño que según cifras de la última encuesta de INJUV el 60% de los profesionales universitarios no esté trabajando en lo que estudió. Por tanto se derrumban las expectativas laborales, profesionales y de remuneraciones de estos ciudadanos.
Ahora bien, ¿puede caber alguna duda de que son los estudiantes de las universidades tradicionales y de las privadas de la cota 1000 los que acceden a trabajar en lo que estudiaron? Para el resto, como viene sosteniendo el movimiento estudiantil, la educación puede ser una estafa, que además los deja endeudado de por vida. En tales circunstancias, la movilidad social no es tal, más allá que algunos individuos particulares puedan mejorar su situación, del mismo modo que otros caen en la escala social. Un indicio de ello son los altos valores que muestra de forma persistente el índice de Gini, indicador de la desigualdad. Meller no brinda evidencias empíricas respecto de la presunta movilidad social.
Respecto de que el problema no es el lucro sino el mercado, su argumento es simple ¿Si las universidades con fines de lucro se acabaran, los montos de los aranceles universitarios disminuirían, mejoraría la calidad del resto de las universidades, se evitaría el ritmo de incremento acelerado de los aranceles, aumentaría el crédito universitario disminuiría el costo de éste, no  habrá más morosidad? Como la respuesta innegable es que no, entonces los universitarios han confundido lucro con mercado. Puede existir mercado sin lucro, y suele haber mucho lucro, particularmente en mercados oligopólicos colusivos, cuando no prevalece la competencia en el mercado.
El primer problema de esta argumentación, sintetizada por el título del libro, es reducir las propuestas estudiantiles al fin del lucro. Olvida que proponen una reforma constitucional que obligue al Estado a garantizar educación de calidad; que se exige un aumento significativo del aporte basal a las universidades públicas y tradicionales; que solicitan gratuidad para el 60 de la población, avanzando hacia un sistema basado en la gratuidad; que se saque a los bancos de la intermediación de los recursos públicos para la educación; que termine la municipalización de la educación entre otras propuestas. Nada más lejos de la posición de los estudiantes que pensar que el fin del lucro soluciona todos los problemas (Este tema lo he tratado en http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/de_qu%C3%A9_hablamos_cuando_debatimos).
¿Por qué dice Meller que el problema es el mercado y no el lucro?  Según Meller el mercado no funciona en educación. Los argumentos son los siguientes: 1) Las universidades no compiten por precio sino vía marketing y como consecuencia los aranceles universitarios son, relativamente, los más caros del mundo. 2) El mercado no resuelve la calidad, pues los estudiantes no pueden determinar, oportunamente, la calidad del producto que están comprando. 3) La lógica del mercado está asociada al autofinanciamiento de las universidades. 4) Al ser la educación un bien de consumo, la deben pagar los propios estudiantes o sus familias. 5) Al tener que autofinanciarse, las universidades no puede cumplir con su función tradicional y se limitan a generar profesionales. Por tanto, esta argumentación de Meller no se diferencia de la que ha venido sosteniendo el movimiento estudiantil.
Critica Meller también la teoría del capital humano, que afirma que  la educación es una inversión análoga a la inversión financiera y que en consecuencia al ser los  jóvenes los grandes beneficiario de esa inversión, deben financiarla. Lo que ignora esta teoría, dice Meller, es que la sociedad percibe importantes frutos y en tal sentido, la educación es un bien público. Precisamente esta cuestión es la que ha estado en el centro del debate entre el movimiento estudiantil y el gobierno, que por el contrario ha relevado el carácter de bien de consumo de la educación.
En la historia, los primeros mercados ciertamente fueron centros en que imperaba el trueque. Pero con el tiempo se fueron transformando, hasta que el objetivo central se transformó en la obtención de la ganancia o lucro. Más aún cuando se impone el mercado propiamente capitalista. Desde entonces, la economía de mercado está estructurada en torno a la maximización de utilidades esto es la obtención del lucro.

La gran habilidad del movimiento estudiantil ha sido condensar en una frase, "fin al lucro" los graves problemas de la educación y las aspiraciones de los ciudadanos en este ámbito. Gracias al movimiento estudiantil, un agobio que las personas sentían y sufrían como una dificultad individual se ha configurado actualmente como el punto central de la agenda país.

Esta habilidad colectiva, que ha hecho posible convocar a una mayoría ciudadana, escapa al alegato de Patricio Meller.

La lucha política es en primer lugar un debate en torno a la existencia de un problema para luego discutir cuál es su definición. Sólo entonces se abren los caminos de la solución. Durante décadas el sistema político consideró que la educación no era un problema. Se reconocía, naturalmente, que existían deficiencias pero se sostenía que el país estaba en camino de superarlas con medidas como el copago, la extensión de la jornada escolar, y el desarrollo de un sistema de becas y préstamos basados en la intermediación financiera.
Testimonio elocuente de esta situación fue sin duda que el programa de gobierno de la luego Presidenta de la República Michelle Bachelet se restringía a proponer una iniciativa para la educación preescolar y que en el discurso del 21 de mayo del 2006, la educación no fue un tema central de su discurso. La rebelión pingüina iniciada poco después cambió radicalmente esta situación. El “no problema” fue empujado a la arena política y se colocó en el centro de la agenda pública y gubernamental. Finalmente, la demanda estudiantil fue “reelaborada” por el sistema político y se perdió en las negociaciones políticas. Fue necesaria una nueva movilización estudiantil para reponerla en la Agenda Nacional.
¿Pero cuál es el problema educacional que enfrentamos?
En el discurso el gobierno sostiene que el problema de fondo es la calidad. No obstante sus proposiciones de política hacen caso omiso de este diagnóstico. Su atención se centra en la defensa del “emprendimiento”, en la libertad de elección que supuestamente el actual sistema garantizaría y en la reducción de la carga financiera que fue sin duda el detonante de la movilización estudiantil y que puede según el Gobierno puede escapar de todo control.
A un año y medio de gobierno, ha ido quedando claro que el Gobierno tiene como objetivo central abrir negocios para el empresariado, principal “constituency” del actual gobierno. Esta política ha quedado en evidencia en salud, al priorizar la compra de servicios caros al sector privado en detrimento de una política agresiva de inversión en instalaciones y en recursos humanos del sector público. Pero es en educación donde el gobierno ha concentrado la defensa del “emprendimiento”. En el Senado el ministro Bulnes señaló: “Creemos en un sociedad docente, donde participe tanto el Estado como los particulares. Respecto a los particulares, es fundamental que intervengan en el ámbito de la educación no sólo inspirados en motivos religiosos y filantropía, sino que también con un ánimo de emprendimiento”
El ministro no se hace cargo de la educación basura que ha producido ese sistema; tampoco de que los efectos benéficos de la prestación privada de servicios de educación no operan pues las familias no pueden evaluar la calidad de la enseñanza y en consecuencia colapsa el mecanismo competitivo en que se fundan esos efectos benéficos. En este contexto, el lucro no genera calidad sino segmentación. Tampoco se hace cargo el ministro del hecho de que entre las 100 mejores universidades del mundo no hay universidades con fines de lucro. Nada dice de la importancia que la escuela pública en los países europeos que dice admirar, para asegurar una efectiva igualdad de oportunidades.
Más recientemente y como efecto de una contraofensiva de los sectores más retrógrados de la UDI se ha relevado la libertad de opción que el fin del lucro negaría a las familias. Quienes han tenido la experiencia de buscar colegios para sus hijos saben que ni siquiera aquellos pertenecientes al 7% que acceden a los colegios pagados tienen posibilidades de elegir colegio y están obligados a “elegir” el colegio en que se educaron ellos (los padres); de lo contrario se corre el riesgo de que sus hijos queden excluidos de los colegios de su preferencia. Para el resto, la elección se reduce a elegir entre un colegio municipal malo y un colegio subvencionado igual de malo que sólo se diferencia del primero en que implica costos adicionales para la familia. En efecto, los datos demuestran que la principal variable explicativa de los resultados de distintos tipos de colegios es el origen socioeconómico.
Lo indefendible de estas posiciones lleva al Gobierno a decir que el fin del lucro es sinónimo de estatización de la educación y que comprometería 4500 colegios particulares subvencionados. Nadie pretende terminar con las universidades y colegios privados sin fines de lucro. Más aún, preocupación central de los estudiantes, de los personeros de la oposición y de senadores de la coalición de gobierno como son la senadora Lily Pérez y Carlos Cantero ha sido elaborar fórmulas para que en un período razonable los colegios con fines de lucro se transformen en corporaciones sin fines de lucro para así impulsar su proyecto educativo.
¿Cuál es por el contrario la visión de los estudiantes del problema educacional?
Denuncian la desigualdad en los mecanismos de acceso a la educación superior, que segrega a la población estudiantil en instituciones de diversa índole discriminándola por nivel socioeconómico y no por las capacidades ni habilidades de los estudiantes. Consideran que existen instituciones educativas que “utilizan los sueños de miles de familias chilenas” como medio para obtener un fin de lucro. Tras esta situación constatan una concepción de la educación vista como bien de consumo. La CONFECH denuncia además el uso por parte de estas entidades de publicidad engañosa, a vista y paciencia de las autoridades para generar falsas expectativas en los estudiantes, frustrando así la posibilidad única de desarrollar plenamente sus capacidades. El sistema educacional debilita además las posibilidades de solventar las instituciones de educación pública, impidiendo que cumplan con su misión respecto del desarrollo local y nacional y las hace competir de manera injusta con las instituciones privadas. Los bajos salarios, los altos aranceles  dificultan el acceso a la educación obligando a un endeudamiento con la banca privada que hipoteca su futuro.
Las demandas estudiantiles se enmarcan en el sistema educacional. No obstante, su dirección implica un cuestionamiento global del modelo económico social en que se inserta. En efecto, la propuesta implica conceptualizar a la educación como un derecho básico garantizado por el ordenamiento constitucional. De esta manera, se obliga al Estado servir de garante de una educación de calidad. Sobre esta base se estructuran el resto de las demandas. El Estado debe en primer lugar, garantizar un financiamiento a las universidades que permita el cumplimiento de la obligación constitucional.
Al constituirse la educación en un derecho, ello obliga a que sea el Estado el que financie la educación de manera de asegurar que los chilenos acceden y reciben una educación igualitaria y de calidad. El carácter de derecho de la educación, obliga a sacarla del mercado y en consecuencia hace necesario eliminar el lucro. Al eliminar el lucro, entendido como remuneración del capital, se excluye de la prestación de este servicio a quienes buscan ganancia en esta actividad. Esto no implica que el sector privado se abstiene de participar; por el contrario, se hace posible que entidades privadas sin fines de lucro puedan operar en el sistema e incluso obtener financiamiento público en la medida que cumplan con los requisitos señalados por la ley. Esta concepción genera dos consecuencias importantes: elimina a los bancos como operadores en el sistema y obliga a expandir sustantivamente la recaudación tributaria, por las mayores exigencias de financiamiento que genera el nuevo sistema.
Es recién sobre esta base, que aparece el tema de la calidad. No es la calidad el centro del problema. Por el contrario, el abordaje efectivo de la calidad de la educación se hace posible al redefinir la educación desde su conceptualización como bien de consumo hacia su concepción como derecho, desde un sistema estructurado en torno a un rol creciente de la educación privada con fines de lucro a un sistema público (no solo estatal) y desde una institucionalidad basada en el la municipalidad y el prestador privado, que por tanto refleja las diferencias sociales a una sistema nacional que garantiza la igualdad sobre esa base la calidad de la educación.
Para los estudiantes es claro que se trata de un cambio mayor. Esto implica resolver que sucede con la población estudiantil que está adscrita a entidades con fines de lucro, que como se sabe concentran una parte sustancial de los sectores más pobres. Respecto a eso, a través de diferentes medios, los estudiantes han propuesto ofrecer a los propietarios de los establecimientos la posibilidad de constituirse en entidades sin fines de lucro y sobre esa base iniciar el proceso de transformación. No obstante su apuesta fundamental es a favor de la expansión sustancial del sistema público tanto a nivel universitario como técnico y escolar.
Estas son las dos visiones que se encontrarán el día sábado en la reunión entre el Presidente y los estudiantes. ¿Será capaz el Primer Mandatario de llegar a un acuerdo con los estudiantes y pasar así a la historia como artífice del sistema educacional del futuro?

La buena cifra de crecimiento económico esperada para el presenta año ha llevado al Presidente de la República a decir que la economía está bien; frente a la movilización estudiantil dice que la política está mal.
Un análisis más detenido deja en evidencia que el crecimiento esperado del PIB para el año 2011 no da lugar para la autocomplacencia. Para el 2012 se espera un crecimiento sustancialmente menor, que caerá probablemente por debajo del 5%. De continuar los problemas que afectan a la economía internacional, las expectativas se vuelven aún más oscuras. Si China reduce su tasa de crecimiento, digamos, a un 6% anual, ello podría tener un impacto muy negativo sobre el precio de las exportaciones y reducir aún más los niveles de crecimiento económico.
Esta evolución implica que el país volvería a tasas de crecimiento cercanas a las que en promedio se alcanzaron en la Administración de la Presidenta Bachelet. Ese comportamiento no sería raro. Reflejaría el estancamiento de la productividad, ya congénito, de la economía nacional. Por eso se equivocan quienes piensan que para recuperar el ritmo de crecimiento de la década del 90 basta con “seguir” profundizando las reformas impulsadas; que de lo que se trata es simplemente seguir haciendo más de lo mismo.
Se ha dicho que la alta tasa de crecimiento esperada para el presenta año nos acerca más al “desarrollo” definido como el “momento” en que se alcanza una determinado nivel del PIB per cápita. En esta visión confluyen conocidos personeros del Gobierno y de la antigua Concertación.
Desde el movimiento estudiantil y social en general se discrepa taxativamente de esta visión. Para ellos desarrollo significa que los sectores de más bajos ingresos alcanzan niveles que permiten una vida decente, que las desigualdades de ingreso disminuyen sustantivamente, que existe una educación y una salud de calidad para todos los que viven en el país, que se crean las bases de un crecimiento sustentable y que se superan radicalmente las grandes asimetrías de poder que caracterizan a Chile.
Estas dos visiones sobre el desarrollo no constituyen solo diferencias conceptuales que remiten a debates académicos intelectuales. Se trata por el contrario de dos miradas en torno a las cuales se estructuran las fuerzas políticas en torno al Gobierno y sectores conservadores de la oposición por una parte y el movimiento social apoyado por la mayoría de la oposición por otro.
Tras la primera visión se atrincheran quienes defienden en forma intransigente el lucro en la educación, pese a los graves problemas que ha generado en los últimos 30 años; quienes aspiran a la desaparición gradual pero implacable de la educación pública gracias a un financiamiento que no puede garantizar la calidad necesaria y que por tanto provoca la continua pérdida de alumnos; quienes finalmente buscan extender su negocio “educacional” a todo el sistema educativo. Se atrincheran también tras esta posición las entidades financieras que obtienen rentabilidades extraordinarias por intermediar el endeudamiento de los más pobres y de las clases medias (Al respecto vale la pena ver el artículo sobre la UDLA (http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/08/25/el-%e2%80%9cretail-financiero%e2%80%9d-que-armo-la-universidad-de-las-americas/). Estos grupos identifican la educación como la “reina de las batallas”, pues el cuestionamiento al sistema de financiamiento de la educación – de tener éxito – pondría en la agenda pública los abusos en el resto del sistema financiero, donde la crisis de La Polar es sólo la cumbre del iceberg.
Tras la segunda concepción de desarrollo se ubican quienes reivindican la educación pública y la privada sin fines de lucro, la inversión fuerte del Estado en todos los niveles educacionales, la demanda por gratuidad generalizada, a cambio de lo cual se propone una reforma tributaria que pueda financiar una educación igualitaria y de calidad para todos. Es el alcance de esta encrucijada lo que explica la fuerza, la masividad y la persistencia de la movilización estudiantil. Esto es lo que debería entender el Gobierno para empezar a resolver la crisis.

Luego de tres meses en que el movimiento social y el movimiento estudiantil en particular, viene estableciendo la agenda nacional se percibe en el debate político un intento de localizar la causa de los problemas que enfrenta el país en la presunta tentación populista, en el auge que experimentaría la irresponsabilidad entre numerosos políticos, en el debilitamiento del consenso respecto del camino que veníamos siguiendo como país y en la demanda a favor de que nuestra institucionalidad deje de funcionar. El problema no es la profunda desigualdad que afecta a nuestro sistema educacional sino que la protesta de los estudiantes por generar condiciones efectivas por resolverlas. El problema no es un sistema político ilegítimo en su origen, excluyente en su funcionamiento y que sufre un profundo desafecto por parte de un sector mayoritario de la población, en particular de los jóvenes, sino proposiciones como la realización de un plebiscito o el llamado a una Asamblea Constituyente que apuntan a buscar una solución para el entrampamiento en que está metido el país. El problema no es el abusivo sistema financiero que dejó al descubierto La Polar, sino la “cultura del no pago” que según algunos estaría surgiendo entre los consumidores.
Parece que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y definir colectivamente cuáles son los problemas que nos aquejan como país.
El Presidente no ayuda en este sentido. Él es ambiguo y pendular al formular sus convicciones. No es posible que el 27 de julio en su discurso en la celebración de los 80 años de La Segunda haya sostenido que “cuando hablamos de desarrollo estamos pensando en un desarrollo integral, que tienen hoy día los países de la OCDE, los países de Europa, ese selecto y pequeño club de países sabios que han logrado compatibilizar democracia, desarrollo, igualdad y paz”  que obviamente recoge la apuesta de los principales países de Europa a favor de la igualdad que garantiza la educación pública predominante en esos países para luego, tres semanas después el mismo Presidente se pregunte ¿cómo no va a ser absurdo que los particulares, las personas, puedan emprender en todos los campos, sin restricciones, y que se les prohíba emprender y aportar en el campo más importante para la sociedad chilena que es el proveer una educación de calidad para todos y cada uno de los estudiantes de nuestro país? Creo que detrás de eso hay mucho ideologismo, y la palabra lucro ya es una palabra obscena, por eso yo más que hablar de lucro, prefiero hablar de no frenar ni matar la capacidad de innovación, ni de emprendimiento”.
En una democracia todas las opiniones son legítimas, pero no es aceptable que el Presidente de la República pretenda establecer un diálogo serio diciendo una cosa para luego darse una vuelta de 180 grados. 
Al defender el lucro el Presidente no se hace cargo de la educación basura que ha producido ese sistema; tampoco fundamenta su defensa ni responde a las críticas fundadas que se le hacen.
Carolina Tohá las precisó con claridad
1) Los efectos benéficos de la competencia en la prestación de servicios educacionales no operan como efecto de las asimetrías de información: las familias no pueden calibrar la calidad de la enseñanza que recibirán sus hijos.
2) El lucro no genera calidad pero si segmentación En un país desigual como Chile, eso se traduce en tantas ofertas educacionales como niveles de ingreso hay. Es una diversidad en que manda el modelo de negocios y no el proyecto educativo.
Tampoco se hace cargo el Presidente del hecho de que entre las 100 mejores universidades del mundo no hay universidades con fines de lucro. Nada dice sobre el hecho de que los países europeos que en su discurso en el aniversario de La Segunda pretendía emular, la gran mayoría de escuelas y colegios son públicas y en ellas se educan pobres y ricos. Nada dice de la importancia que la escuela pública tiene en esos países para asegurar una efectiva igualdad de oportunidades.
El Presidente no ayuda al diálogo cuando no toma en serio las demandas estudiantiles. No es tomar en serio al movimiento estudiantil cuando en su última entrevista tergiversa la esencia de las demandas estudiantiles al señalar: “Nosotros hemos escuchado con mucha atención y con mucha buena voluntad al movimiento estudiantil, porque compartimos la esencia y el alma de sus planteamientos, que es que tenemos que tomar el toro por las astas y dar un gigantesco salto adelante en materia de calidad de la educación”.
En efecto, para los estudiantes los problemas de la educación no son en primer lugar de calidad, ellos son resultados de problemas más de fondo: la educación debe dejar de ser considerada como un producto de mercado y debe retomar su carácter social para que se fortalezca la democracia…Si esto se cumple, en el país se reforzará la democracia y el acceso igualitario a los conocimientos Los estudiantes chilenos piden al Gobierno que asegure el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel constitucional, que retorne la gestión de las escuelas de las municipalidades al Estado, y que se prohíba el lucro de las universidades privadas, cuyos alumnos proceden mayoritariamente de sectores vulnerables, y deben endeudarse muchos años para poder estudiar. Para los estudiantes, el problema de la mala calidad de la educación deriva de la institucionalidad vigente y la extrema separación entre una educación para ricos y otra para pobres.
El Presidente puede no compartir estas posiciones. Lo que no es legítimo es ignorar el fondo y la forma de la argumentación del interlocutor.
No ayudan al debate posturas como las de Eduardo Engel en su columna sabatina en que una vez más no logra abrirse a un debate a fondo con el movimiento social. Más bien sus opiniones ayudan a la falta de seriedad que muestra el Gobierno. Al contrario de lo que sostiene el analista, nadie pretende que el fin del lucro va a terminar instantáneamente con los problemas del sistema educacional chileno. Lo que sí se afirma, es que es un paso en esa dirección. Si Engel discrepa sería interesante conocer sus argumentos.
Para él, la directiva del Colegio de Profesores es parte del problema. Engel no fundamenta este aserto. En el Chile de hoy es muy difícil mantener viva una organización social. Los profesores lo han logrado y  ellos mismo han elegido su directiva. Es cierto que las organizaciones sociales como los partidos políticos deben reinventarse, pero eso no puede llevar a que se desconozca que ellos son parte importante de ese gran grupo de chilenos que luego de 30 años han puesto la educación en el centro de la agenda pública. Y eso no es poco.
La resistencia a la evaluación que destaca Engel es algo que sostienen los profesores mucho más allá de la directiva y tiene que ver con la desconfianza frente a un sistema que no da cuenta de las pésimas condiciones de trabajo de la mayoría de ellos. Tampoco es cierto que el resto de los chilenos está sujeto a evaluación, menos los gobiernos. ¿Dónde están las evaluaciones del transantiago, del sistema de capitalización individual que ha generado tantas perdidas a los fondos de pensiones, del sistema público de financiamiento de los partidos políticos? Más bien, si hay algo que caracteriza al país es la falta generalizada de evaluación y de autocrítica.
Engel critica a la oposición por haber, según él, enfatizado las deficiencias de la provisión privada de educación, ignorando los serios problemas que tiene la provisión pública. Es difícil entender su punto, cuando es justamente las deficiencias de la educación pública, descuidada a lo largo de las últimas tres décadas, lo que ha desencadenado las movilizaciones.
Cabe destacar sin embargo que Engel es taxativo en señalar que el argumento del gobierno de que las reformas en educación se financiarán con más crecimiento no resiste un análisis serio y que es imperiosa una reforma tributaria. Este es un buen comienzo que puede contribuir a recrear el ideario de la oposición

Existe consenso amplio de que el país ha entrado en una nueva fase. El movimiento ciudadano ha cambiado la agenda política. La desigualdad se constituye como el problema central del país y el debate se desplaza hacia como enfrentarla. “Los chilenos ya no toleran los grados excesivos de desigualdad… tenemos que repensar los verdaderos objetivos del desarrollo… un crecimiento que no satisface las necesidades de la gente es algo que nos debe hacer reflexionar… cuando hablamos de desarrollo estamos pensando en un desarrollo integral, que tienen los países de Europa, ese selecto club de países sabios que han logrado compatibilizar democracia, desarrollo, igualdad y paz”. Alguien desprevenido podría pensar que las palabras citadas corresponden a algún manifestante de los últimos días; pero no, son palabras del Presidente de la República, expresadas recientemente con ocasión del aniversario del diario ¨La Segunda¨.
Realmente,  ¡el movimiento social movió el cerco!
Cuando se expresan las convicciones y se lucha por ello, como lo ha venido haciendo la movilización social, los adversarios entran en dificultades. Las famosas dos almas que acompañaron a la Concertación también han surgido animosas en la coalición de gobierno. Ascanio Cavallo, en su columna de hoy en La Tercera las ha descrito con precisión “Las dos almas se separan en la subordinación de la política a la economía o viceversa. En una orilla se sitúan los guardianes de la ortodoxia, los que confían en la sabiduría del mercado y en el camino lento al desarrollo. En la otra, los que miran las razones de la impopularidad, los desequilibrios flagrantes y la urgencia de las necesidades populares. No es una división entre la UDI y RN; es una trizadura que cruza de manera transversal al oficialismo, y que está deteriorando velozmente sus lealtades internas”.
La derecha más extrema no ha tirado la toalla. Por el contrario, sus personeros han entrado con fuerza a criticar lo que aparece como el curso más probable de la administración. En “Qué Pasa”, el ex ministro de Pinochet, Hernán Büchi llamó a que la centroderecha no abandonara sus convicciones, criticó que se hubiera instalado la desigualdad como problema central de la agenda pública y que la reforma tributaria fuera considerada por el Gobierno.
Por su parte, Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo con una franqueza inusitada titula su columna en El Mercurio con el inequívoco titulo de ¿Claudicación? Su ataque se dirige en contra de la reforma tributaria (para nuestra propuesta ver http://diario.latercera.com/2011/08/04/01/contenido/opinion/11-78824-9-reforma-tributaria-y-desigualdad.shtml).
Lo paradójico es que los principales argumentos que Larraín utiliza para sustentar su posición contraria a la reforma, son opiniones de personeros que se han identificado con la Concertación. En efecto, a la letra, dice: “Como han señalado… Andrés Velasco y Cristobal Huneuss el problema de la desigualdad en Chile se produce básicamente por la falta de empleos… otros economistas como Alexander Galetovic y Eduardo Engel han demostrado que la herramienta tributaria ha sido muy inferior a la del gasto público”. En el caso de Andrés Velasco, en su última entrevista en Qué pasa, no hizo alusión sustancial a la reforma tributaria. En el caso de Engel, éste ha manifestado que “bien hecha una reforma tributaria puede ser una contribución importante en el camino hacia una sociedad más justa y próspera”. Para completar la contraofensiva el senador Novoa ignorando que el 80% de la población rechaza el lucro en la educación señala que “El gobierno permitió que el tema del lucro , QUE ES UNA MERA CONSIGNA, se generalizara”.
La prohibición de la marcha de los estudiantes es una señal adicional de que las posturas intransigentes mantienen su fuerza.
En este contexto emerge la interrogante: ¿qué debe hacer la oposición?
Cabe saludar que los presidentes del PS, del PPD y del PR y del PRO se hayan distanciado del llamado del presidente de la DC a volver a clases, pasando de la calle a un escenario institucional sin que el gobierno haya accedido realmente a un cambio profundo del modelo educacional. Pero es fundamental que la oposición establezca un diálogo horizontal y respetuoso con el movimiento estudiantil y de profesores.
Pensar de que se trata de un movimiento corporativo no da cuenta de que es Chile el que está movilizado. En tal sentido es correcto que el movimiento ciudadano mantenga la dirección hasta que se creen condiciones efectivas para que la discusión en el Congreso pueda tener éxito. Sólo un nuevo marco de discusión, y no el diálogo sin condiciones, abrirá los caminos para alcanzar una solución que empiece a resolver los problemas de fondo de la educación y.
La oposición debería, además, valorar los gestos de quienes en el gobierno y en la Alianza por Chile han comenzado a reconocer que el modelo económico y social debe sufrir fuertes modificaciones. Más que relevar Chacarillas, cabe valorar las declaraciones del Ministro Longueira respecto de los abusos que sufren los consumidores financieros y la excesiva concentración en el sector eléctrico. Su apoyo a discutir la reforma tributaria es también destacable, particularmente teniendo en cuenta las fuertes reacciones que ha despertado en el mundo empresarial. Deben  destacadarse también, declaraciones como las del Alcalde de Puente Alto Manuel José Ossandon cuando señala que “no sacamos nada con tener 15.000 dólares per cápita si está concentrado en un segmento pequeño de la sociedad. A este gobierno le ha faltado calle. La encuesta CEP me da la razón: los estratos medios y bajos son los que menos apoyan al Gobierno”. La oposición debe también velar por la traducción práctica de aquellos gestos.
Al mismo tiempo, es necesario fortalecer el debate con las visiones más ortodoxas como las que representan las organizaciones empresariales y Libertad y Desarrollo. En este ámbito, es clave  debatir con los liberales de la oposición, cuyos argumentos son utilizados por los sectores más recalcitrantes de la Alianza por el cambio. Ello es fundamental para evitar un grave problema al que aludía Cavallo en su columna de hoy: “La incapacidad del (de sectores, diría yo) del gobierno de interpretar lo que está sucediendo lo ha ido empujando hacia una segunda inhabilidad, la de controlar la estabilidad de su proyecto político”.
La oposición debe jugar un papel importante para que los problemas se resuelvan positivamente, en aras del bien del país. Aunque sea cierto que la resolución efectiva de los problemas ayudará en primer lugar a la proyección del actual gobierno, Chile es lo primero.

El lanzamiento de la candidatura presidencial de Andrés Velasco permite a la oposición avanzar en una importante tarea pendiente: precisar las ideas fuerza para estructurar la oposición al actual gobierno y para las elecciones presidenciales del 2013. En su caso específico, dadas las características de las propuestas del político, impone comenzar a descorrer el tupido velo que ha cubierto a la ficción tecnocrática en nuestro país. De no tener lugar este proceso, el futuro político de la oposición se puede socavar indefinidamente.

Velasco es partidario de una política social focalizada, radicada eminentemente en medidas compensatorias, que otorga a la educación si acaso la tarea de corregir en algo las desigualdades. No valora la importancia de una relación más simétrica entre los agentes económicos y ha explicitado que el rol del Estado debe limitarse a eliminar fallas del mercado.

Velasco, sin recato alguno y desde la soberbia de su ¨razón¨ tecnocrática, se posiciona cómodamente a la derecha de Sebastián Piñera. La extrema focalización del gasto social que permea su doctrina ha quedado recientemente en evidencia en su tajante oposición a la universalización del posnatal y a la eliminación de la cotización del 7% de contribución de salud de los jubilados. Confundiendo principios con instrumentos, la focalización pasa a tener mejor derecho que la universalidad y la solidaridad.

Se pierde así de vista que en nuestro país la focalización ha tenido como efecto la orfandad de los sectores medios -incluidos los grupos que dejado de ser pobres-, ha debilitado la cohesión social, ha afectado sustancialmente la calidad de la educación y la salud y ha sustraído de la discusión la necesidad de una reforma tributaria que provea de mayores recursos al Estado.

Además, al socaire del desmantelamiento de la solidaridad y del universalismo de la mano de la focalización, las reducidas pensiones que perciben los afiliados de las AFP y las elevadas pólizas de salud de las ISAPRES y altos copagos de salud se traducen en enormes ganancias para esas entidades e imponen importantes erogaciones del Estado para proveer subsidios a los más enfermos y a los más viejos, cuando ya no pueden ser negocio para estas empresas.

Para la Oposición continuar con  la defensa de la focalización como fundamento de la política social implica seguir prometiendo una protección dudosa e incierta a los pobres y los vulnerables. Implica también el alejamiento definitivo de los grupos medios que buscarán representación política en otras tiendas e instancias donde sientan mejor valorados los esfuerzos personales que realizan por granjearse un futuro mejor. Sería un paso más para que la oposición se aleje de su base social y pierda su afecto, trasladando la posibilidad de una alternancia política a un muy futuro remoto.

La política social por sí sola no puede corregir las desigualdades que genera un modelo económico inequitativo. No puede revertir la concentración económica excesiva y la grave desigualdad en la distribución del ingreso. Velasco se ha opuesto sistemáticamente a una política tributaria que le dé espacio al impuesto a la renta de las empresas y que induzca a quienes más ganan a hacer un mayor aporte fiscal, propiciando así una redistribución del ingreso y un caudal de recursos que permita encarar las graves deficiencias de la educación y salud pública, las inversiones que se requieren para estimular el desarrollo productivo y avanzar en el desarrollo social. Más aún, en su reciente entrevista a la Revista Qué Pasa, hace caso omiso de las demandas que la movilización social viene planteando -que sería sólo resultado de falta de caras nuevas y malas prácticas-  y no se pronuncia sobre el rol de la educación pública, la necesidad de la reforma tributaria y las reformas laborales.

Velasco se opuso y no considera relevante cambiar la legislación laboral para que se pueda fortalecer y renovar el sindicalismo e impulsar la negociación colectiva. Con ello hace caso omiso de la convicción progresista de que el mayor equilibrio entre los distintos agentes económicos hace posible una mejor distribución primaria del ingreso.

Desde su perspectiva, las intervenciones públicas en lo económico deben reducirse a fortalecer la acción autónoma de las fuerzas del mercado. Que el libre juego del mercado resuelva los problemas económicos y que la política macro sana genere los incentivos suficientes para que los empresarios lideren la  transformación productiva basada en ventajas comparativas. El Estado debe limitarse a formular las políticas monetarias y fiscales, proteger el derecho de propiedad y su institucionalidad legal y promover la apertura externa. Acepta una responsabilidad última en la provisión de bienes públicos (educación e infraestructura), pero prefiere que los suministre el sector privado. El gobierno debe limitarse a eliminar las fallas que afectan la asignación de recursos por el mercado, proteger la competencia y regular los mercados monopólicos.

Pero la experiencia chilena e internacional hace patentes las graves limitaciones de las posturas que consideran al mercado como único o principal determinante de las decisiones de inversión. La economía chilena crece a un ritmo cada vez menor, en fuerte contraste con países tales como Australia y Nueva Zelandia en Oceanía, los países del norte de Europa y los tigres del Asia, cuyos ritmos de crecimiento son muy superiores y cuyas estructuras exportadoras son sustancialmente más complejas que la nuestra, lo cual les permite insertarse en  los mercados mundiales más sofisticados. En tales países, el mercado juega un papel sustancial, pero no es el principal ni único mecanismo que orienta la inversión. 

Por nombrar solo algunos casos, de la estrategia de desarrollo  de países como Finlandia, Australia y Corea del Sur  destacan en primer lugar formas de concertación social y de mecanismos de acuerdo que configuran un proyecto nacional bajo cuyo alero operan los mecanismos de mercado. Para incentivar nuevas ventajas comparativas basadas en procesos productivos de mayor valor agregado y contenido tecnológico, su inteligente inserción internacional ha requerido que la intervención pública “distorsione” las señales microeconómicas. En tal contexto, entre otras políticas, el Estado no ha escatimado esfuerzos y recursos para asegurar una educación de calidad para todos, que permita ¨alimentar¨ un aparato productivo en continua innovación.

Al mismo tiempo, el Estado invierte para desarrollar su capacidad operativa de conducción y coordinación. A diferencia de la orientación que ha predominado en nuestro país, el Estado promueve activamente nuevas actividades y despliega un amplio conjunto de políticas públicas a favor de la innovación tecnológica y de buenas prácticas de gestión. Estas economías exitosas son, además, sustantivamente más igualitarias que la nuestra.

El Banco Mundial (a quien no se le puede tildar de extremista) señalaba ya hace muchos años las graves carencias de la educación chilena que obstaculizan dar un salto en materia tecnológica en una reflexión que denominaban irónicamente “¿Por qué los chilenos no encontraron La escondida?”. Así como lo fue respecto del cobre, lo será respecto del litio, de los salmones, de la energía y de muchas materias que seguirán escondidas si los gobernantes y los acuerdos sociales no dan un paso definitivo en otra dirección.   

En fin el  fundamentalismo de mercado de Velasco propone un Estado ausente y una liberalización irrestricta del mercado financiero, política asociada estrechamente a la crisis financiera internacional y al abuso del consumidor financiero que dejó en evidencia la crisis de La Polar.