El próximo 9 de diciembre el Banco Central cumple 20 años como entidad autónoma. Este aniversario exige un debate que permita evaluar su desempeño.
Dos medios periodísticos de la plaza, entrevistaron a los distintos presidentes que ha tenido la entidad. En ellas, estos personeros realizaron una suerte de autoevaluación que debiera ser seguida por estudios que informen al país, en detalle respecto de su desempeño.
No cabe duda, que los últimos 20 años estuvieron marcados por el avance hacia una estabilidad económica creciente. Desde las graves dificultades enfrentadas al inicio de la era democrática, como efecto de la aceleración que había experimentado la inflación en el año 1989 y de los problemas generados para la economía internacional por la invasión de Kuwait por parte de Irak, se ha avanzado sustantivamente. En la primera mitad de los 90 el Banco Central fue capaz de desarrollar medidas innovadoras que permitieron continuar con la reducción de la inflación, en un contexto caracterizado, por un alto diferencial entre la tasa de interés doméstica y las tasas internacionales. Se experimentaron también dificultades. La fuerte alza de la tasa de referencia hacia finales de 1998, impactó con fuerza en la actividad económica; tanto que un destacado economista estadounidense, ya fallecido, se refería a los problemas experimentados por la economía nacional en 1999 como la “crisis Massad”. Más recientemente, no dejó de llamar la atención el hecho que todavía en enero del presente año, ya avanzado el proceso en que la virulenta crisis financiera se transformaba en la más grave crisis económica de las últimas décadas, la tasa de referencia monetaria se encontrara todavía en 8,25 puntos.

¿Cuáles son algunos de los temas en que es necesario profundizar?

Tanto los ex presidentes como el actual presidente de la entidad, asocian los logros en materia de inflación con la naturaleza independiente de la entidad. Existen sólidos argumentos que permiten sustentar esta opinión. No obstante, debería ser objeto de un estudio en profundidad. En efecto, son muchos los elementos que han contribuido a esta mayor estabilidad económica. Clave es en primer lugar, la evolución de la propia teoría económica, que puso en cuestión los supuestos efectos positivos de una política de grandes déficits públicos financiados por la emisión monetaria. En segundo lugar, es también importante la evolución de las visiones de la clase política respecto del fenómeno inflacionario. Se ha ido consolidando un amplio consenso en torno a la necesidad de proteger los equilibrios macroeconómicos. La discusión de hoy se centra en si es necesaria, en toda circunstancia, la política de superávit estructural y sobre cuáles son los mejores instrumentos  para que la política fiscal juegue un papel anticíclico. Más importante aún, es que la institucionalidad económica pública, en general, está alineada en torno a la exigencia ineludible de mantener la disciplina macroeconómica. En las entrevistas mencionadas, se reconoce, de manera indirecta esta situación. Por ejemplo, Carlos Massad llama la atención que las dificultades encontradas para enfrentar los efectos de la crisis asiática se acentuaron por estar el país “con una banda cambiaria limitada, con tasa real y no nominal como instrumento, y con el rápido crecimiento del gasto público y privado”. En cambio, en la crisis actual “ya estaban en práctica los mecanismos monetarios y cambiarios apropiados, y la situación fiscal era sólida y con fuertes reservas, gracias a las políticas implementadas a partir de 1999”. También, la mayor estabilidad económica es un fenómeno internacional, que no en todos los casos se presenta acompañado por un banco central independiente.

Es importante, en consecuencia, determinar la contribución específica del Banco Central independiente a la estabilidad económica, pues su independencia plantea preguntas respecto de si  existe una adecuada coordinación con las otras entidades que tienen responsabilidades en de otras dimensiones de la política económica. El tipo de cambio, por ejemplo ha jugado en algunos momentos un papel importante en el control inflacionario. Ello ha traído consigo períodos, en que el tipo de cambio presenta pronunciadas fluctuaciones, de las cuales no todas pueden ser atribuidas a fenómenos internacionales. Estas fluctuaciones afectan el esfuerzo exportador, en que el sector público ha estado empeñado. En particular, dificultan el desarrollo de exportaciones basadas en la mayor incorporación de valor agregado, tecnología y capacidad de innovación. En este contexto, cabe preguntarse por ejemplo, en qué medida, estas dificultades pueden estar contribuyendo a la caída del ritmo de crecimiento económico asociada al menor crecimiento de la productividad total de factores. Naturalmente, que en esta situación, juega un papel importante, el predominio, hasta hace poco, de una política que no elegía ganadores ni ponía énfasis en el fomento del desarrollo tecnológico y de la investigación científica. En la medida que se avance en el establecimiento de consensos entre el sector público y privado es probable que se avance en esta dirección. No obstante, todo esfuerzo puede resultar vano, si el Banco Central no se suma a los consensos descritos.

Finalmente, una consideración respecto de la naturaleza de las decisiones del Banco Central. Mucho se insiste en el carácter técnico, no político, de sus decisiones. Esa idea es el principal argumento a favor de su independencia frente al poder político. No obstante, la revista The Economist, al comentar las funciones que están jugando los bancos centrales en el mundo desarrollado en el contexto de la crisis económica internacional, señalaba: “La brecha entre los bancos centrales y la política resulta menos limpia hoy por hoy. Políticas no convencionales, requieren a menudo del Banco Central, hacer préstamos que no van a ser repagados en su totalidad. Ya que los contribuyentes van a sobrellevar importantes pérdidas, los ministerios de finanzas necesitan tener algo que decir. La asignación de créditos y una más estricta regulación, hará de algunas empresas ganadores y de otras perdedoras, lo que requiere un mayor escrutinio (accountability) público”. La pregunta obvia es si más allá de la crisis, las decisiones del Banco Central no tienen, permanentemente, consecuencias distributivas significativas y si en consecuencia, no deberían estar sujetas a una supervisión más estricta del Congreso Nacional. De hecho, el año pasado, el Senado de la República encabezó una suerte de rebelión de la sociedad en contra del rechazo del Banco Central a tomar medidas respecto de la fuerte reevaluación que estaba experimentando el tipo de cambio. Un breve tiempo después, el Banco Central rectificó tomando medidas que permitieron una significativa devaluación, lo que sin duda ayudó a las exportaciones y permitió enfrentar en mejores términos la crisis internacional.
En este sentido, resulta importante realizar un debate nacional que con base en estudios, que debería encargar el congreso Nacional, permita realizar una evaluación de desempeño del Banco Central independiente.

En todo caso, más allá de ello, es conveniente identificar medidas para fortalecer la coordinación entre esta entidad y el Comité Económico de Ministros (que debería empezar a funcionar en serio) para mejorar la coordinación con el Ejecutivo. Del mismo modo, parece necesario fortalecer la supervisión política del Banco Central por parte del Senado. Se deberían implementar audiencias regulares y periódicas (más allá de la visita ritual que tiene lugar en la actualidad) en que el presidente del Banco Central entregue un informe sobre la marcha económica del país y ello de lugar a un debate de fondo. Con este fin, sería importante la creación en el Senado, de una oficina de asesoría económica, que permita un seguimiento detallado de las decisiones de política del Banco Central, que sirva de base para un efectivo control democrático de la entidad.

Mientras el Gobierno da señales simbólicas de apoyo a Frei, su política contribuye día a día a aumentar el descontento de sus bases, a fortalecer la candidatura de Enríquez – Ominami y en definitiva a viabilizar el triunfo del candidato de la derecha.
No se entiende de otro modo, el que el Gobierno esté desde hace algún tiempo embarcado en una batalla campal con los profesores, con los funcionarios públicos y por esa vía con el mundo de trabajadores organizados. Más aún, tampoco se constata que exista un “buen feeling” con los ecologistas y menos aún con el movimiento indígena. Las otras modalidades de organización de la sociedad civil, no tienen mejor suerte.
Esta situación se explica a partir de varios elementos. El primero tiene que ver con un desplazamiento del centro de poder al interior del Gobierno. La conducción política se ha trasladado, definitivamente, al Ministerio de Hacienda. Ello se ha expresado en la seguidilla de ministros del interior que abandonaron el Gobierno luego de constatar que por una u otra razón “estaban pintados en la pared”. Los partidos de la Concertación pusieron grandes esperanzas en la nominación del “panzer” demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma. No obstante, al poco andar y aún cuando el gabinete empezó a evitar el exceso de autogoles, lo cierto es que no fue capaz de reponer “la política en el puesto de mando”.
El problema que enfrentamos, es sin embargo, de mayor gravedad. No es sólo que la conducción política global se ha trasladado al Ministerio de Hacienda. A ello se suma, una creciente injerencia de este ministerio en la toma de decisiones de los ministerios sectoriales. Ya sea que se trate de la política de innovación, de salud o de educación, los distintos organismos saben que no tiene sentido  conversar con la autoridad política correspondiente, sino que lo clave es negociar con la Dirección de Presupuestos. Esta injerencia lleva a que las autoridades sectoriales tomen distancia de lo que sucede en los diferentes ámbitos bajo su responsabilidad. Es así como es un secreto a voces al interior del gobierno, que esta situación tiene mucho que ver con los problemas experimentados por el sistema de becas al exterior. Algunos tratan de conceptualizar este abandono de funciones, forzando nuestra lengua materna, como de “desresponsabilización”  por parte de las autoridades sectoriales.
En un contexto de esta naturaleza, no se observa por ejemplo que el Ministerio de Educación conceptualice el conflicto con los profesores en el contexto de la gran reforma de la educación que necesita el país. No existen señales de que se dialogue con los profesores respecto de cómo otorgarle a la educación pública el rol central que tiene en todo sistema democrático; no aparecen tampoco los temas del perfeccionamiento de la carrera docente, de su transformación en una profesión competitiva capaz de atraer a los jóvenes más talentosos; de superar los graves defectos que desde el punto de vista de la enseñanza y de la equidad, presenta la educación municipalizada. La falta de liderazgo intelectual de la ministra de educación permite que el conflicto de los profesores no sea sino un problema presupuestario.
El segundo elemento es de naturaleza ideológica. El ataque al Estado Benefactor, al desarrollo más igualitario que las sociedades occidentales empezaron a experimentar desde el “New Deal” de Roosevelt y de los regímenes socialdemócratas en la Europa que surge de la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Reagan, Thatcher y Pinochet, se tradujo en una propuesta de desregulación y privatización generalizada. No obstante, algo que se olvida, es que este ataque tuvo una tercera dimensión: el intento de desorganizar la sociedad, de terminar con las distintas formas organizativas con que los grupos más débiles intentaban tener voz. La guerra de Thatcher contra los sindicatos fue paradigmática. El correlato chileno fue el asesinato de múltiples dirigentes sindicales y sociales así como la prohibición de la actividad sindical bajo la dictadura derechista. Esta política fue rescatada por los organismos internacionales que vieron en esta individuación una vía para imponer la economía de mercado. Esta visión que ve en cualquier intento de organización un obstáculo a las “buenas políticas” tiene una gran presencia en el grupo dominante de la actual administración. En ese sentido, la falta de disposición al diálogo si bien tiene una razón presupuestaria de corto plazo, tiene otro trasfondo aún más importante: la idea de que para hacer avanzar la política educacional y de modernización del Estado que impulsa el Ministerio de Hacienda, es necesario romper la organización sindical.
El tercer elemento que explica esta política, es también ideológico. El equipo económico conductor del gobierno, está convencido de que en el largo plazo, la privatización de la educación, de la salud y de la previsión es el mejor camino. Es por eso, que niega los recursos para invertir en equipamiento en salud pública y prefiere comprar servicios, a mayores costos, al sector privado. Es por eso que se niega a invertir los recursos necesarios en hacer a la educación pública una opción para toda la población. Es por eso, que no introdujo reformas sustanciales al sistema de capitalización peso a todos los problemas que lo afectan. Se mantiene en definitiva, una política que no permite, a la educación, a la salud y a la previsión pública competir en igualdad de condiciones con la versión privada, para que como decía un connotado deportista “que gane el más mejor”.
Es por esto, que es poco probable que el actual Gobierno se siente a conversar con los sectores que fueron siempre parte fundamental de su base política. Son estas profundas diferencias las que explican la grieta que divide a la familia concertacionista. El principal exponente de esta política es Andrés Velasco. Es por eso que su eventual desembarco en la campaña de Eduardo Frei es poco probable que ayude al éxito de la candidatura.

Luego de la crisis financiera, es poco presentable reiterar las demandas de “menos Estado y más mercado”. Es por eso, que los sectores más conservadores se han visto obligado a reiterar frases como las de “nadie podría sostener que el Estado no tiene un papel muy importante…”
No obstante, algunos personeros han vuelto a utilizar argumentos precarios para atacar el rol del Estado. Uno de ellos, es un destacado columnista de La Tercera que durante mucho tiempo rechazó cualquier intervención del Estado en el sector salmonero y continuamente ensalzaba las capacidades del sector privado de desarrollar una industria ajena a toda regulación estatal. Todo terminó cuando la industria salmonera colapsó de forma casi tan dramática como el Transantiago. En ese momento, culpó a la inacción del Estado como causante de la casi desaparición de la industria del salmón en Chile. Este personero busca desacreditar la intervención pública señalando por ejemplo:
“Quién tiene los peores colegios del país y quién los administra? Las municipalidades, que, indirectamente, son del Estado. ¿Quiénes tienen los mejores colegios? El sector privado, ya sea subvencionado o no. ¿Quién es el peor proveedor de salud en Chile? El Estado. ¿Quién tiene las mejores clínicas y hospitales? El sector privado”
Esta frase impresiona por la candidez o por la falta de escrúpulos. ¿Es posible establecer esta comparación sin tomar en cuenta los recursos que se gastan por persona en el sector público y en el sector privado? Es posible, por otra parte, comparar la educación que entrega el sector municipalizado que no discrimina al recibir alumnos, que por razones obvias no capta a los mejores profesores y donde muchos alumnos “sobreviven” a familias destruidas y barrios homogenizados en la pobreza? Si lográramos entregar recursos bajo un criterio de discriminación positiva (es decir invertir más en quienes más lo necesitan) los resultados de una comparación como la propuesta sería distinta. Algo de eso se ve en la actualidad. Los consultorios y hospitales públicos (más allá de la hotelería) y las escuelas municipalizadas de las comunas ricas tienen poco que envidiarle a los establecimientos privados. (Una nota al margen: ¿qué son las municipalidades sino una parte del Estado?)
Pero, volviendo a los temas de fondo, nuestro debate ha experimentado un avance, al sacar de la discusión la visión extremista de quienes, hasta hace poco, buscaba solucionar nuestros problemas con el lema “menos Estado, más mercado”. Es un avance también poner atención al mejoramiento de la gestión (más que a la eliminación de los servicios públicos como se hizo bajo el régimen militar); eso sí en el marco de reformas integrales de las distintas reparticiones. Ese es el secreto de los éxitos alcanzado por el Servicio de Impuestos Internos. Ese es también una demostración de que la Concertación ha hecho mucho en ese campo. No obstante, junto con un mejor Estado se requiere más Estado al menos en los siguientes campos:
1. En el campo de la investigación y desarrollo tecnológico para dar un salto en competitividad y superar la caída del ritmo de crecimiento. Todos los países exitosos en este campo tienen un Estado que interviene fuertemente en la promoción de la investigación y en su financiamiento.
2. Luego del fracaso del sistema de capitalización individual para un sector equivalente al 50% de la población ocupada, es innegable la necesidad de que el Estado asuma un rol crucial en la previsión. Buena parte de la popularidad de la Presidenta deriva de haber comprendido esta situación.
3. La educación pública de calidad, representa la posibilidad de una educación que integre los diferentes grupos sociales, genere las sinergias positivas propias de esa convergencia que produce resultados más eficientes y de esa forma construya las bases de la cohesión social.
4. Como demostró la vulnerabilidad energética que hemos sufrido los últimos 5 años, no es posible un desarrollo eficiente, sin que el Estado asuma un rol rector, que incluya la responsabilidad de mirar más allá del horizonte del mercado. El sector energético está sujeto a vaivenes dramáticos, lo que hace necesario que el Estado invierta de manera de estar preparado para los diversos escenarios.
5. El sistema de concesiones ha prestado grandes servicios al país. Su fuerte, no obstante, son iniciativas que demandan altas inversiones y generan bajos costos de transacción. Es por ello, en parte, que se han presentado tantas dificultades en el caso de cárceles y otras edificaciones públicas. En estos ámbitos, y probablemente, el de la salud, las modalidades tradicionales de contratación, esto es en que el Estado solo contrata la construcción, resultan más eficientes.
6. “Last but not least”, la grave crisis financiera, y nuestra grave crisis interna en el salmón, han dejado en evidencia que la falta de regulación puede tener resultados catastróficos. Es clave mejorar la regulación, pero necesitamos más regulación en sectores en que la operación de mercado no es eficiente y/o genera riesgos sistémicos. Es el caso de industrias sujetas a la “tragedia de los comunes”, uno de cuyos ejemplo es la industria del salmón, de recursos tan esenciales como es el agua y naturalmente el sector financiero, clave para la suerte global de la economía.

Las declaraciones de Marco Enríquez – Ominami a un diario trasandino a finales del mes de septiembre pasado, de que "Ni lo sueñen. Si el que pasa a la segunda vuelta es Frei, no lo vamos a apoyar” es probablemente el principal hecho político de las últimas semanas. Más allá de las declaraciones “aclaratorias” y de las diferencias que se han constatado al interior de su comando, lo cierto es que con dicha afirmación se ha oficializado el quiebre de la Concertación, cuestión que en todo caso venía quedando en evidencia hace ya tiempo.

Osvaldo Torres, dirigente de su campaña, en un artículo reciente ha planteado que el acuerdo para la segunda vuelta implica una negociación programática y un pacto de gobierno. (http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/conduciendo-a-miss-daisy/). En mi opinión el articulista pone con crudeza el tema que es necesario resolver si se quiere mantener una dirección progresista en el próximo gobierno.

Al contrario de lo que se observaba al principio el electorado de centro e izquierda está más dividido de lo que se pensó en un inicio. Aún cuando Frei sigue manteniendo la delantera, lo claro es que la desventaja respecto de Sebastián Piñera se va a ubicar en torno a los 10 puntos. Revertir esa desventaja en la segunda vuelta, no podrá hacerse como en el pasado, en que simplemente se apostaba a la “cordura” de los candidatos del Juntos Podemos. Para lograr superar a Piñera, será necesario establecer un acuerdo político que incluya un compromiso programático y un pacto gubernamental, un poco al estilo de los gobiernos de coalición. Aún cuando resulta cómodo creer que es posible buscar los apoyos del otro candidato sobre la base del argumento “del mal que le podría hacer al país el triunfo de Piñera”, es del más básico realismo entender que el quiebre de lo que fue la Concertación es irreversible y sólo se puede recrear a partir de un pacto político de largo alcance.

El no abordar este tema crucial es resultado sólo del convencimiento de que la derrota en diciembre es inevitable. De lo contrario, ambos candidatos empezarían a desarrollar iniciativas para lograr el acuerdo señalado, buscando compatibilizar la competencia con la construcción de un pacto gubernamental.

Aún cuando el nuevo escenario político aparece más claro en las huestes de MEO no ayudan los juegos de palabra del candidato. De lo que se trata es abordar la reconstrucción de la coalición de centroizquierda y eso implica reconocer que el pasado común ya no es fundamento suficiente para construir una propuesta de futuro compartida. Para la Concertación el problema es que la disposición a negociar el acuerdo, implica reconocer a MEO como una fuerza beligerante relevante. Para el grupo que apoya a Enríquez Ominami, el problema es cómo lidiar con su base electoral que incluye gente que se siente más cómoda con la Alianza por Chile.

El acuerdo no es fácil. Son muchos los temas sobre los cuales los desacuerdos son sustantivos. Lo paradojal es que, las diferencias atraviesan por igual a la Concertación y a quienes apoyan a MEO. Se suman además a los desacuerdos antipatías personales que generan clivajes distintos y que complejizan aún más negociaciones de suyo difíciles.

Ahora bien, el acuerdo político pasa por reordenamientos al interior de ambas candidaturas. Del mismo modo, la disposición al acuerdo pasa también por una renovación del personal que ha estado al mando de la Concertación. Ello le haría bien a un futuro gobierno que quisiera mejorar su capacidad de gestión. Es probable, además, que ello potencie las posibilidades de derrotar a Piñera en la segunda vuelta.

El análisis de la reforma del Estado en Chile en las dos últimas décadas, permite concluir que el debate en torno a ella, ha tenido un énfasis excesivo en el mejoramiento de la gestión. Así se  soslaya que la efectividad y alcance del mejoramiento de la gestión, dependen en buena medida del avance de las reformas institucionales o sustantivas.

Propongo cinco criterios de análisis: (1) evaluar el desempeño de los candidatos en función del objetivo que tenía cada uno; (2) analizar la presentación escénica; (3) relevar lo positivo de cada cual; (4) destacar las principales proposiciones presentadas y; (5) presentar los principales problemas que dejaron en evidencia las distintas intervenciones. La argumentación la presento por estricto orden alfabético.

Jorge Arrate tenía un objetivo claro y lo logró plenamente: aparecer como candidato en la agenda pública y presentar sus ideas en igualdad de condiciones. Su presentación escénica fue impecable, mostró tranquilidad y gran claridad de expresión. Fue positiva la forma como presentó los problemas que la gente observa en el país, más allá del bombardeo mediático: en Chile existe una desigualdad irritante, una excesiva concentración del ingreso y falta de democracia. Sus propuestas más relevantes fueron las de eliminar el 7% de salud para los pensionados y proponer un rol más activo del Estado en un mercado tan importante y tan concentrado como el de las farmacias. Su principal problema: su postulación aparece como fuera del sistema y su opción no es más que testimonial.

Marco Enríquez – Ominami también tenía un objetivo claro: presentarse como una alternativa real de gobernante y aprovechar sus ventajas de hombre vinculado a los medios audiovisuales. Lo primero lo logró en una medida razonable. Lo segundo, creo que debe haber sido decepcionante para sus partidarios: no demostró ventajas en el debate televisivo. Su presentación dejó mucho que desear, su dicción tiene que mejorar y miró más sus notas que al auditórium. Fue positivo su llamado de atención respecto de los delitos de cuello blanco. Fue importante que le planteara con claridad al país, que no podemos asumir los desafíos sociales y económicos que enfrentamos, sin una reforma tributaria. El gran problema de Marco deriva también de lo que paradojalmente es su fortaleza: al interpelar a la ciudadanía por sobre las divisiones de izquierda y derecha a veces, se pierde de vista, desde donde convoca al país.

Eduardo Frei tenía como objetivo evidenciar que es el heredero de los éxitos del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y, al mismo tiempo, demostrar que no es más de lo mismo. Creo que esos objetivos fueron logrados de manera razonable. ¿La duda? Que esa imagen pueda ser reiterada en la acción cotidiana de los partidos que lo sustenta y que, reiteradamente, muestran signos de obsolescencia. En relación con su presentación, no es el orador que fue su padre, pero sin duda, muestra notables progresos y en tal sentido, quiebra las expectativas. Lo positivo: contrario a lo que probablemente piensa la derecha, la cercanía y empatía que mostraron Frei y Arrate. Resulta refrescante que la Concertación se nutra con personeros que en todos estos años han estado lejos del poder. Para que gane la Concertación en la segunda vuelta, debe mostrar una apertura semejante respecto del los grupos que representa Marco. Desde el punto de vista de las propuestas, lo más positivo es el rescate del rol del Estado en el fortalecimiento de la red de protección social. Respecto de los problemas identifico dos: no es convincente todavía que Frei trae consigo la renovación de la Concertación; su aspiración a constituirse en un puente para las nuevas generaciones, es todavía poco creíble. No hubo, tampoco, una interpelación clara a los grupos sociales que le dieron vida a la Concertación. Con ello, la posibilidad que la infantería salga a promover su candidatura, está en duda.

El objetivo de Sebastián Piñera era fortalecer su liderato en la carrera presidencial. Aunque no pienso que haya sufrido una merma significativa, si soy de la opinión que dejó en evidencia debilidades. Su presentación dejó mucho que desear. La corbata chueca y la camisa, parecía cargarse en exceso hacia un lado. Se vio nervioso y aunque la cámara era rápida en alejarse de él, siempre terminaba su exposición con los tics que lo caracterizan. Lo positivo, sin duda, que representa un primer paso, del alejamiento definitivo de la derecha de la pesada herencia pinochetista. Sus propuestas más importantes, fueron el llamado a fortalecer la salud preventiva y el reconocimiento que es necesario aumentar los recursos para la educación municipal. Su gran problema sigue siendo de credibilidad. Que uno de los principales exponentes del mundo financiero de las últimas décadas en el país, con una empresa (LAN Cargo) que tuvo que pagar una multa de US$ 80 millones de dólares por violar normas de competencia en Estados Unidos y que debió desembolsar, personalmente 340 millones de pesos para pagar una multa a la Superintendencia de Valores en Chile, llame (copiando a Obama) a crear un “Sernac financiero” no resulta convincente.

El debate como tal representó un gran avance. El formato fue interesante y entretenido, el escenario atractivo. Se logró ver a los candidatos discutiendo sobre ideas de futuro. Visto los candidatos en conjunto y reconociendo que no es el lugar más propicio para mostrar visiones y programa estructurados; pese a eso, tengo la impresión de que la falta de propuestas globales reflejó el desconcierto que nos atraviesa como sociedad: después de 20 años de progreso, en que pese a ello se acumulan tareas pendientes y nuevos desafíos; después de la crisis financiera internacional, no tenemos claro el norte de nuestro derrotero nacional. Necesitamos más debate entre los candidatos. Pero sobre todo, necesitamos debatir como sociedad como enfrentar la nueva fase que enfrenta el país y la humanidad.

 Estimado lector, esta es mi opinión ¿Qué piensa usted sobre el resultado del debate del miércoles?

La crisis económica está permitiendo una gran renovación del pensamiento económico

Un análisis de la las últimas declaraciones de la Senadora Matthei

Si no hay cambios sustantivos en la campaña de la Concertación, gana Piñera.

La demanda por una neva Constitución y la lucha contra la desigualdad se perfilan como ideas matrices que los socialistas le están proponiendo a Eduardo Frei.

El debate macroeconómico ayuda a dilucidar las posiciones de fondo en el debate presidencial

Chile no solo necesita caras jóvenes. Necesita
también ideas jóvenes.

Se había dicho que Hermógenes Pérez de Arce había salido de
El Mercurio, pero su espíritu ha tomado la pluma de Rojas.

En el debate Estado y mercado, después de la crisis financiera internacional, no basta con proponer más y mejores regulaciones.

Fundado en sus convicciones filosóficas, el presidente de Libertad y Desarrollo cuestiona los avances en política social de los gobiernos de la Concertación.