"Nuestra composición a nivel de directorio y financiamiento es pública" respondió Claudia Bobadilla, gerente general de la Fundación País Digital, cuando Eduardo Bitrán, presidente del Consejo de Innovación, cuestionó que dicha fundación haya contratado un estudio para determinar cómo estamos en acceso de alta velocidad a internet.

Es cierto que la composición del directorio de País Digital se encuentra disponible en la página web de la fundación, sin embargo, no hay nada sobre cómo se financia la entidad. La sección  "Quiénes somos" será el lugar natural para mencionar las fuentes de financiamiento; cuando miré dicha sección el viernes 29 de agosto no encontré una palabra. Tampoco encontré algo en las restantes secciones de la página web: Qué hacemos, Alianzas, Documentos, Sala de Prensa y Newsletter.

Es evidente que la información sobre financiamiento debiera aparecer de manera destacada en la página web de la fundación. Pero no basta con eso. Los financistas deben mencionarse en cualquier estudio que la fundación realice y en todo comunicado de prensa basado en dichos estudios. Esto vale especialmente en el caso del estudio que motiva esta columna si, como aseguran varias fuentes consultadas, la fundación es financiada por empresas que participan en el negocio de la banda ancha. País Digital puede financiar los estudios que desee, pero la opinión pública tiene derecho a saber si hay intereses de los financistas en juego. También será deseable que el estudio
completo y los datos utilizados en el análisis estadístico estén disponibles en la página web, lo cual no era el caso al 29 de agosto (había sólo un resumen ejecutivo).

El tema es importante. Ya nos pasó una vez, durante la segunda mitad de los noventa, que no aprovechamos debidamente las oportunidades que daba la Internet, debido a que el regulador no se atrevió a actuar con determinación para reducir los altos costos de acceso de aquel entonces. Si estamos repitiendo la historia, y hay estudios independientes que así lo sugieren, será bueno que
la ciudadanía lo sepa para que pueda exigir una acción más decidida del gobierno.

Las empresas suelen contratar estudios para dar credibilidad a sus puntos de vista y así promover sus intereses ante la opinión pública y las autoridades. Tienen derecho a hacerlo y me ha tocado leer estudios de este tipo con análisis serios e información valiosa. Sin embargo, con mayor frecuencia los estudios contratados por empresas que he leído incluyen argumentos espúreos, además de análisis econométricos con errores evidentes, errores que contribuyen a concluir lo que conviene al financista.

Un tema relacionado con estudios y falta de transparencia, es cuando no se indica que un participante en el debate público recibió financiamiento de una parte interesada. Tienen todo el derecho a opinar, qué duda cabe, pero la opinión pública tiene derecho a saber si fueron financiados por alguna de las partes. Un caso reciente, con consecuencias a mi juicio poco afortunadas, fue a propósito de la reforma de la ley de pensiones, donde varios economistas que se opusieron a hacer más competitivo el sector introduciendo una licitación de grandes grupos de afiliados resultaron ser quienes hab´ýan realizado un estudio encargado por la Asociación de AFPs, estudio que argumentaba en contra de dichas licitaciones. La cobertura de los medios de la gran mayoría de sus intervenciones no consignó su relación con el gremio de las AFP.

La opinión pública tiene derecho a saber quién financia un estudio sobre un tema de interés público y es razonable tener un cierto grado de escepticismo cuando el estudio es contratado por una empresa interesada en el tema y las conclusiones favorecen a dicha empresa (como habitualmente sucede). Una manera de que esto funcione en la pr´actica es que cuando un medio reportee sobre estos estudios mencione los financistas, enfatizando si estos incluyen actores interesados. Durante la última década los medios chilenos han avanzado de manera importante fiscalizando a las autoridades políticas, lo cual ha sido muy positivo. Es hora que también ejerzan dicho celo
periodístico cuando reportean sobre estudios que terminan influyendo sobre las políticas públicas.