Eduardo Engel

En una columna reciente concluí que las propuestas del candidato de la Alianza para el área de infraestructura benefician a las empresas del sector, en desmedro de la gran mayoría de los chilenos (1).**A continuación entrego antecedentes adicionales fundamentando esta conclusión y respondo una serie de descalificaciones con que me honró Felipe Morandé en su respuesta a mi columna (2).***

Las dos principales organizaciones que representan los intereses de las empresas del sector de infraestructura son la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa). En enero de este año, en una exposición ante el Congreso, Herman Chadwick, presidente de Copsa, expresó su preocupación por los altos grados de discrecionalidad que permitiría el proyecto de ley que se discute para mejorar las concesiones. En su columna del domingo pasado, Morandé coincide con esta postura, señalando que el aumento de costos y la partida de inversionistas que avizora se basan en "los mayores grados de discrecionalidad que otorga a la autoridad" el proyecto de ley.

Chadwick y Morandé están equivocados. El proyecto que mejora la ley de concesiones reduce sustancialmente los grados de discrecionalidad de la autoridad, haciendo más transparente y predecible el negocio de las concesiones. Por varios motivos:

- Primero, porque fija criterios exactos a través de los cuales se pueden hacer compensaciones a un concesionario que requiera de ellas, los que no están definidos en la actualidad.

- Segundo, porque define el concepto de nivel de servicio como estándar de las obligaciones del concesionario, lo que tampoco estaba determinado en la ley actual, viéndose caso a caso.

- Tercero, porque precisa las causales de indemnización en casos de cambios de circunstancias, modificación de características de las obras (las que además tendrán un límite del 15%) y convenios complementarios, cuestión que hasta la fecha no estaba regulada ni definida y estaba entregada al arbitrio de las partes vía renegociación o a la decisión de un árbitro arbitrador caso a caso.

- Cuarto, porque precisa los requisitos y etapas de las licitaciones, especialmente las complejas, las cuales adolecen de importantes vacíos en la actualidad.

- Quinto, porque establece un consejo de concesiones con integración mayormente técnica e independiente y con intervención crucial para la decisión sobre el destino de la concesión, precisamente, en circunstancias en que con la ley actual prima la discrecionalidad administrativa (declarar proyectos como de interés público, contratar nuevas inversiones, contratar nuevas obras, etc.).

- Sexto, porque crea un panel técnico del más alto nivel, elegido por la Alta Dirección Pública, para la resolución de discusiones estrictamente técnicas entre el MOP y el concesionario.

En la columna que dio origen a este intercambio, Morandé describió como "aparentes" los sobrecostos y falta de transparencia existentes en el sector de concesiones (3). En su respuesta a mi columna matiza dicha afirmación, al afirmar que aun si las deficiencias del sistema de concesiones son reales, éstas son responsabilidad de los gobiernos de la Concertación.

Las concesiones se popularizaron durante la década de los 90, tanto en Chile como en otros países. Como sucede habitualmente con políticas novedosas, durante sus inicios emergen lecciones importantes que permiten mejorarlas sustancialmente. La ley actual estaba bien para los 90, pero requiere ser reformada para la década del bicentenario. Existen muchas empresas eficientes y creativas que quisieran participar en las concesiones, pero que, con la legislación actual, están en desventaja, ya que no se manejan bien en el laberíntico mundo de las renegociaciones de contratos. Los cambios a la ley que tramita el Congreso emparejan la cancha para que estas empresas se adjudiquen los contratos, lo cual llevará a importantes ganancias de productividad para el país.

Morandé cita mi "extrema cercanía a la Concertación" para restar validez a mis argumentos. A diferencia de Morandé, y tal como lo expresé en la Entrevista del Domingo de TVN, hace tres semanas, no soy asesor de ningún candidato presidencial. No es misterio que soy cercano a la Concertación, pero tampoco lo es que en mis columnas he criticado en muchas ocasiones a los gobiernos de esta coalición. Más importante, mi interés en los temas de infraestructura deriva de mi actividad académica: llevo más de una década realizando investigaciones en estos temas junto a Ronald Fischer y Alexander Galetovic. Estas investigaciones han dado origen a siete publicaciones en revistas académicas internacionales, donde los artículos son sometidos a exigentes evaluaciones por expertos de nivel mundial.

Felipe Morandé también tiene publicaciones en revistas académicas internacionales, pero ninguna de ellas es sobre temas de infraestructura. Su experiencia profesional en el área de infraestructura se ha dado, principalmente, trabajando para la Cámara Chilena de la Construcción, primero, como gerente de estudios (entre 2002 y 2006) y luego, como asesor económico (desde 2006 a la fecha).

Morandé se molesta cuando afirmo que sus propuestas benefician a empresas cercanas a miembros del grupo que coordina. La cercanía de Morandé a la CChC y la crítica sin fundamentos que hacen Morandé y el presidente de Copsa al proyecto de ley que mejora las concesiones justifican esta afirmación. A esto se agrega que fuentes bien informadas me aseguran que Morandé no es el único miembro del grupo Tantauco de infraestructura cercano a los gremios del sector. Desgraciadamente no fue posible confirmar esta información, pues pese a que le fue solicitada a Morandé, no hizo pública la lista de miembros del grupo que dirige.  

Morandé concluye su columna del domingo pasado sugiriendo que le demos el beneficio de la duda a Piñera mientras sea candidato y esperemos a que sea  presidente para juzgarlo por lo que haga. Esta sugerencia ignora el rol de las campañas presidenciales, revelando información que permite a los electores formarse una opinión sobre cómo sería un eventual gobierno de cada candidato. El proceso es complejo y la información disponible dista de ser perfecta, pero lo último que queremos es dar un cheque en blanco a algún candidato. La propuesta del grupo Tantauco de infraestructura sugiere que un eventual gobierno de la  Coalición por el Cambio efectivamente llevará a un cambio en las políticas de infraestructura, pero en la dirección equivocada.

(1)**"Las concesiones de Piñera", Reportajes, 16 de agosto de 2009.
(2)*"Engel sin concesiones", Reportajes, 23 de agosto de 2009.
(3) "Los Retos de Infraestructura", 5 de agosto de 2009.