Eduardo Engel

Publicado en La Tercera, 22/11/09

¿En qué pensaban los 53 diputados que votaron en contra del presupuesto de Educación el miércoles de esta semana? ¿En dejar sin salas cuna a más de 200 mil niños, dificultando las posibilidades de trabajar de sus mamás? ¿O en dejar sin desayunos y almuerzos a más de un millón de estudiantes, incluyendo todos los niños y niñas pertenecientes al Chile Solidario que, por ser los más vulnerables, se alimentan sólo en sus escuelas?

"La mayoría de los diputados le ha dicho no a un gobierno insensible que no quiere acoger la demanda de los profesores", explicó uno de ellos al justificar su voto. "Yo creo que llegó el momento de atender los requerimientos de los profesores y no hacer caso omiso a las recomendaciones de la Cámara de Diputados", agregó otra.

La petición original de los profesores fue por US$ 14 mil millones, lo cual constituye una suma astronómica. Con esa plata se puede entregar aproximadamente $ 12 millones a cada familia del 20% más pobre. El informe de la Cámara revisó el cálculo de los profesores, proponiendo una transferencia de aproximadamente US$ 2 mil millones. Suma con la cual se financia un "super bono" de $ 2 millones para cada familia del quintil más pobre.

Un tema clave es si existe una "deuda histórica" con los profesores. Desde un punto de vista legal, la respuesta es clara: no hay deuda. Una y otra vez la Corte Suprema ha fallado que la asignación establecida por el Decreto Ley 3.551 de 1981 no aplica a los profesores que pasaron a depender de las municipalidades.

Habiendo establecido que no hay sustento legal, cabe preguntarse si existe un fundamento moral para la deuda histórica. Es cierto que los ingresos de los profesores fueron perjudicados por la municipalización de comienzos de los 80. Sin embargo, los esfuerzos que han hecho los gobiernos de la Concertación para mejorar las remuneraciones de los profesores han compensado con creces estos perjuicios. En efecto, mientras el poder adquisitivo de los salarios de todos los chilenos aumentaron, en promedio, en un 70% desde 1990, los salarios de los profesores lo hicieron en un 200%, es decir, se han triplicado. En la actualidad, la remuneración de un profesor de jornada completa con antigüedad promedio es de $ 900 mil mensuales, cifra que refleja el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad chilena para reconocer la importante labor que desarrolla el magisterio. Los incrementos futuros de remuneraciones de los profesores deben ir de la mano con el crecimiento que tengan los salarios de todos los chilenos.

El gobierno también ha hecho un esfuerzo importante por mejorar los ingresos de los profesores jubilados. Durante la discusión del Presupuesto 2010, el Congreso ya despachó medidas que garantizan que a los profesores con pensiones más bajas les llegue el bono poslaboral de $ 50 mil y los beneficios de la Reforma Previsional, duplicando así las pensiones de los docentes jubilados con menores ingresos.

La explicación más probable para la votación de los 53 diputados es que han decidido anteponer sus afanes electorales al bienestar de los estudiantes y sus apoderados. El Colegio de Profesores es un grupo bien organizado que vota en bloque y participa activamente en las campañas electorales. Los incentivos de los diputados cambiarían si los apoderados amenazaran no votar por los diputados que se opusieron al presupuesto de Educación. Porque son muchos más los estudiantes perjudicados que los profesores beneficiados. El problema, obviamente, es que los apoderados no actúan en bloque, por lo cual el rol que están jugando organizaciones ciudadanas como Educación 2020 es clave.

La discusión del presupuesto de Educación también da elementos interesantes sobre cómo serían los gobiernos de los tres candidatos más importantes. Enríquez-Ominami ha reconocido la deuda histórica con entusiasmo, con lo cual ha dado una señal clara para que diversos grupos organizados presionen durante períodos electorales con objeto de obtener beneficios a costas de todos los chilenos. No habrá reforma tributaria capaz de financiar las presiones que desataría un gobierno del joven diputado.

Piñera ha mantenido la ambigüedad que ha caracterizado su campaña afirmando que tiene plena conciencia "de que tenemos una deuda con nuestros profesores por el trabajo sacrificado, valioso y con esfuerzo que hacen por educar a nuestros hijos". Particularmente preocupante es la falta de liderazgo del candidato de la Alianza en su propio sector: son pocos los parlamentarios de su sector que votaron a favor del presupuesto de Educación y quienes lo hicieron son casi todos de la UDI, no del partido del abanderado de la Alianza.

Frei, en cambio, votó a favor del presupuesto de Educación, explicando que no es justo que los profesores se hagan acreedores absolutos del "daño social muy profundo a los derechos de amplios sectores de trabajadores" ocurrido bajo la dictadura. En este tema el candidato de la Concertación ha antepuesto el bien común a cálculos electorales.

Lo que el país necesita es seguir trabajando en desarrollar una institucionalidad que mejore la calidad de la educación, por lo cual cuesta entender que el Congreso haya prorrogado la aprobación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación. Una vez que dicha institucionalidad esté funcionando, pero no antes, se justifican plenamente incrementos sustanciales de recursos para la educación de todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables.