El chiste, las gorditas y la honra

Dec. 14 , 2011

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 La semana pasada la Ministra del SERNAM, Carolina Schmidt, presentó una demanda en la Fiscalía Centro Norte en contra del usuario de Twitter Sebastián Álvarez Bernales, por “incitación al odio y amenazas”, por subir fotografías a su cuenta de Twitter de mujeres con sobrepeso que circulaban por la vía pública.

La historia es conocida, ya que el mencionado usuario no sólo publicaba fotografías sin el permiso de las mujeres retratadas, sino que además agregaba comentarios del todo discriminatorios como “gorda Emo”, o “(…) vive deprimida por ser gorda y sigue siendo incapaz de cerrar la boca”.

Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a una persona que no solamente denigra a otros en virtud de su peso y apariencia física en general, sino que además de hacerlas públicas, son dirigidas en contra de mujeres, que sin su consentimiento se transforman en carnadas de un circo romano que el propio Álvarez crea en su imaginario personal. De acuerdo a lo anterior, Álvarez puede tener la opinión que sea respecto al ideal de belleza al cual en lo personal él aspira. El punto, es que al hacer pública una opinión privada, se pueden vulnerar derechos de terceros, además, atentando en contra de la legislación vigente, lo que obviamente, merece el repudio del ordenamiento jurídico.

No sólo la Constitución en su artículo 19 número 4 asegura a todas las personas “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, entendiendo como al derecho a la honra, justamente como la “(…) posibilidad real de preservar la integridad y verdad sobre la persona y de no ser humillado o vejado por terceros.”  El ordenamiento jurídico igualmente protege –específicamente-, al derecho a la propia imagen en el artículo 31 de la ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y ejercicio del Periodismo, comúnmente conocida como Ley de Prensa.

El artículo 31 de la señalada ley, establece que “el que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. (…)”.

Ciertamente, la actitud del twittero, raya en la vulneración no sólo de la ley, sino que de las normas básicas de convivencia. Hace un tiempo lo señalamos, y claramente, en estados donde la dignidad de las personas es un derecho intransable, la libertad de expresión tiene justamente en la dignidad y los derechos de otros, un límite que hoy por hoy en nuestro país, el o la afectada pueden garantizar por medio de la acción constitucional de protección.

Hace ya un par de semanas, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por el abogado de un periodista de “espectáculos” –si entendemos a la farándula como un espectáculo-, en contra de una sentencia definitiva pronunciada por el 10º Juzgado Civil de Santiago, que condena a dicho periodista al pago por concepto de indemnización por responsabilidad extracontractual, de siete millones de pesos a la familia del demandante, el fallecido animador Felipe Camiroaga.

Respecto a los dichos objeto del juicio, tanto por respeto como por economía procesal, no viene al caso reiterarlos, teniendo en cuenta además que se trata del chimento propio de dichos programas. Lo importante, es que la sentencia del Tribunal de alzada, señala que “la honra es un concepto que alude a una expectativa de validación social de un sujeto; por eso los atentados contra la honra suponen que alguien comunique a terceros una información u opinión sobre otra persona, que la deprecie frente a los demás. En el caso  de autos, lo que se ha denunciado puede calificarse como difamación, que es una de las formas de atentar contra la honra de una persona, que supone haber comunicado hechos falsos, sin el cuidado debido, que afectan su prestigio o reputación.”

Importa tener en cuenta igualmente, que aun el demandante haya fallecido, la sentencia se hace cargo de dicho elemento al señalar que “es cierto –como es de conocimiento público y que no requiere mayor explicación demostrativa-, que antes de esta sentencia el actor falleció en un accidente aéreo. Empero, no sólo en vida tenía derecho él al respeto y protección de su vida privada y de su honra sino también a la honra y vida privada de su familia, por lo que ese daño no se ha extinguido con su deceso ni en la memoria del señor Camiroaga ni respecto de su familia y su círculo social y humano”.

Claramente, vemos cómo no sólo el ordenamiento jurídico, sino que los Tribunales de Justicia igualmente protegen en la práctica el daño a derechos tan importantes –y relativos a la dignidad humana-, que últimamente han sido vulnerados, principalmente a través de los medios de comunicación social y de las nuevas tecnologías relativas a redes sociales.

Se agradece la labor de la Ministra del SERNAM, en relación a accionar en contra de quienes vulneran la dignidad y los derechos –en este caso-, de las mujeres.

Se agradece igualmente a la Ministra por el parelé vía Twitter al señor Presidente. Su calidad e investidura no otorga derechos, inmunidades ni fueros para reírse fuera de protocolo de los demás. Un Presidente no debe esforzarse en ser simpático.

Recordemos que lo que “Lo que natura non da, Salamanca non presta”.

 [1] Humberto Nogueira Alcalá: “Derechos Fundamentales y
garantías constitucionales. Tomo I”. CECOCH. Editorial Librotecnia, Santiago,
página 667.

[1] Sentencia de la I.C.
Apelaciones de Santiago, Rol 4502-2009. Consideraciones de la Abogada
integrante Andrea Muñoz Sánchez.

[1] Ídem.